La aplicación DiDi activó medidas especiales para facilitar la movilidad y las entregas en varias ciudades afectadas por el terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia. La compañía anunció cambios en sus servicios para atender las necesidades que puedan surgir durante la emergencia.La plataforma informó que puso sus capacidades tecnológicas a disposición de las comunidades y que mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones de movilidad y seguridad para ajustar sus medidas conforme avance la situación.¿En qué ciudades DiDi aplicará medidas por el terremoto?Una de las primeras decisiones fue suspender la comisión de intermediación para los usuarios arrendadores en cinco ciudades consideradas entre las más impactadas: Cali, Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia.La empresa también anunció límites al multiplicador dinámico en Medellín, Cali, Pereira, Ibagué, Manizales, Popayán y Armenia. La medida busca evitar incrementos descontrolados en los precios ante una posible reducción de la oferta de transporte público.En el caso de DiDi Food, también se limitó el multiplicador dinámico para contribuir a mantener opciones de entrega asequibles durante la contingencia.¿Cómo funcionarán los viajes gratuitos hacia centros de acopio?DiDi anunció que ofrecerá solicitudes de arrendamiento gratuitas hacia y desde los centros de acopio que sean establecidos por las autoridades y organizaciones de apoyo.La medida comenzará una vez estos puntos sean definidos, por lo que los usuarios deberán estar atentos a la información que entregue la plataforma.Además, la compañía señaló que mantendrá comunicación con usuarios arrendadores y repartidores para compartir actualizaciones relacionadas con seguridad y movilidad.La empresa también recordó que las solicitudes de arrendamiento intermediadas mediante su aplicación cuentan con una póliza de seguro que cubre tanto a usuarios arrendadores como arrendatarios.¿Qué recomienda DiDi durante la emergencia?La compañía indicó que continuará revisando en tiempo real el comportamiento de la aplicación y las condiciones de las ciudades afectadas. La prioridad, señaló, será mantener la seguridad mientras se adaptan las medidas a la evolución de la emergencia.Por eso, recomendó:Atender las indicaciones de las autoridades.Evitar desplazamientos que no sean indispensables.Utilizar la aplicación únicamente cuando las condiciones sean seguras.Con estas medidas, DiDi busca mantener disponibles sus servicios de movilidad y entrega mientras las comunidades afectadas enfrentan las consecuencias del terremoto.
La jornada electoral del próximo domingo 21 de junio traerá varios beneficios para los colombianos que salgan a las urnas a elegir al próximo presidente del país. Además, los ciudadanos podrán contar con opciones para facilitar sus desplazamientos gracias a promociones anunciadas por algunas plataformas de transporte en las principales ciudades del país.Empresas como Uber, Cabify y DiDi confirmaron descuentos especiales para quienes necesiten movilizarse hacia sus puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial. La medida busca ofrecer alternativas de transporte ante la alta movilidad que se espera en las principales ciudades.Con más de 41 millones de colombianos habilitados para votar, las plataformas preparan códigos promocionales que estarán disponibles durante los horarios establecidos para la jornada electoral.Uber tendrá descuentos para viajes de ida y vuelta durante eleccionesLa aplicación Uber señaló que contará con una promoción de dos trayectos, permitiendo que los usuarios puedan utilizar el beneficio para ir y regresar de su puesto de votación.El descuento estará disponible desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde del domingo 21 de junio y podrá activarse con el código COLELIGE26.Para utilizarlo, los usuarios deberán:Ingresar a la aplicación.Dirigirse a la sección “Billetera” o “Wallet”.Registrar el código antes de solicitar el viaje.Adicionalmente, Uber permitirá dentro de la aplicación un acceso a la herramienta 'Pilas con el Voto', desarrollada por la Misión de Observación Electoral (MOE), para que los ciudadanos puedan reportar posibles irregularidades durante la jornada.DiDi y Cabify también ofrecen descuentos para la jornada electoralDiDi también reveló beneficios para los ciudadanos que utilicen la plataforma durante las elecciones. La compañía ofrecerá un 30 % de descuento con el código VOTACONDIDI.El descuento aplicará para las solicitudes realizadas por medio de DiDi Express y DiDi Pon tu Precio durante todo el domingo, desde las 