Fitch Ratings señaló que tanto flujos de caja operativos como los márgenes de las empresas colombianas entrarían en mayor presión en los próximos 12 a 18 meses. Esto, debido a las elevadas tasas de intereses, la inflación, las cargas tributarias que cada vez son mayores y la restricción en el acceso a mercados internacionales.
Los déficits fiscales y el aumento de la deuda pública han sido la consecuencia de la baja calificación soberana que obtuvo Colombia en diciembre de 2025, hecho que dejó 6 rebajas en la calificación, por lo que “la inflación y las preocupaciones fiscales probablemente limitarán la flexibilización monetaria”, según Fitch Ratings.
Esto afecta no solo al Gobierno, sino también a las empresas, porque eleva los costos de financiamiento, mantiene altas las tasas de interés y reduce la capacidad de las compañías para cubrir sus gastos con el dinero que generan. A esto se suma una fuerte incertidumbre política, agravada por la suspensión de medidas tributarias que el Gobierno había decretado para recaudar recursos, lo que deja dudas sobre cómo se financiará el Estado en el corto plazo.
Además, Fitch Ratings señaló que la suspensión del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno en diciembre de 2025 profundizó la incertidumbre sobre el rumbo fiscal del país, al frenar de manera temporal las medidas tributarias que buscaban aliviar las finanzas públicas tras el fracaso de la reforma fiscal en el Congreso. La decisión de la Corte Constitucional dejó en el aire impuestos sobre el patrimonio y las transacciones financieras, un gravamen del 1 % sobre las ventas y exportaciones de petróleo y carbón, y los cargos al sector eléctrico, reduciendo la visibilidad sobre los ingresos del Estado en el corto plazo.
Este escenario, sumado al clima político previo a las elecciones legislativas y presidenciales, aumenta el riesgo de cambios totales en la política económica, presiona los márgenes de las empresas y podría afectar negativamente la calificación crediticia de los emisores más endeudados o con menor capacidad financiera, según lo que menciona la agencia.
Esta falta de claridad en las reglas de juego genera preocupación entre inversionistas y calificadoras, que ven un riesgo de cambios repentinos en las políticas económicas, especialmente antes de las elecciones legislativas y presidenciales.
Uno de los sectores más afectados es el de energía, donde las decisiones del Gobierno suelen priorizar el control de precios sobre la estabilidad financiera de las empresas. Esto ha elevado los riesgos de liquidez para generadoras y distribuidoras y podría afectar la inversión futura con posibles problemas de abastecimiento. Aunque muchas de estas empresas siguen siendo financieramente sólidas, el panorama para 2026 se ha deteriorado.
Otros sectores también enfrentan presiones. El aumento del salario mínimo podría impulsar el consumo a corto plazo, según como lo explica la agencia, pero también puede presionar la inflación y reducir los márgenes de las empresas, sobre todo si hay controles de precios.
En la construcción de vivienda, especialmente la de interés social, las compañías tienen dificultades para trasladar mayores costos a los compradores debido a la baja capacidad de pago y a las altas tasas de interés. En el sector de alimentos y consumo, el mayor ingreso de los hogares puede ayudar, pero el aumento de costos laborales afecta especialmente a restaurantes y cafeterías, donde la mano de obra representa una parte importante de los gastos.
Finalmente, el aumento del riesgo país dificulta el acceso de las empresas a los mercados internacionales de capital. Ante este escenario, muchas han optado por endeudarse con bancos locales en lugar de emitir bonos. Aun así, Fitch considera que el riesgo está parcialmente controlado, ya que la mayoría de las empresas mantiene niveles de deuda moderados y un calendario de pagos bien distribuido, lo que reduce el riesgo de una crisis financiera inmediata.
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