A este total de aspirantes los enredan 152 procesos de contratación que, según los análisis de esa entidad, podrían generar un conflicto en caso de ser electos para esos cargos por parte de los ciudadanos.

“La razón de ser de este tipo de inhabilidad está en la conveniencia pública y la transparencia para garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. Además de brindar condiciones de igualdad en la contienda electoral y evitar que los recursos públicos ingresen a las campañas político-electorales”, explicó el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.

Por el momento en el que se reveló el listado, a menos de dos semanas de los comicios del 29 de octubre, muchos de los implicados en él han expresado su rechazo y asegurado que se trata de ataques que buscan desprestigiar sus campañas.

Uno de ellos fue Julio Cesar Serna, candidato a la Alcaldía de Marinilla, quien en el listado figura con cuestionamientos en 7 contratos que ascienden a 433 millones de pesos: "Quiero manifestar mi agradecimiento a todas las personas que nos han expresado su apoyo y solidaridad ante los ataques que estamos viviendo a diario. Tenemos conocimiento de que vienen más ataques, más mentiras y nosotros seguiremos trabajando con la tranquilidad y el amor de llevar las ideas que es lo que está pidiendo la gente", manifestó.

En este mismo sentido, lo propio hizo Edgar Augusto Villegas, otro de los aspirantes a esa localidad del oriente de Antioquia con presuntas irregularidades en tres contratos por más de 75 millones de pesos.

"Se están inventando una supuesta inhabilidad para gobernar a Marinilla en los próximos cuatro años. Yo quiero llamar la atención de la opinión pública y rechazar que nuestros malquerientes hagan actos tendientes a llevar a equívocos páginas nacionales", se defendió Villegas.

El listado entregado por la Secretaría ha generado revuelo incluso en otros sectores del mismo Gobierno nacional en medio de un episodio catalogado como de “fuego amigo”, pues el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró en el Congreso que esa dependencia no es el organismo idóneo para referenciar este tipo de situaciones, que sí deben quedar en manos de autoridades debidamente establecidas como el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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