La exministra de Justicia Ángela María Buitrago se refirió al cierre de las negociaciones con grupos criminales y al nuevo enfoque de sometimiento a la justicia, al tiempo que cuestionó algunas decisiones adoptadas durante el Gobierno Petro frente a las órdenes de captura.Buitrago explicó en Recap Blu que, aunque conoció de cerca el proceso, la negociación correspondía al presidente de la República y al comisionado de Paz. Según la exfuncionaria, uno de los principales problemas fue la ausencia de un marco jurídico adecuado para avanzar con determinadas estructuras.“Esas negociaciones no tenían marco jurídico y sobre esos puestos era muy difícil avanzar en el camino de una negociación”, afirmó.La exministra también sostuvo que el sometimiento contemplado en la Ley 2272 implicaba la desmovilización y entrega a la justicia ordinaria, condiciones que, según su versión, no se cumplieron.Críticas por la suspensión de órdenes de capturaUno de los puntos centrales de la entrevista fue el manejo de las órdenes de captura. Buitrago consideró que algunas suspensiones se realizaron de manera anticipada y, en ciertos casos, sin cumplir las condiciones establecidas por la ley.“Las órdenes de suspensión que se empezaron a proferir y que se empezaron a levantar incluso eran, algunas de ellas, violatorias de la misma ley”, señaló.También cuestionó que se hubieran suspendido órdenes relacionadas con personas que ya estaban cumpliendo condenas, al considerar que un proceso de paz no puede desconocer decisiones ejecutoriadas de los jueces.Extradición y sistema penitenciarioSobre la extradición, Buitrago defendió este mecanismo como una herramienta de cooperación judicial y destacó el principio de reciprocidad entre Estados. “La extradición es un mecanismo muy importante en términos de cooperación judicial”, manifestó.En cuanto al sistema penitenciario, identificó como retos principales el control de la corrupción y la influencia de estructuras criminales desde las cárceles. Para la exministra, los traslados deben acompañarse de investigaciones y judicializaciones cuando se detecten nuevos delitos.Erradicación de cultivos de cocaBuitrago también planteó que la discusión sobre la erradicación debe buscar un equilibrio entre las obligaciones del Estado y la protección ambiental y de la salud. En ese sentido, consideró necesario evaluar alternativas y generar evidencia antes de tomar decisiones definitivas sobre los mecanismos de fumigación. “La solución es llegar a un punto medio en donde haya participación de todos los actores para erradicar y cumplir con la obligación de erradicación de los cultivos de coca”, sostuvo la exministra.Sobre el uso de glufosinato de amonio como alternativa al glifosato, Buitrago señaló que el producto ha sido objeto de pruebas durante varios años y que, según los estudios que mencionó, tendría un menor impacto ambiental y una menor persistencia en el suelo. Sin embargo, reconoció que todavía debe evaluarse su efectividad en la erradicación de los cultivos de coca. “Yo creo que incluso el glifosato tampoco acaba con la mata”, afirmó, al señalar que la discusión debe considerar tanto la eficacia de los productos como sus posibles efectos sobre el ambiente y la salud.Escuche la entrevista completa acá:
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro hubo intervenciones de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en asuntos relacionados con procesos de extradición, pese a que, según su interpretación jurídica, esa dependencia no tenía competencia para intervenir en esos procedimientos.Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Mañanas Blu, a propósito de las recientes extradiciones de varios integrantes de organizaciones criminales y de la controversia que rodeó durante el gobierno Petro los casos de Andrés Araña, alias HH y El Mocho Olmedo.Buitrago sostuvo que su posición frente a la aplicación de la Ley 2272 fue consistente durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Justicia: los integrantes de grupos armados o estructuras criminales que pretendieran beneficiarse de mecanismos asociados a la política de paz total debían demostrar hechos concretos de sometimiento y, sobre todo, cesar sus actividades delictivas.El caso de Andrés Araña y la captura en BogotáUno de los episodios centrales mencionados por la exministra fue la captura de Alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera