La Procuraduría abrió nueva investigación disciplinaria contra once funcionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero que estarían presionando a contratistas de la Secretaría de Educación para que apoyen las aspiraciones electorales del exconcejal Albert Corredor.
Esta indagación preliminar se hace con base a una recolección de información de redes sociales sociales y denuncias anónimas del periódico El Colombiano, que señalan que los contratistas de esa dependencia han recibido instrucciones directas, hasta en mensajes de WhatsApp, para que participen en eventos de la campaña de este precandidato a la Alcaldía de Medellín y que, cabe recordar, fue uno de los expulsados del Centro Democrático por un escándalo en el Concejo de la ciudad.
Los vinculados a esta investigación disciplinaria son: Santiago Botero, Camilo Jiménez, John Jairo Rico, Daniel Castrillón, Ana Milena Roldán, Ana María Henao, Lina Cardona, Óscar Pasos y Dayan Alcides Marulanda, Juan Esteban Grisales Correa y Alejandro Mira, quienes deberán aportar sus declaraciones, como señala el auto de la Procuraduría.
Según el Ministerio Público, a los contratistas, incluso funcionarios de la misma Secretaría de Educación, se les ha agregado a grupos de WhatsApp sin consentimiento, reuniones para capacitaciones en la recolección de firmas, como se habría hecho en el Club Medellín, y se les presiona no solo para que se sumen a las actividades proselitistas del aspirante, sino también para que diligencien encuestas como la Encuestas Antioquia Vota, de Cifras y Estadísticas.
Si bien en ese sondeo se incluyen aspirantes a Medellín, la Gobernación de Antioquia, municipios del Oriente y ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, el precandidato Albert Corredor ha aparecido en 4 de unas 10 encuestas sobre la Alcaldía de Medellín desde diciembre a la fecha y obtiene votaciones amplias de hasta el 90% de la intención de sufragio.
Por eso, la Procuraduría pidió a la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín realizar un informe técnico contentivo de una relación de la totalidad del personal vinculado, ya sea como empleado público, contratista de prestación de servicios directo o indirecto a dicha dependencia a la fecha de recepción de esta prueba, expresando la modalidad de vinculación (si es de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa o provisional) o contratación (directo o tercerizado y a través de qué entidad o empresa), con sus respectivos datos de contacto.
El Ministerio Público designó a Mauricio Toro Granada, profesional de la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, para que en máximo seis meses recopile todos los elementos de pruebas señalados en esa investigación disciplinaria preliminar.
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