La jornada electoral del próximo domingo 21 de junio traerá varios beneficios para los colombianos que salgan a las urnas a elegir al próximo presidente del país. Además, los ciudadanos podrán contar con opciones para facilitar sus desplazamientos gracias a promociones anunciadas por algunas plataformas de transporte en las principales ciudades del país.Empresas como Uber, Cabify y DiDi confirmaron descuentos especiales para quienes necesiten movilizarse hacia sus puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial. La medida busca ofrecer alternativas de transporte ante la alta movilidad que se espera en las principales ciudades.Con más de 41 millones de colombianos habilitados para votar, las plataformas preparan códigos promocionales que estarán disponibles durante los horarios establecidos para la jornada electoral.Uber tendrá descuentos para viajes de ida y vuelta durante eleccionesLa aplicación Uber señaló que contará con una promoción de dos trayectos, permitiendo que los usuarios puedan utilizar el beneficio para ir y regresar de su puesto de votación.El descuento estará disponible desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde del domingo 21 de junio y podrá activarse con el código COLELIGE26.Para utilizarlo, los usuarios deberán:Ingresar a la aplicación.Dirigirse a la sección “Billetera” o “Wallet”.Registrar el código antes de solicitar el viaje.Adicionalmente, Uber permitirá dentro de la aplicación un acceso a la herramienta 'Pilas con el Voto', desarrollada por la Misión de Observación Electoral (MOE), para que los ciudadanos puedan reportar posibles irregularidades durante la jornada.DiDi y Cabify también ofrecen descuentos para la jornada electoralDiDi también reveló beneficios para los ciudadanos que utilicen la plataforma durante las elecciones. La compañía ofrecerá un 30 % de descuento con el código VOTACONDIDI.El descuento aplicará para las solicitudes realizadas por medio de DiDi Express y DiDi Pon tu Precio durante todo el domingo, desde las 12:01 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche.El beneficio estará disponible en ciudades como:Bogotá.Medellín.Cali.Barranquilla.Cartagena.Bucaramanga.Pereira.Ibagué.Cúcuta.Popayán.Villavicencio.Por su parte, Cabify habilitará el código VOTANDOCONCABIFY, que ofrece un descuento del 50 % en dos trayectos, con un límite máximo de $10.000 por viaje.Las condiciones de la promoción son:Válido únicamente el domingo 21 de junio, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.50 % de descuento en dos trayectos, con un tope de $10.000 COP por cada viaje.8.000 códigos disponibles hasta agotar existencias.Aplica en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.Descuentos de Cabify estarán disponibles hasta agotar códigosLa promoción de Cabify contará con 8.000 códigos de descuento disponibles hasta agotar existencias.Para activarlo, los usuarios deberán ingresar al menú principal de la aplicación, seleccionar la opción de códigos de descuento e ingresar la clave correspondiente.Estas iniciativas llegan en una jornada en la que miles de ciudadanos se movilizarán por las ciudades para cumplir con su cita en las urnas. Además del transporte, quienes voten podrán acceder a beneficios establecidos por la ley, como descuentos en algunos trámites oficiales y el medio día de descanso remunerado para trabajadores.
El Gobierno nacional retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify, entre otras, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba “servicio ilegal de transporte”.La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el Ministerio de Transporte optó por retirar la iniciativa para hacer ajustes a varios de sus artículos, tras las críticas y confusiones generadas en distintos sectores.Según Serna, el retiro del proyecto responde a “las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos” del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso.Por esta razón, el Gobierno decidió modificar el articulado para que tenga mayor claridad y refleje los acuerdos discutidos en mesas de negociación con los gremios del sector transporte, especialmente los de carga.El proyecto había sido radicado el 20 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Aunque el texto abordaba varios aspectos del sector transporte, una parte sustancial se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.Uno de los puntos más polémicos era la definición de “servicio ilegal de transporte”, entendido como aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente. Bajo este concepto, el proyecto pretendía declarar ilegal el transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas.Además, la iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones. El artículo 8 establecía castigos no solo para los conductores que prestaran el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica, esto abría la puerta a sanciones para usuarios, plataformas tecnológicas e incluso conjuntos residenciales vinculados al uso de estas aplicaciones.Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca replantear el texto y evitar interpretaciones ambiguas, mientras continúa el diálogo con los gremios. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del transporte por plataformas en el país sigue abierta y podría regresar al Congreso con un nuevo articulado en los próximos meses.
