Alcaldía de Bogotá, a implementar estrategias contra pandillismo en Usme
Según la Corte Suprema, la desprotección social del Distrito en los barrios Tenerife y Monte Blanco conduce a los jóvenes a la criminalidad.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Corte Suprema le ordenó a la Alcaldía de Bogotá la implementación de estrategias que permitan combatir el flagelo del pandillismo en dos barrios de la localidad de Usme.
Le puede interesar: Menor de edad murió tras lanzarse al río Cauca huyendo de pandilleros
La decisión se da por un homicidio que ocurre el 31 de octubre del 2013 en el barrio Monte blanco, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Según la sentencia, unos jóvenes dispararon de forma indiscriminada, se dirigieron específicamente al joven Brandon Orjuela Céspedes, de 18 años, le propinaron varios disparos y luego José Alexander Leguizamón lo remató. El hombre fue agredido y retenido por la comunidad para posteriormente ser capturado por la Policía.
Por los hechos, un juzgado de Bogotá lo condenó por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Sin embargo, el abogado del joven Leguizamón apeló la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá dio la razón, dijo que no habían pruebas suficientes, que habían testimonios que se controvertían, por lo que absolvió al joven y le otorgó libertad en el 2015.
Tras esta decisión, el representante de las víctimas interpuso el recurso extraordinario de casación y la demanda fue admitida por la Corte Suprema de Justicia en abril del 2018.
En una decisión trascendental, proferida por la Corte el pasado mes de enero, no sólo le dio la razón al juez de primera instancia, condenó a Leguizamón y ordenó su recaptura, si no que le ordenó a la Alcaldía de Bogotá implementar programas sociales en los barrios Tenerife y Monte Blanco, de Usme, para evitar el pandillismo, pues, según el fallo, existe una desprotección social de los jóvenes que los está llevando a la criminalidad.
De acuerdo con el magistrado ponente, José Francisco Acuña, las acciones de prevención y resocialización para los niños y jóvenes de los barrios mencionados permitirán evitar que sea el derecho penal, como una máxima instancia, la que dé solución a conflictos que no le corresponden y que por el contrario la congestionan y desprestigian.
Decisión y orden al Distrito.
Publicidad
En su decisión, la Corte advierte que ese caso revela una dinámica desfavorable para el desarrollo de los niños de los barrios Tenerife y Monte Blanco, lo cual requiere de la intervención coordinada de las autoridades y programas del Distrito, a fin de que se adopten las medidas restaurativas de sus derechos, faciliten su reincorporación a la educación y/o al trabajo, brinden oportunidades recreativas y se prevengan fenómenos de pandillismo.
La Corte determinó que el derecho penal se aplica como última instancia para la resolución de los conflictos sociales ante el fracaso de otros mecanismos de contención social.
La sala consideró que los jóvenes de los mencionados barrios son víctimas de condiciones sociales, económicas y familiares, que hacen urgente la implementación y desarrollo de estrategias y políticas públicas con el fin de perfilar a estos niños y jóvenes como actores estratégicos para la paz y el desarrollo de sus comunidades.
Publicidad
Para la Corte, tales acciones son urgentes dado que algunos jóvenes ya han entrado en conflicto con la ley penal y se hallan en riesgo de ser cooptados por organizaciones criminales y de reproducir el fenómeno.
“Invocando entonces la articulación que debe presidir las relaciones entre las ramas del poder público y sus instituciones, y atendiendo a los estudios criminológicos que advierten la proliferación de bandas juveniles y fronteras invisibles entre ciertos barrios de la ciudad, la Sala ordena que se compulse copia de esta decisión al Alcalde Mayor de Bogotá para que tome las medidas necesarias y adyacentes a la administración de justicia penal para que se coordinen esfuerzos tendientes a emprender acciones positivas de prevención y resocialización para los niños y jóvenes de los barrios mencionados y evitar con esto que sea el derecho penal como una máxima instancia que dé solución a conflictos que no le corresponden y que por el contrario la congestionan y desprestigian”, puntualizó la ponencia.