Durante una agenda regional en el departamento de Caldas, el presidente Gustavo Petro reiteró que la política de su gobierno frente a las concesiones viales es no extender los contratos una vez concluyan los plazos establecidos. El mandatario aseguró que la infraestructura deberá regresar a manos del Estado, en medio del debate sobre el futuro de varios corredores concesionados en el país. Según Petro, algunos sectores de la infraestructura han planteado la posibilidad de prolongar las concesiones por varias décadas más. Sin embargo, insistió en que esa no será la ruta de su administración.“Ese intento es perpetuar los peajes 30 años más con los valores que ellos estaban pidiendo. Es un deseo empresarial. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ya pidió que tenía era que extenderse la concesión, y aquí quiero que quede claro que la política del Gobierno acerca de concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertir al Estado”, afirmó.El mandatario agregó que su gobierno respetará los contratos vigentes, pero que una vez finalicen, la infraestructura volverá a la administración estatal.Las declaraciones fueron entregadas durante un evento en Caldas en el que también oficializó la implementación de tarifas preferenciales en varios peajes del Eje Cafetero para residentes de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia. La medida se adopta después de meses de protestas y reclamos de comunidades y conductores que cuestionaban los altos costos de movilizarse por este corredor vial.“Quitamos el valor de estos peajes, 17.000 pesos. Más o menos 17.000 pesos, depende de los vehículos, que hoy cuestan 700. Yo pedí que costara cero, pero ahí en las negociaciones quedó 700”, concluyó.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura rechazó la reciente ola de violencia y atentados que han sacudido el suroccidente del país en los últimos días, con graves afectaciones a las comunidades, a la institucionalidad y al desarrollo de los territorios.Desde la CCI aseguran que estos hechos debilitan la confianza y la estabilidad de Colombia.“Estos hechos atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos, y debilitan la confianza y la estabilidad que el país necesita para avanzar. La violencia no constituye un camino válido en una sociedad que busca progreso y convivencia pacífica”, dicen desde la Cámara.La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, María Consuelo Araújo asegura que el país no puede dejarse intimidar por la violencia.“Colombia no puede ceder ante la intimidación ni permitir que la violencia frene el desarrollo de sus regiones. Es indispensable que el Estado actúe con contundencia para proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad que permitan avanzar en la construcción de infraestructura y bienestar”, afirmó.En este contexto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura reconoce y respalda la labor de la Fuerza Pública en la protección de los ciudadanos y la defensa del orden institucional, y por lo tanto, destacó la importancia de su actuación frente a las amenazas que afectan la seguridad en las regiones.Desde el sector de la infraestructura señalan que mantienen su compromiso con el desarrollo regional, la generación de empleo y la reducción de brechas sociales, propósitos que en momentos de crisis como estas enfrentan serias amenazas en contextos de inseguridad que afectan tanto a la comunidad como a quienes trabajan por el crecimiento del país.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) celebró la decisión del Ministerio de Hacienda de asignar $122.000 millones con cargo a la Reserva Presupuestal, recursos que permitirán avanzar en el pago de obligaciones pendientes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).La presidenta ejecutiva de la CCI, María Consuelo Araújo, destacó que esta decisión representa un paso concreto para aliviar la situación financiera de contratistas, consultores, constructores e interventores que se encontraban a la espera de estos desembolsos.