La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
La exministra de Justicia y exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, analizó la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un escándalo revelado por Noticias Caracol y que ha generado alarma nacional. En diálogo con El Radar, la experta advirtió sobre la complejidad y los riesgos que representa este hecho para la seguridad del Estado.Una infiltración “de la mayor seriedad”Buitrago calificó la situación como extremadamente delicada, al señalar que la presencia de miembros de grupos armados en instituciones públicas expone información estratégica y pone en riesgo la vida de uniformados y civiles. “Esto revela una complejidad muy fuerte. Cualquier clase de infiltración en el Estado… genera incluso que esas personas sirvan de informantes y generen violencia contra los mismos miembros del Ejército”, afirmó.La exfiscal recordó casos anteriores en los que funcionarios infiltrados alertaron sobre allanamientos, provocando la muerte de servidores públicos. “Esto es de la mayor seriedad… significa que pueden acceder a información que de otra manera sería desconocida y contar las operaciones militares en curso”, añadió.Retrasos en la investigación: 16 meses sin avancesUno de los puntos críticos señalados por Buitrago es el tiempo que la información permaneció sin ser investigada, pese a su relevancia. Noticias Caracol reveló que los datos estuvieron más de un año y cuatro meses en los archivos de la Fiscalía y la DIJÍN.“En estos casos debe haber actos urgentes… 16 meses significan que había que haber realizado acciones claras para asegurarse de que la información era seria y fiable”, explicó. Además, destacó el papel de los medios: “La prensa hace un trabajo importante en poner alerta sobre estos temas que pasan desapercibidos”.Lo que debe pasar ahoraLa exfiscal insistió en que el país necesita respuestas rápidas. Para ella, la prioridad es identificar a los responsables y sacarlos de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. “Lo primero que hay que hacer es mover a esas personas del lugar, tenerlas bajo investigación y saber qué información han podido comunicar”, indicó.Buitrago advirtió que los riesgos incluyen comprometer operaciones militares actuales y futuras. También pidió esclarecer cómo lograron infiltrarse y qué participación habrían tenido en hechos que dejaron muertos o heridos entre miembros de la fuerza pública.La experta concluyó resaltando nuevamente la importancia de la vigilancia periodística: “Los medios son fundamentales… permiten poner alertas para que la Fiscalía retome apoyos y ayudas que se dan inicialmente”.El país espera ahora avances concretos en un caso que compromete la seguridad nacional y la confianza en las instituciones.Escuche la entrevista completa acá:
En Mañanas Blu 10:30, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó por qué un mismo proceso puede terminar con decisiones opuestas entre la primera y la segunda instancia, como ocurrió con Santiago Uribe, inicialmente absuelto y luego condenado a 28 años de prisión por el caso de los “12 Apóstoles”.Buitrago señaló que el punto de partida está en cómo cada instancia valora las pruebas. “La primera valoración del juez de primera instancia puede dejar de mirar o puede concluir sobre la prueba de valoraciones diferentes. Por eso están asegurados los recursos para que haya una segunda instancia que revise los procesos”, dijo. Aunque afirmó que es “muy extraño” que un procesado sea absuelto y posteriormente condenado, explicó que esto ocurre cuando el tribunal considera que el juez omitió pruebas o no las analizó de manera sistemática.Según la exministra, este tipo de diferencias no solo se presentan entre primera y segunda instancia, sino incluso en casación. Recordó que la decisión sobre Santiago Uribe aún no es definitiva: “En casación ya es la última posibilidad de instancia en donde la Corte incluso puede rectificar este fallo o puede confirmar este fallo”.Impugnación especial vs. casaciónLa defensa de Santiago Uribe anunció que interpondrá una impugnación especial, figura distinta a la casación que se invocó en el expediente del expresidente Álvaro Uribe. Buitrago precisó que en este caso procede un recurso de doble conformidad: “Cuando a mí me condenan en segunda instancia, yo tenga derecho a que alguien más revise esa condena”.Explicó que la diferencia central está en el alcance de cada figura. En la casación, dijo, “si está mal invocada, incluso te pueden inadmitir la demanda”. Recordó que la Corte admite solo el 10% de las casaciones por tecnicismos. En contraste, la impugnación especial “revisa absolutamente todos los elementos que tenga el proceso, valoración de la prueba, prueba, cuáles son las motivaciones del juez”.¿Cuánto puede tardar la decisión?Aunque la ley establece que la resolución del recurso no debería tardar más de 30 a 60 días, la exministra advirtió que “en la práctica judicial se puede demorar más”. Señaló la carga laboral de los jueces y la dimensión del expediente: “Es un expediente muy grande, que lleva muchos años y que practicó mucha prueba”.
