El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, confirmó que la entidad apoya la liquidación de proyectos estancados que darían paso a la potenciación de las vigencias futuras.Desde la CCI aseguran que el cambio de esta posición se debe a algunas señales del Gobierno que han permitido avanzar en los proyectos de infraestructura que benefician al gremio transportador. Por otro lado, Juan Martín Caicedo, presidente de la entidad, ha superado graves problemas de concesiones, ya que actualmente el país cuenta con más de 10.000 kilómetros de vías concesionadas y algunos túneles que compiten con la infraestructura internacional.Caicedo sostiene que las condiciones para liquidar los proyectos deberían basarse en inconvenientes técnicos y no en retrasos administrativos o jurídicos, como licencias ambientales o estudios de terreno. Estos aspectos fueron discutidos y acordados con el Ministerio de Hacienda.“Hay que ver por qué está atrasado, si es por razones ambientales o de fuerza mayor. Pero repito, el entendimiento que hemos alcanzado con el Gobierno es sencillo: si, por razones de fuerza mayor, no se pudo avanzar en el contrato, se puede liquidar el contrato y liberar la vigencia futura. Esa es una buena noticia desde el punto de vista del entendimiento con el Gobierno nacional”, concluye Juan Martín Caicedo.La decisión de la CCI coincide con la postura del Gobierno de conservar el mecanismo de vigencias futuras para el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, advierten que esta propuesta no debe utilizarse para proteger proyectos estancados que impidan la asignación de recursos.
Una obra de intercambio vial en Itagüí desató la polémica entre el alcalde de Itagüí, Diego Torres, y la Cámara Colombiana de Infraestructura, pues mientras la entidad advirtió que no han empezado las obras del Intercambio Vial en la Autopista Sur, el mandatario dice que están desinformados. La advertencia que realizó la Cámara Colombiana de Infraestructura tiene que ver con el Intercambio Vial a desnivel en la Calle 31 con la Autopista Sur sector Fábricas Unidas en el municipio de Itagüí.Las preocupaciones de la entidad están relacionadas con la falta de planeación en el proceso de contratación de la Alcaldía de Itagüí señalando poca transparencia en este proceso. Desde la Cámara también advierten que a pesar de que el contrato se firmó hace más de nueve meses aún no han empezado las obras.Ante estos cuestionamientos, el alcalde del municipio de Itagüí, Diego Torres, señaló que la entidad está desinformada, que no ha consultado a la fuente directa que es Invías y que es precisamente el Instituto Nacional de Vías el que pondrá en marcha el proyecto."A la Cámara yo creo que le falta un poco de información, ellos tienen que acudir directamente a la fuente, que es Invías, es un recurso recurso nacional e Invías fue la encargada de hacer todo el tema de la gestión del recurso, de aceptación del proyecto, de los diseños, cualquier crítica que hagan la recibo, pero veo que no van la fuente", indicó el mandatario local.Otro de los puntos que señalan desde la cámara está relacionado con el tiempo estimado para la ejecución de la obra, el cual consideran desde la entidad que es exagerado, además grandes inconsistencias en los precios de las actividades principales del contrato, como concreto, acero y excavaciones, a lo que el alcalde Torres respondió que son procesos que ejecutará Invías."El tema de los plazos es una obra que se debe demorar en la construcción 30 meses cuando inicie, cuando Invías entregue esa interventoría a quien se lo tenga que entregar, porque insisto, es un recurso del Gobierno Nacional, Invías es el encargado precisamente de esa obra", añadió Torres.El proyecto está pendiente de esta interventoría para poder iniciar las obras y finalmente lo que más inquieta al gremio es que el proceso esté a cargo de una Empresa Industrial y Comercial del Estado que no se rige por el Estatuto General de la Contratación.
Tras conocerse el dato de crecimiento económico del 2023 (0.6 %) y los malos resultados en el sector de obras civiles y construcción, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, habló de lo que se debe hacer para reactivar el sector.“Hay que estimular la inversión. En un sector como la infraestructura, las reglas del juego no se pueden cambiar de la noche a la mañana. En este momento en el que está pendiente la expedición del decreto que hace precisión sobre las partidas de Plan de desarrollo y que está suspendida la contratación en entidades como el Invías, hay que mandar al Mercado y a los inversionistas una señal de confianza”, explicó Caicedo.Se refirió, además, a la controversia generada por el supuesto error en el presupuesto por el que no se destinaron a rubros específicos 13 billones de pesos, y por lo cual quedaron en vilo varias obras de infraestructura.El presidente de la CCI aseguró que el decreto ya estaba listo, y estaba siendo supervisado por la Presidencia. Este documento se conoció hoy y en él se incluyen recursos específicos para obras como vías 4G y la primera línea del metro de Bogotá.El presidente de la Anif, José Ignacio López, también habló de los resultados del PIB y aseguró que el fantasma de la recesión vuelve a aparecer tras la revelación del Dane.“Si ya teníamos alarmas encendidas, esto las termina de prender. El último trimestre fue mucho menor a lo que los analistas estaban esperando. Estábamos esperando un 1% y la cifra de 0.6% nos sorprende, hay un desempeño bajo de industria y comercio y de cara a 2024 nos preocupa que la cifra abra la posibilidad de tener datos negativos”, añadió.
