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En Colombia, el arriendo se ha convertido en uno de los gastos más determinantes para el presupuesto familiar. Con más del 40% de los hogares viviendo en alquiler, según cifras del sector, cualquier variación en el canon impacta de inmediato la economía doméstica.
Esa es la razón por la que cada cierre de año aumenta la expectativa por conocer el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que define legalmente cuánto podrán subir los arriendos en el país.
De cara al 2026, los pronósticos ya comienzan a perfilar el panorama y anticipan un nuevo ajuste que, si bien no sería drástico, sí obligará a los inquilinos a preparar su bolsillo.
El Banco de la República estima que la inflación de 2025 podría cerrar alrededor del 5,1%, mientras que analistas privados elevan esa proyección hasta 5,5%. Ambas cifras mantienen una tendencia relativamente estable frente al 5,2% registrado al cierre de 2024.
Este comportamiento es clave porque, según la Ley 820 de 2003, el canon de arriendo de vivienda urbana solo puede incrementarse una vez al año y hasta el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior.
Si las proyecciones se cumplen, los incrementos serían los siguientes:
Aunque la diferencia parece leve, para millones de hogares este ajuste representa un gasto adicional significativo en medio de un mercado donde el arriendo suele ser el rubro más alto del presupuesto mensual.
Para Karina Tatiana Reyes, expresidenta de la Junta de Fedelonjas y gerente de Inmobiliaria Esteban Ríos, gran parte de los problemas entre propietarios e inquilinos se deben al desconocimiento de las normas que rigen los contratos.
Entre los puntos clave que recuerda la experta están:
Según Reyes, el 70% de los conflictos surge de contratos mal elaborados o acuerdos verbales, lo que demuestra la importancia de revisar detalladamente cada cláusula antes de firmar.
El panorama es distinto cuando se trata de inmuebles comerciales. En este caso, el Código de Comercio permite que las partes definan libremente:
Sin embargo, quienes ocupan un local por más de dos años podrían obtener el derecho a renovación automática, salvo excepciones justificadas por el propietario, como incumplimientos o necesidades propias del inmueble.
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