y requerido internacionalmente por la justicia de Estados Unidos.El hombre fue capturado en febrero de 2025 en Bogotá, en cumplimiento de una orden internacional y una circular roja de Interpol. Buitrago defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que el Ministerio de Justicia dejó constancia de que no existían razones jurídicas para impedir la captura.La exministra también cuestionó las actuaciones que, según recordó, se produjeron alrededor del procedimiento y rechazó la tesis de que la captura hubiera constituido un “entrampamiento” al proceso de paz.Según Buitrago, una circular roja de Interpol responde a mecanismos de cooperación judicial internacional y no podía ser suspendida simplemente mediante decisiones relacionadas con las negociaciones de paz.La exministra recordó además que el Ministerio de Justicia no participaba directamente en las mesas de negociación y que las decisiones sobre política de paz correspondían al presidente de la República y al comisionado de paz.La polémica por alias HH y su salida del Ministerio de JusticiaOtro de los puntos que, según Buitrago, terminó siendo determinante en su salida del Gobierno fue el caso de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, cabecilla de Comuneros del Sur.La exministra afirmó que recibió un concepto negativo de la Oficina del Comisionado de Paz frente al proceso de extradición. Desde su perspectiva, ese documento constituía una intervención en una materia para la cual dicha oficina no tenía competencia.Buitrago explicó que, a su juicio, la competencia para emitir un concepto negativo dentro del procedimiento de extradición correspondía a la Corte Suprema de Justicia en los términos establecidos por la ley. Por ello, sostuvo que respondió oficialmente al concepto recibido y mantuvo su posición de que la extradición debía ser concedida.La exministra aseguró que presentó su renuncia en mayo de 2025, en medio de esas diferencias y de otros desacuerdos relacionados con el funcionamiento del Ministerio de Justicia.Según su relato, inicialmente se pretendía negar la extradición de alias HH con base en el concepto relacionado con el proceso de paz. Sin embargo, Buitrago sostuvo que jurídicamente no existían elementos suficientes para adoptar esa decisión.Posteriormente, según explicó, la resolución fue modificada después de su salida del Ministerio: la extradición fue concedida, pero sus efectos quedaron suspendidos mientras el procesado permanecía vinculado a las mesas de paz.La Ley 2272 y los límites de la paz totalLa discusión jurídica planteada por la exministra gira también alrededor de la interpretación de la Ley 2272, marco legal de la política de paz total.Buitrago afirmó que esa legislación no podía utilizarse para suspender de manera automática órdenes internacionales de captura ni para conceder beneficios a personas que continuaran cometiendo delitos. Su argumento central es que debía existir una relación entre los beneficios derivados de los procesos de paz y actos reales, verificables y concretos de sometimiento.Para la exministra, uno de los principales problemas fue que la política de paz total habría sido interpretada de manera demasiado amplia. Según sostuvo, algunos grupos continuaban ejerciendo control territorial y cometiendo delitos mientras participaban en procesos de diálogo. Buitrago señaló que durante su gestión encontró casos en los que las comunidades seguían sometidas a extorsiones y otras formas de violencia, situación que, en su concepto, resultaba incompatible con la participación de esos grupos en negociaciones de paz.Cuestionamientos a la suspensión de órdenes de capturaLa exministra también cuestionó decisiones de la Fiscalía relacionadas con la suspensión de órdenes de captura de personas vinculadas a estos procesos. Aclaró que no podía establecer las razones por las cuales la Fiscalía adoptó determinadas decisiones, pero expresó públicamente su desacuerdo jurídico con algunas de ellas.