Una iniciativa legislativa radicada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte en el Congreso ya genera preocupación entre conductores, plataformas digitales y usuarios de apps de transporte como Uber, DiDi e InDrive. El proyecto plantea un endurecimiento sin precedentes contra lo que denomina “servicio ilegal de transporte”, lo que en la práctica podría traducirse en una prohibición total del funcionamiento de estas apps en Colombia.¿De qué se trata el proyecto que busca prohibir apps de transporte?La propuesta fue radicada el 20 de enero en la Secretaría del Senado y consta de 118 artículos distribuidos en 71 páginas. Aunque el texto aborda distintos aspectos del sector transporte, una parte significativa del articulado se concentra en reforzar sanciones contra servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.En el apartado de definiciones, el proyecto establece que el “servicio ilegal de transporte” es aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente.¿Qué multas impondrían a conductores de Uber, DiDi y más?Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la ampliación del alcance de las sanciones. El artículo 8 plantea castigos no solo para quienes presten el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que faciliten o permitan el incumplimiento de las normas, lo que podría incluir a usuarios, plataformas y terceros.De acuerdo con el artículo 31, se propone una multa de 390 UVB, equivalente a cerca de 4,7 millones de pesos, por cada evento en el que se facilite un servicio que incumpla las normas de tránsito y transporte. Cada solicitud realizada por un usuario sería considerada un evento independiente.El proyecto también introduce multas considerablemente más altas. El artículo 29 establece sanciones que van desde 30 hasta 180.000 UVB, lo que equivale a más de 2.100 millones de pesos, para conductas que incumplan la normativa del sector transporte y no tengan sanción específica.En paralelo, se propone un aumento drástico en los tiempos de inmovilización de los vehículos que presten servicios considerados informales o ilegales. Mientras hoy la primera infracción implica cinco días de inmovilización, el proyecto plantea:60 días en la primera infracción90 días en la segunda90 días en la terceraMultas a edificios, conjuntos, parqueaderos y másUno de los artículos que más controversia ha generado es el 88, que contempla sanciones para propietarios y propiedades horizontales, como edificios residenciales, conjuntos y centros comerciales.El texto permitiría imponer multas de hasta 726 millones de pesos a quienes permitan, promuevan o consientan, de forma directa o indirecta, el estacionamiento u operación de vehículos asociados a servicios de transporte informales o ilegales.El proyecto también otorga mayores atribuciones a las autoridades locales. Un parágrafo ordena a alcaldes y a la Superintendencia de Transporte priorizar la prevención, investigación y sanción de este tipo de servicios, con controles reforzados en aeropuertos, terminales, hoteles, centros comerciales y zonas administrativas.Además, se les daría la potestad de suspender servicios de plataformas digitales sin orden judicial previa, una medida que ha sido interpretada como un cambio sustancial en el equilibrio regulatorio del sector.Otro punto cuestionado es el artículo 69, que obliga a funcionarios y contratistas del Estado vinculados al sector transporte a abstenerse de realizar manifestaciones públicas que promuevan o incentiven servicios considerados informales o ilegales.¿Qué opinan las plataformas y gremios de apps de transporte?José Daniel López, presidente de Alianza In, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, rechazó categóricamente el proyecto y lo calificó de autoritario y regresivo."Acá el problema es que no estamos avanzando en una mala regulación, sino que estamos retrocediendo con un intento de prohibición, con un proyecto de ley autoritario, regresivo, que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada, que se mete con las libertades de la gente y que llega a extremos", puntualizó López.El presidente del gremio explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.
