En muchos hogares existe una señal que indica que la comida ya está casi lista, una olla de arroz en la cocina, el cual acompaña el plato del día y nunca falta en la mayoría de la mesa. Aunque parece una preparación sencilla, lograr un arroz blanco suelto y en su punto no siempre es tan fácil como parece.Y es que, más allá de la costumbre, cocinar arroz tiene su técnica. Pequeños errores durante el proceso pueden cambiar por completo la textura, el sabor e incluso su cocción.Expertos en cocina coinciden en que dominar el proceso básico depende más de entender el grano que de repetir una receta al pie de la letra.Los cinco errores más comunes al cocinar arrozSegún Lucas Cuisine, chef profesional y creador de contenido gastronómico, estos son los cinco errores que se deben evitar al momento de preparar el arroz:1. No controlar el almidónUna de las fallas más frecuentes es no lavar el arroz antes de cocinarlo. El exceso de almidón en la superficie hace que el grano quede pegajoso. Por lo cual, enjuagar el arroz ayuda a eliminar ese almidón superficial y mejora la textura final.2. Usar demasiada aguaLa proporción incorrecta de agua es clave. Añadir más de la necesaria puede dejar el arroz blando o pastoso. La medida varía según el tipo de grano, pero en general se recomienda una relación aproximada de 1 taza de arroz por 1,5 a 2 tazas de agua.3. Revolver el arroz durante la cocciónMover el arroz mientras se cocina rompe los granos y libera más almidón, lo que provoca una textura apelmazada. Lo ideal es dejarlo quieto para que se cocine de manera uniforme.4. Destapar constantemente la ollaAbrir la tapa hace que se escape el vapor, fundamental para la cocción. Esto puede afectar el tiempo y el resultado final. Mantener la olla tapada permite que el calor y la humedad trabajen de forma adecuada.5. No dejar reposar el arrozUna vez apagado el fuego, es clave dejar reposar el arroz unos minutos. Este paso permite que termine de absorber la humedad y se asiente. Según recomendaciones, este reposo mejora la textura y evita que quede húmedo en exceso.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 380 de 2026, mediante el cual se establece la fortificación obligatoria de alimentos de consumo masivo como el arroz y las harinas de trigo y maíz, con la adición de vitaminas y minerales durante su proceso de producción.La medida, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, busca reducir deficiencias nutricionales en el país. De acuerdo con datos oficiales, hasta el 36% de los niños en edad preescolar presenta deficiencia de zinc y el 44,5% de las mujeres gestantes registra anemia asociada a la falta de hierro.Con la implementación del decreto, productos de consumo diario como el pan, las arepas y el arroz incluirán micronutrientes en cantidades seguras, sin alterar sus características como sabor, olor o apariencia. Según el documento, esta estrategia permitirá que la población reciba nutrientes esenciales sin modificar sus hábitos alimenticios.El diseño de la medida se basó en metodologías internacionales que identifican alimentos de alto consumo y determinan niveles adecuados de fortificación. Además, se contempla el uso de compuestos de alta absorción y la articulación con otros programas para evitar consumos excesivos.El Análisis de Impacto Normativo indica que la fortificación podría aportar hasta el 68% del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84% de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40% de la vitamina B2 en adolescentes. También se proyectan efectos en la reducción de enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales y en indicadores como el rendimiento escolar y la productividad laboral.En términos económicos, la implementación tendría un impacto estimado entre el 0,3% y el 2,5% del costo de producción de los alimentos intervenidos.El decreto se enmarca en la Ley Estatutaria de Salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 y la política de seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con hambre cero y salud.