“La Fiscalía no debía haber suspendido esas órdenes. Yo siempre lo he dicho, he pensado que fue un error”. Buitrago sostuvo que, particularmente cuando se trataba de personas capturadas o condenadas, no encontraba fundamento jurídico para suspender las órdenes en los términos en que se hizo.No obstante, reconoció que posteriormente la Fiscalía revocó algunas de esas decisiones, lo que, desde su perspectiva, terminó corrigiendo parcialmente una actuación que inicialmente consideraba improcedente.El caso de El Mocho Olmedo y la Dirección Nacional de InteligenciaDurante la entrevista también fue mencionado el caso de alias El Mocho Olmedo, cuya situación, según Buitrago, conoció después de abandonar el Ministerio de Justicia y a través de informaciones publicadas por la prensa.La exministra calificó como cuestionable que una persona capturada por la Fiscalía estuviera bajo competencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pues, según su interpretación, esa entidad no tendría atribuciones para asumir la custodia de una persona sometida a un procedimiento judicial.Buitrago insistió en que la custodia debía estar sometida a las autoridades judiciales y penitenciarias correspondientes, de acuerdo con las decisiones adoptadas dentro del proceso.Denuncias ante los organismos de controlLa exministra confirmó que puso en conocimiento de diferentes autoridades los hechos que, desde su perspectiva, podían constituir irregularidades. Precisó que presentó los hechos y señaló a las personas que intervinieron, pero dejó en manos de las autoridades competentes determinar si existieron responsabilidades penales o disciplinarias.Entre las entidades mencionadas por Buitrago están la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Su posición, según reiteró durante la entrevista, no ha cambiado: la política de paz debía desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley y no podía convertirse en un mecanismo para suspender procedimientos judiciales o internacionales sin que existieran las condiciones legales correspondientes.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
La exministra de Justicia y exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, analizó la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un escándalo revelado por Noticias Caracol y que ha generado alarma nacional. En diálogo con El Radar, la experta advirtió sobre la complejidad y los riesgos que representa este hecho para la seguridad del Estado.Una infiltración “de la mayor seriedad”Buitrago calificó la situación como extremadamente delicada, al señalar que la presencia de miembros de grupos armados en instituciones públicas expone información estratégica y pone en riesgo la vida de uniformados y civiles. “Esto revela una complejidad muy fuerte. Cualquier clase de infiltración en el Estado… genera incluso que esas personas sirvan de informantes y generen violencia contra los mismos miembros del Ejército”, afirmó.La exfiscal recordó casos anteriores en los que funcionarios infiltrados alertaron sobre allanamientos, provocando la muerte de servidores públicos. “Esto es de la mayor seriedad… significa que pueden acceder a información que de otra manera sería desconocida y contar las operaciones militares en curso”, añadió.Retrasos en la investigación: 16 meses sin avancesUno de los puntos críticos señalados por Buitrago es el tiempo que la información permaneció sin ser investigada, pese a su relevancia. Noticias Caracol reveló que los datos estuvieron más de un año y cuatro meses en los archivos de la Fiscalía y la DIJÍN.“En estos casos debe haber actos urgentes… 16 meses significan que había que haber realizado acciones claras para asegurarse de que la información era seria y fiable”, explicó. Además, destacó el papel de los medios: “La prensa hace un trabajo importante en poner alerta sobre estos temas que pasan desapercibidos”.Lo que debe pasar ahoraLa exfiscal insistió en que el país necesita respuestas rápidas. Para ella, la prioridad es identificar a los responsables y sacarlos de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. “Lo primero que hay que hacer es mover a esas personas del lugar, tenerlas bajo investigación y saber qué información han podido comunicar”, indicó.Buitrago advirtió que los riesgos incluyen comprometer operaciones militares actuales y futuras. También pidió esclarecer cómo lograron infiltrarse y qué participación habrían tenido en hechos que dejaron muertos o heridos entre miembros de la fuerza pública.La experta concluyó resaltando nuevamente la importancia de la vigilancia periodística: “Los medios son fundamentales… permiten poner alertas para que la Fiscalía retome apoyos y ayudas que se dan inicialmente”.El país espera ahora avances concretos en un caso que compromete la seguridad nacional y la confianza en las instituciones.Escuche la entrevista completa acá:
En Mañanas Blu 10:30, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó por qué un mismo proceso puede terminar con decisiones opuestas entre la primera y la segunda instancia, como ocurrió con Santiago Uribe, inicialmente absuelto y luego condenado a 28 años de prisión por el caso de los “12 Apóstoles”.Buitrago señaló que el punto de partida está en cómo cada instancia valora las pruebas. “La primera valoración del juez de primera instancia puede dejar de mirar o puede concluir sobre la prueba de valoraciones diferentes. Por eso están asegurados los recursos para que haya una segunda instancia que revise los procesos”, dijo. Aunque afirmó que es “muy extraño” que un procesado sea absuelto y posteriormente condenado, explicó que esto ocurre cuando el tribunal considera que el juez omitió pruebas o no las analizó de manera sistemática.Según la exministra, este tipo de diferencias no solo se presentan entre primera y segunda instancia, sino incluso en casación. Recordó que la decisión sobre Santiago Uribe aún no es definitiva: “En casación ya es la última posibilidad de instancia en donde la Corte incluso puede rectificar este fallo o puede confirmar este fallo”.Impugnación especial vs. casaciónLa defensa de Santiago Uribe anunció que interpondrá una impugnación especial, figura distinta a la casación que se invocó en el expediente del expresidente Álvaro Uribe. Buitrago precisó que en este caso procede un recurso de doble conformidad: “Cuando a mí me condenan en segunda instancia, yo tenga derecho a que alguien más revise esa condena”.Explicó que la diferencia central está en el alcance de cada figura. En la casación, dijo, “si está mal invocada, incluso te pueden inadmitir la demanda”. Recordó que la Corte admite solo el 10% de las casaciones por tecnicismos. En contraste, la impugnación especial “revisa absolutamente todos los elementos que tenga el proceso, valoración de la prueba, prueba, cuáles son las motivaciones del juez”.¿Cuánto puede tardar la decisión?Aunque la ley establece que la resolución del recurso no debería tardar más de 30 a 60 días, la exministra advirtió que “en la práctica judicial se puede demorar más”. Señaló la carga laboral de los jueces y la dimensión del expediente: “Es un expediente muy grande, que lleva muchos años y que practicó mucha prueba”.
Este 2025 se conmemoran 40 años de un hecho que marcó la historia violenta del país: la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El ataque dejó cerca de 100 muertos entre magistrados, trabajadores y visitantes. Fueron 28 horas de horror que aún resuenan en la memoria de los familiares de las víctimas asesinadas a sangre fría durante esa trágica jornada.En diálogo con Blu Radio, la exministra de Justicia y abogada Ángela María Buitrago —quien lideró investigaciones clave sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante esos hechos— señaló que no ha existido una reparación real y que persiste una “ausencia total de justicia”.“No se ha investigado todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. Hay hechos donde se compulsaron copias y no se ha hecho absolutamente nada. Muchas víctimas siguen esperando respuestas 40 años después”, afirmó Buitrago.La exministra también recordó que, incluso antes de la toma, ya existían amenazas contra magistrados de las altas cortes, cuyos responsables nunca fueron identificados. Además, mencionó que varias de las compulsas de copias por torturas y ejecuciones extrajudiciales enviadas a la Fiscalía entre 2006 y 2008 aún no tienen respuesta.“No se investigó el tema real del incendio del Palacio de Justicia. Aunque hubo una hipótesis de que había sido la guerrilla, después encontramos pruebas de que no, y eso tampoco se investigó. No se investigó por qué murieron los magistrados en el baño, cuando hubo utilización de explosivos, fuego cruzado, cuáles fueron las balas que mataron a esos magistrados y a las personas que estaban en el baño del tercero y segundo piso. Tampoco se investigó a Belisario Betancur”, aseguró.Finalmente, Buitrago recordó las presiones y amenazas que recibió durante su labor como fiscal en los casos emblemáticos relacionados con el Palacio de Justicia, subrayando que, cuatro décadas después, la verdad completa sobre lo ocurrido sigue siendo una deuda del Estado con las víctimas y con la historia del país.