Este 2025 se conmemoran 40 años de un hecho que marcó la historia violenta del país: la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El ataque dejó cerca de 100 muertos entre magistrados, trabajadores y visitantes. Fueron 28 horas de horror que aún resuenan en la memoria de los familiares de las víctimas asesinadas a sangre fría durante esa trágica jornada.En diálogo con Blu Radio, la exministra de Justicia y abogada Ángela María Buitrago —quien lideró investigaciones clave sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante esos hechos— señaló que no ha existido una reparación real y que persiste una “ausencia total de justicia”.“No se ha investigado todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. Hay hechos donde se compulsaron copias y no se ha hecho absolutamente nada. Muchas víctimas siguen esperando respuestas 40 años después”, afirmó Buitrago.La exministra también recordó que, incluso antes de la toma, ya existían amenazas contra magistrados de las altas cortes, cuyos responsables nunca fueron identificados. Además, mencionó que varias de las compulsas de copias por torturas y ejecuciones extrajudiciales enviadas a la Fiscalía entre 2006 y 2008 aún no tienen respuesta.“No se investigó el tema real del incendio del Palacio de Justicia. Aunque hubo una hipótesis de que había sido la guerrilla, después encontramos pruebas de que no, y eso tampoco se investigó. No se investigó por qué murieron los magistrados en el baño, cuando hubo utilización de explosivos, fuego cruzado, cuáles fueron las balas que mataron a esos magistrados y a las personas que estaban en el baño del tercero y segundo piso. Tampoco se investigó a Belisario Betancur”, aseguró.Finalmente, Buitrago recordó las presiones y amenazas que recibió durante su labor como fiscal en los casos emblemáticos relacionados con el Palacio de Justicia, subrayando que, cuatro décadas después, la verdad completa sobre lo ocurrido sigue siendo una deuda del Estado con las víctimas y con la historia del país.
El Gobierno nacional alista la radicación del proyecto definitivo de paz total, que abriría la puerta a beneficios judiciales para integrantes de organizaciones criminales. Aunque el texto oficial se conocería este viernes, un borrador de 14 páginas que incluye puntos altamente controvertidos, entre ellos, la posibilidad de libertad condicional para capos y mandos medios de estructuras armadas ilegales.El Ministerio de Justicia trabaja en afinar la redacción final, pero el documento ya plantea varios interrogantes clave que marcarán el debate en la próxima legislatura.En diálogo con Mañanas Blu, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, se pronunció sobre el proyecto de ley que propone la modificación de los beneficios penales para condenados por delitos graves. Destacó la necesidad de velar por los derechos de las víctimas y la integridad del sistema judicial. La exministra divide su análisis en varios puntos clave que permiten comprender la profundidad de esta controversia, sin embargo aseguró que no conoce de fondo el borrador. Buitrago subrayó que el marco de paz establecido en 2016 se centra en el conflicto armado, mientras que el nuevo proyecto debe abordar las estructuras criminales. "Debemos garantizar que las personas que están condenadas cumplan sus penas, no hay lugar para la impunidad", comentó, enfatizando que la ley 2272 no permite autorización para desconocer los principios de la justicia penal. "Ya estas personas fueron sometidas por la justicia. Aquí hubo una decisión judicial y ahora lo que queremos decir es que estas personas van a tener una rebaja o van a tener libertad condicional en contravía de los presupuestos del Código Penal", explicó. Esto significa que aquellos condenados deben seguir cumpliendo su castigo sin beneficios adicionales. Preocupaciones sobre el proyectoEn cuanto al proyecto de ley en discusión, Buitrago expone que podría actuar como una forma de camuflar una condonación de penas ya impuestas. "Los estándares internacionales de justicia requieren que las víctimas sean escuchadas y tenidas en cuenta. Aquellos que han sufrido debido a secuestros, homicidios y extorsiones no pueden quedar desprotegidos mientras se discuten beneficios para los victimarios". Asegura que le preocupa la información que hasta ahora ha sido revelada como borrador del proyecto, de acuerdo con ella, va en contra de las víctimas.Las víctimas Otro de los puntos críticos