Tras doce días de desplazamiento, este jueves inició el retorno de las 1.035 familias del sur de Bolívar que se desplazaron hasta el municipio de Santa Rosa del Sur, provenientes de las zonas rurales de los municipios de Montecristo, Morales y Arenal, por cuenta del conflicto entre grupos armados que delinquen en esta región.
La Defensoría del Pueblo regional Magdalena Medio acompañó desde primera hora del día este retorno de por lo menos unas 2.400 personas.
"Por petición de la comunidad acompañamos este retorno que inició desde muy temprano y que tiene como destino final el corregimiento de Mina Piojo, en el municipio de Montecristo. A las comunidades de esta región del país les reiteramos que mantendremos nuestro acompañamiento con el fin de buscar la garantía y el respeto por sus derechos", aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
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La Federación Agrominera del sur de Bolívar denunció, a través de un comunicado, dijo que el retorno de las familias se realiza por cuenta propia ante la falta de garantías y acuerdos con los gobiernos nacional y departamental.
“No hay voluntad de las autoridades de adelantar acciones civiles que nos brinden garantías para el retorno. El único interés es que nos devolvamos y no estemos más incomodando y evidenciando que el conflicto sigue existiendo en el territorio y se sigue incrementando. Hemos decidido retornar a nuestro territorio por nuestra cuenta propia y a pesar del riesgo para nuestra vida y nuestra integridad”, señalaron.
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Un líder de la comunidad, que prefirió mantener su nombre bajo reserva, aseguró en diálogo con BLU Radio que decidieron regresar a sus comunidades porque se encuentran agotados y no encontraron otra salida.
“La comunidad está agotada, ha sido muy mínimo el tema humanitario para sostener a la gente. La forma como dormimos, la comida, el agua. Nosotros no vinimos para quedarnos, sino para buscar solucionamos para vivir tranquilamente, para poder trabajar y poder mejorar nuestras condiciones”, relató.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó que las comunidades manifestaron falta de voluntad por parte de las autoridades para adelantar acciones que les brinden garantías de seguridad y mayor presencia institucional.
"Ante este panorama instamos a las autoridades del orden nacional, departamental y local a que escuchen a las comunidades, que nos manifiestan que han decidido retornar por su propia cuenta a pesar de que no existen condiciones de seguridad", advirtió el Defensor del Pueblo.
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La Federación Agrominera también hizo un llamado humanitario a los grupos armados a no involucrar a las comunidades en el conflicto, y que se inicien mesas de diálogos con la iglesia.
Alerta por acciones violentas en el sur de Bolívar
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La Defensoría del Pueblo dio a conocer que emitió una alerta de inminencia por los hechos de violencia que se siguen registrado en esta zona de departamento de Bolívar.
Señalaron que las acciones del Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), incrementan el riesgo de enfrentamientos armados con interposición de la sociedad civil, homicidios, amenazas a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos; reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y desplazamientos forzados.
“Las comunidades advierten su temor por hechos violentos como los asesinatos de cinco personas en Montecristo, entre abril y julio, entre los que se destaca Oswaldo de Jesús Pérez, presidente de la JAC de la vereda Mina Piojo y miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar”, explicaron.
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