Un nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transporte encendió el debate nacional sobre el futuro de las aplicaciones de movilidad en Colombia. La iniciativa, radicada el pasado 21 de enero de 2026, pretende declarar ilegal el transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de plataformas tecnológicas como Uber, Didi y Cabify.La propuesta va más allá de la discusión tradicional sobre la regulación del transporte por aplicación: contempla multas para conductores, usuarios, plataformas e incluso conjuntos residenciales o empresas que permitan la operación o estacionamiento de vehículos vinculados a estos servicios.De acuerdo con el texto radicado, los administradores de propiedad horizontal que “promuevan, consientan o permitan directa o indirectamente la prestación de transporte informal” podrían enfrentar sanciones de hasta 60.000 UVT, equivalentes a más de 726 millones de pesos.“Estamos retrocediendo con un intento de prohibición”En entrevista con Mañanas Blu, José Daniel López, presidente de la asociación de aplicaciones Alianza In, calificó el proyecto como “autoritario, regresivo y destructor de empleo”. López advirtió que el Gobierno no está avanzando hacia una regulación moderna, sino que está "retrocediendo con un intento de prohibición que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada y limita las libertades de los ciudadanos”.El representante gremial señaló que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no ha regulado de manera efectiva estas plataformas, junto con Surinam, Venezuela y Nicaragua. “No estamos frente a un vacío que deba llenarse con castigos —manifestó— sino ante una oportunidad perdida de formalización digital”.Multas para todos: conductores, usuarios y plataformasEntre las sanciones contempladas en el proyecto se incluyen multas de hasta 47 millones de pesos por viaje para usuarios y plataformas, e inmovilización de los vehículos particulares durante 60, 90 y hasta 120 días en caso de reincidencia.López explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.El dirigente alertó también sobre el impacto en la generación de ingresos: “Podrían perder su sustento más de 300.000 personas que hoy dependen directamente del transporte mediante plataformas”, advirtió.Cifras de un fenómeno masivoSegún datos de Alianza In, en 2025 se registraron más de 12 millones de cuentas de conductores en diferentes aplicaciones de movilidad y alrededor de 21 millones de cuentas de usuarios. Esto significa que “entre 8 y 10 millones de colombianos utilizan activamente estas plataformas como parte de su cotidianidad”, explicó López.Estas cifras, que reflejan una amplia adopción de los servicios digitales de transporte, contrastan con la dureza de la propuesta gubernamental que, de aprobarse, dejaría sin alternativa a un amplio segmento de la población urbana.El alcance del control y una “ley mordaza”El proyecto no solo define como ilegal la prestación del servicio, sino que también faculta al Gobierno y a las autoridades locales a investigar y sancionar actividades relacionadas con el transporte a través de plataformas.“El proyecto vuelve vigilables a todos los ciudadanos, tanto a usuarios como conductores, bajo supervisión de la Superintendencia de Transporte”, señaló el dirigente gremial. Además, se ordena a los alcaldes tomar medidas restrictivas en zonas de alta demanda como aeropuertos, terminales y centros comerciales, lo que López considera “una asfixia operativa que haría imposible la prestación del servicio”.Otro punto polémico, destacó, es el artículo que “prohíbe a congresistas, alcaldes y funcionarios públicos expresar opiniones que promuevan o legitimen estas plataformas”, lo que calificó como “una ley mordaza que atenta contra la libertad de expresión”.El debate llega al Congreso en un momento de creciente dependencia de la movilidad digital. Las aplicaciones se han integrado a la economía urbana, no solo como alternativa de transporte, sino como fuente de ingresos para familias afectadas por el desempleo.Expertos advierten que la aprobación del proyecto podría tener un fuerte impacto sobre la informalidad y los ingresos de la clase media. “Este no es un asunto de ricos o pobres —argumentó López—, es un ataque al derecho de trabajar y de elegir cómo moverse en el país”.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Bogotá cuenta con una nueva alternativa de transporte con la llegada de Yango, una plataforma de movilidad perteneciente a Yango Group. Su lanzamiento en la capital colombiana amplía las opciones de transporte disponibles y busca mejorar la experiencia de los usuarios a través de tecnología y una red de conductores.Esta nueva plataforma se suma a otras que ya tienen bastante popularidad en la ciudad, como Uber, InDrive, Cabify, Picap y Didi.Servicios de YangoYango ofrece seis modalidades de viaje para adaptarse a distintas necesidades:Taxi: acceso a más de 25.000 taxis a través de una alianza con Taxis Libres.Urban: vehículos con mayor comodidad.Economy: alternativa más económica.Economy Plus: mayor confort con vehículos recientes.Moto: para desplazamientos rápidos en la ciudad.Eléctricos: enfocados en la sostenibilidad, especialmente para viajes al aeropuerto.La plataforma integra inteligencia artificial para optimizar rutas y reducir tiempos de espera. Además, incorpora herramientas de seguridad como monitoreo en tiempo real, verificación de identidad y botones de emergencia para conductores y pasajeros.Los conductores pueden acceder a la plataforma con la posibilidad de generar ingresos y recibir capacitación. Según la compañía, se han desarrollado herramientas para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.Yango está disponible en Bogotá con planes de expansión en el país. Los usuarios pueden descargar la aplicación y acceder a las distintas opciones de movilidad.
