Durante una agenda regional en el departamento de Caldas, el presidente Gustavo Petro reiteró que la política de su gobierno frente a las concesiones viales es no extender los contratos una vez concluyan los plazos establecidos. El mandatario aseguró que la infraestructura deberá regresar a manos del Estado, en medio del debate sobre el futuro de varios corredores concesionados en el país. Según Petro, algunos sectores de la infraestructura han planteado la posibilidad de prolongar las concesiones por varias décadas más. Sin embargo, insistió en que esa no será la ruta de su administración.“Ese intento es perpetuar los peajes 30 años más con los valores que ellos estaban pidiendo. Es un deseo empresarial. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ya pidió que tenía era que extenderse la concesión, y aquí quiero que quede claro que la política del Gobierno acerca de concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertir al Estado”, afirmó.El mandatario agregó que su gobierno respetará los contratos vigentes, pero que una vez finalicen, la infraestructura volverá a la administración estatal.Las declaraciones fueron entregadas durante un evento en Caldas en el que también oficializó la implementación de tarifas preferenciales en varios peajes del Eje Cafetero para residentes de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia. La medida se adopta después de meses de protestas y reclamos de comunidades y conductores que cuestionaban los altos costos de movilizarse por este corredor vial.“Quitamos el valor de estos peajes, 17.000 pesos. Más o menos 17.000 pesos, depende de los vehículos, que hoy cuestan 700. Yo pedí que costara cero, pero ahí en las negociaciones quedó 700”, concluyó.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura rechazó la reciente ola de violencia y atentados que han sacudido el suroccidente del país en los últimos días, con graves afectaciones a las comunidades, a la institucionalidad y al desarrollo de los territorios.Desde la CCI aseguran que estos hechos debilitan la confianza y la estabilidad de Colombia.“Estos hechos atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos, y debilitan la confianza y la estabilidad que el país necesita para avanzar. La violencia no constituye un camino válido en una sociedad que busca progreso y convivencia pacífica”, dicen desde la Cámara.La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, María Consuelo Araújo asegura que el país no puede dejarse intimidar por la violencia.“Colombia no puede ceder ante la intimidación ni permitir que la violencia frene el desarrollo de sus regiones. Es indispensable que el Estado actúe con contundencia para proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad que permitan avanzar en la construcción de infraestructura y bienestar”, afirmó.En este contexto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura reconoce y respalda la labor de la Fuerza Pública en la protección de los ciudadanos y la defensa del orden institucional, y por lo tanto, destacó la importancia de su actuación frente a las amenazas que afectan la seguridad en las regiones.Desde el sector de la infraestructura señalan que mantienen su compromiso con el desarrollo regional, la generación de empleo y la reducción de brechas sociales, propósitos que en momentos de crisis como estas enfrentan serias amenazas en contextos de inseguridad que afectan tanto a la comunidad como a quienes trabajan por el crecimiento del país.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) celebró la decisión del Ministerio de Hacienda de asignar $122.000 millones con cargo a la Reserva Presupuestal, recursos que permitirán avanzar en el pago de obligaciones pendientes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).La presidenta ejecutiva de la CCI, María Consuelo Araújo, destacó que esta decisión representa un paso concreto para aliviar la situación financiera de contratistas, consultores, constructores e interventores que se encontraban a la espera de estos desembolsos.“Esta asignación de recursos es una señal positiva para el sector. Permite dar continuidad al proceso de pagos pendientes y contribuye a restablecer la confianza en la ejecución de proyectos de infraestructura en el país”, afirmó Araújo.Con esta aprobación, el Invías contará con los recursos necesarios para iniciar, de manera gradual, el pago de obligaciones pendientes con contratistas, lo que permitirá destrabar parcialmente una situación que acumulaba cuentas cercanas a $600.000 millones, correspondientes a actas presentadas desde el segundo semestre del año pasado.Finalmente, la dirigente gremial hizo un llamado a mantener esta dinámica de pagos de manera sostenida con los saldos aún pendientes de la vigencia 2026, para garantizar la normalización de la cadena de pagos.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Las denuncias por cobros ilegales en peajes del país continúan generando preocupación. Esta vez, la alerta se encendió en el peaje de Sabanagrande, ubicado en la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, donde se estarían realizando recaudos irregulares desde hace varios días.Frente a esta situación, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, se pronunció a través de sus redes sociales y pidió una actuación inmediata de las autoridades. El dirigente gremial calificó estos hechos como inadmisibles y advirtió que están afectando directamente la operación del peaje y el normal tránsito por este importante corredor vial.“Dichas actividades —inadmisibles, valga recalcar— cobran mayor gravedad si se tiene en cuenta que, dentro del contexto de finalización anticipada del contrato de concesión del mencionado corredor, se genera la imposibilidad de operar con normalidad las estaciones de peaje: Turbaco y Sabanagrande, entre otras”, afirmó el presidente de la CCI.Añadió que los cobros ilegales podrían constituir un delito de captación ilegal de recursos públicos, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes. Según indicó, la Fiscalía ya cuenta con material probatorio que permitiría avanzar en la judicialización de los responsables.También se prendió la alerta debido a que lo ocurrido en Sabanagrande no sería el único caso. De acuerdo con la asociación, acciones similares se han presentado en otros corredores viales de la región Caribe, generando impactos negativos en la seguridad vial, la movilidad y la confianza y tranquilidad de los viajeros.Desde el sector de infraestructura insisten en la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para frenar estas acciones ilegales y garantizar la normal operación de los peajes en el país.
