El Fondo Monetario Internacional emitió su informe anual sobre Colombia bajo el artículo IV y concluyó que el país ha visto deterioradas sus finanzas públicas y requiere un plan de acción con medidas decididas y realistas.
Aunque la entidad reconoce que el crecimiento del país está mejorando y la inflación es cada vez menos problemática, el foco está en el lío fiscal y en la suspensión de la regla fiscal anunciada por el gobierno en junio pasado.
"La política y el marco fiscal se han debilitado considerablemente en comparación con la evaluación previa de “muy sólido”, que se requiere para la calificación continua en la LCF (Línea de Crédito Flexible)", advirtió la entidad en su informe, anticipando que posiblemente el país no volverá a contar con acceso a la línea de crédito flexible.
La posibilidad de hacer desembolsos bajo la Línea de Crédito Flexible fue suspendida temporalmente en abril a la espera de la realización de la evaluación anual, que concluyó con este informe, y también de una evaluación específica de medio término, que es lo que viene a continuación.
Nuevas demoras en la consolidación fiscal podrían suscitar preocupaciones por el desanclaje de la política fiscal, además de socavar aún más la confianza de los inversionistas y quizá provocar una interrupción repentina de las entradas de capital. El aumento de las incertidumbres políticas y el recrudecimiento de los delitos violentos y la inseguridad podrían obstaculizar la actividad económica y el desarrollo del sector privado
agrega el informe.
Para el FMI, el país necesita una serie de medidas que involucren nuevos ingresos (que normalmente en Colombia se obtienen con reformas tributarias) y una revisión de los gastos y la rigidez del presupuesto. La rigidez del presupuesto fue el argumento principal del gobierno para suspender la regla fiscal y aumentar el déficit durante tres años.
Para afianzar las perspectivas de crecimiento a largo plazo, los directores del FMI recomendaron impulsar reformas centradas en aumentar la productividad, impulsar la participación en la fuerza de trabajo y diversificar la economía. Tomando nota del ambicioso plan de transición energética de las autoridades, destacaron la importancia de una transición bien diseñada y cuidadosamente escalonada que respalde la sostenibilidad y resiliencia a largo plazo y salvaguarde la estabilidad macroeconómica. Asimismo, alentaron a las autoridades a seguir fortaleciendo la gobernanza y la transparencia, incluso para mejorar el clima de inversión.