El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, alertó sobre una posible parálisis de más de 50 proyectos de infraestructura debido a un decreto del Gobierno Nacional que omitió incluir el detalle del gasto presupuestario para 2024. Esta omisión deja 13 billones de pesos destinados a inversión pública en el aire y pone en riesgo obras claves para el país, según dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales.Según Caicedo, el problema radica en el decreto de liquidación del presupuesto emitido el 29 de diciembre, el cual debía detallar la asignación de los recursos. Sin embargo, este decreto carece del anexo correspondiente, dejando sin especificación el destino de 13 billones de pesos.Esta situación afecta a diversos tipos de proyectos:Obras del modelo de asociaciones público-privadas (APP): Estas iniciativas, que implican la participación de empresas privadas en el financiamiento y construcción de infraestructura, podrían verse detenidas ante la falta de claridad sobre la asignación de fondos.Obras públicas a cargo del Invías: El Instituto Nacional de Vías podría verse imposibilitado de avanzar en varias de sus iniciativas debido a la ausencia de recursos especificados.Sistemas masivos de transporte: La ejecución de proyectos de transporte público también se encuentra en riesgo por la misma razón.Impacto potencial:Entre los proyectos potencialmente afectados se encuentran:Anillo del macizo colombiano en el CaucaTransversal del Catatumbo en Norte de SantanderTransversal del KariRuta de los Libertadores entre Boyacá y CanariCaminos comunitarios para la pazConexión Alta GuajiraConexión entre Neiva y San Vicente del CaguánPuente Amena en el VichadaPosibles soluciones:Caicedo insta al Gobierno a expedir un decreto de hierros lo antes posible, el cual subsane la omisión del anexo en el decreto de liquidación. Esto permitiría detallar la asignación de los recursos y destrabar la ejecución de las obras pendientes.Debate sobre el origen del problema:Existen disparidades de criterio sobre si la omisión se debe a un error técnico o a una decisión política del Gobierno. Caicedo mantiene un optimismo moderado sobre la solución, mientras que otros analistas consideran que el presidente Petro, con sus recientes declaraciones, deja entrever una intención de revisar el modelo de financiamiento para las obras públicas.¿Qué sigue?Las próximas semanas serán claves para observar cómo el Gobierno aborda esta situación. La expedición del decreto de hierros o una declaración oficial sobre la asignación de los recursos son acciones esperadas. Mientras tanto, la incertidumbre rodea a las obras públicas y las comunidades que esperan su pronta ejecución.La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) ha expresado su preocupación por el futuro del sector transporte de infraestructura en Colombia. En un comunicado reciente, la CCI ha destacado los siguientes puntos:Diálogo con el Gobierno Nacional:La CCI ha mantenido un diálogo constructivo con el Gobierno Nacional.El presidente Gustavo Petro ha afirmado que se respetarán los contratos de concesión.Existe un ajuste pendiente en el pago de peajes que se debe dar a más tardar el 1° de julio de 2024. La CCI confía en que se cumpla este compromiso.Presupuesto del sector transporte de infraestructura:De los $502 billones del Presupuesto General de la Nación, $16,7 billones corresponden al sector transporte.$13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública.La CCI ve con preocupación que el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024 omite la desagregación de $12,5 billones de pesos para asegurar los recursos de inversión de proyectos a cargo del Invías y de la ANI.Esta situación paraliza el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo.Es la primera vez en la historia del país que se presenta esta situación.Inconveniente e irregular la discrecionalidad en el pago de Vigencias Futuras:La CCI advierte que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos.La financiación de proyectos estratégicos como la Primera Línea del Metro de Bogotá podría quedar en vilo.Las vigencias futuras no tienen que ver con el ritmo de ejecución de las obras.Existen mecanismos contractuales y administrativos para sancionar el atraso en la ejecución de las obras.Parálisis en el sector:La no expedición del Decreto de Liquidación ha llevado a la parálisis de varios programas del Instituto Nacional de Vías (Invías).Se ha suspendido el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, dejando sin trabajo a 2.600 microempresarios.Se han suspendido los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales.El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas.El túnel de La Línea podría cerrarse si no se renueva el contrato que vence en marzo.Se suspenden las obras de los programas ‘Legalidad y reactivación’ por la imposibilidad de pagar las actas de las intervenciones realizadas en enero.Se pone en riesgo la marcha del programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’.Se ha impedido la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invías desde diciembre.Preocupación por la confianza inversionista y la seguridad jurídica:La CCI teme que la confianza inversionista y la seguridad jurídica se vean seriamente lesionadas.Esta situación podría frenar la reactivación económica y el avance del modelo de APP.