No todo es alegría alrededor de reversión del contrato de Autopistas del Caribe, concesión encargada de la operación y mantenimiento de la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, incluyendo a sus peajes; puesto que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte consideran que generará impactos negativos directos tanto en empleos como en la economía.En medio de la opción que el Instituto Nacional de Vías (Invías) se hago cargo de este corredor, especifican que estarán con la responsabilidad de "asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo IP (inversión privada), sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas, lo que plantea retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos"."Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y eficiencia, y cerrar brechas territoriales en el país", expresan.Asegura su director Héctor Mauricio Carbonell que hasta los puertos perderán competitividad y que la inversión que salga de ella ya no será 100% reinvertida.“La noticia informada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de su presidente ejecutivo sobre la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe es lamentable. Desde el sector lamentamos mucho por todos los esfuerzos que se vinieron realizando en relación a salvar este gran proyecto. No solamente iba a mejorar la competitividad de la región Caribe, mejoraría los tiempos de traslado entre Cartagena y Barranquilla, la competitividad de los puertos y del sistema logístico que conecta a estas ciudades, sino que también generaría un importante número de empleo”, dijo inicialmente.“Los peajes seguirán cobrándose, ahora por Invías, y no será invertido el 100% del recaudo en la misma vía. Eso es lo más triste, no van a eliminarse. Pasará mucho tiempo hasta que una nueva IP esté interesada en un proyecto de infraestructura de doble calzada sobre Barranquilla y Cartagena, en ese lapso de la Cordialidad. Las condiciones no están dadas en este momento”, agregó.La CCI Norte le pide al Ministerio de Transporte y a Invías que se haga una gestión técnica, eficiente y transparente de este corredor.
La Cámara Colombiana de Infraestructura encendió las alertas por la terminación anticipada del contrato del proyecto IP Autopistas del Caribe, clave para conectar y permitir el transporte de carga entre Cartagena y Barranquilla. El gremio advirtió que, desde el 2 de enero de 2026, el corredor pasará a un proceso de reversión que podría traer consecuencias negativas para el empleo, la actividad económica del Caribe y el desempeño logístico de uno de los ejes viales más relevantes de la región.Según la CCI, la salida del concesionario implica que la administración del corredor quedará en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías), trasladando al Estado la responsabilidad total de una infraestructura diseñada originalmente bajo un esquema de participación privada. Esta transición, señaló el gremio, se dará sin que se hayan materializado las obras estructurales contempladas en el proyecto.El gremio también subrayó que la liquidación del contrato genera dudas sobre la continuidad y el futuro del corredor, además de enviar un mensaje que podría debilitar la confianza de los inversionistas en próximos proyectos de infraestructura. En ese contexto, respaldaron el modelo de concesiones como un mecanismo que ha permitido atraer capital, mejorar la calidad de las vías y contribuir al desarrollo regional. El presidente Gustavo Petro, sin embargo, ha asegurado que, si toca hacer recortes en el presupuesto, las concesiones serán el primer blanco.Por último, la Cámara hizo un llamado al Ministerio de Transporte para que asuma el proceso y solicitó información clara sobre el esquema de administración que regirá el corredor ahora.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en las carreteras del país, frente a la creciente ola de ataques y bloqueos armados, e hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que adopte medidas más efectivas frente a este escenario que viene afectando a los usuarios y a la operación vial.El gremio denunció que las vías concesionadas atraviesan un momento crítico debido a acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales. Entre los hechos más recientes se encuentran los ataques contra los peajes de Cabildo y Lizama, así como múltiples bloqueos y atentados en corredores estratégicos como la Ruta del Sol III, las troncales del Magdalena y la vía Popayán–Santander de Quilichao.Frente al panorama, la CCI aseguró que se han registrado “asonadas en las estaciones de peajes y recaudos irregulares de dinero por parte de grupos que cobran el paso de vehículos sin tener ningún tipo de autorización constitucional o legal, agravan este panorama de falta de intervención judicial”.De acuerdo con la CCI, estos hechos han dejado un balance preocupante. Al menos 40 máquinas han sido destruidas en los últimos meses, además de graves riesgos para la vida de trabajadores de las concesiones y de los usuarios de las vías. La entidad advirtió que la situación está afectando de manera directa la operación de los proyectos viales y la movilidad en varias regiones del país.