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Recientemente la Contraloría General de Antioquia informó que tras recibir una denuncia, abrió una actuación especial de fiscalización por un posible detrimento patrimonial derivado del cambio del contratista para la ejecución de las obras de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 en Hidroituango.
Hay que recordar que el anuncio se dio en diciembre derivado 2023 cuando Empresas Públicas de Medellín informó que las obras de la segunda etapa del megaproyecto quedaban en manos del consorcio CYS, dejando a un lado al consorcio CCC Ituango que había sido el encargado de llevar a cabos los trabajos de la primera etapa.
Es por el cambio, que según la denuncia podría tener posibles afectaciones a los recursos públicos, que la Contraloría General de Antioquia busca establecer si las decisiones tomadas en aquel entonces generaron impactos fiscales, pues indican que los recursos comprometidos aumentaron sin que supuestamente se evidencia, “una variación proporcional del alcance técnico de las obras”.
La información dada a conocer, deja en evidencia que los recursos pasaron de $410.000 millones a $900.000 millones por lo que se evaluarán eventuales afectaciones al patrimonio público por el cambio de contratista, así como posibles sobrecostos y riesgos fiscales que serán determinados por la Contraloría.
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