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Una serie de protestas comenzaron de manera simultánea este jueves en las compañías que hacen parte de la Unión Temporal Protección Covas 2023, contratista de la Unidad Nacional de Protección ,y a la que están vinculados unos 700 escoltas que hoy reclaman el pago de salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar que les "adeudan hace tres meses".
Los escoltas buscan entablar un diálogo con las empresas contratistas, pero no descartan irse a paro si no logran un acuerdo de pago, inclusive, decenas de estos trabajadores tercerizados suspendieron sus actividades este jueves para reunirse en una asamblea informativa en la que decidirán si continúan o no prestando sus servicios de protección.
Un eventual paro dejaría desprotegidos a unos 400 beneficiarios de la UNP, entre esos mandatarios, líderes sociales y víctimas del conflicto de los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, San Andrés y Cauca.
Sin embargo, los escoltas afirman que su única intención es la de hacer valer sus derechos, ya que por falta de pago, algunos hasta han tenido que recurrir a prestamistas para cubrir sus viáticos de traslados con los protegidos.
"Los viáticos son los recursos que le entregan a cada trabajador para transportarse con su beneficiario a otra ciudad, pero hoy tienen que recurrir a 'prestadiario' o 'gota a gota', con intereses enormes, para cumplir estas misiones de trabajo, porque si no, los echan", expresó Aldo de Luque, secretario del Sindicato Unitario Nacional de Escoltas, Vigilantes y afines.
El sindicato de escoltas pide la intervención de los entes de control, pues advierte que la unión temporal contratada por la UNP estaría "conformada por empresas sin músculo financiero".
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