La guerra comercial entre Colombia y Ecuador sigue creciendo y Colombia se prepara para responder a los incrementos de la tasa de seguridad aprobada por Ecuador.El Ministerio de Comercio de Colombia publicó a comentarios un proyecto de decreto en el que propone aranceles del 35% a 29 productos, incluyendo camarones, bananos y algunos tipos de medicamentos. Además, otras 24 partidas tendrían aranceles del 50%, entre ellas grasas y aceites vegetales, y finalmente 170 partidas tendrán tarifas del 75% en productos como café, arroz y azúcar.El proyecto de decreto podría ser firmado en el transcurso de apenas 5 días, ya que el Gobierno colombiano considera 'urgente' la implementación de las medidas.Las medidas son respuesta al incremento de la tasa de seguridad que Ecuador cobra a los productos colombianos, que llegará al 100% a partir del próximo 1 de mayo."La imposición de un gravamen ad valorem del 100% por parte de Ecuador impide que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente viable, lo que profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional a Colombia, agravando aún más la tensión internacional causada por la serie de medidas tomadas por Ecuador, y dejando en un alto grado de vulnerabilidad económica a los exportadores colombianos que derivan su sustento de exportar mercancías a Ecuador", señaló Colombia en la justificación de las medidas.El Gobierno colombiano considera además que las medidas ecuatorianas comprometen la seguridad alimentaria en Colombia y el funcionamiento eficiente del mercado interno.Previamente, el presidente Gustavo Petro había dicho que Colombia debería permitir la entrada de los insumos ecuatorianos sin trabas, pese a la guerra comercial."No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra", dijo Petro en un Consejo de Ministros en Ipiales.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en el marco de la sesión extraordinaria del arroz que se llevó a cabo en la Comisión Tercera del Senado este 18 de febrero, reconoció que la emergencia invernal afectará el abastecimiento alimentario del país y que la cosecha de arroz, especialmente en Córdoba y la zona que limita con el bajo Cauca en Antioquia, podría no salir al mercado.“Sin duda, la emergencia de la variabilidad climática y esta situación del mes de enero por las fuertes lluvias en la cuenca del San Jorge y del Sinú, tienen un impacto sobre la cadena. Hoy, el arroz de Córdoba, no estoy segura de que pueda salir; eso va a impactar la cosecha del primer semestre. Tenemos también una situación en La Mojana. La emergencia económica, social y ecológica que ha declarado el gobierno nacional tiene un impacto muy complejo en el abastecimiento alimentario. Necesitamos de aquí al 20 de abril recuperar y restablecer los sistemas productivos que hoy están afectados”, indicó.Ya son 1.428 hectáreas perjudicadas por las inundaciones en el país y las pérdidas económicas ascienden a más de 10.700 millones de pesos. El inicio de año era el período de sequía donde se estaban haciendo los ciclos de siembra de arroz que se vieron cortados, según el Ministerio. Todo esto ha afectado la producción y también el abastecimiento alimentario, no solo de la cadena de arroz, sino de otros productos.En esta misma línea, el presidente de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutierrez, indicó que por la emergencia invernal se están cosechando entre 70 y 80 bultos de arroz, cuando antes del frente frío se alcanzaban casi 120 bultos, por lo que hizo un llamado al gobierno nacional para que invierta recursos en la recuperación de las cosechas afectadas.“Una cosa tenemos que dejar clara: hay que respaldar con muchos más recursos a los productores de arroz, a todos, a los que llaman pequeños, medianos y grandes. Porque con 10.000 pesos para los pequeños no se alcanza a cubrir sus costos de producción, si no cogen en la zona centro siquiera 120 bultos por hectárea y con el invierno que tenemos están en 80, 90 en 70 incluso. Entonces esas realidades que tienen que ver con el clima hay que atenderlas”, aseguró Gutiérrez.El líder gremial criticó también la gestión del gobierno Petro y aseguró que no es aceptable que gasten recursos de manera indiscriminada cuando el sector productivo requiere ayudas superiores, pues la demanda crece, pero la producción se hace más costosa.“Si el presidente Petro tanto quiere la seguridad y la soberanía alimentaria, que gaste 25.000 millones más en apoyos y subsidios a los productores, ¿qué son 25 mil millones más? Nada, nada comparado con los gastos del gobierno nacional. No es aceptable la teoría. No voy a discutir tampoco de las condiciones que ustedes (gobierno) dicen que mejoraron ‘relativamente’”, advirtió.En este contexto, el panorama para el sector arrocero en Córdoba y otras regiones del país sigue siendo incierto, con un riesgo latente para el abastecimiento de este alimento básico en los próximos meses. Las autoridades y los gremios coinciden en que se requieren acciones urgentes para mitigar el impacto de la emergencia invernal y acelerar la recuperación de los sistemas productivos.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.
