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Envían a la cárcel a concejal de Soledad, Atlántico, por presuntos nexos con grupos paramilitares

Se trata de Jairo José Samper Rojas, quien fue capturado el pasado 01 de junio en horas de la mañana en inmediaciones de la corporación en Soledad, Atlántico. Investigaciones señalan que habría financiado estructuras paramilitares entre los años 2003 y 2006.

Jairo Samper.jpeg
Concejal investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares.
Tomada de su Facebook // Jairo Samper Rojas.

En el marco de las investigaciones que se adelantan contra el concejal de Soledad, Atlántico, Jairo José Samper Rojas; por la presunta financiación de grupos paramilitaresentre los años 2003 y 2006, este sábado fue enviado a la cárcel, de manera preventiva, por el delito de concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios aportados por laFiscalía General de La Nación, Samper Rojas habría servido de enlace del entonces Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para garantizar que le fueran entregados los contratos relacionados con el suministro de insumos médicos y otros productos para el funcionamiento del Hospital Materno Infantil, mientras se desempeñaba en un cargo administrativo.

Carlos Roberto Izquierdo, director especializado contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, entregó más detalles de la investigación que cursa en su contra. "La investigación es producto de una compulsa de copias hecha por la honorable Corte Suprema de Justicia, como parte de un proceso relacionado con posibles nexos de servidores públicos con estructuras paramilitares en Atlántico para los años 2003 y 2006, tal como reposa en los documentos", precisó.

Cabe recordar que Samper Rojas fue capturado el pasado 01 de junio en horas de la mañana, en inmediaciones al Concejo de Soledad, Atlántico, por funcionarios del CTI de la Fiscalía.

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La diligencia se realizó en cumplimiento a una orden emitida por la Fiscalía General de La Nación bajo los parámetros definidos en la Ley 600 del año 2000, que resolvió la situación jurídica del funcionario y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

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