12:01 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche.El beneficio estará disponible en ciudades como:Bogotá.Medellín.Cali.Barranquilla.Cartagena.Bucaramanga.Pereira.Ibagué.Cúcuta.Popayán.Villavicencio.Por su parte, Cabify habilitará el código VOTANDOCONCABIFY, que ofrece un descuento del 50 % en dos trayectos, con un límite máximo de $10.000 por viaje.Las condiciones de la promoción son:Válido únicamente el domingo 21 de junio, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.50 % de descuento en dos trayectos, con un tope de $10.000 COP por cada viaje.8.000 códigos disponibles hasta agotar existencias.Aplica en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.Descuentos de Cabify estarán disponibles hasta agotar códigosLa promoción de Cabify contará con 8.000 códigos de descuento disponibles hasta agotar existencias.Para activarlo, los usuarios deberán ingresar al menú principal de la aplicación, seleccionar la opción de códigos de descuento e ingresar la clave correspondiente.Estas iniciativas llegan en una jornada en la que miles de ciudadanos se movilizarán por las ciudades para cumplir con su cita en las urnas. Además del transporte, quienes voten podrán acceder a beneficios establecidos por la ley, como descuentos en algunos trámites oficiales y el medio día de descanso remunerado para trabajadores.
Muchos colombianos suelen aprovechar la disponibilidad de aplicaciones de transporte como DiDi, Uber, Cabify, entre otras, para movilizarse. De hecho, Bogotá es tal vez la ciudad donde estas plataformas se usan en mayor medida; ante ello, los cambios en sus usos han traído novedades para muchos usuarios.El Concejo de la ciudad aprobó recientemente un acuerdo que transforma el funcionamiento de estas plataformas con la intención de fortalecer la seguridad en los trayectos, tanto para pasajeros como para conductores. No es para menos, pues vale recordar los recientes casos de paseo millonario que se han registrado en la capital.El aumento de riesgos asociados a estos servicios es evidente: desde fraudes digitales hasta casos de suplantación se han vuelto frecuentes. Por ello, el Distrito tendría un papel más activo al integrarse tecnológicamente con las plataformas, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante estos incidentes.Cambios en Uber y DiDi: así funcionarán las plataformas en BogotáEl nuevo acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá obliga a que las aplicaciones eleven sus estándares de seguridad y control. La idea es que cada viaje sea monitoreado con mayor precisión y que los usuarios cuenten con herramientas para actuar ante cualquier situación de riesgo.Entre los ajustes más relevantes que deberán implementar están:Geolocalización y monitoreo en tiempo real más precisosBotones de emergencia dentro de la aplicaciónVerificación digital más estricta de usuarios y conductoresIntegración tecnológica con autoridades distritalesProtección reforzada contra fraudes electrónicosEstas medidas buscan reducir la exposición a delitos y aumentar la trazabilidad de los recorridos.Cabe señalar que, más allá de la implementación de tecnología, todo gira en torno a la verificación de identidad. La idea es cerrar la puerta a perfiles falsos o suplantaciones, un problema que ha afectado a usuarios y conductores.Ante esto, ahora las plataformas deben fortalecer sus procesos de validación de antecedentes y el uso de herramientas adicionales. De hecho, varias de estas funciones ya venían implementándose. Por ejemplo, Uber aseguró que mecanismos como el PIN de verificación, el rastreo por GPS o los canales directos de contacto con emergencias hacen parte de su operación y ahora se consolidan con esta normativa."El estándar de seguridad de nuestra app hoy está compuesto por más de 40 herramientas y funciones de seguridad que pone Uber en la mano de millones de colombianos, elevando el estándar de seguridad en la industria", afirmó Uber en un comunicado, dònde celebra al medida. Qué deben hacer ahora las aplicaciones de transporte en la ciudadUno de los pilares de este modelo radica en el uso de inteligencia artificial para prevenir incidentes antes de que ocurran. Plataformas como DiDi ya han desarrollado sistemas que analizan patrones de comportamiento en tiempo real.Estas herramientas permiten identificar trayectos inusuales, horarios críticos e incluso zonas de mayor exposición, activando alertas o ajustando la asignación de conductores.El acuerdo también deja claro que la seguridad no es solo responsabilidad de las autoridades, sino compartida con las plataformas, que manejan datos clave de cada viaje.