El Gobierno nacional alista la radicación del proyecto definitivo de paz total, que abriría la puerta a beneficios judiciales para integrantes de organizaciones criminales. Aunque el texto oficial se conocería este viernes, un borrador de 14 páginas que incluye puntos altamente controvertidos, entre ellos, la posibilidad de libertad condicional para capos y mandos medios de estructuras armadas ilegales.El Ministerio de Justicia trabaja en afinar la redacción final, pero el documento ya plantea varios interrogantes clave que marcarán el debate en la próxima legislatura.En diálogo con Mañanas Blu, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, se pronunció sobre el proyecto de ley que propone la modificación de los beneficios penales para condenados por delitos graves. Destacó la necesidad de velar por los derechos de las víctimas y la integridad del sistema judicial. La exministra divide su análisis en varios puntos clave que permiten comprender la profundidad de esta controversia, sin embargo aseguró que no conoce de fondo el borrador. Buitrago subrayó que el marco de paz establecido en 2016 se centra en el conflicto armado, mientras que el nuevo proyecto debe abordar las estructuras criminales. "Debemos garantizar que las personas que están condenadas cumplan sus penas, no hay lugar para la impunidad", comentó, enfatizando que la ley 2272 no permite autorización para desconocer los principios de la justicia penal. "Ya estas personas fueron sometidas por la justicia. Aquí hubo una decisión judicial y ahora lo que queremos decir es que estas personas van a tener una rebaja o van a tener libertad condicional en contravía de los presupuestos del Código Penal", explicó. Esto significa que aquellos condenados deben seguir cumpliendo su castigo sin beneficios adicionales. Preocupaciones sobre el proyectoEn cuanto al proyecto de ley en discusión, Buitrago expone que podría actuar como una forma de camuflar una condonación de penas ya impuestas. "Los estándares internacionales de justicia requieren que las víctimas sean escuchadas y tenidas en cuenta. Aquellos que han sufrido debido a secuestros, homicidios y extorsiones no pueden quedar desprotegidos mientras se discuten beneficios para los victimarios". Asegura que le preocupa la información que hasta ahora ha sido revelada como borrador del proyecto, de acuerdo con ella, va en contra de las víctimas.Las víctimas Otro de los puntos críticos que aborda Buitrago es la falta de consideración hacia las víctimas en el proceso de esta propuesta legislativa. "Las víctimas que acudieron al sistema con confianza ahora se encuentran vulnerables. La justicia debe ser restaurativa y garantizar su derecho a la reparación", enfatiza, apuntando que sin este enfoque el proyecto podría ser considerado un retroceso en la lucha por la justicia en Colombia. Finalmente, Buitrago menciona las críticas que afirman que no hay diferencias significativas entre este proyecto y la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). "Es esencial reconocer que se trata de grupos criminales que no necesariamente están sujetos a las mismas condiciones de los grupos armados organizados con fines de conflicto", explica. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, que busca agilizar la justicia penal en Colombia, acelerando la terminación anticipada de procesos a través de la reparación integral y el principio de oportunidad. Hace un mes que el Congreso la aprobó.¿Qué cambia ahora con esta reforma a la justicia?En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago se pronuncio sobre uno de los temas más complejos y hasta polémicos. Se trata de la extinción de la acción penal por reparación integral, la cual permite que, bajo ciertas condiciones específicas, los ciudadanos puedan suspender procesos penales por diferentes causales.Esta figura, que ya existía de forma limitada en el código penal colombiano, provocó críticas sobre su aplicación justa, ya que podría favorecer a quienes tienen más recursos económicos, pero Buitrago recalcó que la extinción de la acción penal sirve como “una garantía para el sistema acusatorio”.En términos sencillos, según detalló, cuando se termina la opción penal el Estado no puede iniciar ni proseguir una investigación porque, por ejemplo, el sujeto murió.“Si yo no tengo una persona a quien atribuirle responsabilidad, esa es una causal de extinción de la acción penal, qué quiere decir, que el Estado ya no puede investigar; quiere decir que ya no le puede imponer pena a quien murió”, precisó.Indicó que otra figura de la extinción de la acción penal es la prescripción. Aclaró que la prescripción es el paso del tiempo que impide que el Estado pueda llevar a cabo la investigación y que, desde ese punto de vista, también “pueda el Estado imponer la pena la prescripción y la muerte son causales que afectan tanto la acción penal como la pena”.“La figura de la extinción penal, y esto viene desde el inicio del código penal, es una figura que lo que hace es, precisamente, impedir que continúe la acción penal. Esto no es nuevo, es un elemento que se circunscribe a las normas del código penal o del código sustantivo (…) Es una de las normas que se incluyen dentro de la reforma, se hace, sin lugar a duda, una garantía también para el sistema acusatorio", explicó.Reparación integralSin embargo, se ha cuestionado si esta reforma beneficia desproporcionadamente a aquellos que pueden permitirse una reparación financiera. La exministra aclaró que los delitos relacionados con la violencia de género y de lesa humanidad no son susceptibles de esta reforma, enfatizando que son categorías que no admiten reparación integral."Cuando hablamos de reparación integral, que es el artículo cuarto de la reforma, estamos hablando de los delitos que admiten desistimiento; está previamente establecido en el código de procedimiento penal. Por ejemplo, la injuria y la calumnia", aseveró.Esta distinción es crucial, ya que plantea un dilema sobre la equidad en el acceso a la justicia en un contexto donde las víctimas de delitos graves siguen enfrentando enormes obstáculos. El legislador ha buscado un equilibrio entre la necesidad de justicia y la posibilidad de reparación.La ley 2477 también destaca el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía desistirse de procesar ciertos casos. Esto, a su vez, ha suscitado preocupaciones sobre la creación de un sistema en el que unos pocos privilegiados puedan encontrar formas de evitar el castigo a través de acuerdos.Buitrago reconoció que, aunque estas críticas son válidas, la reparación integral es un concepto que ha existido en el derecho colombiano por años y la nueva ley busca ampliar su aplicabilidad.En ese sentido, señaló que, aun así, es esencial que este proceso no se vea como una forma de desvirtuar la justicia, sino como una oportunidad de restitución para las víctimas.