“Esta asignación de recursos es una señal positiva para el sector. Permite dar continuidad al proceso de pagos pendientes y contribuye a restablecer la confianza en la ejecución de proyectos de infraestructura en el país”, afirmó Araújo.Con esta aprobación, el Invías contará con los recursos necesarios para iniciar, de manera gradual, el pago de obligaciones pendientes con contratistas, lo que permitirá destrabar parcialmente una situación que acumulaba cuentas cercanas a $600.000 millones, correspondientes a actas presentadas desde el segundo semestre del año pasado.Finalmente, la dirigente gremial hizo un llamado a mantener esta dinámica de pagos de manera sostenida con los saldos aún pendientes de la vigencia 2026, para garantizar la normalización de la cadena de pagos.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Las denuncias por cobros ilegales en peajes del país continúan generando preocupación. Esta vez, la alerta se encendió en el peaje de Sabanagrande, ubicado en la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, donde se estarían realizando recaudos irregulares desde hace varios días.Frente a esta situación, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, se pronunció a través de sus redes sociales y pidió una actuación inmediata de las autoridades. El dirigente gremial calificó estos hechos como inadmisibles y advirtió que están afectando directamente la operación del peaje y el normal tránsito por este importante corredor vial.“Dichas actividades —inadmisibles, valga recalcar— cobran mayor gravedad si se tiene en cuenta que, dentro del contexto de finalización anticipada del contrato de concesión del mencionado corredor, se genera la imposibilidad de operar con normalidad las estaciones de peaje: Turbaco y Sabanagrande, entre otras”, afirmó el presidente de la CCI.Añadió que los cobros ilegales podrían constituir un delito de captación ilegal de recursos públicos, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes. Según indicó, la Fiscalía ya cuenta con material probatorio que permitiría avanzar en la judicialización de los responsables.También se prendió la alerta debido a que lo ocurrido en Sabanagrande no sería el único caso. De acuerdo con la asociación, acciones similares se han presentado en otros corredores viales de la región Caribe, generando impactos negativos en la seguridad vial, la movilidad y la confianza y tranquilidad de los viajeros.Desde el sector de infraestructura insisten en la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para frenar estas acciones ilegales y garantizar la normal operación de los peajes en el país.
No todo es alegría alrededor de reversión del contrato de Autopistas del Caribe, concesión encargada de la operación y mantenimiento de la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, incluyendo a sus peajes; puesto que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte consideran que generará impactos negativos directos tanto en empleos como en la economía.En medio de la opción que el Instituto Nacional de Vías (Invías) se hago cargo de este corredor, especifican que estarán con la responsabilidad de "asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo IP (inversión privada), sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas, lo que plantea retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos"."Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y eficiencia, y cerrar brechas territoriales en el país", expresan.Asegura su director Héctor Mauricio Carbonell que hasta los puertos perderán competitividad y que la inversión que salga de ella ya no será 100% reinvertida.“La noticia informada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de su presidente ejecutivo sobre la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe es lamentable. Desde el sector lamentamos mucho por todos los esfuerzos que se vinieron realizando en relación a salvar este gran proyecto. No solamente iba a mejorar la competitividad de la región Caribe, mejoraría los tiempos de traslado entre Cartagena y Barranquilla, la competitividad de los puertos y del sistema logístico que conecta a estas ciudades, sino que también generaría un importante número de empleo”, dijo inicialmente.“Los peajes seguirán cobrándose, ahora por Invías, y no será invertido el 100% del recaudo en la misma vía. Eso es lo más triste, no van a eliminarse. Pasará mucho tiempo hasta que una nueva IP esté interesada en un proyecto de infraestructura de doble calzada sobre Barranquilla y Cartagena, en ese lapso de la Cordialidad. Las condiciones no están dadas en este momento”, agregó.La CCI Norte le pide al Ministerio de Transporte y a Invías que se haga una gestión técnica, eficiente y transparente de este corredor.
