Una investigación desarrollada por la Universidad de Antioquia (UdeA) puso bajo la lupa las estadísticas laborales en Colombia tras identificar una diferencia significativa entre las cifras de empleo formal divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros oficiales de aportes a la seguridad social.
El estudio, elaborado por el economista Edwin Esteban Torres Gómez y el Grupo de Investigaciones de Macroeconomía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA, concluyó que los datos de formalidad laboral reflejan dos realidades distintas dependiendo de la fuente consultada.
Mientras el Dane sostiene que durante el último año se registró la creación de aproximadamente 814.000 empleos formales, el análisis basado en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) muestra un comportamiento opuesto. Según esta información administrativa, en lugar de generarse nuevos puestos de trabajo, el país habría experimentado una reducción superior a los 170.000 empleos formales durante el mismo periodo.
La investigación titulada “¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del DANE versus los registros de pago de seguridad social” buscó comparar la información obtenida a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), principal herramienta utilizada por el Dane para medir el mercado laboral, con los registros de cotización a salud y pensión administrados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
Los investigadores señalaron que las cifras oficiales muestran una reducción progresiva del desempleo y una caída de la informalidad laboral. Sin embargo, los datos provenientes de la PILA reflejan una desaceleración constante en el número de afiliados al sistema de seguridad social, así como una variación anual negativa del 1,35 % con corte a febrero de 2026.
La inquietud de los académicos surgió al observar una aparente desconexión entre el comportamiento de la economía colombiana y la evolución del empleo formal. Según explicó Torres, los indicadores económicos mostraban un crecimiento moderado de la actividad productiva, mientras los reportes laborales reflejaban una expansión considerable de la ocupación formal.
Esa divergencia llevó a contrastar ambas bases de datos. Los resultados evidenciaron diferencias persistentes desde 2022 y particularmente marcadas a partir de junio de 2024. De acuerdo con el estudio, mientras el Dane reportaba tasas de crecimiento cercanas al 4,6 % en el empleo formal, los registros administrativos reflejaban aumentos de apenas 0,9 %.
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Incluso al utilizar metodologías comparables, enfocadas en trabajadores que realizan aportes a salud y pensión, la brecha continuó siendo amplia. Para febrero de 2026, por ejemplo, el Dane informó un crecimiento anual del empleo formal de 8,2 %, mientras que los registros administrativos mostraban una disminución de 1,3 %.
La discusión sobre la calidad de las estadísticas laborales no es exclusiva de Colombia. Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado en distintos informes que las diferencias entre encuestas de hogares y registros administrativos son un desafío recurrente en múltiples países, especialmente en economías donde la informalidad tiene una participación elevada.
En varios mercados laborales de América Latina también se han registrado discrepancias entre las mediciones tradicionales y los sistemas de afiliación a la seguridad social, situación que ha impulsado revisiones metodológicas y ajustes en la interpretación de los indicadores.
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El investigador de la UdeA afirmó que las diferencias encontradas no pueden atribuirse únicamente al margen de error estadístico y advirtió que los datos laborales son fundamentales para la formulación de políticas públicas, la evaluación de programas gubernamentales y el seguimiento de variables económicas como la pobreza, los ingresos y la productividad.
El debate ahora se centra en determinar las causas de esta diferencia estadística y en establecer si los mecanismos de medición actuales reflejan con precisión la evolución real del empleo formal en Colombia.