Contraloría imputó cargos a 20 personas por corrupción en Reficar
La Contraloría General decidió imputar responsabilidad fiscal a 20 personas por el escándalo de Reficar.
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Los sobre costos en la Refinería de Cartagena vuelven a ser el centro de atención. La Contraloría General de la República decidió imputar responsabilidad fiscal por la pérdida de 2.300 millones de dólares a 20 personas entre funcionarios, exfuncionarios y a las empresas privadas que participaron en el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena que costó cerca de 26,4 billones de pesos.
Para la Contraloría los sobrecostos injustificados del proyecto son el detrimento patrimonial más grande de la historia en Colombia, inclusive por encima del escándalo de manejos irregulares con los recursos para la salud administrados por Saludcoop.
El principal nombre de la imputación es el de Javier Genaro Gutierrez Pemberthy, expresidente de Ecopetrol. Pero la lista va mucho más allá.
Por responsabilidad fiscal están una buena parte de los miembros de la junta directiva de Reficar.
Pedro Alonso Rosales Navarro, exvicepresidente ejecutivo de la matriz de Ecopetrol, Diana Calixto, jefe de la Unidad de filiales de Ecopetrol, Hernando José Gómez como miembro independiente y quien fue director del Departamento Nacional de Planeación, y Henry Gonzales Medina, Uriel Salazar, Natalia Gutiérrez, Astrid Martinez y Carlos Gustavo Arrieta.
Vea aquí: Procuraduría se opone a que expresidente de Reficar siga trabajando para Ecopetrol
También están incluidos los expresidentes de Reficar Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reynoso Yanes, la exvicepresidenta Administrativa y Financiera de la planta, Magda Manosalva, los expresidentes del proyecto Carlos Bustillos Lacayo, Andrés Virgilio Riera y el entonces director corporativo de proyectos de Ecopetrol, Cesar Luis Barco García. Estos últimos por responsabilidad fiscal solidaria en lo que tiene que ver con la pérdida de las inversiones del megaproyecto.
La decisión fue tomada por el contralor delegado de la unidad especial contra la corrupción, Javier Eduardo Noguera, quien además también imputó responsabilidad fiscal solidaria por los 2.300 millones de dólares a todas las empresas que participaron en el proyecto. Se trata de CBI Américas LTD, Chicago Bridge & Iron Company, UK Limited, CBI Colombiana SA, Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants INC.
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No fue imputada la junta directiva de Ecopetrol porque la Contraloria considera que las decisiones estaban en manos de la junta directiva de Reficar, y se archivó la investigación contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el expresidente inmediato de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y Tomás Gonzáles, Jorge Pinzón, el exministro de Minas Amilkar Acosta, Luis Carlos Villegas, Gonzalo Restrepo, Joquín Moreno, Roberto Steiner y Ana Fernanda Maiguashca.
El ente de control calcula que, debido a los sobrecostos y la financiación de la obra, el país terminará pagando 13 mil millones de dólares.
Además, la Contraloría pide que se investiguen 200 millones de dólares de capitalizaciones de Ecopetrol que no aparecen en ninguna parte y tampoco fueron invertidos en el proyecto.
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Hay que recordar que el costo inicial de la ampliación de Reficar estaba pensado en 3.777 millones de dólares, pero la nación terminó pagando 8.326 millones de dólares, que se comprobó tiempo después, fueron invertidos en contratos injustificados para pagarle a algunas de las compañías por la baja productividad en la refinería. Se contrató mano de obra adicional y se pagaron elementos y actividades innecesarias.
Además, la obra tuvo un retraso de 27 meses.
El contralor general, Edgardo Maya, dijo en su momento que habían revisado 2.460 contratos de los cuales 440, tenían adiciones que superaban el 100%, aunque la ley establece que las adiciones sólo pueden ser del 50%. El trabajo de investigación lo realizó un equipo de 15 personas durante casi dos años y también are recibieron testimonios de las compañías extranjeras en Texas.
Finalmente, los imputados pueden rendir descargos en los próximos 10 días. Esta es la primera decisión de semejante magnitud de parte de un organismo de control por el mega escándalo de la Refinería que comenzó en los planes en el 2006, hace más de 12 años.
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