Se aplazó la audiencia donde la Fiscalía le iba a imputar cargos a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Ruíz, a la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil, y a Henry Paulison Gómez, director de la Corporación Colombia Avanza, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Sobre el contrato
Un contrato que firmó la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, con la Corporación Colombia Avanza en marzo de 2020, por un valor de 20.692 millones de pesos para la atención de los niños y las madres gestantes y la entrega de paquetes alimentarios, tiene en el ojo del huracán a la funcionaria de Daniel Quintero y también a la ex directora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil, y a Henry Paulison Gómez, director de la Corporación Colombia Avanza.
Esta mañana fueron presentados ante un juez con función de control de garantías por la Fiscalía que les iba a imputar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, sin embargo, esto no fue posible, pues la abogada de Henry Gómez no se presentó, ya que se encuentra incapacitada, motivo por el cual fue aplazada esta audiencia.
En todo caso, el ente de investigador estableció que este contrato de prestación de servicios, mediante la modalidad de contratación directa, habría sido asignado a dedo, cuando la ley exigía que se realizara una licitación pública, pues la contratación directa sólo puede usarse para contratos específicos que requieran los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo que el suministro de alimentos no entra en esa categoría.
La Fiscalía advierte que se perdieron o desviaron 1.300 millones de pesos de este contrato y entre algunos de los motivos se encontrarían una serie de sobrecostos que tuvieron los paquetes alimentarios en los que, por ejemplo, se había presupuestado entregar un aceite de 1.000 centímetros cúbicos, pero se facturaron de 500 centímetros a la mitad de ese valor, con el agravante de que los costos de logística se elevaron a su tope más alto.
"Van a seguir tratando de dilatar eternamente el proceso, pero hay cerca de 1.300 millones de pesos de recursos públicos involucrados en el tema. Lo cierto es que no pueden seguir dilatando eternamente, porque tarde o temprano se va a tener que dar esa audiencia de imputación, pero la cosa avanza bien", aseguró el concejal de Medellín, Daniel Duque.
La audiencia que fue virtual y solo duró una hora se reprogramará en los siguientes días.
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