que aborda Buitrago es la falta de consideración hacia las víctimas en el proceso de esta propuesta legislativa. "Las víctimas que acudieron al sistema con confianza ahora se encuentran vulnerables. La justicia debe ser restaurativa y garantizar su derecho a la reparación", enfatiza, apuntando que sin este enfoque el proyecto podría ser considerado un retroceso en la lucha por la justicia en Colombia. Finalmente, Buitrago menciona las críticas que afirman que no hay diferencias significativas entre este proyecto y la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). "Es esencial reconocer que se trata de grupos criminales que no necesariamente están sujetos a las mismas condiciones de los grupos armados organizados con fines de conflicto", explica. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, que busca agilizar la justicia penal en Colombia, acelerando la terminación anticipada de procesos a través de la reparación integral y el principio de oportunidad. Hace un mes que el Congreso la aprobó.¿Qué cambia ahora con esta reforma a la justicia?En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago se pronuncio sobre uno de los temas más complejos y hasta polémicos. Se trata de la extinción de la acción penal por reparación integral, la cual permite que, bajo ciertas condiciones específicas, los ciudadanos puedan suspender procesos penales por diferentes causales.Esta figura, que ya existía de forma limitada en el código penal colombiano, provocó críticas sobre su aplicación justa, ya que podría favorecer a quienes tienen más recursos económicos, pero Buitrago recalcó que la extinción de la acción penal sirve como “una garantía para el sistema acusatorio”.En términos sencillos, según detalló, cuando se termina la opción penal el Estado no puede iniciar ni proseguir una investigación porque, por ejemplo, el sujeto murió.“Si yo no tengo una persona a quien atribuirle responsabilidad, esa es una causal de extinción de la acción penal, qué quiere decir, que el Estado ya no puede investigar; quiere decir que ya no le puede imponer pena a quien murió”, precisó.Indicó que otra figura de la extinción de la acción penal es la prescripción. Aclaró que la prescripción es el paso del tiempo que impide que el Estado pueda llevar a cabo la investigación y que, desde ese punto de vista, también “pueda el Estado imponer la pena la prescripción y la muerte son causales que afectan tanto la acción penal como la pena”.“La figura de la extinción penal, y esto viene desde el inicio del código penal, es una figura que lo que hace es, precisamente, impedir que continúe la acción penal. Esto no es nuevo, es un elemento que se circunscribe a las normas del código penal o del código sustantivo (…) Es una de las normas que se incluyen dentro de la reforma, se hace, sin lugar a duda, una garantía también para el sistema acusatorio", explicó.Reparación integralSin embargo, se ha cuestionado si esta reforma beneficia desproporcionadamente a aquellos que pueden permitirse una reparación financiera. La exministra aclaró que los delitos relacionados con la violencia de género y de lesa humanidad no son susceptibles de esta reforma, enfatizando que son categorías que no admiten reparación integral."Cuando hablamos de reparación integral, que es el artículo cuarto de la reforma, estamos hablando de los delitos que admiten desistimiento; está previamente establecido en el código de procedimiento penal. Por ejemplo, la injuria y la calumnia", aseveró.Esta distinción es crucial, ya que plantea un dilema sobre la equidad en el acceso a la justicia en un contexto donde las víctimas de delitos graves siguen enfrentando enormes obstáculos. El legislador ha buscado un equilibrio entre la necesidad de justicia y la posibilidad de reparación.La ley 2477 también destaca el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía desistirse de procesar ciertos casos. Esto, a su vez, ha suscitado preocupaciones sobre la creación de un sistema en el que unos pocos privilegiados puedan encontrar formas de evitar el castigo a través de acuerdos.Buitrago reconoció que, aunque estas críticas son válidas, la reparación integral es un concepto que ha existido en el derecho colombiano por años y la nueva ley busca ampliar su aplicabilidad.En ese sentido, señaló que, aun así, es esencial que este proceso no se vea como una forma de desvirtuar la justicia, sino como una oportunidad de restitución para las víctimas.