La compañía Taxis Libres, una de las más grandes del sector en Colombia, cambió su estrategia frente a las apps de transporte y se alió con Yango, una empresa de movilidad nacida en Rusia y con sede en Dubái. Este acuerdo busca ofrecer a los conductores herramientas tecnológicas que les permitan elegir entre pedir taxi por esta plataforma o carro particular por Uber, DiDi, Cabify e InDrive, entre otras.Durante los últimos años, Taxis Libres intentó enfrentar legalmente a estas plataformas, pero tras decisiones judiciales desfavorables, como la negativa de la Corte Suprema de Justicia a una demanda contra Uber por competencia desleal, la compañía ha decidido enfocarse en la competitividad del servicio. “Ya no hay pelea legal con las plataformas, de hecho ya hay proyectos en el Congreso para regularlas. Esto va a ser una realidad, nos estamos anticipando”, declaró Stefanía Hernández, CEO de Taxis Libres, en entrevista con Forbes.Qué es Yango y por qué se unió con Taxis LibresLa alianza con Yango implica que los más de 25.000 conductores de Taxis Libres accederán a tecnología basada en inteligencia artificial que optimiza las rutas y reduce los tiempos de espera, además de incorporar funcionalidades de seguridad y asistencia rápida. “Buscamos ser competitivos, darle a la ciudadanía lo que quiere. Que se movilicen en lo que quieran, queremos ser competitivos y que la ciudadanía nos escoja”, agregó Hernández.Como parte del proceso de transición, la aplicación de Taxis Libres migrará a la plataforma de Yango, lo que permitirá la integración con la línea telefónica normal, aunque también cuentan con comunicación a través de WhatsApp, que seguirá disponible. Además, la compañía ha puesto en circulación 100 vehículos eléctricos NAT para servicios especiales.Por su parte, Mark Bitton, country manager de Yango en Colombia, aseguró que la plataforma busca posicionarse en el mercado con beneficios y bonos para los conductores. Actualmente, Yango opera en Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, y planea expandirse a Bogotá en los próximos meses. “Somos la única plataforma que integra llamadas telefónicas a la aplicación. Esa es una opción que sirve a personas mayores que prefieren las llamadas”, indicó Bitton.La colaboración entre taxis tradicionales y plataformas digitales no es nueva en Colombia. Desde 2018, Cabify incorporó taxis amarillos a su servicio tras adquirir EasyTaxi y Tappsi. En 2021, Uber estableció una alianza con TaxExpress para integrar taxis amarillos en su aplicación. DiDi e InDrive también han implementado esquemas similares.Según Adeniyi Adebayo, director de Negocios de Yango, esta estrategia permite a los propietarios de taxis tener un mayor control sobre su operación mediante un software de gestión de flotas. “Imagínate que pones tu auto en la flota de taxis y cada noche recibes un informe exacto de lo que pasó. Sabes el kilometraje, los viajes realizados y el dinero generado”, explicó a Forbes. También destacó que esta transparencia facilita la financiación de nuevos vehículos por parte de los bancos.Yango, que también opera en Bolivia, Perú y Guatemala, ofrecerá a los conductores aliados capacitación sobre el uso de la aplicación, atención al cliente, protocolos de seguridad y estándares operativos.
