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La Alcaldía de Soledad notificará al Grupo Aeroportuario del Caribe, concesionario a cargo del aeropuerto Ernesto Cortissoz, sobre los cobros coactivos que ha iniciado la administración municipal para reclamar el pago de 60.000 millones de pesos pendientes por concepto de impuesto predial de la terminal aérea entre 2017-2021.
De acuerdo con el jefe de la Oficina de Impuestos de Soledad, Hernando Jiménez, el concesionario del Cortissoz está obligado a pagar el predial por todas las áreas de las que está sacando provecho económico, pero, según el funcionario, ni el Grupo Aeroportuario ni los arrendatarios de los establecimientos de comercio ubicados en la terminal que sirve a Barranquilla están cumpliendo con dicha obligación.
Jiménez aseguró que, amparados en un polémico acto administrativo expedido por la pasada administración del municipio, en el aeropuerto “ni siquiera abren las puertas para llegar a conciliar las deudas” ni con los arrendatarios ni con el concesionario.
El jefe de la Oficina de Impuestos advirtió que, si no hay acuerdos de pago después de dos meses de haber notificado los cobros coactivos, la Alcaldía de Soledad procederá a embargar las cuentas del Grupo Aeroportuario del Caribe como medida cautelar.
La Alcaldía de Soledad también critica el acto administrativo expedido el 12 de octubre de 2017 por la entonces administración municipal de Soledad, que exoneró al concesionario de dichos pagos hasta esa fecha al considerar que asumir ese cobro “le genera un desequilibrio económico que los puede llevar al incumplimiento contractual, afectándose el servicio público de transporte aéreo”, ya que el Impuesto Predial Unificado no se incluyó en el contrato de operación.
"Es una cosa completamente insólita desde todo punto de vista jurídico, la cual está siendo investigada por los órganos de control", manifestó el secretario de Planeación, Leonardo Pereira.
El operador del Cortissoz responde
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A través de un comunicado, el Grupo Aeroportuario del Caribe respondió que el contrato de concesión que suscribió con la Agencia Nacional de Infraestructura "establece como obligación del concesionario la de incorporar en los distintos contratos de arrendamiento, una estipulación en la que conste el deber de los arrendatarios de pagar el impuesto predial y valorización".
Afirma que "el concesionario ha venido cumpliendo con esta exigencia de incorporar la estipulación en dichos contratos. Lo precedente permite inferir que el concesionario no es responsable por el pago del impuesto predial, principalmente debido a que los sujetos pasivos de este tributo son los arrendatarios".
"Insistimos, como concesionario hemos entregado la información que se nos ha solicitado en relación con los tenedores de espacio, quienes son los responsables de dicho tributo", se lee en el documento.
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En relación con el polémico acto administrativo, el operador aseguró que fue un documento con el que le hicieron "saber que se había extraviado el expediente y en consecuencia fue el mismo concesionario quien solicitó, no solo la reconstrucción del expediente, sino también realizar las investigaciones pertinentes".
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