La Contraloría General de la República identificó un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos en una auditoría realizada a la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, por el manejo de recursos del Fondo Nacional del Arroz durante la vigencia de 2024.Según el ente de control, los hallazgos se relacionan con la ejecución de obras civiles financiadas con recursos del contingente arancelario conocido como COL RICE, por medio del cual se puede importar una cantidad específica de mercancías con aranceles reducidos o nulos, los cuales fueron utilizados para adecuar una planta de almacenamiento, secado y trilla de arroz ubicada en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar. Esta infraestructura es propiedad de Fedearroz, una entidad privada.La Contraloría explicó que estos recursos tienen carácter público, ya que provienen de una disposición legal y de subastas del arroz, por lo que su destinación debe cumplir principios de legalidad y uso específico. Al haberse invertido en bienes privados, se habría generado un incremento patrimonial injustificado a favor de un particular, situación que está prohibida por la normativa vigente.El hallazgo tiene alcance fiscal y disciplinario y hace parte de un total de seis observaciones administrativas detectadas durante la auditoría. Además, el organismo de control encontró otras fallas, como inconsistencias en la información financiera, deficiencias en la supervisión de contratos y problemas en el registro de activos adquiridos con recursos del fondo.En medio del proceso auditor, Fedearroz subsanó una de las observaciones relacionadas con la actualización de pólizas contractuales, lo que fue reconocido como un beneficio del proceso de auditoría. No obstante, la Contraloría continuará con las actuaciones correspondientes frente al presunto daño patrimonial identificado.
El gremio arrocero advierte sobre un posible paro nacional si el Gobierno no adopta medidas urgentes para enfrentar la crisis del sector. Así lo aseguró Alcy Cortés Quimbaya, miembro del Comité de Arroceros, quien explicó que el país atraviesa una grave sobreoferta de arroz, sin mecanismos estatales para regular el mercado.“Hoy hay una sobreoferta de arroz y no existe ningún mecanismo para sacar ese exceso del mercado. Desde ayer, en Colombia no se está comprando un solo grano de arroz al agricultor, algo que nunca antes había pasado”, aseguró.El dirigente explicó que la eliminación del incentivo al almacenamiento, vigente hasta 2022, agravó la crisis. A esta situación se suma, según el gremio, el contrabando de arroz desde Ecuador y la competencia con producto importado más barato.“Ese instrumento permitía estabilizar el precio. Hoy no hay recursos, no hay almacenamiento y el agricultor quedó solo enfrentando el mercado. En los supermercados se consigue arroz a precios muy bajos, mientras a nosotros no nos quieren comprar el grano porque dicen que están perdiendo plata”, señaló Cortés.Desde Tolima y Huila, los arroceros también esperan una nueva resolución que defina un precio mínimo, luego del vencimiento de la normativa anterior el pasado 31 de enero. Martín Vargas, líder arrocero del Huila, habló sobre las reuniones que se adelantan entre el Gobierno y la industria.“Parece que se llegó a un acuerdo de un nuevo precio y estamos a la espera de que salga la resolución. La industria ya dio su palabra de acogerse”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la medida sería temporal y no resolvería el problema de fondo.“No podemos seguir cada tres o cuatro meses hablando de paros. Necesitamos políticas claras para salvar la economía de más de 600 familias arroceras”, señaló.Los líderes del sector confirmaron que permanecen en asamblea permanente y que, si en los próximos días no hay una respuesta concreta del Gobierno, podrían retomarse las movilizaciones. “Si no hay buenas noticias esta semana, un paro va a ser inevitable”, advirtió Cortés.El gremio insiste en que, sin recursos, control al contrabando y reglas estables, la producción de arroz en Colombia podría reducirse drásticamente, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, anunció la imposición de aranceles del 30 % a las importaciones de arroz desde Ecuador, además de la restricción del transporte terrestre de este producto y sus derivados. La decisión fue tomada como parte de un plan de choque para proteger la producción nacional de arroz paddy verde.Según el Ministerio de Agricultura, la medida responde a los aranceles que Ecuador impuso de manera unilateral y que han afectado a los productores colombianos, al