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Junta Directiva de EPM cambió requisitos para créditos de vivienda que favorecerían a su gerente

Jorge Andrés Carrillo, actual gerente de EPM, se habría beneficiado de estas modificaciones para acceder a un préstamo de 348 millones de pesos.

Jorge Andrés Carrillo
El saliente directivo ocupa el cargo desde abril de 2021.
Foto: cortesía.

A escasos 20 días para finalizar su gestión al frente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), un nuevo ruido salpica a su gerente Jorge Andrés Carrillo, esta vez por cuenta de cambios aprobados por la Junta Directiva de la empresa, aún cuando Daniel Quintero era su presidente, para presuntamente favorecer al directivo en la consecución de un crédito de vivienda.

La situación fue revelada por el concejal electo de la ciudad Alejandro De Bedout quien evidenció en documentos cómo el pasado 11 de septiembre Carrillo se postuló al crédito de 348 millones de pesos luego de que cuatro meses antes se firmara el decreto que cambiaba principalmente tres requisitos que favorecerían al directivo.

Se modificó, por ejemplo, la condición de llevar mínimo 2 años en la empresa, para dejarlo en un solo; ⁠la tasa de interés del 6% efectivo anual se disminuyó al 4%; pero en cuanto a los plazos de pago se amplió hasta 15 años tras salir de la compañía por una causa diferente a la pensión, cuando inicialmente estaba establecido que no podía ser mayor al tiempo que se llevaba laborando allí.

"Le hacen una jugada más a la ciudad. Desde el mes de mayo en una junta directiva modificaron los requisitos que por Gobierno Corporativo tenía EPM desde el año 2003, los modificaron en beneficio del gerente actual", explicó De Bedout.

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Lo denunciado por el corporado se suma a los cuestionamientos que había recibido la Alcaldía, bajo otras condiciones, para beneficiar a altos funcionarios de la administración con esos créditos.

Ante la polémica revelada en su momento por el concejal Alfredo Ramos, la Secretaría de Gestión Humana del Distrito reportó que entre 2020 y el primer semestre de 2023 había recibido por lo menos 1.582 solicitudes de créditos, 820 correspondían a funcionarios de carrera administrativa, 311 a funcionarios en calidad de provisionalidad, 35 a trabajadores oficiales, 12 a pensionados y 42 más a funcionarios de libre nombramiento y remoción, la mayoría de estos últimos cercanos a Daniel Quintero y que dejaron el gabinete en diferentes momentos con intenciones políticas.

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