Después de que se conocieran los cambios que el Gobierno hizo en la asignación del Presupuesto General de la Nación del 2024 aprobado por el Congreso, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) aseguró que si no se corrige este tema podría haber una parálisis en sectores de transporte e infraestructura.Y es que hay incertidumbre en los pagos de vigencias futuras, la ejecución de proyectos estratégicos y el impacto en la generación de empleo.Uno de los puntos críticos destacados por la CCI es la falta de claridad en los pagos de vigencias futuras. A pesar de que durante los años 2022 y 2023 el Gobierno nacional se comprometió con esos pagos, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ha sugerido que los pagos podrían estar sujetos a decisiones discrecionales en lugar de respetar los contratos suscritos. Para la CCI esta situación genera una gran incertidumbre entre los inversionistas y podría afectar negativamente la ejecución de proyectos clave, como la primera línea del metro de Bogotá.Además, la omisión en el decreto de liquidación del presupuesto del año 2024 ha generado problemas adicionales. La falta de recursos destinados a proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha paralizado el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras bajo su responsabilidad. Esta situación no solo viola la ley estatutaria de presupuesto, sino que también pone en riesgo la continuidad de proyectos cruciales para el desarrollo del país.La falta de expedición del decreto de liquidación también ha afectado la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en el Invías y la ANI, lo que representa un riesgo para la generación de empleo y el desarrollo del sector.Se encuentran en riesgo 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vı́a Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos.Otra preocupación importante es el posible deterioro en los procesos de interventoría de los proyectos. La utilización de herramientas como sobrevuelos costosos e informales por parte de funcionarios podría comprometer la calidad y la seguridad de las obras, lo que pondría en riesgo la inversión realizada en infraestructura.
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), alertó el déficit fiscal generado por la falta de ajuste en las tarifas de peaje en Colombia.Caicedo Ferrer explicó las implicaciones económicas y sociales de esta situación, enfatizando la urgencia de un reajuste tarifario.Caicedo Ferrer destacó que el incremento tarifario, previsto para mediados de 2024, aún no se ha realizado, y subrayó la importancia de seguir el ritmo inflacionario para mantener la viabilidad de los proyectos de infraestructura. Este retraso en el ajuste puede resultar en un significativo hueco fiscal, cuya magnitud asciende a más de 10 billones de pesos, según documentos de la CCI.De acuerdo con Caicedo Ferrer, esta situación implicaría que los recursos necesarios para cubrir el déficit saldrían del Presupuesto General de la Nación, afectando indirectamente a todos los ciudadanos, independientemente de su uso de las vías.Afectación al modelo de concesiones en ColombiaCaicedo Ferrer resaltó la eficacia del modelo de concesiones implementado en Colombia desde los años 90."A través del modelo de concesiones superamos en treinta años un rezago de cien años", afirmó. Este modelo, recordó, ha permitido avances significativos en infraestructura, con una inversión aproximada de 120 billones de pesos. Sin embargo, el retraso en el ajuste tarifario podría poner en riesgo la continuidad y la confianza en este modelo.La entrevista también abordó las repercusiones sociales de un retraso en el ajuste tarifario. Caicedo Ferrer señaló que el modelo de peaje garantiza que "paga el peaje quien usa la vía". De no realizarse los ajustes necesarios, el costo recaería sobre todos los colombianos, incluyendo a aquellos que no utilizan estas vías.Esto significaría que el peso económico del mantenimiento y operación de las vías recaería en el presupuesto general, impactando a los ciudadanos más vulnerables que son los menos propensos a utilizar estas infraestructuras.Finalmente, el presidente de la CCI hizo un llamado al Gobierno para que cumpla con el compromiso de ajustar las tarifas de peaje."Confiamos en que el incremento se dé porque es lo que hemos convenido con el equipo de Hacienda", dijo Caicedo, subrayando la necesidad de mantener la confianza en el modelo de concesiones y garantizar la sostenibilidad fiscal del país.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) alerta sobre un posible vacío fiscal de 10,8 billones si no se ajustan las tarifas de los peajes de acuerdo con el IPC del año anterior: 9,28 %.Afirmó la CCI que para que la estabilización en las tarifas sea definitivas, queda pendiente que el Gobierno proceda a realizar un ajuste en el cobro de los peajes sobre el índice de precios al consumidor del año pasado. Si esto no ocurre, el colapso fiscal se reflejaría entre el 2024 y 2040.Según información entregada por el Gobierno nacional, se programaron dos fechas para los ajustes; la primera fue en enero del 2024, para hacer el ajuste con el 13,12 % del 2022; y la segunda propuesta para junio, con el aumento del IPC de 9,28 % del 2023. Sin embargo, está modificación no está confirmada.“Sobre los hombros del Estado -sobre las finanzas públicas- caería el peso de compensar este hueco fiscal de casi $11 billones. De esta manera, el propio Estado se vería en la penosa e innecesaria obligación -en aras de equilibrar la balanza- de recortar inversiones en sectores neurálgicos como los de la salud, la educación, la vivienda o la justicia”, señaló Caicedo.Bajo el concepto del presidente de la CCI, es inaplazable hacer el mencionado ajuste para garantizar la buena construcción, operación y mantenimiento de las carreteras concesionadas en el país.Puede ver: