La plataforma de préstamos en criptomonedas BlockFi se declaró este lunes en bancarrota en el estado estadounidense de Nueva Jersey, en un nuevo golpe para el mundo de las criptodivisas después de la quiebra del gigante FTX.
BlockFi, que llegó a estar valorada en 3.000 millones de dólares, fue fundada en 2017 por Zac Prince y Flori Marquez y su objetivo era prestar dinero a clientes usando sus activos en criptomonedas como garantía.
En un comunicado, la empresa asegura que se ha acogido voluntariamente al capítulo 11 del código de bancarrota de Estados Unidos con el objetivo de lograr una restructuración.
BlockFi había asegurado que tenía una "exposición significativa" a FTX y su sucursal de inversión Alameda Research, de las que obtuvo un crédito de 400 millones de dólares, que daban a FTX la opción de compra de la plataforma.
El diario The Wall Street Journal asegura que BlockFi fue una de las muchas firmas de criptomonedas en problemas que cerró acuerdos de rescate con la malograda FTX en los pasados meses.
En la nota publicada este lunes, BockFi asegura que se centrará en recuperar todas las obligaciones que tienen contraídas con ella terceras partes, entre las que cita a FTX. En este sentido, advirtió de que debido al proceso de bancarrota en el que también está sumido FTX, este procedimiento se puede retrasar.
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Paralelamente, la compañía anunció el comienzo de un plan para "reducir considerablemente los gastos, incluido los costes laborales", aunque no ofreció más detalles al respecto.
Según el comunicado, BlockFi cuenta con 256,9 millones en efectivo que espera que sean suficientes para "apoyar ciertas operaciones durante el proceso de restructuración".
La quiebra de BlockFi sigue a la de FTX, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares y que podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la plataforma ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus cincuenta principales acreedores.
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Durante el arranque del proceso de bancarrota de FTX, sus nuevos gestores denunciaron una "ausencia total de controles corporativos" y una falta de "información financiera fiable" y aseguraron que una "cantidad sustancial" de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos.
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