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Un nuevo capítulo se abre para el sector empresarial colombiano tras el anuncio del Gobierno nacional de crear un impuesto al patrimonio para personas jurídicas a partir de 2026, con el fin de atender las necesidades del Presupuesto General de la Nación (PGN). Según lo informado, el hecho generador será la posesión, al primero de marzo de este año, de un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, es decir, más de 10.400 millones de pesos. La tarifa general será del 0,5 %, mientras que para algunos sectores específicos, como el minero y el financiero, se fijará una tarifa del 1,6 %.
Desde el Gobierno se plantea como una herramienta necesaria para fortalecer el recaudo en medio de presiones presupuestales y garantizar el financiamiento del Estado.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, lanzó fuertes críticas frente a la decisión del Gobierno de impulsar nuevamente el impuesto al patrimonio para personas jurídicas. El gremio aseguró que este tipo de tributo es una figura “en vías de extinción” en el mundo, al considerar que castiga la innovación, la acumulación de capital y a los empresarios que han logrado consolidar compañías exitosas. Según Fenalco, gravar el patrimonio, es decir, los activos acumulados, y no las utilidades, termina enviando un mensaje negativo a la inversión y al emprendimiento en el país.
“La decisión apresurada y carente de sustento técnico del gobierno de elevar el impuesto al patrimonio es un eslabón más de la larga cadena de improvisaciones que en el frente fiscal lo ha caracterizado”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Además, señaló que el aumento de impuestos se produce en medio de lo que califican como un manejo ineficiente de los recursos públicos, citando como ejemplo el caso de la UNGRD. Para Fenalco, antes de crear nuevas cargas tributarias, el Gobierno debería demostrar mayor disciplina en el gasto y resultados claros en la administración del presupuesto nacional.
En ese sentido, el gremio hizo un llamado a la ciudadanía para evaluar en las urnas lo que consideran un manejo fiscal “derrochón e irresponsable”.
Además, advirtió dos riesgos adicionales. Por una parte, el Gobierno ha demostrado que es un “pésimo administrador” por lo que lo que señalan que los recursos obtenidos por medio de esta medida podrían ser despilfarrados. Por otro lado, esperan que esos fondos no tengan un uso político en un contexto electoral.
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