En entrevista en Mañanas 10:30, con Camila Zuluaga, Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de Colombia, entregó su opinión sobre la viabilidad y la legalidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo anunció este mismo jueves el designado ministro de Justicia.Buitrago comenzó su exposición aclarando que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe cumplir con los requisitos estipulados en la Constitución. “La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos contemplados en la carta política de 1991, pero su procedimiento está reglado”, explica.La exministra subrayó que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que consulte a la ciudadanía sobre estos elementos. Sin embargo, Buitrago también señaló que los tiempos no son propicios para esta convocatoria, citando la situación de crispación y violencia en el país como un impedimento para proceder. "Los tiempos no dan, y eso ya lo ha dicho el doctor Montealegre", afirmó.¿Qué opina de la consulta popular?Buitrago se manifestó a favor de la consulta popular, considerándola un mecanismo democrático fundamental. Sin embargo, enfatizó que también debe estar regulada por la Constitución, que exige la aceptación del Congreso. Analizó las recientes declaraciones de Eduardo Montealegre, quien sugiere que una Asamblea Nacional Constituyente podría ser de iniciativa popular y superar el Congreso, algo que Buitrago califica como una "herejía constitucional".“Esto trastoca elementos que significan la garantía de la estabilidad jurídica en Colombia. La Asamblea Constituyente no puede utilizarse como un elemento distractor”, añade con firmeza.¿Qué hay detrás de la constituyente?Al cuestionarla sobre las intenciones del Gobierno al plantear la posibilidad de una Asamblea Constituyente, Buitrago se mostró crítica. “Creo que aquí están haciendo un globo de discusión que no corresponde a la realidad del país”, menciona. Reiteró que el enfoque debe estar en soluciones concretas a los problemas actuales, en lugar de saltarse procedimientos legales.Sobre las posibles consecuencias legales para los ministros que firmaron el decreto convocando la consulta popular, Buitrago mencionó que pueden enfrentar cargos de prevaricato. Cualquier decisión que se toma de manera contraria a la Constitución y la ley es un delito”, advirtió.Angela Maria Buitrago concluyó defendiendo el principio de la juridicidad y la necesidad de respetar las instituciones en Colombia. “Un ministro no es un esbirro; debe cumplir con la Constitución y la ley”, reforzó. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Fontibón, volvió a poner en evidencia las fallas estructurales del sistema de protección para líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Así lo advirtió Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y exfiscal, quien aseguró en entrevista con Blu Radio que “se debería replantear todo el sistema de protección” en el país.“El caso de Miguel Uribe refleja no solo una omisión, sino una crisis sostenida que se vive en la Unidad Nacional de Protección (UNP). No puede ser que una persona se acerque a un precandidato presidencial de esa manera, sin que haya un esquema que lo detecte. Eso es impensable si el sistema estuviera funcionando”, afirmó.Buitrago, quien ocupó la cartera de Justicia durante casi once meses, recordó que desde hace años se han identificado deficiencias tanto presupuestarias como operativas en los esquemas de protección de la UNP, la Policía Nacional y la propia Fiscalía General de la Nación. “Lo viví en carne propia. No hay recursos suficientes, no hay personal idóneo, y lo más grave: se están recalificando riesgos sin un análisis profundo de las amenazas. Así han matado firmantes de paz, defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluso con esquemas activos”.Frente al caso de Uribe Turbay, la exministra insistió en la necesidad de una transformación profunda del modelo actual: “El problema no es solo de recursos o de escoltas. Hay una desconexión entre el análisis de riesgo, la asignación de medidas y la comprensión del contexto político actual, profundamente polarizado. Esa polarización es la que está alimentando ataques como este”.Más allá de la discusión sobre presupuesto y competencias, Buitrago insistió en que uno de los principales vacíos del sistema está en la falta de personal verdaderamente capacitado en seguridad de personalidades: “Aquí no se trata de poner a Pedro o Juan a cuidar a alguien. Se necesita gente especializada, entrenada, con experiencia. Esto no es improvisable. Y esa carencia nos está costando vidas”.El atentado contra Miguel Uribe se suma a una larga lista de hechos violentos contra líderes en todo el país. Para Buitrago, es el momento de actuar con contundencia: “No basta con poner carros blindados. Hay que tomarse en serio la protección como una política de Estado”.