permitir la entrada de arroz a precios más bajos. El arancel y la restricción hacen parte de un decreto del Ministerio de Comercio que actualmente se encuentra en etapa de comentarios ciudadanos antes de su expedición definitiva.Además del arancel, el Gobierno anunció ajustes al régimen de libertad regulada, que es un sistema de precios donde el Gobierno definió topes máximos del arroz, después del paro arrocero del año pasado. Entre las medidas se incluye la actualización del precio base del arroz paddy verde, la fijación de un precio base para el arroz paddy seco y el establecimiento de precios mínimos y máximos para los servicios de secado, trilla y almacenamiento, con el fin de garantizar condiciones más justas para los productores.El Ministerio de Agricultura también informó que se estudia la entrega de un apoyo económico directo para pequeños y medianos arroceros, aunque aclaró que esta medida dependerá de la disponibilidad de recursos y de que la industria molinera y los gremios logren acuerdos para asegurar la compra de la cosecha nacional.Las decisiones serán analizadas con los actores del sector en el Consejo Nacional del Arroz, que se realizará en los próximos días. El Gobierno reiteró que las medidas podrán ajustarse según los resultados del diálogo y que el objetivo es estabilizar el mercado, proteger a los productores y defender la soberanía alimentaria del país.
El inusual retiro del mar en las playas de Coveñas despertó inquietud entre turistas y habitantes del Golfo de Morrosquillo. Las imágenes de una extensa franja de arena al descubierto rápidamente se viralizaron en redes sociales y dieron paso a múltiples especulaciones sobre las causas del fenómeno.Sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) descartó que se trate de una situación de riesgo y explicó que este comportamiento corresponde a un proceso natural asociado al ciclo de las mareas. La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar difundir información sin confirmar y atender únicamente los reportes oficiales.¿Por qué se fue el mar en Coveñas? Dimar explicó el fenómenoLa preocupación comenzó el domingo 12 de julio, cuando el nivel del mar descendió de manera visible en las playas de Coveñas, dejando al descubierto una amplia zona de arena.Ante las dudas de la comunidad, la gobernadora de Sucre, Lucy García, solicitó a la Dirección General Marítima un concepto técnico para establecer qué estaba ocurriendo en el Golfo de Morrosquillo.A través de su cuenta de X, la mandataria explicó que el objetivo era brindar información basada en datos oficiales y mantener un seguimiento permanente de la situación junto con las autoridades locales.La respuesta llegó desde la Capitanía de Puerto de Coveñas, que confirmó que el retiro temporal de la línea de costa corresponde a una variación natural del nivel del mar, relacionada principalmente con el comportamiento de las mareas y con las condiciones oceanográficas y meteorológicas de la región.Dimar descarta riesgo por el descenso del nivel del marLa autoridad marítima fue enfática en señalar que este fenómeno hace parte de la dinámica habitual del litoral colombiano y no representa una condición extraordinaria.Según el reporte oficial, durante los días 11 y 12 de julio la marea registró su punto más bajo entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., alcanzando aproximadamente seis centímetros por debajo del nivel de referencia.Para la Dimar, ese descenso corresponde al comportamiento normal de la temporada y no genera riesgos para los habitantes, los turistas ni las embarcaciones que transitan por el Golfo de Morrosquillo.La entidad agregó que mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones del mar y confirmó que, por ahora, no existe ninguna alerta relacionada con este fenómeno.Autoridades piden consultar solo información oficial sobre CoveñasTras la difusión de videos y versiones en redes sociales, la Dimar reiteró que las condiciones oceanoatmosféricas permanecen dentro de los parámetros normales.Además, anunció que continuará realizando seguimiento técnico a las condiciones oceanográficas de la zona para detectar oportunamente cualquier cambio que pudiera representar algún riesgo.Finalmente, la autoridad marítima invitó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compartir información no verificada. También recomendó consultar únicamente los reportes emitidos por la Capitanía de Puerto de Coveñas y la Autoridad Marítima Colombiana, con el fin de prevenir desinformación frente a un fenómeno que, según los expertos, hace parte del comportamiento natural del mar.
