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Un juzgado de Barranquilla legalizó las capturas y judicializó a tres miembros de una prestigiosa familia en la región Caribe, por el delito de presunto fraude fiscal que rozaría los $157 millones de pesos, tras comercializar cientos de celulares de contrabando bajo un modelo de subfacturación para importarlos.
La Fiscalía General de La Nación solicitó a la Interpol, además, ubicar de inmediato a un cuarto miembro, quien se encontraría en España, y a quien también se le serían imputados los delitos de fraude aduanero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y concierto para delinquir con fines de contrabando.
Así mismo, la Policía Fiscal y Aduanera, La Fiscalía y la DIAN allanaron lujosos apartamentos en Barranquilla, recolectando el suficiente material para demostrar que las cuatro personas lideraban una red que defraudó al Estado a través de las importaciones, lo que permitió legalizar las capturas ante el evidente material probatorio.
De acuerdo con los elementos de prueba, Álvaro Yazid y Miguel Ángel Vargas Ruiz, Maritza Ruiz de Vargas y María Estela Granados Araque habrían constituido en Barranquilla (Atlántico) una empresa ilegal dedicada a la adquisición y comercialización de productos de tecnología.
Labores de policía judicial evidenciaron que, entre 2010 y 2019, estas personas, al parecer, ingresaron por diferentes puertos del país grandes cantidades de réplicas de teléfonos móviles de reconocidas marcas. Los equipos provenían de Vietnam, Taiwán, China, Finlandia, Holanda, República de Corea, Estados Unidos, Panamá e India, entre otros países.
La Fiscalía estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban muy por debajo de los valores fijados en el mercado. Adicionalmente, detectó que, presuntamente, fueron adulteradas facturas con el propósito de pagar menos impuestos.
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Finalmente, los celulares que entraban de contrabando eran distribuidos en el comercio informal. En ese sentido, se generó una competencia desleal y una grave afectación a la industria nacional y a los comerciantes legales.
Los análisis financieros, patrimoniales y contables realizados indican que los hoy procesados habrían incrementado su patrimonio injustificadamente, realizaron movimientos financieros irregulares e incurrieron en anomalías en las declaraciones de renta que presentaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red delictiva los delitos de concierto para delinquir; enriquecimiento ilícito de particulares, por cuantía de $157.000 millones de pesos; lavado de activos, en $10.000 millones de pesos; y contrabando.
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