El Congreso avanza en la regulación de las apps de transporte privado intermediado por plataformas digitales como Uber, DiDi, InDriver y Cabify, una tarea necesaria que piden desde diferentes sectores en el país. Una de las principales propuestas incluidas en el proyecto de ley 136 de 2024 es la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Movilidad Intermediado (Runsmi), un sistema que, de aprobarse, transformaría las condiciones bajo las cuales operan los conductores de estas aplicaciones y evitaría la inmovilización de sus vehículos.¿Qué es el Runsmi?El Runsmi será un registro nacional administrado por el Ministerio de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y que tendrá como objetivo centralizar la información de las plataformas digitales, los conductores, los propietarios de los vehículos y los carros habilitados para prestar el servicio.El proyecto establece un plazo de seis meses para la creación del Runsmi una vez sancionada la ley. Posteriormente, tanto los conductores como las plataformas tendrán un período adicional de seis meses para registrarse y cumplir con los requisitos exigidos.¿Qué requisitos habría para conductores?Para operar legalmente bajo esta normativa, los conductores deberán cumplir con una serie de condiciones específicas, entre las que se destacan:Registro obligatorio en el Runsmi: la información deberá actualizarse cada seis meses.Documentación al día: los vehículos deberán contar con Soat y revisión técnico-mecánica vigentes.Seguros adicionales: las plataformas deberán garantizar pólizas que cubran riesgos para conductores, pasajeros y terceros.Evaluación del servicio: los usuarios podrán calificar a los conductores.Tarifas dinámicas: permitidas según la oferta y demanda del servicio.¿Qué cambiaría en la ley colombiana?Otro de los cambios propuestos es la actualización del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, artículo que actualmente sanciona con multas y la inmovilización de vehículos a quienes presten servicios de transporte público no autorizado. La modificación busca especificar que los vehículos particulares registrados en el Runsmi podrán operar como transporte intermediado por plataformas digitales, lo que eliminaría o modificaría la infracción D12, que en 2024 equivale a una multa de 1.300.000 pesos.¿Qué pasará con las multas anteriores?A pesar de los beneficios que traerá esta regulación, las sanciones impuestas antes de su aprobación no serán anuladas. Según la abogada Danna Piñeros, consultora jurídica consultada por Blu Radio, las penalidades seguirán vigentes hasta que la normativa entre en vigor, lo que implica que los conductores sancionados anteriormente no serán exonerados.Por otro lado, la ley asignará a la Superintendencia de Transporte la inspección, vigilancia y control de los conductores que operen bajo esta modalidad. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio será responsable de regular las plataformas digitales.¿Qué faltaría para que sea ley?El proyecto de ley debe superar cuatro debates en el Congreso, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, además de un control previo por parte de la Corte Constitucional, control que verificará que la normativa cumpla con los requisitos formales y materiales exigidos para su entrada en vigor.
El proyecto de ley 136 de 2024, aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado, regula las apps de transporte y establece los requisitos que deberían cumplir los conductores de Uber, DiDi, InDriver y Cabify, entre otras, de aprobarse la regulación.Estas disposiciones buscan regular el servicio de transporte privado intermediado por plataformas digitales y entrarán en vigencia una vez el proyecto sea sancionado y cumplidos los plazos de transición.Requisitos que tendrían los conductoresLos conductores deberán cumplir con los siguientes requisitos para registrarse y operar:Plena identificación: todos los conductores deberán estar registrados en el RUNSMI con información actualizada cada seis meses.Documentos obligatorios: los vehículos utilizados para el servicio deberán contar con Soat y revisión técnico-mecánica vigentes.Seguros adicionales: las plataformas estarán obligadas a ofrecer pólizas de seguros que cubran a los conductores, pasajeros y terceros, incluyendo responsabilidad civil extracontractual para amparar los riesgos asociados a la actividad.Calificación del servicio: los conductores deberán someterse a un sistema de evaluación por parte de los usuarios.Regulación de tarifas: los vehículos particulares que presten el servicio podrán implementar tarifas dinámicas, dependiendo de la oferta y la demanda.