La jornada electoral del próximo domingo 21 de junio traerá varios beneficios para los colombianos que salgan a las urnas a elegir al próximo presidente del país. Además, los ciudadanos podrán contar con opciones para facilitar sus desplazamientos gracias a promociones anunciadas por algunas plataformas de transporte en las principales ciudades del país.Empresas como Uber, Cabify y DiDi confirmaron descuentos especiales para quienes necesiten movilizarse hacia sus puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial. La medida busca ofrecer alternativas de transporte ante la alta movilidad que se espera en las principales ciudades.Con más de 41 millones de colombianos habilitados para votar, las plataformas preparan códigos promocionales que estarán disponibles durante los horarios establecidos para la jornada electoral.Uber tendrá descuentos para viajes de ida y vuelta durante eleccionesLa aplicación Uber señaló que contará con una promoción de dos trayectos, permitiendo que los usuarios puedan utilizar el beneficio para ir y regresar de su puesto de votación.El descuento estará disponible desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde del domingo 21 de junio y podrá activarse con el código COLELIGE26.Para utilizarlo, los usuarios deberán:Ingresar a la aplicación.Dirigirse a la sección “Billetera” o “Wallet”.Registrar el código antes de solicitar el viaje.Adicionalmente, Uber permitirá dentro de la aplicación un acceso a la herramienta 'Pilas con el Voto', desarrollada por la Misión de Observación Electoral (MOE), para que los ciudadanos puedan reportar posibles irregularidades durante la jornada.DiDi y Cabify también ofrecen descuentos para la jornada electoralDiDi también reveló beneficios para los ciudadanos que utilicen la plataforma durante las elecciones. La compañía ofrecerá un 30 % de descuento con el código VOTACONDIDI.El descuento aplicará para las solicitudes realizadas por medio de DiDi Express y DiDi Pon tu Precio durante todo el domingo, desde las 12:01 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche.El beneficio estará disponible en ciudades como:Bogotá.Medellín.Cali.Barranquilla.Cartagena.Bucaramanga.Pereira.Ibagué.Cúcuta.Popayán.Villavicencio.Por su parte, Cabify habilitará el código VOTANDOCONCABIFY, que ofrece un descuento del 50 % en dos trayectos, con un límite máximo de $10.000 por viaje.Las condiciones de la promoción son:Válido únicamente el domingo 21 de junio, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.50 % de descuento en dos trayectos, con un tope de $10.000 COP por cada viaje.8.000 códigos disponibles hasta agotar existencias.Aplica en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.Descuentos de Cabify estarán disponibles hasta agotar códigosLa promoción de Cabify contará con 8.000 códigos de descuento disponibles hasta agotar existencias.Para activarlo, los usuarios deberán ingresar al menú principal de la aplicación, seleccionar la opción de códigos de descuento e ingresar la clave correspondiente.Estas iniciativas llegan en una jornada en la que miles de ciudadanos se movilizarán por las ciudades para cumplir con su cita en las urnas. Además del transporte, quienes voten podrán acceder a beneficios establecidos por la ley, como descuentos en algunos trámites oficiales y el medio día de descanso remunerado para trabajadores.