“Proteger la infraestructura vial no es una causa gremial ni sectorial. Es defender la inversión pública, preservar la confianza privada y, ante todo, proteger la vida de los ciudadanos”, se menciona en el comunicado de la CCI.La entidad también señaló que entre los años 2023 y 2025 se han registrado más de 2.000 bloqueos en las carreteras nacionales, con pérdidas económicas que alcanzan los 10 billones de pesos. Estas afectaciones han golpeado la competitividad del país y han generado dificultades en el transporte y abastecimiento de productos esenciales.El gremio cuestionó que la respuesta institucional se limite a pronunciamientos y pidió acciones concretas frente a esta problemática. “La reiteración de atentados y bloqueos, sin avances judiciales conocidos ni responsables capturados, transmite un mensaje de impunidad que incentiva nuevas agresiones. La Fiscalía no puede limitarse a reaccionar con simples pronunciamientos: el país requiere investigaciones oportunas”, denunció Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura señaló que las carreteras se han convertido en uno de los blancos más frecuentes de los grupos armados ilegales y criticó lo que calificó como una postura pasiva por parte de la Fiscalía. Por ello, el llamado es a acelerar los procesos judiciales, identificar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad que permitan proteger la infraestructura vial y a los ciudadanos que dependen de ella.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) tendrá nueva presidente a partir de febrero de 2026. Se trata de María Consuelo Araujo, oriunda de Valledupar y graduada de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Araujo ha ocupado diversos cargos públicos, como el Ministerio de Cultura entre 2002 y 2006 y la jefatura de la cartera de Relaciones Exteriores entre 2006 - 2007.Cabe resaltar que el próximo año inicia una nueva era en la CCI, pues hasta el momento, el único presidente que ha tenido ha sido Juan Martín Caicedo, quien presentó su renuncia en octubre de este año, después de 21 años en el cargo, el mismo tiempo que tiene de creada la Cámara Colombiana de Infraestructura.El nombramiento de Araujo se da en un contexto en el que el sector de la infraestructura en Colombia enfrenta muchos retos. De acuerdo con un informe de Corficolombiana, aunque este sector llegó a representar más del 2% del PIB en 2019, su participación cayó a 1,1% en 2023, el nivel más bajo del siglo.La producción total de obras civiles hoy está 27,8% por debajo de los niveles prepandemia y la construcción de carreteras y calles registra un rezago del 43,8%. A esto se suma una transición incompleta entre las concesiones 4G, que ya están finalizando, y las 5G, que avanzan lentamente: a octubre de 2025, las metas del Plan Nacional de Desarrollo muestran solo un 47% de ejecución y ningún proyecto multimodal 5G (aeropuertos, trenes o canales) ha iniciado obra.Este rezago ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza del sector, marcado por dudas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la actualización de peajes y señales regulatorias poco claras que incrementan la percepción de riesgo contractual. Todos estos son los retos que tendrá que asumir María Consuelo Araujo, a partir de febrero de 2026.
Desde Santander fue desplegado hacia Cali el USAR COL-28, un grupo especializado en búsqueda y rescate urbano, para apoyar las labores de atención de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió este lunes 10 de agosto a varias zonas del occidente del país.La Defensa Civil Santander participa en el despliegue del equipo USAR COL-28, especializado en búsqueda y rescate urbano, que fue enviado hacia Cali para apoyar las labores de atención de la emergencia. El grupo cuenta con capacidades para intervenir en escenarios donde puedan existir personas atrapadas o afectaciones en estructuras tras el movimiento telúrico.Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que el departamento activó sus capacidades de respuesta y mantiene comunicación permanente con las autoridades nacionales.“En coordinación con la Defensa Civil Santander, hoy sale un grupo USAR 28 especializado para la ciudad de Cali, con capacidades de respuesta para búsqueda y rescate”, señaló Sánchez.El funcionario agregó que desde Santander permanecerán atentos a la evolución de la emergencia y en comunicación permanente con la Sala de Crisis Nacional en Bogotá, con el propósito de coordinar las acciones que sean necesarias.El equipo enviado desde Santander se suma a los organismos de socorro que trabajan en las zonas afectadas por el movimiento telúrico, mientras avanzan las labores de evaluación de daños y atención a las personas que puedan resultar afectadas.
Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes diferentes zonas del centro y oeste de Colombia y que, según el último balance del Gobierno, deja al menos 132 personas fallecidas, la preparación para responder ante una emergencia vuelve a cobrar relevancia. En este contexto, contar con una maleta o mochila de emergencia puede facilitar la atención de las necesidades básicas durante los momentos posteriores a un sismo.Uno de los elementos fundamentales es una radio con pilas, que puede permitir mantenerse informado sobre las indicaciones de las autoridades cuando no sea posible utilizar otros medios de comunicación. También se recomienda tener en la mochila una linterna y un silbato, este último especialmente útil para pedir ayuda o facilitar la ubicación de una persona que pueda quedar atrapada entre los escombros.La mochila también debe incluir elementos de protección personal, como mascarillas y guantes, además de suministros básicos de alimentación. Entre ellos se encuentran alimentos no perecederos y agua embotellada, que pueden ser necesarios mientras se restablecen las condiciones normales después de una emergencia.El abrigo y al menos dos mudas de ropa adicionales son otros objetos recomendados para protegerse de las condiciones climáticas. A esto se suma un botiquín básico, así como jabón y alcohol para mantener condiciones de higiene y realizar labores de desinfección cuando sea necesario.Hay otros elementos que pueden resultar determinantes y que suelen quedar por fuera de este tipo de preparativos. La mochila debería tener un cargador portátil para dispositivos móviles, un duplicado de las llaves de la vivienda o del vehículo y dinero en efectivo, preferiblemente en billetes de baja denominación, para afrontar situaciones en las que no sea posible utilizar medios electrónicos de pago.Pero preparar la maleta no es suficiente. Esta debe permanecer en un lugar de fácil acceso, preferiblemente cerca de la puerta de salida, para poder tomarla rápidamente durante una eventual evacuación. Además, se recomienda revisarla cada seis meses, especialmente para comprobar el estado y las fechas de vencimiento de alimentos y medicamentos, así como reemplazar los elementos que ya no se encuentren en condiciones adecuadas.La importancia de contar con estos elementos también queda reflejada en la respuesta desplegada tras el terremoto. El Ejército colombiano informó del despliegue de más de 180 rescatistas para apoyar la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros de las edificaciones afectadas. Ante eventos de esta magnitud, tener preparada una mochila de emergencia permite disponer rápidamente de artículos esenciales mientras avanzan las labores de rescate y atención.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció un toque de queda en la ciudad tras el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto. La medida comenzará a las 8 de la noche y se extenderá hasta las 6 de la mañana.La decisión fue tomada ante las amenazas de saqueo reportadas en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca. Éder pidió a los ciudadanos permanecer en sus viviendas y reportar oportunamente cualquier intento de saqueo o hecho de inseguridad.“Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali”, afirmó el alcalde, quien pidió a los caleños estar en sus casas desde las 8 de la noche.El mandatario también confirmó la militarización de distintos puntos de Cali, especialmente en las comunas 19 y 17, además de otros sectores que resultaron afectados por el sismo de esta mañana.Según Éder, la Policía y el Ejército realizarán patrullajes en diferentes zonas de la ciudad para reforzar la seguridad durante la emergencia. La medida busca prevenir saqueos y garantizar condiciones para el trabajo de los organismos de socorro.El alcalde informó además que 92 rescatistas adicionales llegarán a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate. De ese grupo, 60 serán enviados desde Bogotá y otros 32 corresponden a integrantes de las Fuerzas Militares.Éder señaló que las primeras 48 horas después del terremoto son críticas para encontrar con vida a las personas que puedan permanecer atrapadas en edificios colapsados. Por eso, pidió a la ciudadanía facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.“Le pedimos a la ciudadanía mucha colaboración en materia de dar el apoyo a los rescatistas y darles el espacio para que puedan trabajar”, manifestó el alcalde de Cali.En medio de la emergencia, la Alcaldía también mantiene habilitados puntos para recibir donaciones y ayudas humanitarias destinadas a las personas afectadas. Uno de los principales centros de acopio está ubicado en la plazoleta Jairo Varela, además de los canales dispuestos por la Cruz Roja.La emergencia también ha provocado afectaciones en el suministro de energía eléctrica y agua en algunos sectores de Cali. Frente a esta situación, Éder aseguró que ya se trabaja con Emcali para avanzar en el restablecimiento de los servicios públicos.El alcalde confirmó además que fue declarada la alerta roja hospitalaria en Cali, con el objetivo de concentrar la capacidad médica en la atención de las personas afectadas por el sismo.