La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, Didi y Cabify en Colombia, buscando determinar si infringieron el régimen de protección de la competencia y el transporte. Al respecto hablaron en Mañanas Blu con Camila Zuluaga el director de ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, y la líder de ConduApp (grupo que agremia a los conductores de aplicaciones de vehículos particulares), Samai Camacho.José Daniel López comentó que respeta las decisiones de las autoridades administrativas, pero esta, en específico, le genera “alerta” y lo “preocupa tremendamente” porque ya hay un precedente de la Corte Suprema de Justica del 2023 que ya había resuelto una polémica que había entre una de las plataformas y una empresa de taxis que demandó por supuesta competencia desleal.“Las autoridades públicas no le pueden poner barreras irrazonables a los ciudadanos para disfrutar de estos desarrollos científicos y tecnológicos y que cuando haya que decidir sobre este tipo de casos, la autoridad no se puede ir a lo taxativo de normas, la mayoría son del año 90 del siglo XX, cuando todavía a duras penas estaba abriendo correo electrónico (…) Para traer eso a la realidad presente, la autoridad tiene que ser consciente que hay una diferencia grande entre la época en la que se produce la norma y la época en que se aplica la norma y la Superintendencia de Industria y Comercio, en nuestra respetuosa opinión, no está considerando eso”, detalló.“Regular y no prohibir”: Alianza Inn tras investigación de la SIC a apps de transporteConsideró que puede poner en riesgo el trabajo e ingresos de más de 100.000 familias que dependen de esta actividad. Además, señaló que esta decisión podría afectar la libertad de los usuarios, quienes tienen el derecho de elegir cómo moverse por las ciudades del país.Por su parte, Samai Camacho destacó la importancia de regular esta industria para garantizar la seguridad de los usuarios. Afirmó que el Estado debe tomar medidas concretas para proteger tanto a conductores como usuarios de posibles abusos y delitos. También resaltó la necesidad de reconocer y proteger la economía popular, en la cual se encuentran incluidos conductores de aplicaciones y también taxistas.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigaciones contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, Didi y Cabify en Colombia para determinar si infringieron el régimen de competencia desleal al promover la prestación de servicios de transporte incumpliendo la regulación del sector bajo condiciones que generan ventajas a las plataformas.La investigación no se centrará en establecer si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte, ya que promueven dicha prestación ilegal al ser una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados.Las aplicaciones son las encargadas de determinar el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo, la fijación de la comisión de la plataforma y la determinación de los ingresos de los conductores, entre otros, por lo que allí se determinaría su influencia que no se limita a un simple rol de intermediación.”El incumplimiento de la regulación del sector transporte habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas. En adición, la infracción podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicios”, indicó la SIC.En caso de que se compruebe la infracción por parte de las apps a la libre competencia, la SIC impondría a cada persona jurídica multas hasta de 100.000 SMLMV ($130.000 millones). Además, la entidad también podrá imponer órdenes dirigidas a que la realización de las actividades económicas de las investigadas se adecúe a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia.
