La posible aprobación de la reforma laboral podría tener un impacto significativo en el costo de los servicios de vigilancia privada, un sector esencial para la seguridad de conjuntos residenciales, centros comerciales y establecimientos.
En Negocios Blu estuvo Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, el gremio de la vigilancia privada en Colombia, sector que actualmente cuenta con un régimen laboral distinto al del resto de los trabajadores colombianos.
Este régimen especial fue consagrado en la Ley 1920 de 2018, conocida como la "ley del vigilante". Esta ley permite a los trabajadores del sector realizar jornadas extensas de 12 horas.
Esta jornada especial facilita el servicio ininterrumpido (12*24, 365 días al año), lo cual es la esencia del servicio de vigilancia. Además de permitir trabajar en horarios nocturnos, dominicales y festivos de manera habitual, este régimen especial mejoró las condiciones laborales, otorgando seguros de vida y posibilidades de inclusión laboral para personas discapacitadas, buscando una mayor equidad de género.
Este régimen ha beneficiado a más de 380.000 familias y ha permitido incorporar de manera formal a aproximadamente 50.000 personas desde 2018. El contrato más ideal para el sector bajo este esquema es el contrato de labor.
Los cambios que vienen para el sector vigilancia con la reforma laboral
Sin embargo, con la aprobación de la reforma laboral, este régimen especial quedaría automáticamente derogado. Esto significa que el sector de la vigilancia privada tendría las mismas reglas de juego que el resto de los trabajadores del sector privado.
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Los cambios incluirían que la jornada nocturna inicie a las 7 de la noche y que los recargos por trabajo dominical y festivo aumenten del 75% al 100%.
El impacto de estos cambios no afectaría al sector como tal, sino a quienes lo emplean. Díaz estima que aproximadamente 28.000 empleos podrían perderse.
La razón principal es un incremento significativo en los costos para los clientes finales, como los conjuntos residenciales. Por ejemplo, una cuota de administración que hoy es de $300.000 podría subir a $400.000; una de $500.000 a $700.000; una de $700.000 a $1.000.000; y una de $1.000.000 a $1.500.000.
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Ante el encarecimiento de la contratación de personal humano y la situación económica del país, las administraciones de conjuntos residenciales y otras entidades disminuirán los servicios de vigilancia.
Esto obligaría a las empresas de seguridad a transformarse tecnológicamente. Para no perder mercado ni clientes, en lugar de contratar vigilantes, se instalarán cámaras, robots y se apelará a la inteligencia artificial. Según Díaz, la reforma laboral encarece la contratación del "trabajador humano" frente a la tecnología, lo que llevará a conjuntos cerrados y otras empresas a disminuir o despedir personal para adoptar tecnología que puede resultar más económica.
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