La Cámara Colombiana de Infraestructura encendió las alertas por la terminación anticipada del contrato del proyecto IP Autopistas del Caribe, clave para conectar y permitir el transporte de carga entre Cartagena y Barranquilla. El gremio advirtió que, desde el 2 de enero de 2026, el corredor pasará a un proceso de reversión que podría traer consecuencias negativas para el empleo, la actividad económica del Caribe y el desempeño logístico de uno de los ejes viales más relevantes de la región.Según la CCI, la salida del concesionario implica que la administración del corredor quedará en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías), trasladando al Estado la responsabilidad total de una infraestructura diseñada originalmente bajo un esquema de participación privada. Esta transición, señaló el gremio, se dará sin que se hayan materializado las obras estructurales contempladas en el proyecto.El gremio también subrayó que la liquidación del contrato genera dudas sobre la continuidad y el futuro del corredor, además de enviar un mensaje que podría debilitar la confianza de los inversionistas en próximos proyectos de infraestructura. En ese contexto, respaldaron el modelo de concesiones como un mecanismo que ha permitido atraer capital, mejorar la calidad de las vías y contribuir al desarrollo regional. El presidente Gustavo Petro, sin embargo, ha asegurado que, si toca hacer recortes en el presupuesto, las concesiones serán el primer blanco.Por último, la Cámara hizo un llamado al Ministerio de Transporte para que asuma el proceso y solicitó información clara sobre el esquema de administración que regirá el corredor ahora.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en las carreteras del país, frente a la creciente ola de ataques y bloqueos armados, e hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que adopte medidas más efectivas frente a este escenario que viene afectando a los usuarios y a la operación vial.El gremio denunció que las vías concesionadas atraviesan un momento crítico debido a acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales. Entre los hechos más recientes se encuentran los ataques contra los peajes de Cabildo y Lizama, así como múltiples bloqueos y atentados en corredores estratégicos como la Ruta del Sol III, las troncales del Magdalena y la vía Popayán–Santander de Quilichao.Frente al panorama, la CCI aseguró que se han registrado “asonadas en las estaciones de peajes y recaudos irregulares de dinero por parte de grupos que cobran el paso de vehículos sin tener ningún tipo de autorización constitucional o legal, agravan este panorama de falta de intervención judicial”.De acuerdo con la CCI, estos hechos han dejado un balance preocupante. Al menos 40 máquinas han sido destruidas en los últimos meses, además de graves riesgos para la vida de trabajadores de las concesiones y de los usuarios de las vías. La entidad advirtió que la situación está afectando de manera directa la operación de los proyectos viales y la movilidad en varias regiones del país.“Proteger la infraestructura vial no es una causa gremial ni sectorial. Es defender la inversión pública, preservar la confianza privada y, ante todo, proteger la vida de los ciudadanos”, se menciona en el comunicado de la CCI.La entidad también señaló que entre los años 2023 y 2025 se han registrado más de 2.000 bloqueos en las carreteras nacionales, con pérdidas económicas que alcanzan los 10 billones de pesos. Estas afectaciones han golpeado la competitividad del país y han generado dificultades en el transporte y abastecimiento de productos esenciales.El gremio cuestionó que la respuesta institucional se limite a pronunciamientos y pidió acciones concretas frente a esta problemática. “La reiteración de atentados y bloqueos, sin avances judiciales conocidos ni responsables capturados, transmite un mensaje de impunidad que incentiva nuevas agresiones. La Fiscalía no puede limitarse a reaccionar con simples pronunciamientos: el país requiere investigaciones oportunas”, denunció Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura señaló que las carreteras se han convertido en uno de los blancos más frecuentes de los grupos armados ilegales y criticó lo que calificó como una postura pasiva por parte de la Fiscalía. Por ello, el llamado es a acelerar los procesos judiciales, identificar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad que permitan proteger la infraestructura vial y a los ciudadanos que dependen de ella.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) tendrá nueva presidente a partir de febrero de 2026. Se trata de María Consuelo Araujo, oriunda de Valledupar y graduada de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Araujo ha ocupado diversos cargos públicos, como el Ministerio de Cultura entre 2002 y 2006 y la jefatura de la cartera de Relaciones Exteriores entre 2006 - 2007.Cabe resaltar que el próximo año inicia una nueva era en la CCI, pues hasta el momento, el único presidente que ha tenido ha sido Juan Martín Caicedo, quien presentó su renuncia en octubre de este año, después de 21 años en el cargo, el mismo tiempo que tiene de creada la Cámara Colombiana de Infraestructura.El nombramiento de Araujo se da en un contexto en el que el sector de la infraestructura en Colombia enfrenta muchos retos. De acuerdo con un informe de Corficolombiana, aunque este sector llegó a representar más del 2% del PIB en 2019, su participación cayó a 1,1% en 2023, el nivel más bajo del siglo.La producción total de obras civiles hoy está 27,8% por debajo de los niveles prepandemia y la construcción de carreteras y calles registra un rezago del 43,8%. A esto se suma una transición incompleta entre las concesiones 4G, que ya están finalizando, y las 5G, que avanzan lentamente: a octubre de 2025, las metas del Plan Nacional de Desarrollo muestran solo un 47% de ejecución y ningún proyecto multimodal 5G (aeropuertos, trenes o canales) ha iniciado obra.Este rezago ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza del sector, marcado por dudas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la actualización de peajes y señales regulatorias poco claras que incrementan la percepción de riesgo contractual. Todos estos son los retos que tendrá que asumir María Consuelo Araujo, a partir de febrero de 2026.