En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la capital del Atlántico se consolidará formalmente como la sede alterna del gobierno nacional bajo la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella.Char detalló que este movimiento no es solo simbólico, sino que implica una descentralización real del poder ejecutivo hacia las regiones.La Aduana: el nuevo epicentro del poder regionalEl alcalde confirmó que el emblemático Edificio de la Aduana está siendo evaluado para albergar el despacho presidencial en la ciudad. Según Char, la decisión de establecer a Barranquilla como sede de cogobierno es un compromiso firme que se oficializará en los próximos días: "Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió".Esta nueva dinámica ya se siente en la ciudad, donde ministros y funcionarios han comenzado a despachar de manera recurrente. De hecho, el alcalde bromeó sobre la relevancia que está cobrando la capital del Atlántico frente a la capital del país: "Yo diría un poquito sarcásticamente que la sede alterna va a ser Bogotá".Seguridad: El "Bloque de Defensa" contra el crimenUno de los temas centrales de las reuniones entre Char y De La Espriella ha sido la crisis de inseguridad. El alcalde expresó su frustración ante el poder de las bandas criminales, confesando que le manifestó al presidente su sentimiento de vulnerabilidad: "Presidente, me siento impotente. Me siento impotente porque me están matando a los pelados en las calles". En respuesta, el nuevo gobierno implementará un "bloque de seguridad" con un fuerte componente tecnológico y de inteligencia.Char destacó la disposición del mandatario electo: "Me dijo: 'Estate tranquilo, alcalde, que llegué para esto, llegué para acompañar a la comunidad, llegué para traerle seguridad a los municipios'".Gabinete Caribe y proyectos de infraestructuraLa designación de figuras cercanas a la región, como Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte, ha generado grandes expectativas. Char aclaró que, aunque Noguera es una amiga cercana, su elección fue por méritos propios: "Abelardo la escogió por sus propios méritos. Ella acompañó la campaña de Abelardo".Entre las prioridades conjuntas se encuentran la recuperación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la mejora de las redes eléctricas y la conectividad vial entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.El alcalde enfatizó la importancia de este nuevo enfoque regionalista: "Este presidente está dispuesto, así lo dijo, a abrir trocha en el Caribe, en el Pacífico, a traer el desarrollo a estas regiones".Escuche aquí la entrevista:
Federico Gutiérrez aseguró que tiene un pabellón reservado para las personas vinculadas a presuntos casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en la nueva cárcel de sindicados que tendrá Medellín. A la fecha se han presentado cuatro principios de oportunidadA la par de que avanza el proceso de presunta corrupción de Aguas Vivas y que involucra a Daniel Quintero, y mientras se espera la audiencia de imputación contra Miguel Quintero por el caso del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, las autoridades en Medellín se volvieron a referir a los hermanos paisas.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que en la nueva cárcel de sindicados que se está construyendo en la ciudad y que estaría abierta en abril del próximo año habría un pabellón en donde, según el mandatario, podrían estar recluidas las personas vinculadas a casos de presunta corrupción.“Yo no entiendo por qué esa gente no está en la cárcel. Díganme pues quién en el país no tiene claro que esos tipos son unos criminales, unos delincuentes y se robaron a Medellín. Nosotros estamos construyendo una cárcel, ya tengo listo el pabellón Q para esos bandidos, porque no van a caber, no van a caber el pabellón Q”, aseguró el mandatario local.El mandatario fue enfático al recordar que a la fecha se han aprobado cuatro principios de oportunidad para personas que están colaborando con la justicia y que, incluso, ya empezaron a indemnizar al Área Metropolitana debido a los supuestos delitos cometidos entre 2020 y 2023.Solo por el caso de Miguel Quintero hay que mencionar que la citación para la imputación de cargos es para el próximo lunes 3 de agosto a las 2:10 de la tarde, ante el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Allí al hermano del exalcalde y tres personas más se le formulará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Los elementos probatorios recaudados por el ente acusador indicarían que estas personas participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los cuales suman 17.654 millones de pesos y se presume una apropiación irregular de 2.481 millones.