“Todas las cirugías que no sean urgentes puedan ser reprogramadas y que la capacidad hospitalaria esté destinada a atender la emergencia”, explicó Éder sobre la medida adoptada en los centros asistenciales.Finalmente, el mandatario envió un mensaje de unidad a los caleños y aseguró que la ciudad cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar la emergencia. “Esta prueba la vamos a superar unidos, la vamos a superar juntos y saldremos más fuertes de ella”, concluyó.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) habilitó 16 puntos de acopio en diferentes ciudades del país para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto registrado este lunes en el occidente colombiano.Los centros funcionan en sedes de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación ubicadas en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Popayán, Valledupar, Montería, Riohacha, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga y Sincelejo.La organización recibe insumos médicos nuevos, empacados, en buen estado y con fecha de vencimiento vigente, entre ellos líquidos endovenosos, tubos endotraqueales, jeringas, agujas, guantes, tapabocas, gasas estériles, antisépticos, apósitos, vendajes, yesos y otros elementos médico-quirúrgicos.También se pueden entregar alimentos no perecederos y productos de higiene personal. La lista incluye arroz, pasta, harina, avena, granos secos, alimentos enlatados, leche, aceite, agua, bebidas de rehidratación, galletas, barras de cereal, jabón, crema dental, cepillos de dientes, toallas higiénicas, pañales para adultos y toallas húmedas.Para el personal médico que continúa trabajando en jornadas prolongadas también se solicitan productos de consumo rápido, como agua, bebidas de rehidratación, café o chocolate, barras de cereal, galletas, frutos secos y suplementos nutricionales.La ACSC hizo un llamado a realizar las donaciones de manera organizada y a responder exclusivamente a las necesidades que sean comunicadas oficialmente, con el propósito de evitar el envío de elementos que no sean requeridos durante la atención de la emergencia.
Incertidumbre y dolor en Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud de 7.4, que, hasta ahora, deja más de 100 muertos y heridos. Una de las ciudades más afectadas fue Cali, en donde, según el alcalde Alejandro Eder, se han reportado varios cuerpos sin vida debajo de los escombros, dejando una zozobra en toda la capital del Valle.Desde el 9 de agosto la ciudad estaba de fiesta con el inicio del Festival Petronio Álvarez, sin embargo, el desarrollo del evento quedó en veremos, incluso, Blu Radio le consultó al alcalde sobre la situación y dijo que “era muy apresurado tomar una decisión”.“Se le insinuó la pregunta al alcalde esta tarde cuando se les está, cuando estaban haciendo uno de esos balances preliminares. Sin embargo, él dijo que era muy apresurado tomar esa decisión. (…) La ciudadanía está en estos momentos más volcada a ayudar a las demás personas que están aquí en medio de esta tragedia”, indicó la corresponsal Stephany Toledo.No obstante, de acuerdo con información de Noticias Caracol, el Personero Distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza, solicitó a la Administración Distrital evaluar el aplazamiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, por lo que podría pronto darse una decisión final en torno al desarrollo de esta actividad y apuntaría a la suspensión definitiva de esta edición del 2026.“Reconocemos profundamente la importancia cultural, social y económica del Festival Petronio Álvarez para Cali y para las comunidades del Pacífico. Sin embargo, ante una situación de emergencia como la que enfrentamos, debemos priorizar la vida, la integridad y la atención de quienes hoy necesitan del Estado. Por ello, solicitamos que el Festival sea aplazado y se establezca una nueva fecha para su realización”, dijo.Cali se encuentra en emergencia para ubicar a las personas desaparecidas tras este fuerte terremoto, que tuvo como epicentro el Chocó. Estas son las líneas para reportar a las autoridades oficiales:123: Línea única de emergencias.119: Bomberos de Cali – llamadas ordinarias.132: Cruz Roja Colombiana.144: Defensa Civil Colombiana.117: Policía – llamadas ordinarias.165: ICBF – 24 horas.Punto de Atención a Víctimas en la Alcaldía de Cali, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.