Un proyecto deley que se cocina en la Superintendencia de Transporte, que ya fue publicado para comentarios, dejaría sin operación las plataformas que hoy prestan servicios de transporte en Colombia, como Uber, DiDi e InDriver.
El documento de la Superintendencia, que lidera Ayda Lucy Ospina, señala que estas plataformas “atentan de manera directa contra la legalidad del servicios público y son competencia ilegal para otros, como los taxistas”.
El objetivo es bloquear la operación de las aplicaciones, pero también multas de hasta 21 millones de pesos para cada operador, administrador o agente de la plataforma. Además, los dueños serían responsables de un valor mayor, el cual sería calculado según los ingresos mensuales brutos del comercio. Lo que despertó más molestia: se incluye la inmovilización de los carros por entre 1 y 3 meses.
Pero hay más: el proyecto también prevé sanciones para los millones de usuarios de las aplicaciones que podrían pagar multas de hasta 10 millones de pesos.
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Conocido el borrador de ese proyecto, José Daniel López, presidente del gremio Alianza In, encendió las alertas y dijo que el Gobierno está pensando en dejar 100.000 personas sin ingresos porque, según estudios de Fedesarrollo, esa es la cifra de quienes trabajan en las aplicaciones.
Aquí se mezclan muchos problemas: el uso de plataformas que por años el Estado no ha podido regular, la cantidad de personas que ya viven o ya usan esas apps y cuidado porque no es sano que en una democracia los gobiernos piensen en bloquear contenidos en internet.
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Ante tanta polémica, por un tema tan sensible, respondió el ministerio de Guillermo Reyes diciendo que la discusión apenas comienza y tirándole la pelota al Congreso, que al final tendrá la última palabra en este proyecto que llegará al Capitolio.
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