Aunque no se mostraron completamente satisfechos tras conocersela decisión de la SAE respecto a la devoluciónde las acciones de la empresa Triple A al Distrito de Barranquilla, la cual fue negada, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico celebra que la entidad "no se haya prestado para que dichas acciones caigan en manos de privados, como lo representa la empresa Alumbrado Público de Barranquilla".
En tal sentido, advierten que les generaba suspicacia el hecho de que la empresa Alumbrado Público de Barranquilla participara de la junta accionaria, ya que, el manejo de la composición debe ser entre el Distrito de Barranquilla y los ciudadanos, en un 50/50. Sin embargo, insisten en que las acciones deben volver al Distrito de Barranquilla, pues la ciudad fue víctima de un “despojo desmedido” de su empresa de agua potable, alcantarillado y aseo.
Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico, aseguró que "es muy importante que se esté pensando en devolverle las acciones al Distrito de Barranquilla, pero sin la participación de privados, ya que eso no garantizará que el suministro de agua potable se garantice como derecho fundamental".
Asimismo, Alarcón precisó que la participación de la empresa Alumbrado Público de Barranquilla despertaba la preocupación de gremios y usuarios en el Atlántico, en medio de lo que habría sido, según él, una compra extraña y con más dudas que respuestas. "Era como extraño poner a participar a una empresa privada en la adquisición de más del 80 % de las acciones".
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Es así como desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe proponen que los 14 municipios en los que opera Triple A hagan parte de la composición accionaria, al igual que Barranquilla, para garantizar el suministro de agua potable como un derecho fundamental, tal como lo han expresado.
Por otro lado, quienes sí se mostraron muy complacidos fueron los accionistas minoritarios de la empresa Triple A en Barranquilla como Hernando Acuña, quien aseguró que esto es una “medida provisional” para que la Contraloría General de la República entre a revisar el presunto detrimento patrimonial por $1.4 billones que denunció el Gobierno nacional a través del secretario de Transparencia, Andrés Idarraga.
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"Gracias a Dios nos escucharon y esa investigación debe finiquitarse para conocer las implicaciones que tendrían Barranquilla y los 14 municipios del Atlántico en los que tiene injerencia Triple A. Lo celebramos, lo aplaudimos, lo agradecemos; porque no veíamos posible que con artimañas se la hayan quitado a unos privados, para entregársela a otros privados con artimañas".
Es importante mencionar que la decisión de no ceder las acciones de la compañía fue anunciada por el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas, quien advirtió este lunes en rueda de prensa que se abstiene de ceder la participación accionaria de la Triple A. "El estudio de valoración de la empresa basado en los supuestos macroeconómicos del Banco de República, en un escenario conservador, arroja una valoración por $2,4 billones y como el 82 % lo administra la SAE, podríamos decir que administramos una propiedad valorada en $1,9 billones, este contrato se suscribió en algo cercano a los $500.000 millones y allí encontramos una primera preocupación por presunto detrimento patrimonial".
Asimismo, Rojas señaló que "se se trata de un contrato que se dejó establecido desde 2021 y la SAE no hace parte de los procesos penales, porque se ha dicho que nuestra intención es devolverle la Triple A a los españoles, lo que es injusto: nuestra labor es administrarla como un bien público para garantizar el derecho al suministro de agua potable".
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