El Día de San Valentín en Colombia ya no se limita a las parejas. La fecha, tradicionalmente asociada con el amor romántico, ha comenzado a resignificarse entre los jóvenes y adultos urbanos, quienes la entienden como una oportunidad para celebrar otras formas de afecto, incluida la relación consigo mismos. La transformación cultural es evidente en la manera en que millennials y miembros de la generación Z priorizan la autonomía, el bienestar emocional y las decisiones personales por encima de los modelos tradicionales de relación.Las cifras respaldan esta tendencia. Proyecciones recientes del Dane indican que cerca de dos de cada diez hogares en el país son unipersonales, un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años. Este cambio demográfico responde, en buena medida, a estilos de vida más independientes y a dinámicas laborales y sociales que han modificado la estructura familiar tradicional. En este contexto, la soltería deja de verse como una etapa transitoria y se asume como una elección válida y consciente.San Valentín impulsa pedidos a domicilio: órdenes crecieron 101 % en 2025También hay un impacto en los hábitos de consumo. Un sondeo realizado en 2024 por Fincomercio reveló que el 56 % de los colombianos asegura gastar menos cuando está soltero, lo que sugiere una mayor planificación financiera en esta etapa. A su vez, datos de la aplicación DiDiFood muestran que el 14 de febrero de 2025 las órdenes en Colombia crecieron 101 % frente a otro día 14 del mismo año, con una alta demanda de hamburguesas, pollo y comida rápida, productos que suelen compartirse tanto en pareja como entre amigos o incluso en celebraciones individuales.“San Valentín dejó de ser una fecha exclusiva para parejas. Hoy representa muchas formas de conexión, incluida la relación con uno mismo, con la familia y con los amigos. En la app DiDi Food entendemos que la soltería es parte de la vida de millones de personas y queremos acompañarla con propuestas variadas, de grandes usuarios restaurantes, y con opciones que se adaptan a todos los presupuestos, con un sentido cultural y cotidiano para los colombianos”, señaló Douglas Quesada, gerente de comunicaciones para DiDi Colombia.
El Gobierno nacional retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify, entre otras, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba “servicio ilegal de transporte”.La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el Ministerio de Transporte optó por retirar la iniciativa para hacer ajustes a varios de sus artículos, tras las críticas y confusiones generadas en distintos sectores.Según Serna, el retiro del proyecto responde a “las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos” del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso.Por esta razón, el Gobierno decidió modificar el articulado para que tenga mayor claridad y refleje los acuerdos discutidos en mesas de negociación con los gremios del sector transporte, especialmente los de carga.El proyecto había sido radicado el 20 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Aunque el texto abordaba varios aspectos del sector transporte, una parte sustancial se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.Uno de los puntos más polémicos era la definición de “servicio ilegal de transporte”, entendido como aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente. Bajo este concepto, el proyecto pretendía declarar ilegal el transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas.Además, la iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones. El artículo 8 establecía castigos no solo para los conductores que prestaran el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica, esto abría la puerta a sanciones para usuarios, plataformas tecnológicas e incluso conjuntos residenciales vinculados al uso de estas aplicaciones.Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca replantear el texto y evitar interpretaciones ambiguas, mientras continúa el diálogo con los gremios. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del transporte por plataformas en el país sigue abierta y podría regresar al Congreso con un nuevo articulado en los próximos meses.