Una serie de audios conocidos por Blu Radio tiene bajo investigación al Hospital Universitario Clínica San Rafael, en Bogotá. Las grabaciones corresponden a una reunión realizada el 18 de diciembre de 2025, en la que directivos del hospital hablan sobre contratar médicos que estaban terminando su último año de especialización en anestesiología para que comenzaran a trabajar desde enero de 2026.Todo comenzó por una denuncia anónima que recibió Blu Radio. En ella se advierte sobre posibles irregularidades en la contratación de estos médicos. Según la denuncia, varios de ellos todavía no aparecían registrados oficialmente como anestesiólogos cuando fueron contratados, aunque los contratos se firmaron entre el 19 y el 22 de diciembre de 2025.Uno de los audios conocidos por Blu Radio muestra la preocupación de los directivos por la gran cantidad de cirugías pendientes que tenía el hospital. En la grabación se escucha:“Tenemos una demanda quirúrgica, yo creo que por lo menos hay un listado de 3.000 cirugías por bajito. Entonces trabajo es lo que hay y cada vez estamos más demandantes…”Sin embargo, el segundo audio es el que genera los principales cuestionamientos. Allí se habla de la necesidad de contratar rápidamente a los residentes que estaban a punto de terminar su especialización.“Lo que queremos con el motivo de las reuniones es que primero usted conozca al equipo, ellos son residentes de último año de cuarto año que ya terminan. Ellos son los residentes. Van a tener hasta el 1 de febrero son mes, solo oficialmente, que ya. Pero hay algunos que terminan antes, como ya le habíamos comentado, que estarían dispuestos a entrar a ser parte del equipo a partir del 1 de enero sin ningún problema, porque ya han cumplido, digamos su ciclo académico completo."Ok, la idea es que ellos ingresen ya a partir del primero, primero como médicos generales. Entrarían con el valor hora normal de anestesiólogo y oficializamos cuando tengan ReTHUS de anestesiología, pues eso va a ser un cambio de estatus de freno. Sería básicamente eso (…) Es eso, entonces es básicamente ingeniero definir eso, confirmarlo para que ellos tengan esa certeza porque es importante resaltar al ingeniero que el mercado está captantemente valorado para los antesiólogos. Si no los amarramos, se van a ir a buscar algún sitio. Ya, pasemos la resolución, yo la firmo en lista”.En esa conversación también se menciona que ya había una resolución preparada para formalizar esas contrataciones y que era importante “amarrar” a esos médicos antes de que aceptaran ofertas de otros hospitales.A partir de estos audios, Blu Radio empezó a revisar el caso y encontró que la denuncia ya estaba en manos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.Este medio conoció un documento que confirma que el 12 de marzo de 2026 la Secretaría abrió una investigación preliminar para recoger documentos, revisar la información recibida y establecer si hubo incumplimientos en las normas que regulan el ejercicio de los profesionales de la salud.Durante esta investigación, Blu Radio también conoció un documento enviado por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), en el que la organización pide revisar las presuntas irregularidades y verificar si las anestesias fueron realizadas por personas que cumplían todos los requisitos exigidos por la ley.Como parte de esa revisión, S.C.A.R.E. analizó las programaciones de cirugía de los días 7, 9, 14 y 15 de enero de 2026. Según el documento, durante esas jornadas se realizaron entre 36 y 42 cirugías por día.En esas listas también aparecían entre seis y doce procedimientos identificados