Al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le están lloviendo peticiones de modificación a la reforma tributaria, pero esta vez no vienen solamente de la oposición, sino también de sus compañeros de equipo.
En primer lugar, hasta los senadores del Pacto Histórico están en contra de la idea del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de acabar con el régimen de beneficios al combustible en 171 municipios de las fronteras con Venezuela y Ecuador.
“Entendemos la necesidad del Gobierno y el ministro de Hacienda para acopiar recursos indispensables que le permitan acometer las grandes reformas y transformaciones, en que se ha empeñado el Gobierno que apoyamos en su elección, pero no estamos de acuerdo, en aras de ese objetivo superior, que se sacrifiquen a las regiones más empobrecidas”, dice la proposición radicada por la senadora guajira Martha Peralta, el presidente de la comisión tercera de Senado, Gustavo Bolívar, y otros congresistas de partidos cercanos al Gobierno.
Esa no es la única petición en ese sentido. Una segunda proposición liderada por Eliécer Salazar logró recolectar casi 30 firmas, en su mayoría de representantes a la Cámara.
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Si se elimina el régimen especial, los precios de los combustibles subirán al menos dos mil pesos por galón, valor que incluye el IVA, arancel e impuesto nacional a la gasolina y el ACPM.
MinComercio pidió mantener beneficios tributarios para construir hoteles en pequeños municipios
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La segunda petición con la que tiene que lidiar Ocampo viene de un colega suyo en el gabinete: el ministro de Comercio, Germán Umaña.
Umaña levantó la mano para defender la permanencia de una de las exenciones tributarias: la de la construcción o remodelación de instalaciones turísticas en municipios de menos de 200.000 habitantes y municipios PDET.
“Es necesario mantener una transitoriedad en la eliminación de esos subsidios. Una temporalidad en la eliminación de esos subsidios o mantener la posibilidad de que el objetivo de esos tratamientos preferenciales se pueda cumplir porque resulta que a una remodelación en curso, que ya existe, o a que un nuevo proyecto, que ya cumple con todas sus licencias y todas sus cosas, no le podemos cambiar de un momento a otro las reglas de juego”, aseguró Umaña en un foro organizado por Anato.
Eso sí, Umaña respaldó el desmonte de los beneficios tributarios y aseguró que es necesario respaldar la reforma tributaria para contribuir a una reducción de la desigualdad en el país.
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¿Conviene que el debate de la tributaria se alargue tanto?
El cronograma actual de discusión de la reforma tributaria implica que el texto final podría ser aprobado en noviembre, lo que quiere decir que el debate total será de cinco meses, casi cinco veces más de lo que se ha demorado cualquier otra reforma tributaria en los gobiernos anteriores.
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Los analistas están divididos sobre la conveniencia de que esto ocurra.
“Eso puede llegar a generar que se presenten cambios profundos respecto a la propuesta de reforma tributaria original y como el tiempo de socialización tan largo eso influye en una mayor incertidumbre en el país”, dijo el analista jefe de Casa de Bolsa, Juan David Ballén.
Sin embargo, tener la posibilidad de esos cambios es algo que le da esperanza a quienes temen que la política tributaria mine el crecimiento económico.
“Creo que en este contexto es conveniente dar un debate con calma para llegar a acuerdos y replantear lo que hoy está sobre la mesa. Direccionado a lo que se quiere, pero que salga algo más mesurado, sin ser tan ambicioso”, dijo por su parte el decano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda.
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