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El temido y temible “Bronx” de Bogotá queda a unos pocos metros de la Casa de Nariño. Está ubicado casi que al pie del despacho del presidente, Juan Manuel Santos. Es un mundo sórdido y cruel, donde se juega con la vida de miles de personas adictas a las drogas, como quedó evidenciado con la toma que ordenó la Alcaldía de Bogotá, en un intento desesperado por limpiar la olla más grande de “microtráfico” del país.
El Bronx es –claro- un problema de orden público y por esa misma razón la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional desplazaron hasta sus entrañas a 1.500 soldados y policías, así como agentes de la Fiscalía General, para que “limpiaran la zona”.
Luego de varios días de haber sido ocupado El Bronx quedó al descubierto una poderosa red dedicada a la venta de armas y sustancias psicoactivas, así como otra encargada de explotar sexualmente a menores de edad. Cerca de 200 niñas han sido encontradas por las autoridades, que ahora tienen la misión de rescatarlas del mundo miserable al que cayeron por culpa de la drogas y lograr su reintegro a la sociedad.
Y es que las llamadas “ollas” no son sólo un problema de orden público que se soluciona con más soldados y policías. Es –sobre todo- un problema social, que requiere de la presencia de un Estado fuerte y generoso, dispuesto a desmantelar las redes que mueven el negocio del narcotráfico, pero también a acoger a quienes cayeron en el universo perverso de las drogas.
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Quienes se lucran con la explotación sexual de las menores de edad del Bronx de Bogotá deben ser capturados y condenados por sus delitos. Pero sus víctimas deben recibir toda la generosidad de una sociedad que en el pasado reciente les negó las mínimas oportunidades de supervivencia. ¿Cuántas de ellas –por ejemplo- asistieron a una buena escuela para educarse? ¿Cuántas tuvieron padres con empleos dignos? ¿Cuántas recibieron asistencia especializada y oportuna cuando recayeron en el consumo de drogas?
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La solución a la problemática social del Bronx de Bogotá –o de Las Colmenas y la Zona Cachacal en Barranquilla o del Calvario en Cali- debe ser integral. Tiene que involucrar a la Fuerza Pública –por supuesto- pero también a profesionales especializados, que permitan la reintegración a la sociedad de quienes perdieron buena parte de sus vidas en las drogas. De no ser así, lo único que se logra es desplazar el problema de un sector de esas ciudades a otros.
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