Anif y CCI: “Es necesaria una inversión de 19 billones de pesos para proyectos del país”
En un estudio conjunto entre Anif y la CCI dieron a conocer que Colombia necesita una inversión anual de 19 billones de pesos para complementar los proyectos de infraestructura del periodo 2023-2035.
En medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, se dio a conocer un estudio conjunto con Anif sobre las proyecciones y necesidad económica para complementar los proyectos de infraestructura que actualmente tiene el país y los proyectos a futuro que estén sobre la mesa.
De acuerdo con el estudio, se necesitan 19 billones de pesos anuales y 5,6 billones para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial terciaria para complementar el plan carretero o del periodo 2023-2035. De acuerdo con el presidente de ANIF, José Ignacio López, son necesarias fuentes adicionales de financiación para obtener herramientas para costear las obras del país y cerrar las brechas en infraestructura en el país.
“Aplicando la misma metodología para el segundo periodo (2036-2045), será necesaria una inversión anual promedio de $11,9 billones (0,7% del PIB de 2024) para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación de 5.535 km de malla vial primaria y secundaria, y de $6,7 billones (0,4% del PIB de 2024) para la intervención de 62.887 km de vías terciarias”, precisan.
Por esta necesidad, afirman que los nuevos modelos de recaudos, como las obras por impuestos, que según el estudio, entre 2018 y 2024, cerca de 210 empresas han utilizado el mecanismo de Obras por Impuestos, a través del cual se han ejecutado 409 proyectos, según la Agencia de Renovación del Territorio (ART). De estos, 233 se desarrollaron en municipios PDET por $2,03 billones, y 176 en municipios Zomac, con inversiones por $931.034 millones.
Dinero colombiano
Foto: Bluradio
En cuanto a sectores, educación concentró 217 proyectos por $1,11 billones, mientras que transporte registró 92 iniciativas por $1,13 billones.
Pese a los avances y a la alta participación empresarial, el mecanismo aún enfrenta retos como la gestión de costos imprevistos, la débil estructuración de proyectos por parte de entes territoriales y la necesidad de crear esquemas innovadores que involucren al sector privado en el mantenimiento posterior de las obras.
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Por otro lado, otra propuesta que arroja el estudio es el uso de la Contribución Nacional de Valorización, que sigue siendo una fuente relevante para financiar infraestructura, aunque su uso en el país ha sido limitado por dificultades institucionales y operativas. El caso de Bogotá demuestra que, con una adecuada estructuración técnica y una gestión ajustada al marco regulatorio, el mecanismo puede funcionar de manera efectiva.
Su bajo desempeño a nivel nacional responde a problemas como la dificultad para calcular el aumento real en el valor de los predios beneficiados, la información catastral deficiente, la debilidad institucional por falta de personal capacitado y la percepción negativa sobre el uso de los recursos. Además, el mecanismo enfrenta rechazo social cuando los contribuyentes no perciben beneficios directos o claros derivados del cobro.
Sin embargo, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) aseguró que estos proyectos son necesarios y de vital funcionamiento, siempre y cuando haya institucionalidad y funcionalidad, refiriéndose a las valorizaciones propuestas por el Gobierno nacional.
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“Institucionalidad y voluntad política. Ustedes recuerdan que la administración Petro, en sus inicios, habló mucho de la valorización. No se ha cobrado valorización. No hay institucionalidad ni voluntad política que finalmente lo permitieran, de manera que quería como hacer esa reflexión que me parece que es pertinente. Si no hay una decisión política al respecto, todos estos instrumentos se quedan en el papel y la verdad es que, en materia de infraestructura, son inmensas, ingentes, las necesidades”, concluyó.
Así las cosas, al cierre del informe, Anif y CCI recalcan que es necesaria la utilización de regalías como fuente directa de financiación para la concentración de recursos propios de obra local para concentrarse en proyectos de impacto regional, concentrándose en corredores logísticos y estratégicos para incrementar la productividad.