La Alcaldía de Cali entregó las primeras 23 autorizaciones gratuitas a comerciantes del barrio Obrero para ampliar temporalmente sus establecimientos con la instalación de mesas y sillas en el espacio público. La iniciativa busca impulsar la actividad económica, atraer visitantes y avanzar en la revitalización de este tradicional sector de la ciudad.La medida hace parte de un plan piloto de tres meses que se extenderá hasta el próximo 6 de febrero. Durante este periodo, los establecimientos autorizados podrán aprovechar los espacios exteriores de sus locales, bajo condiciones establecidas por la Administración Distrital y sin ningún costo para los empresarios.“El barrio Obrero comienza a vivir una nueva etapa. Con esta iniciativa buscamos dinamizar la actividad comercial, impulsar la reactivación económica y la revitalización de uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad”, dijo Daniela Garzón Rojo, coordinadora del equipo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.Desde la Alcaldía hicieron un llamado a los demás comerciantes soliciten los permisos. Entre los requisitos establecidos está garantizar una franja libre de mínimo 1,60 metros para la circulación de peatones. Además, las mesas y sillas deben ser móviles y retirarse al finalizar la jornada. Los permisos tampoco autorizan la instalación de parlantes, publicidad en el mobiliario ni la venta o consumo de licor en el espacio público.“Por eso queremos invitar a todos los comerciantes que hacen parte del área de influencia de la zona T para que se acerquen a la Subdirección de Espacio Público y hagan la solicitud, y puedan participar de esta iniciativa del piloto de autorización”, señaló Garzón Rojo.La Administración Distrital espera que esta estrategia permita mejorar las condiciones de organización del sector, generar oportunidades de empleo y fortalecer los negocios que hacen parte de uno de los referentes tradicionales de Cali.
El Dorado Noche, operado por Paga Todo, es uno de los juegos de chance consultados por apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Sus modalidades permiten participar con diferentes combinaciones y obtener premios de acuerdo con las cifras acertadas y el valor de la apuesta.Los resultados oficiales también están disponibles en los puntos autorizados y los canales habilitados por la empresa operadora.Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026El número ganador del sorteo de este domingo 8 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca el resultado, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes.Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.La quinta: pendiente de publicación.Los apostadores pueden verificar los resultados en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus plataformas oficiales.¿Cómo se juega Dorado Noche?Para participar, cada jugador debe escoger un número y seleccionar una de las seis modalidades disponibles. El premio depende de si acierta las cuatro cifras o las últimas cifras del resultado, según el tipo de apuesta.Estas son las opciones:4 cifras directo: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del sorteo.4 cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.3 últimas cifras directo: requiere coincidir con las tres cifras finales en la misma secuencia.3 últimas cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en diferente orden.2 últimas cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales.1 cifra o uña: se obtiene premio al acertar únicamente el último dígito.¿Cuánto paga el Dorado Noche?El monto que puede recibir un ganador depende de la modalidad elegida y del dinero apostado. El plan de premios establece los siguientes multiplicadores:4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor de la apuesta.4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.1 cifra o uña: 5 veces el valor de la apuesta.¿A qué hora juega el Dorado Noche?El horario del sorteo varía según el día. Los sábados se realiza a las 10:15 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo mediante los canales oficiales y los puntos autorizados.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para adelantar el trámite, el ganador debe cumplir estas condiciones:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.La validación del tiquete y de los documentos permite realizar el proceso de pago correspondiente.