Una iniciativa legislativa radicada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte en el Congreso ya genera preocupación entre conductores, plataformas digitales y usuarios de apps de transporte como Uber, DiDi e InDrive. El proyecto plantea un endurecimiento sin precedentes contra lo que denomina “servicio ilegal de transporte”, lo que en la práctica podría traducirse en una prohibición total del funcionamiento de estas apps en Colombia.¿De qué se trata el proyecto que busca prohibir apps de transporte?La propuesta fue radicada el 20 de enero en la Secretaría del Senado y consta de 118 artículos distribuidos en 71 páginas. Aunque el texto aborda distintos aspectos del sector transporte, una parte significativa del articulado se concentra en reforzar sanciones contra servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.En el apartado de definiciones, el proyecto establece que el “servicio ilegal de transporte” es aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente.¿Qué multas impondrían a conductores de Uber, DiDi y más?Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la ampliación del alcance de las sanciones. El artículo 8 plantea castigos no solo para quienes presten el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que faciliten o permitan el incumplimiento de las normas, lo que podría incluir a usuarios, plataformas y terceros.De acuerdo con el artículo 31, se propone una multa de 390 UVB, equivalente a cerca de 4,7 millones de pesos, por cada evento en el que se facilite un servicio que incumpla las normas de tránsito y transporte. Cada solicitud realizada por un usuario sería considerada un evento independiente.El proyecto también introduce multas considerablemente más altas. El artículo 29 establece sanciones que van desde 30 hasta 180.000 UVB, lo que equivale a más de 2.100 millones de pesos, para conductas que incumplan la normativa del sector transporte y no tengan sanción específica.En paralelo, se propone un aumento drástico en los tiempos de inmovilización de los vehículos que presten servicios considerados informales o ilegales. Mientras hoy la primera infracción implica cinco días de inmovilización, el proyecto plantea:60 días en la primera infracción90 días en la segunda90 días en la terceraMultas a edificios, conjuntos, parqueaderos y másUno de los artículos que más controversia ha generado es el 88, que contempla sanciones para propietarios y propiedades horizontales, como edificios residenciales, conjuntos y centros comerciales.El texto permitiría imponer multas de hasta 726 millones de pesos a quienes permitan, promuevan o consientan, de forma directa o indirecta, el estacionamiento u operación de vehículos asociados a servicios de transporte informales o ilegales.El proyecto también otorga mayores atribuciones a las autoridades locales. Un parágrafo ordena a alcaldes y a la Superintendencia de Transporte priorizar la prevención, investigación y sanción de este tipo de servicios, con controles reforzados en aeropuertos, terminales, hoteles, centros comerciales y zonas administrativas.Además, se les daría la potestad de suspender servicios de plataformas digitales sin orden judicial previa, una medida que ha sido interpretada como un cambio sustancial en el equilibrio regulatorio del sector.Otro punto cuestionado es el artículo 69, que obliga a funcionarios y contratistas del Estado vinculados al sector transporte a abstenerse de realizar manifestaciones públicas que promuevan o incentiven servicios considerados informales o ilegales.¿Qué opinan las plataformas y gremios de apps de transporte?José Daniel López, presidente de Alianza In, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, rechazó categóricamente el proyecto y lo calificó de autoritario y regresivo."Acá el problema es que no estamos avanzando en una mala regulación, sino que estamos retrocediendo con un intento de prohibición, con un proyecto de ley autoritario, regresivo, que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada, que se mete con las libertades de la gente y que llega a extremos", puntualizó López.El presidente del gremio explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.
