Aunque el Centro Democrático pidió investigar todas las campañas, el partido afirma que tanto la campaña del presidente Iván Duque como la del 2018, ha sido debidamente escrutada e investigada.
En el informe de la MOE, que evalúa el comportamiento de la inscripción entre el 29 de octubre de y el 29 de junio, se señala que se han registrado 879.070 inscritos en todo el país.
Según el reporte consolidado de Meta, entre el 4 de abril y el 2 de julio de este año, los precandidatos que lideran el conteo son quienes aspiran a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
La Registraduría Nacional habilitó 11.404 puestos de votación que se suman a 340 puntos móviles de inscripción para quienes necesiten hacer inscripción de cédula.
Algunos de los aspirantes presentan cuestionamientos por investigaciones penales, fiscales o disciplinarios; presuntos nexos con actores ilegales, o herederos de clanes políticos regionales.
La autoridad electoral pidió también a la Registraduría Nacional entregar todas las bases de datos de los testigos electorales y los extractos bancarios de la campaña presidencial del Pacto Histórico.
Según la demanda presentada por el abogado Jose Manuel Abuchaibe, la elección de los senadores era inválida porque el Partido Colombia Humana no podía hacer parte de la coalición Pacto Histórico.
En respuesta a los trinos del presidente Petro sobre falsos positivos, Uribe señaló que a pesar de lo que él considera “traiciones y difamaciones”, se deben recordar los logros de la política de seguridad democrática.
La medida prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a la elección.
Entre los perfiles de los 134 aspirantes hay exmagistrados del Consejo Nacional Electoral, excongresistas, abogados litigantes, excontralores y exprocuradores delegados, entre otros.
Señalan que el Gobierno quiere violar la autonomía de los departamentos y municipios frente al manejo de los recursos para atención primaria de salud y obligar la renegociación de los contratos de los sistemas de transporte masivo.