¿Qué necesitaría para ser ley?Lla abogada Danna Piñeros, consultora jurídica del Centro Jurídico Internacional, explicó a Blu Radio que el proyecto debe someterse a un proceso legislativo especial, que incluye cuatro debates en el Congreso (dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado), seguido de un control previo de la Corte Constitucional. Este control verificará que la norma cumpla con los requisitos formales y materiales exigidos para las leyes de carácter estatutario.Adicionalmente, la Superintendencia de Transporte será la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control sobre los conductores que operen bajo esta modalidad, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio hará lo propio con las plataformas.Qué será el RunsmiEntre las principales medidas, el proyecto contempla la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Movilidad Intermediado (RUNSMI), que estará a cargo del Ministerio de Transporte en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).Este registro incluirá información de las empresas administradoras de plataformas, los conductores, los propietarios de vehículos y los vehículos habilitados para el servicio.Además, el proyecto establece un plazo de seis meses para la creación del RUNSMI tras la sanción de la ley. Una vez creado, conductores, vehículos y empresas tendrán otros seis meses para completar el registro y cumplir con los requisitos establecidos.¿Qué cambiaría en la ley para que no los multen?Para que esta normativa entre en vigor, sería necesario modificar el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual actualmente sanciona el transporte público no autorizado mediante la infracción D12, la cual tiene una multa hoy en día de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2024 son 1.300.000 pesos.“El Código Nacional de Tránsito requerirá una actualización para dejar explícito que los vehículos particulares podrán prestar servicios de movilidad a través de plataformas digitales”, puntualizó Piñeros.¿Aplicaría si me multaron antes?Aunque este proyecto traería un alivio para quienes trabajan en estas plataformas, las multas e inmovilizaciones impuestas antes de su aprobación no serían anuladas. Al respecto, Piñeros aclaró:“Las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito seguirán aplicándose hasta que el proyecto sea aprobado y regulado por el Estado”, explicó la experta, lo que significa que las penalidades previas continuarían vigentes, y los conductores afectados no serían exonerados.Le puede interesar:
La Superintendencia de Transporte emitió un comunicado en el que insta a la Administración Distrital de Bogotá a revisar el acuerdo 607 de 2024, aprobado en segundo debate en el Concejo de Bogotá, que busca establecer disposiciones para mejorar las prácticas en la aplicación de sanciones por la infracción D12, relacionada con el uso de apps de transporte.Sin embargo, la Superintendencia advirtió que las disposiciones de este acuerdo deben ajustarse estrictamente al marco normativo vigente, y recordó que las autoridades locales no pueden modificar o adicionar normas permanentes del Código Nacional de Tránsito.¿Qué cambiaría con el acuerdo 607 sobre las infracciones a conductores de apps de transporte?El acuerdo del Concejo de Bogotá tiene como objetivo principal garantizar un procedimiento justo y respetuoso en la aplicación de comparendos a conductores de plataformas digitales como Uber, Didi, Cabify o inDriver. Según los mismos cabildantes, este acuerdo busca:Promover buenas prácticas en los operativos sancionatorios.Asegurar que las autoridades respeten los derechos de los conductores durante los procedimientos.Generar pedagogía sobre los derechos y responsabilidades de los actores viales.No obstante, la SuperTransporte destacó que cualquier alteración a los procedimientos establecidos por ley debe ser revisada con cuidado, para no contravenir las normas vigentes.¿Qué dice SuperTransporte sobre modificara procedimientos por infracción D12?La superintendente Ayda Lucy Ospina Arias subrayó que, aunque es positivo promover iniciativas que protejan los derechos de los actores viales, el Acuerdo no debe contradecir la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito). Según la norma, los concejos municipales y asambleas departamentales no pueden dictar normas permanentes que impliquen modificaciones al Código de Tránsito.“El respeto por la regulación vigente es fundamental para garantizar tanto la seguridad vial como la protección de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los prestadores del servicio público de transporte debidamente autorizados”, declaró Ospina Arias.Además, la Superintendencia resaltó que el acuerdo no puede condicionar la aplicación de sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito ni limitar la labor de las autoridades operativas en casos donde se configuren infracciones múltiples.Así las cosas, la Superintendencia aseguró que se desconoce "el concurso ideal de infracciones administrativas" si se les restringe el ejercicio de las autoridades de tránsito a que cuando de una misma conducta se configuren dos infracciones independientes, se informe solo una infracción para que sea investigada.