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Más de 250 sanciones se han impuesto por tráfico de animales silvestre este año en el Valle de Aburrá. Las autoridades intensificarán los operativos porque este delito se dispara un 30% durante esta Semana Santa.
Las mayores víctimas del tráfico de fauna y flora son guacamayas, monos tití, loros, tortugas, tigrillos e incluso flamencos, pues en la Semana Santa se negocian estos animales silvestres para ponerlos en cautiverio en el área metropolitana de Medellín, sobre todo en el Urabá, el norte del país, la costa Caribe y límites con Chocó.
Este delito se incrementa un 30% durante esta temporada que también es de vacaciones, pues es el cuarto negocio ilegal más lucrativo en el mundo, de acuerdo con Juan David Palacios, director del Área Metropolitana.
“En el área metropolitana ha adelantado 250 sanciones administrativas desde el área ambiental, pero también hay que reconocer que se podría dar lugar a sanciones penales”, advirtió el funcionario.
Los operativos de las autoridades ambientales y más de 40 uniformados de la fuerza pública se harán en las terminales de transporte, plazas de mercado, puntos de control en las vías e ingresos al Valle de Aburrá, pues los animales silvestres son sometidos a toda clase de condiciones para camuflarlos en envases de gaseosas, cajas e incluso tubos de PVC.
El intendente jefe Diego León Marín, integrante del grupo de disposición ecológica de la Policía Metropolitana, sostuvo que uno de estos casos fue de un par de flamencos que hallaron en la terminal del norte.
“Hace algún tiempo tuvimos unos Flamencos que venían en un tubo de PVC, que se demoraron unas 2 horas en volver a pararse, tomar su posición natural”, relató.
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Pero el tráfico de fauna no solo causa esta tortura y cautiverio, sino que los índices de mortalidad son del 90%, según Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia.
“De cada 10 individuos que se comercializan en esta ilegalidad, nueve mueren en esa cadena de tráfico, estamos condenado nueve animales que son el patrimonio, una riqueza ambiental a perderla”, aseguró.
Este año, la Policía ha judicializado a tres personas por este delito, además se han incautado 73 especies. Además, desde 2022, el Centro de Atención de Fauna Silvestre en Barbosa ha recibido 3.429 animales para su recuperación, pero un porcentaje ha tenido se le ha aplicado la eutanasia por su alto sufrimiento y estado irrecuperable.
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