Por cobrar hasta 7.000 pesos para reconectar el agua y otros servicios, capturan y envían a la cárcel a nueve personas que harían parte de un grupo delincuencial en Medellín.
Estos criminales, que le cortaban el agua a todas las familias de los barrios Popular deMedellín y el Pinar de Bello, estaban comandados por su cabecilla conocido como alias ‘Yurdey’ y un coordinador conocido como ‘Richard’.
Con las pruebas, un fiscal especializado Gaula presentó, ante un juez de control de garantías, a nueve presuntos integrantes de la organización delictiva El Pinar, a quienes se les atribuyen actividades ilícitas con gran injerencia en el área buscaba tener una renta fija y operaba en 10 barrios de las comunas Popular, Manrique y Aranjuez, en el nororiente de Medellín.
“Estas personas, al parecer, exigíanentre 5.000 y 7.000 pesos a los residentes de distintos barrios para permitirles acceder al servicio de agua potable. Adicionalmente, se estableció que también habrían impuesto cuotas ilegales para dirimir los conflictos que surgían en la comunidad. De igual manera, el material de prueba los vincula con el cobro de extorsiones a los comerciantes, las cuales oscilaban entre 1 y 4 millones de pesos, para permitirles abrir sus negocios o distribuir los productos que vendían”, explicó el director seccional de fiscalías en Medellín, Ricardo Romero, quien agregó que muchas víctimas denunciaron y aseguraron que, en medio de amenazas de muerte, fueron obligadas a abandonar sus viviendas por no entregar los dineros que solicitaba El Pinar.
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Los detenidos fueron imputados, según el posible rol delictivo que cumplieron, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión agravada, secuestro extorsivo agravado, fuga de presos y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
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Por disposición del juez de control de garantías, los siete detenidos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Como parte de este proceso, fueron citadas e imputadas Andrea Vásquez Agudelo y Jenny Catalina Rivera Agudelo por el delito de desplazamiento forzado, ya que habrían llamado al grupo para que amenazaran y sacaran a una familia del sector. Estas dos personas recibieron medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia.
Con este golpe a la extorsión y las rentas criminales, la banda delincuencial denominada ‘San Pablo’ deja de recibir, de acuerdo con las autoridades, más de 9.200.000.000 millones de pesos anuales.
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