El Papa León XIV nombró al padre Diego Luis Rendón como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó. El hasta ahora rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte sucederá en el cargo a monseñor Noel Antonio Londoño.La Conferencia Episcopal de Colombia informó que el papa León XIV designó al padre Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó.El nombramiento llegó en una fecha especial para la Iglesia antioqueña, pues coincidió con la celebración del centenario de la muerte del Beato Padre Marianito en la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Desde allí, precisamente, proviene el nuevo obispo electo, quien hasta ahora se desempeñaba como rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte, cargo que asumió a partir de 2015.Monseñor Rendón Urrea nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos y cursó Filosofía y Teología en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos.Su trayectoria combina experiencia pastoral, educativa y administrativa. Ha sido vicario parroquial, vicario de Educación Católica, promotor vocacional, delegado de Pastoral Social, vicario de Pastoral, capellán del SENA y párroco en el municipio de Gómez Plata.Además de su labor eclesial, Rendón cuenta con especializaciones en Gestión Educativa y Pedagogía de la Virtualidad, y adelanta estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.Con la designación, el nuevo obispo tendrá la misión de suceder en el cargo a monseñor Noel Antonio Londoño, quien lo ocupó por 13 años y renunció tras el cumplimiento de la edad canónica. Durante su labor monseñor Londoño defendió los intereses ambientales del Suroeste antioqueño y se opuso abiertamente a proyectos extractivistas.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó duras críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la autorización otorgada al exjefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, para viajar a España y participar en una serie de conferencias.Durante una declaración en sus redes sociales, De la Espriella sostuvo que el antiguo comandante guerrillero debería permanecer en prisión y anunció que buscará impulsar medidas para lograrlo."Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó. El mandatario electo aseguró que, a su juicio, "ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes".Críticas a la JEPDe la Espriella cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.Según el presidente electo, la JEP ha permitido que antiguos integrantes de la guerrilla desarrollen actividades internacionales mientras, en su opinión, no han respondido plenamente por los delitos cometidos durante el conflicto armado. Asimismo, criticó que Pilar Rueda Jiménez, antropóloga y esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, haya retomado sus funciones en la JEP."¿Y qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil? (...) Mientras eso ocurre, la JEP le da cobijo a su esposa. Esa es la JEP", manifestó.El viaje de Rodrigo LondoñoLa controversia surgió después de que la JEP autorizara a Rodrigo Londoño a viajar a España para participar en conferencias internacionales. Londoño, último comandante de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz de 2016, está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo de justicia transicional que contempla sanciones restaurativas —en lugar de penas privativas de la libertad— para quienes aporten verdad, reconozcan responsabilidad y contribuyan a la reparación de las víctimas.