con nombres como “INT.”, “EST.”, “Anestesiólogo 1” y “Anestesiólogo 2”. Según la organización, esas denominaciones podrían corresponder a médicos que todavía estaban en formación.Además, encontraron que en varias cirugías aparecían asignados tanto especialistas como residentes. Por eso, la organización pidió establecer quién fue la persona que realmente aplicó la anestesia en cada procedimiento y si el residente estuvo acompañado por un especialista, como exige la formación médica.Para entender qué necesita una persona para ejercer legalmente como anestesiólogo en Colombia, Blu Radio consultó a S.C.A.R.E.La organización explicó que un médico solo puede trabajar como anestesiólogo cuando ya terminó su especialización, tiene todos los permisos exigidos por las autoridades de salud y aparece inscrito como especialista en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), que es la base de datos oficial donde cualquier persona puede verificar si un profesional está autorizado para ejercer una especialidad médica.Según los documentos conocidos por Blu Radio, la preocupación surge porque los audios hablan de contratar médicos que aún estaban terminando su residencia, por lo que ahora se busca establecer si en ese momento ya cumplían todos los requisitos para ejercer como especialistas.Durante la investigación también se estableció que varios de los residentes mencionados pertenecerían al programa de Anestesiología de la Universidad Militar Nueva Granada.Por esa razón, también fue presentada una denuncia ante esa universidad. Allí se solicita revisar si el hospital sigue ofreciendo las condiciones necesarias para formar especialistas y si los residentes continúan realizando allí sus prácticas bajo la supervisión que exige este tipo de programas.Frente a los señalamientos conocidos por Blu Radio, el Hospital Universitario Clínica San Rafael respondió que las contrataciones realizadas a finales de 2025 hacían parte de una estrategia para fortalecer el servicio de anestesiología, una de las especialidades con mayor escasez de profesionales en Colombia.El hospital explicó que, por ser un hospital universitario, trabaja de la mano con varias universidades en la formación de especialistas y que, dentro de ese proceso, adelantó la selección de médicos que estaban terminando su especialización.Según la institución, esos profesionales comenzaron a trabajar desde enero de 2026 como médicos generales mientras terminaban los trámites necesarios para quedar registrados oficialmente como anestesiólogos.El hospital rechazó las acusaciones y aseguró que nunca contrató personas para ejercer como anestesiólogos sin cumplir los requisitos legales.También afirmó que esta información fue entregada oportunamente a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) y sostuvo que todas las contrataciones y asignación de funciones se hicieron siguiendo criterios técnicos, administrativos y legales, siempre priorizando la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de la ley. Además, aseguró que atenderá todos los requerimientos de las autoridades durante la investigación.Blu Radio también consultó a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, entidad que confirmó que el caso sigue siendo analizado dentro de la investigación que abrió el 12 de marzo de 2026.Fuentes de la Secretaría señalaron que actualmente están revisando toda la documentación y verificando los hechos denunciados para establecer si hubo o no irregularidades. Agregaron que, debido a la complejidad del caso, solo emitirán un pronunciamiento cuando termine esta primera etapa de la investigación.
