El pleito entre el Distrito y el concesionario que opera el tratamiento del relleno sanitario de Doña Juana empezó en el año 2010, cuando se adjudicó un contrato para que el concesionario CGR se encargue de toda la operación del relleno, incluidos los lixiviados, es decir, los líquidos contaminantes de las basuras.
¿Qué pasó? Con el tiempo, el concesionario manifestó que el monto de dinero que habían pactado por ese contrato no les alcanzaba para cubrir la operación y de esta manera iniciaron un tormentoso litigio contra el Distrito.
Por esta razón, el contratista, es decir CGR, pretendía que la ciudad le pague por lo que, según decían ellos, dejó de percibir en los primeros ocho años de la concesión. Este monto sumaba 1.2 billones de pesos y, de perder este litigio, los bogotanos habrían tenido que pagar todo ese millonario monto.
Sin embargo, este martes, 11 de abril, se conoció el fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que, si bien condenó al Distrito, a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), lo hizo, pero por 64.500 millones de pesos.
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La alcaldesa Claudia López se pronunció al respecto y dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter:
“CGR Doña Juana no ganó ni se salió con la suya. Ni los bogotanos tendremos que pagar el billón doscientos mil millones de pesos que pretendían ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá del 2024”, anunció la mandataria.
Analizaremos en detalle el fallo anunciado hoy por el Tribunal, las decisiones respecto de la UAESP y asistiremos a la audiencia dispuesta para hacer las aclaraciones.
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 11, 2023
Los bolsillos de todos los bogotanos, la salud de los bogotanos del sur y el #POTBogotáReverdece han ganado.
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Este fallo libró al Distrito de pagar una millonaria demanda por 1.2 billones de pesos, pues, según el Tribunal de Arbitramento, la condena contra la Uaesp es por $64.500 millones que debe pagarle a la empresa CGR que opera el relleno Doña Juana, y el contrato terminará a más tardar en 2025, no en 2055 como exigían los demandantes.
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