Muchos colombianos suelen aprovechar la disponibilidad de aplicaciones de transporte como DiDi, Uber, Cabify, entre otras, para movilizarse. De hecho, Bogotá es tal vez la ciudad donde estas plataformas se usan en mayor medida; ante ello, los cambios en sus usos han traído novedades para muchos usuarios.El Concejo de la ciudad aprobó recientemente un acuerdo que transforma el funcionamiento de estas plataformas con la intención de fortalecer la seguridad en los trayectos, tanto para pasajeros como para conductores. No es para menos, pues vale recordar los recientes casos de paseo millonario que se han registrado en la capital.El aumento de riesgos asociados a estos servicios es evidente: desde fraudes digitales hasta casos de suplantación se han vuelto frecuentes. Por ello, el Distrito tendría un papel más activo al integrarse tecnológicamente con las plataformas, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante estos incidentes.Cambios en Uber y DiDi: así funcionarán las plataformas en BogotáEl nuevo acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá obliga a que las aplicaciones eleven sus estándares de seguridad y control. La idea es que cada viaje sea monitoreado con mayor precisión y que los usuarios cuenten con herramientas para actuar ante cualquier situación de riesgo.Entre los ajustes más relevantes que deberán implementar están:Geolocalización y monitoreo en tiempo real más precisosBotones de emergencia dentro de la aplicaciónVerificación digital más estricta de usuarios y conductoresIntegración tecnológica con autoridades distritalesProtección reforzada contra fraudes electrónicosEstas medidas buscan reducir la exposición a delitos y aumentar la trazabilidad de los recorridos.Cabe señalar que, más allá de la implementación de tecnología, todo gira en torno a la verificación de identidad. La idea es cerrar la puerta a perfiles falsos o suplantaciones, un problema que ha afectado a usuarios y conductores.Ante esto, ahora las plataformas deben fortalecer sus procesos de validación de antecedentes y el uso de herramientas adicionales. De hecho, varias de estas funciones ya venían implementándose. Por ejemplo, Uber aseguró que mecanismos como el PIN de verificación, el rastreo por GPS o los canales directos de contacto con emergencias hacen parte de su operación y ahora se consolidan con esta normativa."El estándar de seguridad de nuestra app hoy está compuesto por más de 40 herramientas y funciones de seguridad que pone Uber en la mano de millones de colombianos, elevando el estándar de seguridad en la industria", afirmó Uber en un comunicado, dònde celebra al medida. Qué deben hacer ahora las aplicaciones de transporte en la ciudadUno de los pilares de este modelo radica en el uso de inteligencia artificial para prevenir incidentes antes de que ocurran. Plataformas como DiDi ya han desarrollado sistemas que analizan patrones de comportamiento en tiempo real.Estas herramientas permiten identificar trayectos inusuales, horarios críticos e incluso zonas de mayor exposición, activando alertas o ajustando la asignación de conductores.El acuerdo también deja claro que la seguridad no es solo responsabilidad de las autoridades, sino compartida con las plataformas, que manejan datos clave de cada viaje.
El Día de San Valentín en Colombia ya no se limita a las parejas. La fecha, tradicionalmente asociada con el amor romántico, ha comenzado a resignificarse entre los jóvenes y adultos urbanos, quienes la entienden como una oportunidad para celebrar otras formas de afecto, incluida la relación consigo mismos. La transformación cultural es evidente en la manera en que millennials y miembros de la generación Z priorizan la autonomía, el bienestar emocional y las decisiones personales por encima de los modelos tradicionales de relación.Las cifras respaldan esta tendencia. Proyecciones recientes del Dane indican que cerca de dos de cada diez hogares en el país son unipersonales, un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años. Este cambio demográfico responde, en buena medida, a estilos de vida más independientes y a dinámicas laborales y sociales que han modificado la estructura familiar tradicional. En este contexto, la soltería deja de verse como una etapa transitoria y se asume como una elección válida y consciente.San Valentín impulsa pedidos a domicilio: órdenes crecieron 101 % en 2025También hay un impacto en los hábitos de consumo. Un sondeo realizado en 2024 por Fincomercio reveló que el 56 % de los colombianos asegura gastar menos cuando está soltero, lo que sugiere una mayor planificación financiera en esta etapa. A su vez, datos de la aplicación DiDiFood muestran que el 14 de febrero de 2025 las órdenes en Colombia crecieron 101 % frente a otro día 14 del mismo año, con una alta demanda de hamburguesas, pollo y comida rápida, productos que suelen compartirse tanto en pareja como entre amigos o incluso en celebraciones individuales.“San Valentín dejó de ser una fecha exclusiva para parejas. Hoy representa muchas formas de conexión, incluida la relación con uno mismo, con la familia y con los amigos. En la app DiDi Food entendemos que la soltería es parte de la vida de millones de personas y queremos acompañarla con propuestas variadas, de grandes usuarios restaurantes, y con opciones que se adaptan a todos los presupuestos, con un sentido cultural y cotidiano para los colombianos”, señaló Douglas Quesada, gerente de comunicaciones para DiDi Colombia.