La presencia de un cachorro de león africano en una camioneta roja sorprendió a habitantes de Aguascalientes, México. El recorrido del animal por las calles del municipio quedó registrado en video y llamó la atención de las autoridades, que posteriormente localizaron el vehículo e intervinieron a sus ocupantes.El ejemplar tenía aproximadamente ocho meses de edad y era transportado en una camioneta Ford F-150. Según la información conocida, tres hombres se movilizaban en el automotor cuando fueron ubicados por integrantes de la Policía.La intervención se produjo en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte. Durante el procedimiento, los agentes solicitaron a los ocupantes los documentos que acreditaran la procedencia legal del felino y los permisos necesarios para tenerlo bajo su cuidado.¿Por qué detuvieron a los tres hombres que paseaban al león?Los tres ocupantes del vehículo, de 21, 22 y 29 años, no consiguieron demostrar que la posesión del cachorro cumpliera con los requisitos legales ni presentaron autorizaciones para su traslado.Ante la falta de documentación, los policías procedieron a detenerlos y trasladarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR).Por ahora, no se ha establecido cómo llegó el cachorro a manos de los tres hombres ni cuánto tiempo llevaba bajo su cuidado.¿Qué pasó con el cachorro de león después del operativo?Tras el procedimiento policial, el felino quedó bajo la responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entidad que asumió su resguardo.La autoridad ambiental deberá hacer seguimiento a las condiciones del animal y a su situación, luego de que fuera encontrado mientras era transportado en un vehículo particular.El caso también dejó varias preguntas pendientes sobre la procedencia del ejemplar. Entre ellas, las circunstancias en las que los hombres consiguieron al cachorro y las razones por las que lo llevaban por las calles de Aguascalientes.Tampoco se ha precisado hacia dónde se dirigían cuando fueron interceptados por los integrantes del Grupo Motorizado Centauro.
El gigante tecnológico Nvidia anunció que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del gobierno de China, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos"."Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible", señaló.Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados."Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según Axios.El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.El diario reportó que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".
En La Guajira, el Ministerio de Vivienda instaló 28 filtros de agua en dos comunidades indígenas wayuu que enfrentan dificultades para acceder a agua apta para el consumo humano.La entrega se distribuyó en 16 filtros para Wimpiraleim, en Uribia, con capacidad para beneficiar a más de 800 habitantes, y otros 12 para Perratpu, en Riohacha, donde se estima que 600 personas tendrán acceso a agua apta para el consumo humano. En total, los equipos tienen capacidad para beneficiar a cerca de 1.400 personas.Entre los beneficiarios se encuentran niños y niñas atendidos en tres Unidades Comunitarias de Atención (UCA) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Los equipos utilizan el sistema de ultrafiltración ORISA, una tecnología de funcionamiento mecánico que no necesita conexión eléctrica ni requiere la adición de productos químicos durante el proceso de filtración. Según las especificaciones del fabricante, cada unidad tiene una capacidad de tratamiento de hasta 20.000 litros de agua antes de necesitar el cambio de su membrana.La instalación estuvo acompañada de jornadas de capacitación para que los habitantes aprendan a utilizar y mantener los filtros. Estas actividades incluyen instrucciones sobre el montaje de los equipos, la limpieza de sus componentes y el almacenamiento adecuado del agua para evitar su contaminación.Una solución temporal ante la falta de acceso al aguaLa entrega de los filtros constituye una medida provisional para atender las dificultades de abastecimiento de agua que enfrentan estas comunidades, especialmente por las condiciones de sus fuentes inmediatas de suministro.De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la intervención también responde a las medidas cautelares ordenadas por la Corte Constitucional mediante el Auto 1201 del 2 de septiembre de 2026, en el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.Sin embargo, la instalación de los 28 equipos no reemplaza las soluciones estructurales de acueducto y saneamiento básico ordenadas por la Corte. Se trata de una respuesta de emergencia mientras las entidades responsables avanzan en la estructuración, financiación y ejecución de los proyectos definitivos.