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Desde algunos sectores políticos y gremiales de Medellín y Antioquia han reaccionado al hecho de que Empresas Públicas de Medellín (EPM), declarara desierto el proceso de contratación para la construcción de las unidades de generación de energía de la 5 a la 8 en Hidroituango.
"En el marco de la evaluación de la oferta económica se identificó que la misma presenta desviaciones sustanciales, información inexacta o contradictoria y valores no justificados en relación con los precios normales del mercado, incurriendo en causales de eliminación", dijo al respecto la empresa en un comunicado.
Ante este panorama, que vuelve a generar incertidumbre sobre una de las obras de infraestructura más importantes para el país, desde el entorno político no dudaron en catalogar al alcalde Daniel Quintero, como presidente de la junta directiva de la empresa prestadora de servicios públicos, como uno de los principales culpables.
"Es una muy mala noticia para Medellín y para Colombia. Que Hidroituango funcione rápidamente es lo que necesitamos para avanzar en la transición energética y depender cada vez menos del carbón y del petróleo", manifestó Daniel Duque, concejal por el Partido Verde.
Por su parte, el diputado de Antioquia Luis Peláez, destacó las consecuencias que conlleva la apertura de un nuevo proceso licitatorio que deja ya el proyecto hidroeléctrico con retrasos superiores a los dos años para su culminación.
"Según el informe Pöyry, por el cambio de contratistas para la turbina 3 y 4, estamos hablando de un retraso de la obra de casi un año y con esta no adjudicación de las turbinas 5 a la 8 estamos hablando de un retraso de un año y medio", explicó Peláez.
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Bajo este mismo argumento, desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtieron las implicaciones económicas que conllevan estas demoras y que incluso podrían poner en riesgo la seguridad energética del país por lo que también sería previsible un alza en las tarifas que justamente el alcalde Quintero ha intentado bajar.
Según José Fernando Villegas, director de la Cámara, un estudio realizado por la entidad llegó a determinar que por cada día que una de las unidades de generación de energía deje o se tarde en funcionar son en promedio unos $3.300 millones en pérdidas, que dejan de ingresar a la sociedad.
"Celebro que no se haya firmado el contrato porque era un proceso que estaba viciado desde el inicio a nuestro juicio, pero por otro lado me preocupa porque se perdió un año y porque el agua sigue corriendo por el vertedero. Mientras eso suceda hay un riesgo inminente para las poblaciones aguas abajo de la presa", declaró Villegas.
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Sobre este proceso de adjudicación ya había una investigación anunciada por parte de la Procuraduría a través de un proceso de vigilancia preventiva sobre cuyas exigencias EPM señaló en su reciente comunicado que acogió las observaciones y requerimientos del ente de control.
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