El Gobierno nacional retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify, entre otras, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba “servicio ilegal de transporte”.La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el Ministerio de Transporte optó por retirar la iniciativa para hacer ajustes a varios de sus artículos, tras las críticas y confusiones generadas en distintos sectores.Según Serna, el retiro del proyecto responde a “las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos” del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso.Por esta razón, el Gobierno decidió modificar el articulado para que tenga mayor claridad y refleje los acuerdos discutidos en mesas de negociación con los gremios del sector transporte, especialmente los de carga.El proyecto había sido radicado el 20 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Aunque el texto abordaba varios aspectos del sector transporte, una parte sustancial se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.Uno de los puntos más polémicos era la definición de “servicio ilegal de transporte”, entendido como aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente. Bajo este concepto, el proyecto pretendía declarar ilegal el transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas.Además, la iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones. El artículo 8 establecía castigos no solo para los conductores que prestaran el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica, esto abría la puerta a sanciones para usuarios, plataformas tecnológicas e incluso conjuntos residenciales vinculados al uso de estas aplicaciones.Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca replantear el texto y evitar interpretaciones ambiguas, mientras continúa el diálogo con los gremios. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del transporte por plataformas en el país sigue abierta y podría regresar al Congreso con un nuevo articulado en los próximos meses.
Una iniciativa legislativa radicada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte en el Congreso ya genera preocupación entre conductores, plataformas digitales y usuarios de apps de transporte como Uber, DiDi e InDrive. El proyecto plantea un endurecimiento sin precedentes contra lo que denomina “servicio ilegal de transporte”, lo que en la práctica podría traducirse en una prohibición total del funcionamiento de estas apps en Colombia.¿De qué se trata el proyecto que busca prohibir apps de transporte?La propuesta fue radicada el 20 de enero en la Secretaría del Senado y consta de 118 artículos distribuidos en 71 páginas. Aunque el texto aborda distintos aspectos del sector transporte, una parte significativa del articulado se concentra en reforzar sanciones contra servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.En el apartado de definiciones, el proyecto establece que el “servicio ilegal de transporte” es aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente.¿Qué multas impondrían a conductores de Uber, DiDi y más?Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la ampliación del alcance de las sanciones. El artículo 8 plantea castigos no solo para quienes presten el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que faciliten o permitan el incumplimiento de las normas, lo que podría incluir a usuarios, plataformas y terceros.De acuerdo con el artículo 31, se propone una multa de 390 UVB, equivalente a cerca de 4,7 millones de pesos, por cada evento en el que se facilite un servicio que incumpla las normas de tránsito y transporte. Cada solicitud realizada por un usuario sería considerada un evento independiente.El proyecto también introduce multas considerablemente más altas. El artículo 29 establece sanciones que van desde 30 hasta 180.000 UVB, lo que equivale a más de 2.100 millones de pesos, para conductas que incumplan la normativa del sector transporte y no tengan sanción específica.En paralelo, se propone un aumento drástico en los tiempos de inmovilización de los vehículos que presten servicios considerados informales o ilegales. Mientras hoy la primera infracción implica cinco días de inmovilización, el proyecto plantea:60 días en la primera infracción90 días en la segunda90 días en la terceraMultas a edificios, conjuntos, parqueaderos y másUno de los artículos que más controversia ha generado es el 88, que contempla sanciones para propietarios y propiedades horizontales, como edificios residenciales, conjuntos y centros comerciales.El texto permitiría imponer multas de hasta 726 millones de pesos a quienes permitan, promuevan o consientan, de forma directa o indirecta, el estacionamiento u operación de vehículos asociados a servicios de transporte informales o ilegales.El proyecto también otorga mayores atribuciones a las autoridades locales. Un parágrafo ordena a alcaldes y a la Superintendencia de Transporte priorizar la prevención, investigación y sanción de este tipo de servicios, con controles reforzados en aeropuertos, terminales, hoteles, centros comerciales y zonas administrativas.Además, se les daría la potestad de suspender servicios de plataformas digitales sin orden judicial previa, una medida que ha sido interpretada como un cambio sustancial en el equilibrio regulatorio del sector.Otro punto cuestionado es el artículo 69, que obliga a funcionarios y contratistas del Estado vinculados al sector transporte a abstenerse de realizar manifestaciones públicas que promuevan o incentiven servicios considerados informales o ilegales.¿Qué opinan las plataformas y gremios de apps de transporte?José Daniel López, presidente de Alianza In, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, rechazó categóricamente el proyecto y lo calificó de autoritario y regresivo."Acá el problema es que no estamos avanzando en una mala regulación, sino que estamos retrocediendo con un intento de prohibición, con un proyecto de ley autoritario, regresivo, que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada, que se mete con las libertades de la gente y que llega a extremos", puntualizó López.El presidente del gremio explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.