Hay consternación en el nororiente de Medellín tras un nuevo hecho de violencia de género que derivó en el crimen de una mujer de 53 años de edad.La víctima fue identificada como Janeth Estela Álvarez Rivera, quien fue asesinada por su expareja sentimental en su vivienda ubicada en un tercer piso del barrio Popular 1.Según el reporte oficial, la víctima recibió un total de 15 heridas con arma cortopunzante en zonas como su rostro, cuello y mano izquierda a manos de Jorge Andrés Villada, de 45 años.La situación violenta se habría derivado tras la decisión tomada hacía una semana por parte de la mujer mujer de terminar la relación sentimental que sostenía con Villada por cerca de tres años.De acuerdo con información entregada por parte de familiares de la mujer a las autoridades, dos días después de finalizar la relación, el hombre llegó a la vivienda con la excusa de sacar unas pertenencias y atacó con golpes a su expareja. Sin embargo, no se tuvo un nuevo reporte de la situación entre ambos cuando en las últimas horas se escucharon gritos en el inmueble.Tras la verificación del lugar encontraron extendidos en el piso tanto a la mujer como al victimario, quien murió en el lugar de los hechos tras atentar contra su vida usando también un arma blanca.Por su parte, la mujer fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe a donde llegó sin signos vitales por cuenta de la gravedad de las lesiones. Como material probatorio las autoridades judiciales recaudaron en la vivienda dos celulares y tres cuchillos que harán parte de la investigación para esclarecer los sucedido.Con este hecho ya son 142 los homicidios registrados en Medellín durante 2026, de los cuales en 13 las víctimas fueron mujeres y actualmente nueve se investigan como presuntos feminicidios, cuatro casos menos que los que se tenían en el mismo periodo del año anterior.
En medio de la tensión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el último jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, los integrantes del último secretariado de esa guerrilla enviaron una carta al próximo mandatario en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, próximo a cumplir diez años.“Es claro y públicamente conocido por la opinión nacional, que nosotros ocupamos una orilla ideológica y política distinta a la suya, algo natural en una democracia, lo cual no implica que no podamos convivir y dialogar civilizadamente a cerca de nuestras diferencias; de eso se trata precisamente la paz”, afirman los firmantes de paz.La carta se conoce después de que De la Espriella arremetiera contra Rodrigo Londoño por su viaje a España, donde asistió a un seminario invitado por la organización política Izquierda Unida. El presidente electo afirmó que el excomandante “merecía estar preso de por vida” y que trabajará para lograrlo. A esto se suma su anuncio de acabar con algunas de las agencias y entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.“Estamos seguros de que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”, afirman los firmantes.Finalmente, pidieron que el Estado responda a los compromisos adquiridos, “comenzando por el respeto al derecho a la vida y brindando las debidas garantías para la participación y la inclusión política”, concluyeron. La carta está firmada por Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo.
La llegada de la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, coincide con uno de los momentos más desafiantes para el sistema eléctrico colombiano. La posible llegada del Fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de una menor disponibilidad de agua para generar energía en las hidroeléctricas, por lo que el país dependerá en mayor medida de las plantas termoeléctricas. Ante este panorama, el principal reto será garantizar que el sistema tenga la capacidad suficiente para responder sin afectar el servicio de los colombianos.Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, consideran que el nombramiento llega en un momento clave. Su presidente, Camilo Sánchez Ortega, destacó que la nueva ministra conoce el funcionamiento del sector y el trabajo que realiza XM, operador encargado de monitorear el sistema eléctrico y emitir alertas cuando existen riesgos para el suministro de energía. Según el dirigente gremial, esa experiencia permitirá una mejor coordinación con el Gobierno para tomar decisiones oportunas.Uno de los problemas que más preocupa al sector es la situación financiera de las termoeléctricas. Aunque estas plantas solo funcionan con mayor intensidad cuando disminuye la generación de las hidroeléctricas, hoy representan cerca del 55 % de la energía firme del país, es decir, la capacidad de respaldo que garantiza el suministro cuando las condiciones climáticas son adversas. Sin embargo, Andesco advierte que estas empresas enfrentan dificultades porque les adeudan más de 1,7 billones de pesos, recursos que necesitan para comprar combustibles y gas y