Industria arrocera alerta de efectos nocivos por regulación de precio del arroz paddy verde

La Cámara Induarroz de la ANDI, que agrupa a una parte significativa de la industria arrocera en Colombia, advirtió sobre una crisis inminente en el sector tras la decisión del Gobierno Nacional de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada. Esta medida fue adoptada como parte de las negociaciones entre el Ministerio de Agricultura y los líderes del paro arrocero.En un comunicado oficial, Induarroz expresó su “profunda preocupación” por los efectos que pueda generar la resolución emitida por el Ministerio, la cual, según indica, fue expedida “sin tener en cuenta el origen real de la problemática del mercado y sin acoger los principales comentarios técnicos presentados a través de los canales institucionales”.Una sobreoferta sin precedentesInduarroz señala que el origen de la actual coyuntura es una siembra histórica de arroz en Colombia durante 2024, que alcanzó 631.000 hectáreas, sumada a una baja significativa en los precios internacionales del grano, cercanos al 30%. Esta situación se agravó en el primer semestre de 2025, especialmente en el departamento de Casanare, que registró 216.000 hectáreas cultivadas, generando inventarios 92% superiores a los de 2024 y superando lo recomendado por el Plan de Ordenamiento Productivo de la UPRA.En este contexto, la industria alerta sobre el riesgo que representa la libertad regulada de precios, al establecer precios mínimos de compra “hasta un 17% por encima del precio de mercado”, según datos de Fedearroz citados por Induarroz. Esto, afirma la Cámara, ignora las dinámicas territoriales del sector y las prácticas mercantiles vigentes.Riesgos críticos para toda la cadenaEntre los riesgos identificados por la Cámara Induarroz figuran:El aumento de precios del arroz blanco para el consumidor final, afectando especialmente a los hogares más vulnerables.Incentivos para incrementar aún más las siembras, lo que agravaría la sobreoferta.Pérdida de competitividad frente a importaciones, en un mercado global saturado.Mayor informalidad en la cadena productiva.Desequilibrios estructurales que amenazan la sostenibilidad del sector.Respaldo de la Superintendencia de Industria y ComercioInduarroz respalda sus advertencias en el concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el cual se considera que la libertad regulada “limita el libre proceso de formación de precios” y “podría afectar la eficiencia del mercado y la adecuada transmisión de información”.La SIC enfatiza que la medida solo se justificaría si es transitoria, pero advierte que la falta de claridad sobre su duración genera incertidumbre, lo que podría desincentivar el almacenamiento del arroz a largo plazo. Además, señala que podría derivar en una dependencia estructural del sector frente al apoyo gubernamental, en vez de corregir los desajustes estructurales del mercado.Urge solución estructuralFrente a este panorama, Induarroz afirma que la industria se ha visto obligada a innovar y adaptarse para cumplir con la normativa, pero insiste en que la medida va en contravía de lo que el sector necesita. Según el gremio, en un escenario de sobreoferta, lo adecuado es implementar políticas que faciliten la absorción de la cosecha, y no medidas que aumenten la presión sobre el sistema.Algunas empresas, indica la Cámara, ya exploran nuevas estrategias para continuar recibiendo el arroz de los productores, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre.Finalmente, Induarroz subraya que cualquier decisión en este momento debe buscar un equilibrio: “incentivar la absorción total de la cosecha sin perjudicar a los agricultores, y proteger a los consumidores de aumentos artificiales en los precios del arroz, un alimento básico en la dieta colombiana”.El gremio coincide con la SIC en la necesidad de monitorear los efectos de la medida y adoptar correctivos, así como avanzar en una agenda de competitividad con base en el Plan de Ordenamiento Productivo, que permita “construir una cadena arrocera competitiva y sostenible de cara a la apertura comercial de 2030”.