Durante 2023 se espera que el gasto en tecnología digital crezca 32 veces más que la tasa de crecimiento de una economía latinoamericana en recesión, según un informe de la firma IDC. A pesar de los retos macroeconómicos a los que se están enfrentando países como Colombia, la inversión en infraestructura tecnológica sigue en auge.Un ejemplo de ello es la plataforma de multimovilidad Cabify, la cual implementó más de 30 versiones en su aplicación a lo largo del 2022 con el objetivo de seguir mejorando la experiencia al volante y las ganancias de todos los conductores conectados a la app. Para 2023, la compañía continuará avanzando en su apuesta por convertirse en una plataforma de oportunidades tanto para nuevos conductores, como para aquellos que ya colaboran con la aplicación a través de nuevas funcionalidades e inversiones tecnológicas.Además, incrementó en un 62 % su equipo de tecnología en el último año, dedicado a trabajar en la plataforma de conductores y a optimizar su aplicación con innovaciones constantes.“Buscamos que los conductores nos perciban como una primera opción, y que vean a nuestra aplicación como una alternativa para generar ingresos, segura y de calidad. Nos apoyamos en la tecnología y la innovación para seguir recorriendo kilómetros hacía la movilidad del futuro. Al mismo tiempo, trabajamos para ofrecer un mejor servicio y de mayor calidad en materia de seguridad, sostenibilidad y transparencia”, afirmó Rodrigo Díaz, Global Head of Driver Growth de Cabify.Las mejoras van desde beneficios para los conductores hasta indicadores y estadísticas para que puedan visualizar en su perfil valoraciones con las que han sido puntuados por los usuarios. En Colombia, una muestra es Cabify Stars, programa de fidelización de la app que ofrece diferentes beneficios a los conductores y conductoras de la aplicación distribuidas en distintos niveles: bronce, plata, oro y platino.La compañía anunció que para este año cerró una alianza con Combuscol donde otorgará un descuento máximo de $500 sobre galón de gasolina a conductores que hagan parte del programa y el cual ya se encuentra disponible.Otra de las novedades que se implementan y que le brindan transparencia al usuario, es mostrando las ganancias reales de los conductores, los viajes que generan mayores ingresos y datos asociados a seguridad, como direcciones precisas de recogida y destino, así como método de pago y el número de viajes realizados por el pasajero en la app.Otra de las opciones que tienen para mejorar la experiencia, es la de programar viajes hasta con siete días de anticipación, lo cual permite al conductor tener una tasa de viajes preasignados que le generan tranquilidad y bienestar.Por último, una selfie de verificación brinda seguridad tanto a los conductores como a los usuarios pues, a través de procesos de machine learning e inteligencia artificial, se ofrece una mejor experiencia a las partes involucradas. Con estos sencillos ejemplos se demuestra cómo las plataformas de movilidad pueden utilizar la tecnología para proporcionar a los conductores una propuesta de valor que les facilite una experiencia segura y positiva al volante.
Esta semana se generó un revuelo a raíz de un proyecto de ley que prepara el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Transporte, para regular y endurecer las multas contra las aplicaciones de transporte, que no son legales en Colombia. Los conductores de estas plataformas salieron a las calles para mostrar su descontento con esta decisión.“Pasó algo muy peligroso, pero que terminó en algo positivo que fue un fantasma muy claro, a través del borrador del proyecto de la Superintendencia de Transporte, de prohibir de facto las aplicaciones de movilidad (…) Digo que hay cosas buenas en esto, es que el debate público mostró que prefieren la oportunidad de elegir y que el Estado no se meta con qué contenidos podemos o no usar. El reto no era evitar que las prohibieron, sino de la regulación. Los puntos esenciales: poner el tema social en el centro y proteger 100.000 familias que viven de esto y la mejor forma es reglamentar a lo que se dedican; en segundo lugar, esto no es de bandos, no se trata de quién gana porque hoy en las aplicaciones ya se encuentran taxis. Se trata de regular cada lado”, puntualizó en Sala de Prensa Blu, José Daniel López, presidente de Alianza In, gremio de aplicaciones para Latinoamérica.López considera que el taxismo y las aplicaciones operan juntos, pues se abren mayores puertas y genera mayor seguridad también para el conductor al conocer los datos de sus pasajeros; según él, el diálogo se centró en la capacidad de elegir y la libre expresión y, además, la amenaza o el camino de cualquier autoridad de tomar decisiones que tal vez no quieren.“El cupo es el tema más fregado en esta discusión. Esto lo crean algunas autoridades para poder limitar la cantidad de taxis que circulan en la ciudad y cuando se crea se estima que hay un límite, pero nunca se pensó que se iba a crear un mercado informal entorno a ese derecho, pero surgió y existe, muchas veces el cupo en ciudades como Bogotá o Medellín suele ser más costoso que el propio taxi, eso hay que reconocerlo”, aseveró.Finalmente, según él, lo más importante para lograr cualquier tipo de acuerdo debe haber una base importante: el respeto y, desde allí, empezar a trabajar en una mesa de diálogo que permita un acuerdo mutuo.
