Relleno sanitario Doña Juana

La recuperación de una comunidad después de un desastre natural no depende únicamente de reconstruir viviendas o reparar carreteras. También está condicionada por la capacidad de restablecer servicios públicos esenciales como el agua potable, la energía eléctrica, el saneamiento, la recolección de residuos y las telecomunicaciones.Esta es una de las principales conclusiones planteadas por Andrea Pérez Cadavid, gerente del Relleno Sanitario Doña Juana y experta en servicios públicos, al analizar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto. El balance de la emergencia mostró afectaciones simultáneas en diferentes sectores de la infraestructura que sostiene la vida cotidiana. Más de 100 acueductos resultaron afectadosDe acuerdo con el balance oficial citado en el documento, durante la primera etapa de la emergencia se reportaron 111 acueductos afectados, además de 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 435 vías, 69 puentes vehiculares y cinco aeropuertos con algún nivel de afectación.Las cifras muestran que los efectos de un terremoto van más allá de los daños visibles en edificaciones. Cuando una red de agua, energía o saneamiento deja de funcionar, también se afectan las condiciones necesarias para que las personas puedan regresar a sus actividades habituales.El impacto sobre los servicios públicos puede generar, además, efectos sobre otros sectores. La interrupción de la energía, por ejemplo, compromete sistemas de bombeo y tratamiento de agua, el funcionamiento de hospitales, las telecomunicaciones y diferentes actividades comerciales. Energía eléctrica, un servicio que sostiene a los demásLa energía eléctrica fue uno de los servicios que registró una recuperación más rápida después del terremoto. Más de 1,5 millones de usuarios llegaron a estar afectados, mientras que para el 13 de agosto más de 1,45 millones ya habían recuperado el servicio. Sin embargo, alrededor de 75.661 usuarios permanecían sin electricidad para ese momento.Chocó enfrentó uno de los escenarios más complejos. De aproximadamente 111.000 usuarios afectados inicialmente, cerca de 11.000 continuaban sin servicio. También se reportaron afectaciones en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.Durante la emergencia también se presentó una reducción temporal cercana al 18 % de la demanda eléctrica nacional, equivalente a unos 1.700 megavatios, asociada a las interrupciones y a la paralización de actividades en las zonas afectadas. Agua potable y saneamiento, una prioridad después del desastreEl acceso al agua potable adquiere una importancia inmediata después de una emergencia. Según el documento, los daños se presentaron en bocatomas, plantas de tratamiento, tanques y redes de conducción y distribución.En total, 111 sistemas de acueducto resultaron afectados. Además, un informe humanitario de Naciones Unidas estimó en 2,47 millones las personas que requerían asistencia en agua, saneamiento e higiene, considerando tanto los efectos del terremoto como las vulnerabilidades existentes, especialmente en Chocó.A un mes del desastre, más de 52.000 personas habían recibido asistencia humanitaria relacionada con agua, saneamiento e higiene, mediante intervenciones realizadas en 30 municipios. Para Pérez Cadavid, el proceso de reconstrucción plantea un desafío adicional cuando las comunidades ya tenían dificultades para acceder a servicios básicos antes de la emergencia.El servicio de aseo también es parte de la emergenciaLa recolección y disposición adecuada de residuos es otro de los componentes que adquieren relevancia después de un terremoto. La destrucción de viviendas y establecimientos genera materiales de construcción, alimentos deteriorados y otros residuos que deben ser retirados de las zonas habitadas.Las dificultades para mantener las rutas de recolección y la operación normal de los sitios de disposición final pueden generar riesgos adicionales. Si los residuos no son recogidos, transportados y gestionados adecuadamente, aumentan los riesgos de contaminación, proliferación de vectores y deterioro de las condiciones sanitarias.Por esta razón, el manejo de residuos después de un desastre está relacionado no solo con la limpieza de las calles, sino también con la salud pública, la protección ambiental y el restablecimiento de la normalidad. El efecto dominó de los daños en infraestructuraEl documento plantea que los servicios públicos deben analizarse como una red interdependiente. La afectación simultánea de hospitales, colegios, vías, puentes y servicios básicos puede ralentizar la recuperación de las comunidades.El terremoto dejó 351 centros de salud y 3.579 establecimientos educativos afectados, además de 435 vías y 69 puentes vehiculares con daños reportados. Estos elementos están conectados con el funcionamiento de los servicios públicos y con la posibilidad de que las actividades económicas y sociales se restablezcan. Desde esta perspectiva, la infraestructura de servicios públicos no se limita a tuberías, cables, postes o vehículos recolectores. Se trata de una red que permite el funcionamiento de la salud, la educación, la economía y las actividades cotidianas.Reconstruir con criterios de gestión del riesgoLa emergencia también abre una discusión sobre la forma en que deben ejecutarse los procesos de reconstrucción. El documento plantea la necesidad de incorporar criterios como gestión del riesgo, redundancia, mantenimiento, capacidad de respuesta y adaptación a las condiciones particulares de cada territorio.En regiones donde existen dificultades históricas para garantizar servicios como agua potable o saneamiento, el objetivo planteado es que la recuperación permita cerrar las brechas que quedaron expuestas durante la emergencia, en lugar de limitarse a restablecer las condiciones anteriores. “Los servicios públicos son la columna vertebral de la recuperación. Una vivienda puede reconstruirse, pero si alrededor no hay agua, energía, saneamiento, aseo, vías y comunicaciones, la vida de esa familia seguirá estando lejos de la normalidad”, afirmó Pérez Cadavid. El terremoto del 10 de agosto dejó daños materiales y una amplia tarea de reconstrucción. Pero también puso de manifiesto la importancia de garantizar que los servicios esenciales puedan regresar de manera rápida, segura y sostenible. Cuando varios servicios públicos resultan afectados al mismo tiempo, el impacto trasciende la infraestructura física. También se compromete la capacidad de las comunidades para recuperar sus actividades y avanzar hacia la normalidad.

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