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La Procuraduría General de la Nación le hace seguimiento a la ejecución de los proyectos, obras y actividades asociadas a la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, en cuyos túneles se han presentado nuevos derrumbes.
El pasado 7 y 8 de mayo los procuradores judiciales especializados en asuntos ambientales de Antioquia se desplazaron hasta el área de influencia del proyecto, donde se pudo comprobar la magnitud del incidente y de los impactos que se están generando, producto del obstrucción en los túneles que desvían y canalizan el cauce del río cauca; emergencia que fue ocasionada por un derrumbe de tierra y rocas que bloquearon totalmente el paso de las aguas, y ocasionaron una disminución drástica del caudal del río aguas abajo.
Esta circunstancia ha prendido la alerta y preocupación en la población de los municipios ribereños localizados en la región, ante la posible ocurrencia de una avalancha e inundación por las aguas retenidas en el sector de los túneles de conducción.
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Es por esto, que en comunicación dirigida a José Gustavo Jiménez, gerente de la Hidroeléctrica Ituango y a Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de Empresas Públicas de Medellín, la Procuraduría les manifiesta que se debe dar cumplimiento de forma inmediata a las obligaciones impuestas en el acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia ambiental, especialmente en lo relacionado con garantizar y restablecer el suministro de agua a las comunidades afectadas, hasta que se restablezcan y superen las condiciones que generaron la contingencia.
Para estos efectos, la Procuraduría indica que deberá adelantarse todas las obras y actividades para que el agua represada sea evacuada, sin que se generen riesgos para las personas y animales y se logre la conservación y recuperación del caudal medio del río.
Igualmente, frente al alto volumen de estancamiento de las aguas en el área de construcción del proyecto, considera el Ministerio Público que se debe disminuir, mitigar y reducir totalmente, cualquier tipo de amenaza de una posible avalancha.
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El órgano de control también le solicita a la Unidad de Gestión del Riesgo la activación del Comité Nacional para el Manejo de Desastres para que se haga seguimiento a la emergencia presentada desde el pasado 28 de abril de 2018 y evitar nuevas condiciones de riesgo, así como corregir y mitigar las actuales.
"En nuestro país la experiencia reciente ha demostrado, que muchos eventos catastróficos han sido causados por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en actos administrativos de licenciamiento ambiental y de la normativa sobre gestión del riesgo, lo cual incrementa notablemente el porcentaje de vulnerabilidad, y a su vez, disminuye la posibilidad de una respuesta oportuna, ante la probabilidad de la ocurrencia de un evento extremo, como el que aquí se advierte", asevera la Procuraduría.
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