Sinpro, el sindicato de EPM, pide al Gobierno que asuma el reclamo de lapóliza por Hidroituango ante las aseguradoras para retomar el control del proyecto.
Así fue solicitado por el sindicato de trabajadores en un manifiesto público en el que se cuestionan las decisiones de EPM como que se habría abstenido a declarar el siniestro en la megaobra sin un motivo claro, lo que no ha permitido que se agilicen los pagos por parte de la aseguradora Mapfre que hasta ahora ha girado 350 millones de dólares de una póliza de 2.500 millones.
Según Olga Arango, presidenta de Sinpro, se requiere la intervención del Gobierno para que se adelanten gestiones para reclamar los seguros.
"Esta actual administración no está haciendo la reclamación a la aseguradora, entonces, estamos solicitando al Gobierno que sean ellos los que directamente hagan ese control y hagan esa gestión", agregó.
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El sindicato también cuestionó que la actual administración de EPM decida prepagar una deuda del BID de 450 millones de dólares con la tasa de cambio más alta de la historia.
Según Arango "en una mente sensata cómo se les ocurre prepagar una deuda en este momento. Eso no se le ocurre a ninguna persona financiera, que conozca de finanzas y que sea sensata".
Con tristeza tenemos que decir que lo que hemos venido advirtiendo sobre los riesgos que corre el #ProyectoItuango son cada vez más reales. Por eso hoy hacemos un llamado nacional para que defendamos a EPM.#EPMEsPatrimonioDeTodos pic.twitter.com/zxCSbxOHy1
— Sinpro Sindicato (@SinproColombia) December 5, 2021
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Según el sindicato, si EPM asume las obras de Hidroituango y saca a los constructores, se vendrían multas por 260 millones dólares y se dejaría de percibir ingresos por 500 millones de dólares del cargo por confiabilidad por retrasos ante la eventual aplicación del Plan Mireya.
También señaló que EPM y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buscan declarar la urgencia manifiesta en el proyecto para traer nuevos contratistas afines a sus intereses políticos.
Sinpro criticó que ha habido un silencio y pasividad del Gobierno, de autoridades de control y hasta del Concejo de Medellín sobre las decisiones que se vienen tomando en Hidroituango.
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