Instalaron comisión que supervisará el desempeño de Air-e intervenida ante situación estructural

En la comisión quinta del Senado se instaló la comisión accidental de seguimiento a la intervención de la empresa Air-e que surte de energía al Atlántico, Magdalena y La Guajira, instancia que busca proteger el usuario y garantizar el abastecimiento del sector eléctrico de los tres departamentos.Para el senador José David Name los resultados de la intervención de la empresa no han sido satisfactorios. Aunque dijo que no se está buscando repartir culpas, señaló que la empresa bajo el mando de los interventores no es viable.“La deuda supera entre pre toma y pos toma, algo así como 3.5 billones de pesos. Y la deuda sigue creciendo porque hoy los ingresos están por debajo de lo que compra en bolsa la empresa”, explicó Name.Argumenta que lo que pasa hoy es el resultado de una decisión del entonces presidente Ernesto Samper, cuando se decidió vender las empresas públicas de distribución en el país, las cuales han pasado por cinco o seis dueños.La respuestaFrente a los cuestionamientos, el agente interventor designado por el Gobierno, Nelson Javier Vásquez, reconoció que la situación continúa siendo grave, pero dice que están recaudando más y se reactivó la confianza con los proveedores, con quienes, según él, están al día en los pagos.“La inmensa mayoría de nuestra energía la estamos pagando. El 83 % está prepaga, del otro 17 % hemos pagado aproximadamente el 25 %. Seguimos avanzando en diálogos con nuestros generadores, nos faltan recursos, pero nosotros estamos haciendo gastos operativos y medidas administrativas, para garantizar la confianza del mercado (...) Va a salir nuestra resolución de compra directa. Hemos hablado con el 90 % de los generadores, incluidos los térmicos, y lo que nos han dicho es: tranquilos que no nos van a dejar solos, pero por supuesto, paguen”, anunció Vásquez, quien reconoció que “estamos quebrando empresas”, en caso de no cumplir con las obligaciones.Para él, la carta de presentación es que no ha habido apagón como se pronosticó, porque dijo que hay energía contratada, pero también reconoció que se necesitan 200.00 millones de pesos mensuales solo para funcionamiento. Solo la cifra explica la situación de sostenibilidad.La empresa Air-e asumió la prestación del servicio en 2020 tras la liquidación de Electricaribe. El 12 de septiembre de 2024 fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y ordenó la suspensión de pagos de todas las obligaciones a esa fecha, pero aun la situación de sostenibilidad persiste, un año después de la intervención.Sumado al panorama de la compañía, el senador Didier Lobo advirtió que, como van las cosas con Afinia ya la situación relacionada con la prestación del servicio de energía no solo será por Air-e en Atlántico, La Guajira y Magdalena, sino en los siete departamentos de la región caribe.En esa dirección el delegado de la Contraloría General de la República para Minas y Energía, Germán Castro, expresó su preocupación porque no se integra la solución de Aire con Afinia, pese a ser un problema es común. “Lo de Air-e puede arrastrar a Afinia y Afinia a EPM y ahí tenemos un problema nacional. No se ven soluciones estructurales”, reclamó.En esa línea, el senador Miguel Ángel Barreto lamentó que una situación desencadene otras. “Al final somos los colombianos los que terminamos respondiendo por la luz en la costa. Siempre venimos a los subsidios, al presupuesto nacional a pagar esa deuda”, comentó.La posición del GobiernoEl superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, dirigió su llamado al Congreso, pidiendo un marco regulatorio adecuado, “que beneficie directamente a los usuarios”. La modificación que sugiere busca que las empresas intervenidas puedan contar con normas especiales, ya que no pueden competir en igualdad de condiciones con otras que funcionan de manera regular.Una advertenciaPor otro lado, el delegado de la Contraloría llamó la atención al Ministerio de Energía debido a que “no hay planes, proyectos, programas, ni responsables, para la necesaria transición energética”. Recordó que proveer el servicio con energía solar sin proveedores nacionales no es eficiente, por “falta de redes, almacenamiento y fabricación nacional”.