Un nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transporte encendió el debate nacional sobre el futuro de las aplicaciones de movilidad en Colombia. La iniciativa, radicada el pasado 21 de enero de 2026, pretende declarar ilegal el transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de plataformas tecnológicas como Uber, Didi y Cabify.La propuesta va más allá de la discusión tradicional sobre la regulación del transporte por aplicación: contempla multas para conductores, usuarios, plataformas e incluso conjuntos residenciales o empresas que permitan la operación o estacionamiento de vehículos vinculados a estos servicios.De acuerdo con el texto radicado, los administradores de propiedad horizontal que “promuevan, consientan o permitan directa o indirectamente la prestación de transporte informal” podrían enfrentar sanciones de hasta 60.000 UVT, equivalentes a más de 726 millones de pesos.“Estamos retrocediendo con un intento de prohibición”En entrevista con Mañanas Blu, José Daniel López, presidente de la asociación de aplicaciones Alianza In, calificó el proyecto como “autoritario, regresivo y destructor de empleo”. López advirtió que el Gobierno no está avanzando hacia una regulación moderna, sino que está "retrocediendo con un intento de prohibición que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada y limita las libertades de los ciudadanos”.El representante gremial señaló que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no ha regulado de manera efectiva estas plataformas, junto con Surinam, Venezuela y Nicaragua. “No estamos frente a un vacío que deba llenarse con castigos —manifestó— sino ante una oportunidad perdida de formalización digital”.Multas para todos: conductores, usuarios y plataformasEntre las sanciones contempladas en el proyecto se incluyen multas de hasta 47 millones de pesos por viaje para usuarios y plataformas, e inmovilización de los vehículos particulares durante 60, 90 y hasta 120 días en caso de reincidencia.López explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.El dirigente alertó también sobre el impacto en la generación de ingresos: “Podrían perder su sustento más de 300.000 personas que hoy dependen directamente del transporte mediante plataformas”, advirtió.Cifras de un fenómeno masivoSegún datos de Alianza In, en 2025 se registraron más de 12 millones de cuentas de conductores en diferentes aplicaciones de movilidad y alrededor de 21 millones de cuentas de usuarios. Esto significa que “entre 8 y 10 millones de colombianos utilizan activamente estas plataformas como parte de su cotidianidad”, explicó López.Estas cifras, que reflejan una amplia adopción de los servicios digitales de transporte, contrastan con la dureza de la propuesta gubernamental que, de aprobarse, dejaría sin alternativa a un amplio segmento de la población urbana.El alcance del control y una “ley mordaza”El proyecto no solo define como ilegal la prestación del servicio, sino que también faculta al Gobierno y a las autoridades locales a investigar y sancionar actividades relacionadas con el transporte a través de plataformas.“El proyecto vuelve vigilables a todos los ciudadanos, tanto a usuarios como conductores, bajo supervisión de la Superintendencia de Transporte”, señaló el dirigente gremial. Además, se ordena a los alcaldes tomar medidas restrictivas en zonas de alta demanda como aeropuertos, terminales y centros comerciales, lo que López considera “una asfixia operativa que haría imposible la prestación del servicio”.Otro punto polémico, destacó, es el artículo que “prohíbe a congresistas, alcaldes y funcionarios públicos expresar opiniones que promuevan o legitimen estas plataformas”, lo que calificó como “una ley mordaza que atenta contra la libertad de expresión”.El debate llega al Congreso en un momento de creciente dependencia de la movilidad digital. Las aplicaciones se han integrado a la economía urbana, no solo como alternativa de transporte, sino como fuente de ingresos para familias afectadas por el desempleo.Expertos advierten que la aprobación del proyecto podría tener un fuerte impacto sobre la informalidad y los ingresos de la clase media. “Este no es un asunto de ricos o pobres —argumentó López—, es un ataque al derecho de trabajar y de elegir cómo moverse en el país”.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un informe divulgado por la plataforma DiDi Food confirmó que las cocinas ocultas —también conocidas como dark kitchens— continúan expandiéndose en las principales ciudades del país, impulsadas por cambios en los hábitos de consumo y por la búsqueda de nuevos modelos de negocio dentro del sector gastronómico.De acuerdo con la compañía, este formato ha permitido que nuevos emprendimientos ingresen al mercado sin necesidad de invertir en locales físicos abiertos al público. Un ejemplo es el caso de La Ñamguchería, un proyecto que inició operaciones a comienzos de 2025 y que hoy registra más de mil órdenes mensuales únicamente a través de la aplicación.Según los datos recopilados, Bogotá concentra la mayor actividad de este tipo de cocinas, especialmente en sectores como Chapinero y La Castellana. Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla también muestran un crecimiento sostenido, debido a la alta demanda de usuarios que prefieren pedidos rápidos, estandarizados y sin desplazamientos.“La Ñamguchería representa a una nueva generación de usuarios restaurantes que no nacieron para tener mesas llenas, sino pantallas activas y comunidades leales. Su historia demuestra que, cuando se combinan producto, comunidad y tecnología, se puede construir algo más grande que un menú: se crea cultura”, señaló Razmig Sandrik, director de Cocinas Ocultas para DiDi.Según DiDi Food, además del aumento en órdenes, se ha fortalecido la interacción digital entre consumidores y emprendimientos. Las recomendaciones, calificaciones y reseñas públicas se han convertido en factores clave para la permanencia de estos negocios dentro de la plataforma.Eso significa que el modelo ha servido para dinamizar el ecosistema de pequeños restaurantes, facilitando su llegada a nuevos públicos y permitiéndoles operar con costos más bajos. Sin embargo, expertos del sector advierten que este crecimiento debe ir acompañado de controles estrictos sobre manipulación de alimentos, cumplimiento de normas sanitarias y condiciones laborales de los repartidores.Las cocinas ocultas seguirán siendo uno de los modelos de mayor crecimiento en 2026, en un contexto donde la demanda por servicios de entrega a domicilio continúa en aumento y donde la tecnología se consolida como un aliado central para el sector gastronómico.
