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El Distrito le entregó los lineamientos a las autoridades de Tránsito para la aplicación de los controles a taxistas que implementen plataformas tecnológicas.
Se trata de la directiva 001 de 2019 de la Secretaria de Movilidad, donde esta entidad del Distrito le informa a la Policía, seccional de Tránsito de Bogotá, que le entrega los fundamentos jurídicos para aplicar las sanciones y los controles durante el proceso de modernización del sistema de taxis en la ciudad.
El documento, que es firmado por Juan Pablo Bocarejo, explica que, por ahora, la implementación del sistema es de carácter voluntario y para el caso de los conductores que no hayan implementado el sistema de cobro mediante plataforma tecnológica (que utilicen el taxímetro análogo y mecanismo de cobro por unidades), "deberán portar su tarjeta de control en la parte posterior del asiento del copiloto en físico, vigente y con el aviso de tarifas de las tarifas correspondientes".
La comunicación, dirigida a la Policía de Tránsito, dice que deberán ser aplicadas las sanciones a que haya lugar cuando se trate de un vehículo taxi que no cuente con los requerimientos establecidos para el correcto funcionamiento del taxímetro.
Mientras tanto, establece que los taxis con sistema inteligente deberán verificar que tengan una tablet disponible para el usuario, en el que se encuentre la información de la tarjeta de control o nuevo aviso de tarifas.
De la misma manera, se verificará que en el Sistema de Información y Registro de Conductores, consultado a través de la aplicación móvil SIMUR, el conductor se encuentre activo para el cobro mediante plataforma tecnológica.
Denuncia ante los organismos de control
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El concejal Roger Carrillo dijo que la expedición de la mencionada directiva es ilegal y que esta ha pasado por encima del concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, al desconocer que el taxímetro es el único dispositivo idóneo para verificar el sistema de tarifas en la actualidad.
Pidió al secretario de Movilidad replantear esta directiva y solicitó una investigación a la Procuraduría General de la Nación.
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