¿Habrá ley que regule el uso de apps como Uber, DiDi, etc.?En paralelo, se discute en el Congreso un proyecto de ley estatutaria que busca regular los servicios de transporte ofrecidos mediante plataformas digitales. De aprobarse, esta ley eximiría a los conductores de estas aplicaciones de sanciones como la inmovilización de vehículos o multas, siempre que operen dentro de un marco legal.El proyecto de ley también plantea actualizar el Código Nacional de Tránsito, permitiendo explícitamente que vehículos particulares presten servicios a través de plataformas digitales. Mientras tanto, las multas e inmovilizaciones seguirán vigentes hasta que la legislación sea aprobada y regulada."Esto implica que, en ejercicio del derecho a la libre movilidad, no habrá lugar a inmovilizar ni multar vehículos que trabajen con plataformas como DiDi, Uber, Cabify, inDriver, etc., siempre y cuando estos servicios se encuentren legalizados", puntualizó la abogada Danna Piñeras a Blu Radio.Cuál es la multa por manejar DiDi, Uber, CabifyPara que esta normativa entre en vigor, sería necesario modificar el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual actualmente sanciona el transporte público no autorizado mediante la infracción D12, la cual tiene una multa hoy en día de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2024 son 1.300.000 pesos.Sin embargo, cabe recordar que la abodaga Danna Piñeros explicó a Blu Radio que el proyecto debe someterse a un proceso legislativo especial, que incluye cuatro debates en el Congreso (dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado), seguido de un control previo de la Corte Constitucional.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
En el marco de la reunión bilateral celebrada en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, el diplomático y académico chileno Jorge Heine, exembajador de Chile en China, analizó el alcance de este diálogo políticoEn diálogo con Mañanas Blu, el especialista destacó la dimensión económica de ambos actores, recordando que "entre Estados Unidos y China representan un 44% del producto mundial"A su juicio, la reunión refleja una tregua comercial y una distensión notable entre las dos superpotencias, abriendo un espacio crucial para discutir la estabilidad internacional.Diálogo y distensión en medio de un mundo en policrisisAl abordar la coyuntura geopolítica actual, cruzada por conflictos en Europa y Medio Oriente, Heine contextualizó la importancia de la relación bilateral."Estamos viviendo en un mundo en policrisis", afirmó el exembajador, agregando que "en el corazón de todos estos conflictos está la tensión, está la pugna entre Beijín y Washington. Eso es lo que hace de motor de la política internacional hoy en día".En ese sentido, calificó como una señal positiva la continuidad de los contactos en cumbres como la de APEC en Shenzhen y el G20 en Miami, señalando que "si estas dos potencias se ponen de acuerdo en bajar las tensiones a nivel mundial, todos nos vamos a beneficiar"Asimismo, resaltó el cambio pragmático de Washington, indicando que la Casa Blanca comprendió que "China, la verdad que es un gigante, con China no se juega y ha decidido hacer negocio".La carrera de la inteligencia artificial y el debate de regulaciónUno de los ejes clave de la conversación fue el desarrollo y la competencia en torno a la inteligencia artificial, una tecnología que, según Heine, "está tomando el mundo por asalto".El diplomático valoró el principio de acuerdo para establecer un punto de comunicación permanente que permita reaccionar ante situaciones de riesgo tecnológico.No obstante, hizo hincapié en las marcadas diferencias de enfoque entre ambas potencias al momento de ejercer control.Por un lado, las grandes tecnológicas estadounidenses plantean "introducir ciertos valores humanos a estos proyectos", mientras que la visión de Pekín consiste en "aplicar sanciones a las empresas y a los ejecutivos de ellas, si es que se pasan de la raya".América Latina frente al "no alineamiento activo"Al analizar la posición estratégica de América Latina entre la iniciativa de la Ruta de la Seda impulsada por China y los proyectos de Washington, Heine describió la vulnerabilidad de la región."América Latina en alguna medida está, como diríamos en Chile, como el jamón del sándwich en esta pugna que se está dando entre China y Estados Unidos", aseveró.Frente a esta encrucijada, el exembajador recomendó la adopción del "no alineamiento activo", postura desarrollada junto al académico Carlos Fortin."El alinearse en este momento con una de las dos grandes potencias en pugna no es una buena idea", concluyó Heine, instando a los países latinoamericanos a preservar su independencia, evaluar las oportunidades de ambas partes y actuar con base en sus propios intereses soberanos.Escuche aquí la entrevista:
“Nuestros arroyos no son basureros”, así lo está dejando muy claro el alcalde Alejandro Char, quien criticó el actuar de esos que dicen querer a Barranquilla y convierten estos cauces y las calles en ríos de basura.A raíz de las impresionantes imágenes que se difundieron esta semana, en las que se observa la trampa del arroyo León con toneladas de neveras de icopor, plásticos y madera, el mandatario se comprometió a “identificar a la empresa responsable de arrojar estos residuos” y tomar “las medidas correspondientes”.Se presume que los desechos de icopor estarían siendo arrojados justamente por empresas dedicadas a reciclaje o chatarrería en el suroccidente de Barranquilla; sin embargo, la advertencia también va para los ciudadanos del común: todo a aquel que se le demuestre que arrojó basuras a cuerpos de agua o bienes de carácter público se le impondrá multas.Estas multas son de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $976.673 por cada infractor individualizado, y el procedimiento será adelantado ante los inspectores de Convivencia y Paz.Entretanto, la Agencia Distrital de Infraestructura continúa la limpieza de los arroyos. Dice el gerente de la ADI, Jose Luis Romero, gerente de ADI, que en lo corrido del 2026 han limpiado 15 kilómetros de arroyos en Barranquilla, incluido el arroyo León que se hizo viral esta semana y es uno de los más contaminados.“En la trampa de basura hemos recogido en todo este año 4.421 toneladas de basura, la cual ha sido depositada en nuestro relleno sanitario de Los Pocitos. También iniciamos todas las limpiezas de varios arroyos en Barranquilla, como Bicentenario, Las Malvinas, entre otros arroyos que tenemos en la ciudad”, informó Romero.Los ciudadanos pueden denunciar a cualquier persona o empresa que esté arrojando basuras, llamando a la línea 123 de la Policía o a la línea 116 de la empresa Triple A. Y en ese mismo contacto de la empresa de aseo pueden solicitar la recolección de residuos voluminosos o de gran tamaño, cuando lo requiera.Memorando de entendimiento Frente a una problemática global en la que cientos de miles de toneladas de plástico ingresan a los océanos del mundo a través de los ríos cada año, la Alcaldía de Barranquilla y The Ocean Cleanup, organización internacional sin ánimo de lucro, han formalizado la firma de un Memorando de Entendimiento, como parte de los esfuerzos internacionales para proteger las cuencas hídricas, mitigar la contaminación ambiental y salvaguardar los ecosistemas del Caribe colombiano.Este acuerdo conjunto con Barranquilla busca implementar soluciones tecnológicas de barrera e ingeniería ambiental diseñadas a la medida para frenar el flujo de residuos plásticos directamente en la fuente.La estrategia de protección hídrica abordará dos frentes de acción fundamentales en el Atlántico mediante el despliegue de los sistemas flotantes interceptores desarrollados por esa organización.Entre las áreas que podrían ser consideradas para la instalación de estas soluciones avanzadas se encuentran algunos cuerpos de agua asociados a la cuenca baja del río Magdalena en su tramo final antes de la desembocadura al mar, así como el Arroyo León, con el objetivo de contribuir a la protección de la ciénaga de Mallorquín y de otros ecosistemas marino-costeros.
Una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos quedó al descubierto tras una investigación adelantada por la Policía, la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI. La operación, denominada ‘Thunder II’, dejó cinco personas capturadas en diligencias realizadas de manera simultánea en Villavicencio y Mesetas, Meta.Según las autoridades, la organización utilizaba una fachada de turismo para captar a ciudadanos colombianos que buscaban llegar a Estados Unidos. Les ofrecía supuestos paquetes turísticos con destino inicial a México, pero una vez allí eran trasladados hacia la frontera suroeste estadounidense para intentar ingresar clandestinamente por pasos no autorizados.El traslado irregular tenía un costo de entre $10 millones y $15 millones por persona. Las investigaciones establecieron que, desde 2022, la estructura habría facilitado la salida e ingreso irregular de más de 300 migrantes, generando millonarias rentas mediante este mecanismo.La red, además, habría preparado a los viajeros para enfrentar los controles migratorios. De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, los integrantes les indicaban qué hacer si eran interceptados por las autoridades estadounidenses.En esos casos, según la investigación, los migrantes eran instruidos para presentar solicitudes de asilo político sustentadas en denuncias falsas, relacionadas con supuestas amenazas de grupos armados organizados en Colombia. Esta estrategia habría sido utilizada para intentar justificar su permanencia en territorio estadounidense.Los cinco capturados son señalados de los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir y serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento.La Fiscalía anunció que pedirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial y se establece el papel que habría cumplido cada integrante dentro de la estructura.