Bogotá continúa apostándole al fortalecimiento del turismo, y una de las zonas que más refleja ese espíritu es la localidad de Usaquén. Con su encanto colonial y su amplia oferta gastronómica, este rincón del norte de la ciudad busca ahora dar un salto hacia la digitalización para fortalecer los restaurantes que le dan vida a sus calles.Aunque Usaquén sigue siendo uno de los lugares más visitados por turistas y bogotanos, las obras de recuperación de la plaza principal han afectado su dinámica comercial. Por ello, la Alcaldía de Bogotá comenzó a implementar estrategias para mantener activa la economía local.Una de las más destacadas es la alianza entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la aplicación DiDi Food, en el marco del programa Bogotá Corazón Productivo. Gracias a esta colaboración, más de 50 restaurantes recibirán acompañamiento, formación y beneficios comerciales a través de la iniciativa DiDigitalízate. El propósito es ayudar a los empresarios del sector gastronómico a fortalecer su presencia digital y optimizar la gestión de sus negocios en un entorno donde la tecnología ha transformado la forma de vender y consumir.Más de 50 restaurantes de Usaquén se suman a la transformación digitalLa secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó que Usaquén es un ejemplo de cómo la tradición gastronómica puede convertirse en motor de desarrollo local. “Queremos que los empresarios cuenten con herramientas para crecer, innovar y llegar a nuevos mercados”, afirmó.Por su parte, Gabriel Renowitzky, líder de Desempeño de Pequeños y Medianos Negocios de DiDi Food, señaló que “con DiDigitalízate buscamos acompañar a los emprendedores gastronómicos para que fortalezcan su operación digital y crezcan con la app DiDi Food”.El programa incluye asesorías personalizadas y beneficios comerciales que pueden traducirse en un crecimiento tangible para los establecimientos participantes. Actualmente, algunos restaurantes logran obtener hasta el 45 % de sus ingresos adicionales mediante la plataforma, sin necesidad de ampliar su espacio físico ni incrementar sus costos operativos.Usaquén, un ejemplo de tradición gastronómicaEntre los restaurantes que representan la riqueza culinaria de la capital se destacan Temporalia, Mr. Bum, Legado Cacao, El Marrano Volador y La Rosconería, reconocidos por combinar creatividad, sabor y tradición.Con este impulso digital, Usaquén reafirma su posición como uno de los epicentros gastronómicos más importantes y queridos de Bogotá, demostrando que la tecnología puede ser una gran aliada del sabor local y del desarrollo económico de la ciudad.