Un nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transporte encendió el debate nacional sobre el futuro de las aplicaciones de movilidad en Colombia. La iniciativa, radicada el pasado 21 de enero de 2026, pretende declarar ilegal el transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de plataformas tecnológicas como Uber, Didi y Cabify.La propuesta va más allá de la discusión tradicional sobre la regulación del transporte por aplicación: contempla multas para conductores, usuarios, plataformas e incluso conjuntos residenciales o empresas que permitan la operación o estacionamiento de vehículos vinculados a estos servicios.De acuerdo con el texto radicado, los administradores de propiedad horizontal que “promuevan, consientan o permitan directa o indirectamente la prestación de transporte informal” podrían enfrentar sanciones de hasta 60.000 UVT, equivalentes a más de 726 millones de pesos.“Estamos retrocediendo con un intento de prohibición”En entrevista con Mañanas Blu, José Daniel López, presidente de la asociación de aplicaciones Alianza In, calificó el proyecto como “autoritario, regresivo y destructor de empleo”. López advirtió que el Gobierno no está avanzando hacia una regulación moderna, sino que está "retrocediendo con un intento de prohibición que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada y limita las libertades de los ciudadanos”.El representante gremial señaló que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no ha regulado de manera efectiva estas plataformas, junto con Surinam, Venezuela y Nicaragua. “No estamos frente a un vacío que deba llenarse con castigos —manifestó— sino ante una oportunidad perdida de formalización digital”.Multas para todos: conductores, usuarios y plataformasEntre las sanciones contempladas en el proyecto se incluyen multas de hasta 47 millones de pesos por viaje para usuarios y plataformas, e inmovilización de los vehículos particulares durante 60, 90 y hasta 120 días en caso de reincidencia.López explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.El dirigente alertó también sobre el impacto en la generación de ingresos: “Podrían perder su sustento más de 300.000 personas que hoy dependen directamente del transporte mediante plataformas”, advirtió.Cifras de un fenómeno masivoSegún datos de Alianza In, en 2025 se registraron más de 12 millones de cuentas de conductores en diferentes aplicaciones de movilidad y alrededor de 21 millones de cuentas de usuarios. Esto significa que “entre 8 y 10 millones de colombianos utilizan activamente estas plataformas como parte de su cotidianidad”, explicó López.Estas cifras, que reflejan una amplia adopción de los servicios digitales de transporte, contrastan con la dureza de la propuesta gubernamental que, de aprobarse, dejaría sin alternativa a un amplio segmento de la población urbana.El alcance del control y una “ley mordaza”El proyecto no solo define como ilegal la prestación del servicio, sino que también faculta al Gobierno y a las autoridades locales a investigar y sancionar actividades relacionadas con el transporte a través de plataformas.“El proyecto vuelve vigilables a todos los ciudadanos, tanto a usuarios como conductores, bajo supervisión de la Superintendencia de Transporte”, señaló el dirigente gremial. Además, se ordena a los alcaldes tomar medidas restrictivas en zonas de alta demanda como aeropuertos, terminales y centros comerciales, lo que López considera “una asfixia operativa que haría imposible la prestación del servicio”.Otro punto polémico, destacó, es el artículo que “prohíbe a congresistas, alcaldes y funcionarios públicos expresar opiniones que promuevan o legitimen estas plataformas”, lo que calificó como “una ley mordaza que atenta contra la libertad de expresión”.El debate llega al Congreso en un momento de creciente dependencia de la movilidad digital. Las aplicaciones se han integrado a la economía urbana, no solo como alternativa de transporte, sino como fuente de ingresos para familias afectadas por el desempleo.Expertos advierten que la aprobación del proyecto podría tener un fuerte impacto sobre la informalidad y los ingresos de la clase media. “Este no es un asunto de ricos o pobres —argumentó López—, es un ataque al derecho de trabajar y de elegir cómo moverse en el país”.