Tras el encendido de los tradicionales alumbrados navideños en Medellín, las autoridades activarán un amplio despliegue para prevenir incidentes relacionados con el uso y la venta de pólvora durante la denominada "alborada".
Este evento será monitoreado y vigilado desde el aire con el Halcón de la Policía Metropolitana y en tierra con un dispositivo de aproximadamente 1.000 uniformados, priorizando las comunas donde se ha detectado mayor afectación en años anteriores.
Como parte de la estrategia coordinada desde un Puesto de Mando Unificado que se instalará esta tarde, se han conformado cinco escuadrones de reacción por parte de la Policía Metropolitana. Estos escuadrones, articulados con agentes de Movilidad, agentes en motocicleta y componentes de Inteligencia, realizarán recorridos preventivos y de control durante toda la noche.
El secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa, expresó: "Nos hemos preparado con la fuerza pública, en especial con la Policía Nacional en el área urbana y con el Ejército Nacional en los corregimientos, y en compañía con las otras secretarías tendremos la presencia de casi 1,000 hombres y mujeres desplegados en toda la ciudad".
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Los puntos prioritarios de vigilancia incluyen Parques del Río, Plaza Mayor, el Centro y la 70, así como los corredores viales y sectores residenciales en el Nororiente y Noroccidente de Medellín, la vía a Las Palmas y los cerros Nutibara, Volador y de las Tres Cruces.
La directora del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres, Laura Duarte, destacó: "No queremos un solo globo en Medellín, porque es muy difícil saber el punto donde va a caer y con ello lo que puede conllevar como incendios estructurales en casas, hospitales, escuelas, ancianatos o cualquier otro tipo de estructura".
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En el periodo de vigilancia entre finales de 2022 y comienzos de 2023, se reportaron 33 personas lesionadas, de las cuales siete (21 %) eran menores de edad. La venta y distribución de pólvora conlleva multas de hasta 32 salarios mínimos legales vigentes (más de $1.2 millones) y acciones legales contra padres que permitan su uso por menores.
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