El panorama del comercio digital en Colombia se prepara para un cambio estructural tras el anuncio de medidas que buscan regular el pago del IVA (19%) para productos importados a través de plataformas digitales.
Según María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), esta decisión responde a una discusión de casi ocho años sobre la necesidad de establecer condiciones equitativas entre los productores nacionales y los competidores internacionales.
Hasta ahora, las compras realizadas en plataformas como Amazon, Temu o Shein que no superaban los 200 dólares estaban exentas de este impuesto, una interpretación de los tratados comerciales que, según la CCCE, generó una disparidad significativa. Mientras un productor nacional debe tributar el IVA por cualquier venta sin importar el monto, las plataformas internacionales aprovechaban esta "extensión" para ofrecer precios más bajos, muchas veces triangulando envíos desde Estados Unidos para acceder al beneficio.
Competitividad y el auge de plataformas internacionales
La variable fundamental que hoy define la competencia en el mercado colombiano es el precio, el cual está directamente impactado por ese 19% de carga tributaria. Quiñones señala que, de no ser por esta diferencia impositiva, la producción nacional y las plataformas localizadas en el país (como Mercado Libre) tendrían condiciones muy equitativas, especialmente porque Colombia ha avanzado significativamente en logística de última milla, logrando entregas en 24 horas.
El auge de aplicaciones como Temu ha sido notable, especialmente por su capacidad de atraer usuarios mediante tendencias de gaming y digitalización. Los colombianos acuden masivamente a estos sitios para adquirir principalmente moda, textiles, tecnología y accesorios para el hogar. No obstante, el comercio nacional mantiene su liderazgo en categorías de bienes de mayor tamaño, como los electrodomésticos grandes, donde la logística internacional es menos competitiva.
Impacto fiscal y derechos del consumidor
Desde la perspectiva del recaudo, se estima que el país deja de percibir cerca de 2 billones de pesos anuales por cuenta de este IVA no cobrado en envíos menores a 200 dólares. Esta cifra, aunque requiere un acotamiento más preciso con el Gobierno Nacional, subraya el detrimento fiscal que supone la normativa actual.
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Finalmente, un punto diferenciador que favorece al comercio digital residente en Colombia es la protección legal. Solo en el ámbito nacional aplican figuras como el derecho al retracto y la reversión del pago.
Estas herramientas permiten que el consumidor recupere su dinero directamente a través del banco o el comercio si no está satisfecho, una garantía que no siempre es exigible a plataformas que no tienen residencia legal en el país.
Escuche aquí la entrevista:
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