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un informe divulgado por la plataforma DiDi Food confirmó que las cocinas ocultas —también conocidas como dark kitchens— continúan expandiéndose en las principales ciudades del país, impulsadas por cambios en los hábitos de consumo y por la búsqueda de nuevos modelos de negocio dentro del sector gastronómico.De acuerdo con la compañía, este formato ha permitido que nuevos emprendimientos ingresen al mercado sin necesidad de invertir en locales físicos abiertos al público. Un ejemplo es el caso de La Ñamguchería, un proyecto que inició operaciones a comienzos de 2025 y que hoy registra más de mil órdenes mensuales únicamente a través de la aplicación.Según los datos recopilados, Bogotá concentra la mayor actividad de este tipo de cocinas, especialmente en sectores como Chapinero y La Castellana. Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla también muestran un crecimiento sostenido, debido a la alta demanda de usuarios que prefieren pedidos rápidos, estandarizados y sin desplazamientos.“La Ñamguchería representa a una nueva generación de usuarios restaurantes que no nacieron para tener mesas llenas, sino pantallas activas y comunidades leales. Su historia demuestra que, cuando se combinan producto, comunidad y tecnología, se puede construir algo más grande que un menú: se crea cultura”, señaló Razmig Sandrik, director de Cocinas Ocultas para DiDi.Según DiDi Food, además del aumento en órdenes, se ha fortalecido la interacción digital entre consumidores y emprendimientos. Las recomendaciones, calificaciones y reseñas públicas se han convertido en factores clave para la permanencia de estos negocios dentro de la plataforma.Eso significa que el modelo ha servido para dinamizar el ecosistema de pequeños restaurantes, facilitando su llegada a nuevos públicos y permitiéndoles operar con costos más bajos. Sin embargo, expertos del sector advierten que este crecimiento debe ir acompañado de controles estrictos sobre manipulación de alimentos, cumplimiento de normas sanitarias y condiciones laborales de los repartidores.Las cocinas ocultas seguirán siendo uno de los modelos de mayor crecimiento en 2026, en un contexto donde la demanda por servicios de entrega a domicilio continúa en aumento y donde la tecnología se consolida como un aliado central para el sector gastronómico.
Bogotá continúa apostándole al fortalecimiento del turismo, y una de las zonas que más refleja ese espíritu es la localidad de Usaquén. Con su encanto colonial y su amplia oferta gastronómica, este rincón del norte de la ciudad busca ahora dar un salto hacia la digitalización para fortalecer los restaurantes que le dan vida a sus calles.Aunque Usaquén sigue siendo uno de los lugares más visitados por turistas y bogotanos, las obras de recuperación de la plaza principal han afectado su dinámica comercial. Por ello, la Alcaldía de Bogotá comenzó a implementar estrategias para mantener activa la economía local.Una de las más destacadas es la alianza entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la aplicación DiDi Food, en el marco del programa Bogotá Corazón Productivo. Gracias a esta colaboración, más de 50 restaurantes recibirán acompañamiento, formación y beneficios comerciales a través de la iniciativa DiDigitalízate. El propósito es ayudar a los empresarios del sector gastronómico a fortalecer su presencia digital y optimizar la gestión de sus negocios en un entorno donde la tecnología ha transformado la forma de vender y consumir.Más de 50 restaurantes de Usaquén se suman a la transformación digitalLa secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó que Usaquén es un ejemplo de cómo la tradición gastronómica puede convertirse en motor de desarrollo local. “Queremos que los empresarios cuenten con herramientas para crecer, innovar y llegar a nuevos mercados”, afirmó.Por su parte, Gabriel Renowitzky, líder de Desempeño de Pequeños y Medianos Negocios de DiDi Food, señaló que “con DiDigitalízate buscamos acompañar a los emprendedores gastronómicos para que fortalezcan su operación digital y crezcan con la app DiDi Food”.El programa incluye asesorías personalizadas y beneficios comerciales que pueden traducirse en un crecimiento tangible para los establecimientos participantes. Actualmente, algunos restaurantes logran obtener hasta el 45 % de sus ingresos adicionales mediante la plataforma, sin necesidad de ampliar su espacio físico ni incrementar sus costos operativos.Usaquén, un ejemplo de tradición gastronómicaEntre los restaurantes que representan la riqueza culinaria de la capital se destacan Temporalia, Mr. Bum, Legado Cacao, El Marrano Volador y La Rosconería, reconocidos por combinar creatividad, sabor y tradición.Con este impulso digital, Usaquén reafirma su posición como uno de los epicentros gastronómicos más importantes y queridos de Bogotá, demostrando que la tecnología puede ser una gran aliada del sabor local y del desarrollo económico de la ciudad.
