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Autoridades dieron cuenta del inicio de la tercera fase del plan de intervención, para acabar con la criminalidad. Por ello, 440 policías que habían llegado meses atrás a sumarse a los 600 de la región, se quedarán durante seis meses más.
El distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, ha sufrido de cerca el conflicto armado entre grupos armados en la zona rural y los constantes enfrentamientos entre bandas delincuenciales en la zona urbana, dejado como resultado muertes, desplazamiento de miles de familias y desapariciones sin resolver.
"Preservar la vida es nuestro propósito como fuerza pública y por eso necesitamos un esfuerzo conjunto con la sociedad. Necesitamos que denuncien, informen y señalen a los que quieren afectar la vida y robarle el futuro a nuestros jóvenes", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano.
Además, el ministro dio la orden al personal del Gaula Militar de aumentar esfuerzos para contrarrestar las extorsiones y desplazamientos. El resto de la fuerza pública, estará encaminada a capturar y a desmantelar bandas dedicadas al microtráfico.
El coronel Nelson Parrado, comandante de la Policía del Valle, y el general Pablo Ruiz, comandante de la región No. 4, tendrán que permanecer por lo menos tres días por semana en Buenaventura, coordinando todas las acciones.
"No es posible que se tenga miedo con un puesto a trabajar en una esquina, que extorsionen a los mototaxistas, que le roben lo poco que gana cada mes al que tiene una tienda. Ese es el principal propósito de este plan. Vamos a buscar a los que más extorsionan y no les vamos a permitir que sigan generando miedo sin permitir que la comunidad progrese", agregó Molano.
Destacó que, durante 2021, se logró la captura de más de 1.020 delincuentes, 440 pertenecientes a la banda delincuencial 'La Local', entre ellos tres cabecillas conocidos con los alias de 'Fercho', 'Carnicero' y 'Rastas'.
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Este año continuará desarrollándose el programa Jóvenes Transformadores con la Legalidad, al que hasta este momento se han sumando 690 jóvenes de las comunas más afectadas a los que el Gobierno Nacional les paga $500.000 pesos mensuales, para que estudien y salgan de las bandas.
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