La Cámara Colombiana de la Infraestructura expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en las carreteras del país, frente a la creciente ola de ataques y bloqueos armados, e hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que adopte medidas más efectivas frente a este escenario que viene afectando a los usuarios y a la operación vial.
El gremio denunció que las vías concesionadas atraviesan un momento crítico debido a acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales. Entre los hechos más recientes se encuentran los ataques contra los peajes de Cabildo y Lizama, así como múltiples bloqueos y atentados en corredores estratégicos como la Ruta del Sol III, las troncales del Magdalena y la vía Popayán–Santander de Quilichao.
Frente al panorama, la CCI aseguró que se han registrado “asonadas en las estaciones de peajes y recaudos irregulares de dinero por parte de grupos que cobran el paso de vehículos sin tener ningún tipo de autorización constitucional o legal, agravan este panorama de falta de intervención judicial”.
De acuerdo con la CCI, estos hechos han dejado un balance preocupante. Al menos 40 máquinas han sido destruidas en los últimos meses, además de graves riesgos para la vida de trabajadores de las concesiones y de los usuarios de las vías. La entidad advirtió que la situación está afectando de manera directa la operación de los proyectos viales y la movilidad en varias regiones del país.
“Proteger la infraestructura vial no es una causa gremial ni sectorial. Es defender la inversión pública, preservar la confianza privada y, ante todo, proteger la vida de los ciudadanos”, se menciona en el comunicado de la CCI.
La entidad también señaló que entre los años 2023 y 2025 se han registrado más de 2.000 bloqueos en las carreteras nacionales, con pérdidas económicas que alcanzan los 10 billones de pesos. Estas afectaciones han golpeado la competitividad del país y han generado dificultades en el transporte y abastecimiento de productos esenciales.
El gremio cuestionó que la respuesta institucional se limite a pronunciamientos y pidió acciones concretas frente a esta problemática. “La reiteración de atentados y bloqueos, sin avances judiciales conocidos ni responsables capturados, transmite un mensaje de impunidad que incentiva nuevas agresiones. La Fiscalía no puede limitarse a reaccionar con simples pronunciamientos: el país requiere investigaciones oportunas”, denunció Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura señaló que las carreteras se han convertido en uno de los blancos más frecuentes de los grupos armados ilegales y criticó lo que calificó como una postura pasiva por parte de la Fiscalía. Por ello, el llamado es a acelerar los procesos judiciales, identificar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad que permitan proteger la infraestructura vial y a los ciudadanos que dependen de ella.
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