El presidente de Taxis Libres, Eduardo Hernández, confirmó en Mañanas Blu 10:30 que la empresa respalda el proyecto de ley 136 de 2024, una iniciativa que busca regular el transporte privado a través de plataformas tecnológicas como Uber, DiDi, InDriver y Cabify. Aunque históricamente el gremio de taxistas se ha opuesto a este tipo de servicios, Hernández reconoció que esta vez ven una oportunidad para “modernizar el sector y equilibrar la cancha”.“Nos parece interesante y por eso decimos que lo apoyamos, pero con algunas condiciones específicas”, señaló el dirigente gremial.¿Qué busca el proyecto?El proyecto, impulsado por el senador Julio Elías, ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado. La propuesta pretende habilitar la prestación del servicio de transporte en vehículos particulares.Según explicó Hernández, la novedad está en que el texto recoge las inquietudes de varios sectores, no solo del transporte público, sino también de conductores de plataformas, motociclistas y usuarios.Sin embargo, el presidente de Taxis Libres enfatizó que su apoyo depende de que se garantice igualdad de condiciones entre todos los actores.“No puede ser simplemente con un simple registro ante el RUNT. Deben someterse a las mismas condiciones que hay hoy en día para las empresas de transporte legalmente constituidas”, precisó.¿Qué piden los taxistas para apoyar la regularización de Uber?De acuerdo con Hernández, las plataformas tecnológicas ya fueron reguladas desde hace varios años, pero muchas no se han querido habilitar ante el Ministerio de Transporte. Por eso, insiste en que el proyecto debe exigir que Uber y demás aplicaciones cumplan los mismos requisitos que las empresas de taxis, incluida la constitución formal y la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.El dirigente propuso además que los vehículos particulares que quieran prestar el servicio lo hagan a través de empresas legalmente registradas, evitando que se repita el proceso de registro ante el RUNT, pues todos los carros particulares ya están incluidos en esa base de datos.“Si usted tiene un vehículo y quiere trabajar con Uber, ese carro ya está inscrito en el RUNT. Lo que debe hacer Uber es cumplir con los requisitos que existen para el resto de empresas de transporte”, recalcó.Hernández también envió un mensaje directo a los empresarios y sindicatos de taxistas que se han opuesto a la iniciativa:“A mí me parece que no es bueno que archiven el proyecto. Después de 18 intentos, este es el único que ya pasó el primer debate. Mi llamado es que cambiemos el discurso, no sigamos diciendo que se archive. Por el contrario, reunámonos y sigamos estudiándolo”, afirmó.El presidente de Taxis Libres explicó que el proyecto abre la puerta para actualizar temas obsoletos, como el número de vehículos permitidos en cada ciudad y el congelamiento del parque automotor, que impide renovar taxis viejos por nuevos.¿Cómo será el tema de tarifas?Uno de los aspectos que más destaca el gremio es que el proyecto permitiría liberar las tarifas del servicio de taxi, que hoy están sujetas a una regulación “anticuada”.“Las tarifas deben ser de acuerdo a la oferta y la demanda, porque el que coloca la tarifa finalmente es el pasajero”, explicó Hernández.El líder gremial aseguró que, con la tecnología actual, los usuarios podrían conocer el valor del viaje antes de iniciar la carrera, tal como ocurre en las aplicaciones de movilidad.Actualmente, dijo, los incrementos en la tarifa oficial no reflejan los verdaderos costos del servicio:“El año pasado los combustibles subieron más del 60 %, pero el incremento fue solo del 14 %. Las tarifas políticas generan desfases y perjudican a los conductores”, añadió.Hernández concluyó que el respaldo de Taxis Libres al proyecto de ley dependerá de que se mantengan los ajustes propuestos para modernizar el sistema de transporte y beneficiar a los pasajeros.