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Norelia Acosta Tenorio, jueza segunda civil del circuito de Buga, fue capturada por el CTI de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción a la hora de decidir sobre la expropiación del hotel turístico Parador de Buga, inmueble necesario para ejecutar el proyecto de la malla vial del Valle.
Según el fiscal general de la nación encargado, Jorge Fernando Perdomo, la jueza decretó la expropiación amparada en un avalúo muy superior a su precio comercial, lo que le habría generado al estado un detrimento patrimonial de por lo menos $40 mil millones de pesos, a través del INCO, entidad que en 2011 denunció el caso.
“El avalúo inicial fue de $2 mil millones, finalmente se hizo otro avalúo por $17 millones pero lo que estaría obligado a pagar el INCO en este momento con la indexación sería de $40 mil millones de pesos”, señaló Perdomo.
A la jueza se le imputarán los delitos de prevaricato por acción, cohecho propio y concusión. Junto a ella, también fue capturado Carlos Andrés Grajales, hijo del propietario y residente del predio, quien según la Fiscalía, sería el beneficiario inmediato de la decisión tomada por la jueza.
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