Ante la polémica que ha suscitado la regulación de las plataformas de movilidad en el país y, después de la reunión entre el Gobierno y los actores que viven y representan las aplicaciones, el martes 1 de febrero, la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, aseguró que se debe garantizar la neutralidad tecnológica, que consiste en la libertad de los proveedores y los usuarios al usar las tecnologías para prestar servicios o acceder a ellos sin restricción.“Colombia debe garantizar la neutralidad tecnológica. No podemos desconocer el papel de la tecnología en la vida de los ciudadanos a través de servicios de calidad que le brindan confianza a los usuarios; sin embargo, sí hace falta un marco regulatorio”, dijo la ministra.Además, enfatizó en la importancia de generar concertación y diálogo con el fin de llegar a la construcción de un marco jurídico que incluya a todos los actores."Necesitamos unos parámetros que ya en otros países lo han venido haciendo con mucho éxito, por ejemplo, en México. No podemos desconocer la tecnología. Hoy tenemos conductores y usuarios que están utilizando estos servicios y, de esa manera, los estamos abordando de una manera muy responsable", agregó Urrutia.Para la ministra las aplicaciones de movilidad están presente en la vida de los colombianos y en su cotidianidad, lo que genera productividad de nuevas fuentes de riqueza y calidad de vida.Urrutia recordó que Colombia hace parte de la UIT, el organismo especializado de las Naciones Unidas para las TIC encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre los Estados miembros y las empresas operadoras.Le puede interesar "¿Prohibir Didi, Uber, Cabify?":
El Gobierno nacional se reunió en la tarde de este miércoles, 1 de febrero, en la sede del Ministerio de Transporte con conductores, usuarios y gremios de las aplicaciones de transporte para escuchar sus preocupaciones.A la reunión asistieron presencialmente los ministros de Transporte, Guillermo Reyes, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina. Virtualmente estuvieron la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Arturo Luna.Allí cada ministro expuso su visión. Por ejemplo, el ministro de Transporte aseguró que en el Gobierno no hay agendas ocultas y que, mientras no haya acuerdo entre las partes, no se presentará el texto al Congreso.“No regulamos en favor de unos ni de otros, sino para todos. En nuestro proyecto que ha liderado la superintendente nunca, jamás se prohíbe las plataformas del servicio de transporte. Nunca. (…) No hay proyecto definitivo este es un borrador de construcción como se construye todo”, dijo el ministro Reyes.Por su parte, la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, reafirmó que su entidad no busca prohibir las plataformas en el país, sino reconocerlas, e invitó a que presenten un texto propio con sus propuestas.“Nunca hemos pretendido prohibir las plataformas; lo que pretendimos, por el contrario, fue reconocer que hacen parte de un ecosistema en el tema de transporte de pasajeros y de carga, además de reconocer que son una herramienta que facilita la labor y que ayuda y contribuye en el mejoramiento para cumplir los principios fundamentales de garantizar un servicio seguro, eficiente y eficaz”, aseguró Ospina.Con la visión del Gobierno puesta sobre la mesa, los representantes de las plataformas tomaron la palabra.José Daniel López, representante de las aplicaciones con Alianza In, celebró que el Gobierno no llevara el proyecto de ley ante el Congreso sin la concertación. “Estamos listos para las audiencias regionales entorno a esta discusión; iremos las veces que sean necesarias. También celebramos que se conforme una mesa regulatoria para definir la no prohibición, sino regulación de las plataformas digitales de movilidad”, señaló-Asimismo, los representantes de los usuarios presentaron su visión del asunto, asegurando que se debe regular un servicio para crear una competencia y que no genere un monopolio del servicio de transporte.Entretanto, los representantes de los conductores de estas aplicaciones manifestaron que hay una persecución por parte de la Policía de Tránsito contra quienes trabajan con estas aplicaciones. “Yo parto del hecho de que el Gobierno nacional fue capaz de hacer un cese al fuego con los grupos armados, nosotros queremos un cese al fuego también, eso es muy importante para nosotros. Queremos que se comprometan con nosotros con eso”, dijo Yefersson Patiño.Conclusiones de reunión entre Gobierno y representante de aplicacionesComo conclusiones de este encuentro el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se comprometió a revisar las quejas y preocupaciones de los conductores de plataforma. Además, la Superintendencia de Transporte comenzará a partir del martes 10 de febrero a socializar el proyecto y comenzar a construir propuestas.