El delantero colombiano Miguel Borja firmó este jueves como refuerzo del América del fútbol mexicano para el torneo de Apertura 2026."Goleador, movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo; Miguel Borja", escribió el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del equipo, como características principales de Borja en la bienvenida que le dio el equipo a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales.Borja, mundialista en Rusia 2018, llega procedente del Al-Wasi de Emiratos Árabes Unidos.El artillero, de 33 años, tiene un largo recorrido por el fútbol de Sudamérica.Entre el 2022 y 2025 brilló con el River Plate argentino, equipo con el que obtuvo un título de liga y una supercopa.En 2021 jugó para el Gremio brasileño, antes, jugó para el Junior de su país con el que sumó una superliga.En Brasil también defendió al Palmeiras, con el que obtuvo una serie A en el 2020.En el Atlético Nacional y en el Santa Fe de su nación también consiguió un trofeo de Copa y una superliga, respectivamente.Miguel Borja arrancó su carrera en el Deportivo Cali en el 2011. De ahí pasó al Deportivo Cúcuta, Cortuluá, y La Equidad, antes de firmar con el Livorno italiano en 2013.Ha sido parte de procesos de selecciones menores desde la categoría sub-20.Con la selección mayor, además del Mundial de Rusia, participó en la Copa América de 2021, en la que Colombia acabó en tercer lugar, y de 2024, en la que fue subcampeón.A lo largo de su carrera ha disputado 552 partidos entre equipos y selección; ha marcado 225 goles y suma 42 asistencias.Borja se une al América de Almada, el equipo más ganador del fútbol mexicano, que suma 16 ligas.En las Águilas se encontrará con su compatriota Cristian Borja y con los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, mundialistas en 2026.El América marcha en la primera posición del Apertura con 10 puntos en cuatro partidos. En la quinta jornada, visitará al Juárez este viernes.
La Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, adelanta gestiones con empresarios y transportadores del departamento para enviar combustible al Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto que golpeó varias regiones del país.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que, tras establecer comunicación con los mandatarios de los departamentos afectados, recibió de la gobernadora del Chocó la alerta sobre una de las necesidades más urgentes que enfrenta actualmente ese territorio: el abastecimiento de combustible para las plantas de generación eléctrica.“Las ayudas han sido suficientes y ahora viene la tarea de la reconstrucción. La única que me manifestó una escasez es Chocó en cuanto a combustible para plantas eléctricas”, señaló el mandatario santandereano.Ante esta situación, la Gobernación inició contactos con transportadores y empresarios de Santander para evaluar la posibilidad de movilizar combustible hacia el departamento del Chocó.Díaz Mateus destacó que conoce las dificultades de ese territorio, donde anteriormente se desempeñó como comandante militar, y explicó que las plantas eléctricas son fundamentales para garantizar el servicio de energía en diferentes zonas del departamento.“Vamos con la Unidad de Gestión del Riesgo a mirar con los transportadores de Santander y algún empresario si podemos hacer llegar algo de combustible para que Chocó pueda tener luz en muchas partes de su territorio”, afirmó el gobernador.La iniciativa hace parte de las acciones de solidaridad que Santander mantiene con las regiones afectadas por la emergencia y que, de acuerdo con el mandatario, entran ahora en una nueva etapa enfocada en la recuperación y reconstrucción de las zonas impactadas.
A la Fiscalía en Bucaramanga fueron trasladados los cuatro presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra capturados durante un operativo conjunto del Ejército y la Policía en zona rural de San Alberto, Cesar.Entre los detenidos se encuentra alias ‘Moisés’, señalado por las autoridades como cabecilla urbano de esta organización criminal, con injerencia en sectores de San Alberto, La Esperanza, en Norte de Santander, y Rionegro, en Santander.El procedimiento se desarrolló en la vereda La Carolina, en la finca Marisol, donde los uniformados llegaron para cumplir diligencias de allanamiento y registro. De acuerdo con la Policía, al ingresar al predio fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento con integrantes del componente móvil de la estructura.En medio del operativo también fue capturado alias ‘Santiago’, quien resultó herido en una pierna durante el intercambio de disparos y recibió atención médica. Los otros dos detenidos serían integrantes de la misma organización.Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias ‘Moisés’ habría recibido instrucciones de los máximos responsables para coordinar amenazas, homicidios selectivos y el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y palmicultores.Su accionar, de acuerdo con la Policía, estaría concentrado principalmente en zonas rurales de San Alberto, San Rafael de Lebrija y Sabana de Torres. Las autoridades también lo relacionan con actividades de presión y extorsión contra campesinos de Cesar, Norte de Santander y Santander.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que la captura representa un golpe a las finanzas de la organización, cuyas rentas criminales podrían alcanzar los 250 millones de pesos mensuales.Durante el operativo fueron incautadas seis pistolas calibre 9 milímetros, dos artefactos explosivos improvisados, nueve proveedores, tres radios de comunicación, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta. También fueron encontrados uniformes pixelados, elementos de intendencia, un brazalete y tres gorras alusivas al grupo armado, además de dos paquetes con base de coca, con un peso aproximado de una libra.Los cuatro capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso de judicialización por los delitos que correspondan, entre ellos fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.Será la autoridad judicial la encargada de definir la situación jurídica de los detenidos y determinar las responsabilidades individuales por los hechos investigados.
