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María Fernanda Rangel, candidata a contralora, radicó una solicitud en el año 2020, la cual fue acogida por la Contraloría. En ella manifestó su impedimento para adelantar cualquier tipo de actuación administrativa, entre ellas generar informes de alertas relacionadas con el relleno sanitario de Doña Juana.
Puntualmente, destacó Rangel en los argumentos expuestos al ente de control, que su impedimento se da por tener un contrato que involucra a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A. (CGR): empresa que opera el relleno y de la cual sus familiares son accionistas.
La Contraloría evidenció que la manifestación de Rangel tiene relación directa con las funciones que desempeña ella en la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la entidad y con el interés que, como contratistas, tienen su cónyuge y hermano en los contratos que pueden ser examinados.
Esto en medio del litigio que hay entre la Alcaldía con la empresa operadora del relleno, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.
Es por esto que mientras el proceso entre el CGR, la Alcaldía de Bogotá y el relleno Doña Juana esté en curso, la Contraloría designará a Víctor Guapacha en el cargo de Rangel: con el fin de que tome las decisiones que tengan que ver no solo con este caso, sino también con otros dos que tiene con la Aerocivil e Invias.
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