“Yo sí quisiera, ojalá para el 16 de marzo, que llevemos el proyecto listo consensuado. Vamos a trabajar, no sé si 24x7 porque entiendan que este sector es lo más complejo que hay, pero con el apoyo de nuestra ministra de Trabajo, de las TIC, de Ciencia y Tecnología, de quienes saben y los líderes en el Congreso, tenemos que llevar un proyecto en sesiones ordinarias para que esto se solucione”, dijo Reyes al cierre del encuentro.Tres puntos se acordaron1. Se continuará con el proceso de socialización, construcción y concertación del anteproyecto de ley de Régimen Sancionatorio de Transporte, el cual solo será presentado, a consideración del Congreso de la República, una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores; para este efecto, se realizarán audiencias públicas en diversas regiones del país sin exclusiones.2. El Ministerio de Transporte mantendrá e impulsará la mesa nacional con el gremio de servicio de transporte individual tipo taxi, para que en un término de máximo a 16 de marzo se construyan los ajustes a la política pública que fortalezca sus condiciones actuales.3. El Ministerio de Transporte, acompañado de los Ministerios de Trabajo y de las TIC, iniciará una mesa con el fin de construir una política pública sobre el uso de las plataformas en el transporte, en sus diferentes modalidades, en los que participarán los representantes de todos los actores (directos e indirectos), para la construcción de soluciones que aporten al mejoramiento del servicio hacia los usuarios, garantizando en todo caso, los derechos fundamentales de todos. Conformaremos una mesa regulatoria con los actores. Invitar a las representantes y voceros de las plataformas como los usuarios y conductores a construir una propuesta para resolver y solucionar el tema.
En medio del lanzamiento del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Bogotá, la alcaldesa Claudia López volvió a aprovechar su intervención para lanzar mensajes al Gobierno nacional por dos temas coyunturales. Por una lado la apuesta del presidente Gustavo Petro de modificar la línea del metro de la ciudad; y por el otro el proyecto de ley que alista la súper intendencia de transporte para desconectar las aplicaciones de transporte en el país.Sobre lo primero, la alcaldesa aseguró que los proyectos que tiene la ciudad no pueden esperar: “El metro de Bogotá había estado esperando por más de 60 años, esperando hoy, no está esperando hoy, se está construyendo la primera línea del metro y este año contratamos la segunda línea hasta Suba y Engativá. El Plan de Ordenamiento Territorial no podía seguir 17 años esperando, hoy es una realidad, se está ejecutando”.Ante los asistentes, la alcaldesa habló de tecnología, innovación y cambió; sobre esto último dijo que: “Que el cambio nunca signifique parar, obstruir y mucho menos destruir, que el cambio siempre signifique valor público y privado, confusión de intereses, mejoras”.Además la alcaldesa habló del tema de regulación de plataformas que ha sido controversia por cuenta del proyecto de ley del Gobierno a través de la Superintendencia de Transporte para desconectar las aplicaciones de movilidad como Uber, Didi, Cabify, entre otras.López mencionó al ahora director del Icetex, Mauricio Toro, quien se encontraba en la audiencia y quien en su paso por el Congreso lideró debates para regular las plataformas digitales.“Podemos promover la ciencia e innovación en unas aéreas y prohibirlas en otras. Mencionaba a Mauricio porque lo vi batallar cuatro años en el Congreso para aprobar una ley que regule las aplicaciones. La ciencia y la tecnología en ningún momento de la humanidad se va parar y prohibir, se tienen que regular, adaptar”, enfatizó al alcaldesa.Le puede interesar:
Es viral un video en el que en la noche del lunes, 30 de enero, se ve a un policía sacando de su carro, y de manera muy violenta, a uno de los conductores de Uber que estaba protestando en Bogotá.¿Qué pasó?Este conductor estaba bloqueando la calle 26 con carrera 82, pero luego de ser solicitado por la Policía, trató de huir y en medio de las maniobras de escape se llevó por delante a cinco uniformados, entre ellos al coronel Wilson Barrios, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.El coronel Barrios habló en Mañanas Blu y explicó que un grupo de conductores estaba obstaculizando la avenida que conecta con el aeropuerto de Bogotá, por lo que iban a hacer un proceso de inmovilización por bloqueo de la vía.En ese momento que el coronel Barrios se encontraba en la parte delantera del carro, desde donde solicitó los documentos del vehículo. El conductor, de repente, aceleró y se llevó por delante al policía, provocando que este terminara sobre el techo y posteriormente cayera en un costado.Empezó una persecución y allí fue que el policía terminó rompiendo el vidrio del carro para poder capturar a este conductor, al que le inmovilizaron el carro y a esta hora es procesado por las autoridades judiciales.El coronel Barrios, durante la mañana de este martes, 31 de enero, está siendo valorado en el hospital central de la Policía por "posibles fracturas en la mano, en la cadera y en una pierna".El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema en Twitter, señalando que el integrante de la policía, a pesar de la presión que pueda surgir, como ver a un compañero atropellado, debió autocontrolarse."Su actuación siempre debe estar bajo la ley y la constitución; en eso consiste su profesionalismo".Habló también sobre este hecho el coronel Eiver Alonso de la Policía de Bogotá, quien informó que en total la Policía inmovilizó 17 carros particulares e impuso 36 comparendos a las personas que estaban protestando.Por otra parte, la alcaldesa Claudia López también se pronunció esta mañana sobre las protestas, diciendo que Bogotá no resiste que cada inconformidad o anuncio del Gobierno nacional termine en zozobra y bloqueos.
