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El Gobierno nacional alista la radicación del proyecto definitivo de paz total, que abriría la puerta a beneficios judiciales para integrantes de organizaciones criminales. Aunque el texto oficial se conocería este viernes, un borrador de 14 páginas que incluye puntos altamente controvertidos, entre ellos, la posibilidad de libertad condicional para capos y mandos medios de estructuras armadas ilegales.
El Ministerio de Justicia trabaja en afinar la redacción final, pero el documento ya plantea varios interrogantes clave que marcarán el debate en la próxima legislatura.
En diálogo con Mañanas Blu, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, se pronunció sobre el proyecto de ley que propone la modificación de los beneficios penales para condenados por delitos graves.
Destacó la necesidad de velar por los derechos de las víctimas y la integridad del sistema judicial. La exministra divide su análisis en varios puntos clave que permiten comprender la profundidad de esta controversia, sin embargo aseguró que no conoce de fondo el borrador.
Buitrago subrayó que el marco de paz establecido en 2016 se centra en el conflicto armado, mientras que el nuevo proyecto debe abordar las estructuras criminales. "Debemos garantizar que las personas que están condenadas cumplan sus penas, no hay lugar para la impunidad", comentó, enfatizando que la ley 2272 no permite autorización para desconocer los principios de la justicia penal.
"Ya estas personas fueron sometidas por la justicia. Aquí hubo una decisión judicial y ahora lo que queremos decir es que estas personas van a tener una rebaja o van a tener libertad condicional en contravía de los presupuestos del Código Penal", explicó.
Esto significa que aquellos condenados deben seguir cumpliendo su castigo sin beneficios adicionales.
En cuanto al proyecto de ley en discusión, Buitrago expone que podría actuar como una forma de camuflar una condonación de penas ya impuestas. "Los estándares internacionales de justicia requieren que las víctimas sean escuchadas y tenidas en cuenta. Aquellos que han sufrido debido a secuestros, homicidios y extorsiones no pueden quedar desprotegidos mientras se discuten beneficios para los victimarios". Asegura que le preocupa la información que hasta ahora ha sido revelada como borrador del proyecto, de acuerdo con ella, va en contra de las víctimas.
Otro de los puntos críticos que aborda Buitrago es la falta de consideración hacia las víctimas en el proceso de esta propuesta legislativa. "Las víctimas que acudieron al sistema con confianza ahora se encuentran vulnerables. La justicia debe ser restaurativa y garantizar su derecho a la reparación", enfatiza, apuntando que sin este enfoque el proyecto podría ser considerado un retroceso en la lucha por la justicia en Colombia.
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Finalmente, Buitrago menciona las críticas que afirman que no hay diferencias significativas entre este proyecto y la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). "Es esencial reconocer que se trata de grupos criminales que no necesariamente están sujetos a las mismas condiciones de los grupos armados organizados con fines de conflicto", explica.
Escuche aquí la entrevista:
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