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Contraloría evidenció malos manejos de recursos públicos por más de $4.000 millones en Fedearroz

La Contraloría General encontró que recursos públicos del Fondo Nacional del Arroz habrían sido usados para mejorar una planta privada de Fedearroz en César, lo que podría constituir un uso indebido de dineros públicos.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación
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Foto: Contraloría General de la Nación

La Contraloría General de la República identificó un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos en una auditoría realizada a la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, por el manejo de recursos del Fondo Nacional del Arroz durante la vigencia de 2024.

Según el ente de control, los hallazgos se relacionan con la ejecución de obras civiles financiadas con recursos del contingente arancelario conocido como COL RICE, por medio del cual se puede importar una cantidad específica de mercancías con aranceles reducidos o nulos, los cuales fueron utilizados para adecuar una planta de almacenamiento, secado y trilla de arroz ubicada en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar. Esta infraestructura es propiedad de Fedearroz, una entidad privada.

La Contraloría explicó que estos recursos tienen carácter público, ya que provienen de una disposición legal y de subastas del arroz, por lo que su destinación debe cumplir principios de legalidad y uso específico. Al haberse invertido en bienes privados, se habría generado un incremento patrimonial injustificado a favor de un particular, situación que está prohibida por la normativa vigente.

El hallazgo tiene alcance fiscal y disciplinario y hace parte de un total de seis observaciones administrativas detectadas durante la auditoría. Además, el organismo de control encontró otras fallas, como inconsistencias en la información financiera, deficiencias en la supervisión de contratos y problemas en el registro de activos adquiridos con recursos del fondo.

En medio del proceso auditor, Fedearroz subsanó una de las observaciones relacionadas con la actualización de pólizas contractuales, lo que fue reconocido como un beneficio del proceso de auditoría. No obstante, la Contraloría continuará con las actuaciones correspondientes frente al presunto daño patrimonial identificado.

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