Un proyecto de ley que se cocina en la Superintendencia de Transporte, que ya fue publicado para comentarios, dejaría sin operación las plataformas que hoy prestan servicios de transporte en Colombia, como Uber, DiDi e InDriver.El documento de la Superintendencia, que lidera Ayda Lucy Ospina, señala que estas plataformas “atentan de manera directa contra la legalidad del servicios público y son competencia ilegal para otros, como los taxistas”.El objetivo es bloquear la operación de las aplicaciones, pero también multas de hasta 21 millones de pesos para cada operador, administrador o agente de la plataforma. Además, los dueños serían responsables de un valor mayor, el cual sería calculado según los ingresos mensuales brutos del comercio. Lo que despertó más molestia: se incluye la inmovilización de los carros por entre 1 y 3 meses.Pero hay más: el proyecto también prevé sanciones para los millones de usuarios de las aplicaciones que podrían pagar multas de hasta 10 millones de pesos.Conocido el borrador de ese proyecto, José Daniel López, presidente del gremio Alianza In, encendió las alertas y dijo que el Gobierno está pensando en dejar 100.000 personas sin ingresos porque, según estudios de Fedesarrollo, esa es la cifra de quienes trabajan en las aplicaciones.Aquí se mezclan muchos problemas: el uso de plataformas que por años el Estado no ha podido regular, la cantidad de personas que ya viven o ya usan esas apps y cuidado porque no es sano que en una democracia los gobiernos piensen en bloquear contenidos en internet.Ante tanta polémica, por un tema tan sensible, respondió el ministerio de Guillermo Reyes diciendo que la discusión apenas comienza y tirándole la pelota al Congreso, que al final tendrá la última palabra en este proyecto que llegará al Capitolio.
La Superintendencia de Transporte sancionó a Cabify, Didi y Beat por 1.722 millones de pesos por facilitar el incumplimiento de las normas del sector, debido a que algunos de sus usuarios conductores asumen la prestación del servicio de transporte público sin cumplir con los requisitos legales.El motivo principal es el uso del carro particular como servicio público, pero, además, hay un listado de normas infringidas que incluyen el registro y homologación de los carros para operar en el transporte público, Los requisitos en materia de revisión técnico mecánica, incluyendo el alistamiento diario, la exigencia del Plan de Seguridad Vial o el hecho de que el transporte público de pasajeros debe prestarse por empresas debidamente constituidas con ese propósito y no por personas naturales.La sanción dice que algunos usuarios y no todos, porque hay que recordar que Cabify y Didi también tienen el servicio de taxi convencional y allí no hay infracciones.Estas decisiones se toman luego de que la SuperTransporte recibiera múltiples denuncias por parte de ciudadanos en 2019 y 2020.Según el superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, es importante aclarar que: “esta Superintendencia no está en contra del uso de plataformas tecnológicas en las que se integre la demanda y la oferta de los servicios de transporte. Lo que no resulta posible es facilitar la violación de las normas del sector, pues el cumplimiento de la regulación es fundamental para resguardar derechos fundamentales como la salud, la vida e integridad, y además, derechos de orden económico, si se tiene en cuenta las serias incidencias que tiene el transporte en la competitividad del país”.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.