mantener su operación.A esto se suma que el consumo de energía ha crecido más rápido que la capacidad de generación disponible. Según el gremio, esa situación ha obligado al país a depender cada vez más del gas importado para producir electricidad, un combustible que resulta más costoso. De mantenerse esta tendencia durante el Fenómeno de El Niño, los costos de generación podrían aumentar y ejercer una mayor presión sobre todo el sistema eléctrico.Otro de los retos será resolver la situación de Air-e, empresa que presta el servicio de energía en varios departamentos de la región Caribe. Andesco advirtió que la compañía atraviesa una crisis financiera porque no ha recibido los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones, especialmente con las termoeléctricas. Para el gremio, si no se encuentra una solución de fondo, esta situación podría seguir afectando la estabilidad del sector energético.Además de garantizar recursos para las empresas, el gremio considera necesario que el Gobierno pague los subsidios pendientes, los compromisos relacionados con la opción tarifaria y asegure el dinero necesario para la compra de combustibles y gas. También plantea fortalecer la producción nacional de hidrocarburos, aumentar las reservas de gas y petróleo y recuperar la capacidad del país para depender menos de combustibles importados.Frente al futuro de la matriz energética, Andesco sostiene que el país necesita acelerar los proyectos de energía solar y eólica, pero sin dejar de fortalecer las plantas térmicas y las demás fuentes que hoy respaldan el sistema. El objetivo, según el gremio, es que Colombia cuente con una oferta de energía superior a la demanda, evitando que cualquier evento climático ponga en riesgo el suministro para hogares, empresas e industrias."Necesitamos disminuir la demanda, en este momento crítico, por lo menos entre un 5 % y un 7 % para que no tengamos esos apagones", afirmó Camilo Sánchez Ortega. El presidente de Andesco explicó que el ahorro de energía será una de las herramientas más importantes durante los meses de mayor riesgo y recordó que cada hogar puede contribuir reduciendo el consumo para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional.Finalmente, Andesco reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con la nueva ministra y las demás entidades del Gobierno. El gremio confía en que las decisiones técnicas, la estabilidad en las reglas del sector y una respuesta rápida frente a los problemas financieros permitirán enfrentar el Fenómeno de El Niño, disminuir el riesgo de racionamientos y garantizar un servicio de energía confiable para los colombianos.
Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió dar un nuevo golpe a las redes del narcotráfico con la captura y notificación con fines de extradición de dos presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en Antioquia y tenía conexiones internacionales.Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la Operación Primavera, donde las autoridades hicieron efectiva la captura de Fabio Alberto Moreno Rendón, alias ‘Mono’, y notificaron con fines de extradición a Daniel Suaza Ochoa, alias ‘Menor’, identificado como uno de los principales cabecillas del Grupo Delincuencial Común Organizado "Los Chivos".Ambos son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, para responder por cargos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.Según las investigaciones, alias ‘Menor’ ejercía el liderazgo de la estructura criminal, mientras que alias ‘Mono’ era señalado de administrar las finanzas derivadas del narcotráfico y de desempeñar un papel determinante en la consolidación financiera de la organización.El alcalde Federico Gutiérrez indicó que el grupo mantenía alianzas con otras estructuras ilegales que delinquen en el Valle de Aburrá, incluido el Clan del Golfo, con el propósito de fortalecer la producción, el almacenamiento y el transporte de cocaína."Esa lucha en contra de esas estructuras criminales la vamos a seguir dando. Pero acá hay un dato muy relevante. Alias 'Menor' hacía parte de esa estructura criminal de toda la vida, de Los Chivos, que ha liderado inclusive directamente su papá, donde inclusive su hermano, alias 'Chatán', fue capturado en la administración anterior nuestra entre 2016 - 2019, cuando fungía como máxima cabecilla de Los Chivos", dijo.El expediente también señala que la organización había establecido contactos con redes criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, conformando un entramado transnacional para el envío de cargamentos de droga hacia mercados internacionales.Según las autoridades, la producción y procesamiento del estupefaciente que era traficado se concentraban en sectores de Belén y Altavista desde donde presuntamente funcionaban laboratorios urbanos.Posteriormente, la cocaína era movilizada por corredores terrestres hacia La Guajira para facilitar su salida hacia Centroamérica y Estados Unidos.