“Lo apoyamos cuando sean los ajustes que se están haciendo para que el sector de taxis se modernice, nos quiten condiciones que existen hoy en día en el mercado y que los más beneficiarios sean los pasajeros”, puntualizó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Hernán Alberto Gil Flores, un vigilante que permaneció atrapado durante más de ocho días bajo los escombros de una caseta de seguridad tras el terremoto en Venezuela, fue rescatado con vida en una operación que ha generado conmoción y esperanza entre los equipos de emergencia y la comunidad.El rescate se produjo luego de intensas labores de búsqueda desarrolladas por los organismos de socorro, que no cesaron en sus esfuerzos para localizar posibles sobrevivientes entre las estructuras colapsadas por el fuerte sismo. La extracción del hombre fue considerada una de las más complejas de la emergencia.De acuerdo con la información conocida, Hernán Alberto Gil Flores permaneció con vida durante más de una semana bajo los escombros, soportando condiciones extremas mientras esperaba la llegada de los rescatistas. Su caso ha sido calificado como un verdadero milagro de supervivencia.Los equipos de rescate lograron liberarlo con éxito tras una delicada operación, en la que fue necesario remover cuidadosamente los restos de la caseta de seguridad para evitar nuevos derrumbes que pusieran en riesgo tanto a la víctima como al personal de socorro.El hallazgo con vida del vigilante representa una noticia alentadora en medio de la tragedia causada por el terremoto en Venezuela, que ha dejado graves afectaciones materiales y humanas en las zonas impactadas por el movimiento telúrico.Tras ser rescatado, Hernán Alberto Gil Flores recibió atención inmediata por parte del personal médico presente en el lugar, con el fin de evaluar su estado de salud y estabilizarlo antes de su traslado a un centro asistencial.Las autoridades y los organismos de emergencia destacaron el trabajo coordinado de los rescatistas, cuyo esfuerzo permitió concretar una operación que muchos consideran extraordinaria debido al tiempo que el hombre permaneció sepultado bajo los escombros.El rescate de Hernán Alberto Gil Flores se ha convertido en uno de los hechos más esperanzadores tras el terremoto en Venezuela y demuestra la importancia de mantener las labores de búsqueda mientras existan posibilidades de encontrar sobrevivientes.
El presidente electo Abelardo De La Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia, asegurando que está es una medida que se debe adelantar para recomponer el rumbo de las finanzas."La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional", dijo De La Espriella.En el mismo sentido, el presidente electo le pidió al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, trasladarse a la ciudad de Washington para adelantar reuniones con la banca internacional y los organismo financieros multilaterales."El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro", agregó el presidente electo.Es importante recordar que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo ya sostuvo algunas reuniones con estos organismos financieros."Yo ya he tenido reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional", dijo Restrepo en diálogo con Blu Radio.
La Superintendencia Nacional de Salud otorgó un plazo definitivo a Nueva EPS para presentar los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025. La entidad estableció que la documentación deberá ser entregada antes del próximo 6 de julio, con certificaciones, dictámenes, aprobaciones y los soportes exigidos por la normatividad vigente.Según la Superintendencia, Nueva EPS permanece bajo medida de intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, por lo que está obligada a reportar de manera oportuna y completa su información financiera. El organismo señaló que estos documentos son necesarios para verificar la liquidez de la entidad, el estado de sus obligaciones y sus condiciones de solvencia.La entidad indicó que, pese a los requerimientos formulados desde 2024 y a los compromisos adquiridos por la EPS, persiste el incumplimiento en la certificación, aprobación y reporte de los estados financieros. Agregó que entre abril de 2025 y febrero de 2026 realizó al menos cinco requerimientos formales sin que se acreditara el cumplimiento integral de las obligaciones.La Superintendencia sostuvo que la entrega de esta información permitirá establecer la situación financiera real de Nueva EPS, conocer con precisión sus niveles de liquidez, deudas y solvencia, además de servir como base para la continuidad de la administración de la entidad durante el proceso de transición gubernamental.Finalmente, el organismo advirtió que el incumplimiento del requerimiento constituye una infracción administrativa sancionable, de conformidad con la Ley 1438 de 2011, por no reportar la información exigida, obstaculizar las funciones de inspección, vigilancia y control e incumplir las órdenes impartidas por la autoridad sanitaria.
Los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela sigue dejando historias que reflejan la magnitud de la tragedia. A una semana de la emergencia, mientras las autoridades actualizan el número de víctimas y miles de familias continúan buscando a sus seres queridos entre los escombros, el testimonio de Nathaly, una adolescente de 15 años que sobrevivió al colapso de un edificio, ha conmovido al país.Las cifras oficiales entregadas por el Gobierno dan cuenta de la gravedad de la situación. Según informó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, el balance asciende a 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridas y 12.841 damnificadas. Además, explicó que se aceleró el traslado de los afectados hacia campamentos transitorios para atender la emergencia humanitaria.Sin embargo, en medio del desastre, decenas de labores de rescate continúan siendo adelantadas por ciudadanos que, con herramientas improvisadas y sin equipos especializados, remueven los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes o recuperar los cuerpos de sus familiares.Entre las historias que deja la tragedia está la de Eduardo y Nathaly, hermanos de 21 y 15 años, quienes se encontraban en su vivienda, ubicada en Playa Grande, estado La Guaira, cuando fueron sorprendidos por el fuerte sismo.De acuerdo con el relato conocido tras la tragedia, el edificio comenzó a desplomarse en cuestión de segundos. En medio del caos, Eduardo intentó proteger a su hermana. Incluso alcanzó a intentar abrir una puerta para que ambos pudieran escapar, pero varias vigas cayeron sobre ellos.El impacto fue mortal para el joven. Nathaly permaneció atrapada durante varias horas bajo los escombros hasta que fue rescatada con vida. Debido a la gravedad de sus heridas permaneció en coma y con varios de sus órganos comprometidos, aunque logró sobrevivir y hoy continúa su proceso de recuperación en un centro asistencial de Caracas.Desde la cama del hospital, la adolescente recordó los últimos instantes junto a su hermano, un momento que describió como el más doloroso de su vida."Él estaba así y volteó la cabeza y me dijo que me quería, que mamá era la mejor mamá del mundo. Después volteó su cara como para que yo no lo viera fallecer y murió ahí", relató entre lágrimas en diálogo con Noticias Caracol.La joven reconoció que, aunque intenta mantenerse fuerte, la ausencia de Eduardo ha dejado un vacío imposible de llenar."Aquí ustedes me ven hablando y me ven súper optimista, pero la verdad sí duele en el alma porque es perder a tu único hermano. Nosotros éramos una familia de tres y siempre estábamos juntos. Prácticamente mi hermano me crió", expresó.Pese al profundo dolor, Nathaly aseguró que seguirá adelante, recordando una de las enseñanzas que le dejó su hermano."A mí me duele mucho, pero, como decía mi hermano, con la frente en alto y de esta vamos a salir", afirmó.La adolescente también dedicó unas palabras a su madre, a quien describió como una mujer fuerte que, pese a la pérdida de su único hijo varón, ha encontrado fuerzas para acompañarla durante su recuperación."Mi mamá es una mamá muy guerrera. Me está dando mucha fortaleza a mí. Yo sé que ella está derrumbada porque perdió a su bebé, pero también sé que está siendo fuerte para que su hija salga de aquí", dijo.Mientras continúa recuperándose, Nathaly asegura que honrará la memoria de Eduardo, el joven que, en sus últimos segundos de vida, decidió protegerla. Su abrazo final quedó grabado como un acto de amor y sacrificio que hoy representa el drama que viven miles de familias venezolanas golpeadas por una tragedia que sigue dejando profundas heridas.
El exdirector regional del Sena en Santander, Orlando Ariza Ariza, fue sancionado en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos durante 13 años, luego de que un proceso disciplinario concluyera que presentó un incremento patrimonial que no pudo justificar.La investigación del Ministerio Público estableció que entre 2020 y 2021 el entonces funcionario registró un aumento en su patrimonio por más de $744 millones, cifra cuya procedencia no quedó plenamente demostrada durante el proceso.En el fallo disciplinario, la Procuraduría señaló que la defensa del exdirector aportó documentos y declaraciones para explicar el origen de los recursos. Sin embargo, el material probatorio fue considerado insuficiente para aclarar las diferencias patrimoniales detectadas por el organismo de control.Tras valorar las pruebas recopiladas durante la actuación disciplinaria, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander determinó que la conducta constituye una falta gravísima cometida con dolo, al considerar que el exservidor incumplió el deber de acreditar de manera transparente el origen de los bienes y recursos que hicieron parte de su patrimonio.El ente de control recordó que quienes ejercen funciones públicas están obligados a demostrar el origen lícito de sus bienes y rentas, un principio que busca fortalecer la transparencia en la administración pública y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.La sanción impuesta corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que aún podrá ser objeto de los recursos contemplados en el procedimiento disciplinario antes de que la decisión quede ejecutoriada.