Un fuerte terremoto sacudió a Perú durante la tarde de este jueves 20 de agosto de 2026 y generó momentos de tensión entre ciudadanos de diferentes zonas del país. El movimiento telúrico, registrado inicialmente con una magnitud de 7,0 en un boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro frente a la costa peruana, en el océano Pacífico.De acuerdo con la información entregada por el organismo técnico, el sismo ocurrió hacia la 1:00 de la tarde, hora local, y su epicentro se ubicó aproximadamente a 35 kilómetros al norte de Coracora y a unos 650 kilómetros al sur de Lima. El movimiento también fue percibido en la capital peruana, aunque con menor intensidad.La fuerza del terremoto quedó registrada en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales poco después del evento. Uno de los principales efectos del sismo fue la evacuación preventiva de diferentes lugares. Empresas y establecimientos educativos activaron sus protocolos de emergencia y ordenaron la salida de trabajadores y estudiantes, ante el temor de que pudieran presentarse réplicas o daños estructurales.En zonas de la región andina también se reportaron desprendimientos de piedras en algunas rutas, mientras que medios locales informaron sobre daños menores en viviendas. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales como consecuencia del terremoto.El Servicio Geológico Colombiano explicó que, al tratarse de un evento sísmico internacional, la información suministrada corresponde a un reporte preliminar y puede presentar modificaciones a medida que avanzan los análisis de las entidades sismológicas.Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y evalúan posibles afectaciones en las zonas cercanas al epicentro. Mientras tanto, las imágenes difundidas por ciudadanos permiten dimensionar los momentos de angustia que se vivieron durante el fuerte movimiento.El terremoto volvió a poner en evidencia la importancia de mantener activos los protocolos de prevención ante este tipo de fenómenos naturales, especialmente en un país como Perú, ubicado en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta.
Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que llevó a declarar una calamidad nacional, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, creó el Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 226 del 19 de agosto de 2026.Uno de los focos estará puesto en los recursos públicos destinados a atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas. El nuevo grupo deberá hacer seguimiento para que ese dinero sea administrado y ejecutado con transparencia, eficacia y rapidez. La intención es prevenir posibles irregularidades y garantizar que los recursos realmente lleguen a los fines para los que fueron destinados y se traduzcan en soluciones para las comunidades.El grupo estará integrado por las procuradurías delegadas de Vigilancia Preventiva de la Función Pública; Gestión y Gobernanza Territorial; Asuntos Étnicos; Defensa de los Derechos Humanos; Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios; Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social; y Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.El objetivo principal es verificar que las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales estén cumpliendo sus responsabilidades frente a la emergencia. Es decir, la Procuraduría no será la encargada de ejecutar las obras o entregar directamente las ayudas, sino de vigilar que las entidades responsables actúen correctamente, de manera oportuna y cumplan con las obligaciones que tienen frente a las personas damnificadas.La Procuraduría también tendrá especial atención sobre las personas que requieren una protección reforzada por parte del Estado. El grupo deberá verificar que las autoridades adopten medidas de atención integral para las poblaciones de especial protección constitucional, de manera que la respuesta frente al terremoto tenga en cuenta las necesidades particulares de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.Además, los funcionarios deberán permanecer en territorio y reportar en tiempo real tanto al Procurador General como al Viceprocurador las situaciones que encuentren durante el seguimiento. De esta manera, la entidad busca detectar rápidamente fallas en la atención, problemas en la ejecución de recursos o incumplimientos de las autoridades.
