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El presidente Iván Duque expidió ayer el decreto mediante el cual las autoridades pueden decomisar en lugares públicos la llamada dosis mínima, que se encuentre en poder de los consumidores.
La decisión ha generado una gran controversia, debido a que hay quienes sostienen que ella poco contribuye a combatir el consumo de drogas, que ha venido creciendo en el país.
Hoy Colombia es el mayor productor de coca del mundo y ello se ha traducido en alarmantes cifras de consumo interno.
Sostienen quienes se oponen al decreto presidencial que su efecto podría ser todo lo contrario de lo que piensa el Gobierno: aumentará el consumo y favorecerá a los llamados jíbaros, pues al de ser decomisada la dosis personal, el consumidor saldrá a buscarla de nuevo.
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Para quienes cuestionan la decisión del presidente Duque, el consumo de droga no es un asunto punitivo, que se puede solucionar con más policías decomisando drogas, sino un asunto de salud pública, que requiere de más médicos atendiendo pacientes.
Pero, de otra parte, quienes respaldan la medida presidencial sostienen que hay que combatir el llamado microtráfico y hacer respetar los sitios públicos, donde muchas veces se encuentran menores de edad, quienes podrían caer en el mundo de la drogadicción.
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Afirman que hay que preparar a la Policía para que el decomiso sólo ocurra cuando la cantidad portada por el consumidor exceda su dosis mínima, que hoy se encuentra amparada por fallos de las altas cortes.
De cualquier manera, es indudable que la decisión del Gobierno de hacerle frente al alarmante incremento del consumo de drogas en el país produjo un debate nacional que debería darse con mucha altura y argumentos.
Defensores y críticos de la medida deben contribuir a la sana controversia.
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