En entrevista en Mañanas 10:30, con Camila Zuluaga, Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de Colombia, entregó su opinión sobre la viabilidad y la legalidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo anunció este mismo jueves el designado ministro de Justicia.Buitrago comenzó su exposición aclarando que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe cumplir con los requisitos estipulados en la Constitución. “La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos contemplados en la carta política de 1991, pero su procedimiento está reglado”, explica.La exministra subrayó que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que consulte a la ciudadanía sobre estos elementos. Sin embargo, Buitrago también señaló que los tiempos no son propicios para esta convocatoria, citando la situación de crispación y violencia en el país como un impedimento para proceder. "Los tiempos no dan, y eso ya lo ha dicho el doctor Montealegre", afirmó.¿Qué opina de la consulta popular?Buitrago se manifestó a favor de la consulta popular, considerándola un mecanismo democrático fundamental. Sin embargo, enfatizó que también debe estar regulada por la Constitución, que exige la aceptación del Congreso. Analizó las recientes declaraciones de Eduardo Montealegre, quien sugiere que una Asamblea Nacional Constituyente podría ser de iniciativa popular y superar el Congreso, algo que Buitrago califica como una "herejía constitucional".“Esto trastoca elementos que significan la garantía de la estabilidad jurídica en Colombia. La Asamblea Constituyente no puede utilizarse como un elemento distractor”, añade con firmeza.¿Qué hay detrás de la constituyente?Al cuestionarla sobre las intenciones del Gobierno al plantear la posibilidad de una Asamblea Constituyente, Buitrago se mostró crítica. “Creo que aquí están haciendo un globo de discusión que no corresponde a la realidad del país”, menciona. Reiteró que el enfoque debe estar en soluciones concretas a los problemas actuales, en lugar de saltarse procedimientos legales.Sobre las posibles consecuencias legales para los ministros que firmaron el decreto convocando la consulta popular, Buitrago mencionó que pueden enfrentar cargos de prevaricato. Cualquier decisión que se toma de manera contraria a la Constitución y la ley es un delito”, advirtió.Angela Maria Buitrago concluyó defendiendo el principio de la juridicidad y la necesidad de respetar las instituciones en Colombia. “Un ministro no es un esbirro; debe cumplir con la Constitución y la ley”, reforzó. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Fontibón, volvió a poner en evidencia las fallas estructurales del sistema de protección para líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Así lo advirtió Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y exfiscal, quien aseguró en entrevista con Blu Radio que “se debería replantear todo el sistema de protección” en el país.“El caso de Miguel Uribe refleja no solo una omisión, sino una crisis sostenida que se vive en la Unidad Nacional de Protección (UNP). No puede ser que una persona se acerque a un precandidato presidencial de esa manera, sin que haya un esquema que lo detecte. Eso es impensable si el sistema estuviera funcionando”, afirmó.Buitrago, quien ocupó la cartera de Justicia durante casi once meses, recordó que desde hace años se han identificado deficiencias tanto presupuestarias como operativas en los esquemas de protección de la UNP, la Policía Nacional y la propia Fiscalía General de la Nación. “Lo viví en carne propia. No hay recursos suficientes, no hay personal idóneo, y lo más grave: se están recalificando riesgos sin un análisis profundo de las amenazas. Así han matado firmantes de paz, defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluso con esquemas activos”.Frente al caso de Uribe Turbay, la exministra insistió en la necesidad de una transformación profunda del modelo actual: “El problema no es solo de recursos o de escoltas. Hay una desconexión entre el análisis de riesgo, la asignación de medidas y la comprensión del contexto político actual, profundamente polarizado. Esa polarización es la que está alimentando ataques como este”.Más allá de la discusión sobre presupuesto y competencias, Buitrago insistió en que uno de los principales vacíos del sistema está en la falta de personal verdaderamente capacitado en seguridad de personalidades: “Aquí no se trata de poner a Pedro o Juan a cuidar a alguien. Se necesita gente especializada, entrenada, con experiencia. Esto no es improvisable. Y esa carencia nos está costando vidas”.El atentado contra Miguel Uribe se suma a una larga lista de hechos violentos contra líderes en todo el país. Para Buitrago, es el momento de actuar con contundencia: “No basta con poner carros blindados. Hay que tomarse en serio la protección como una política de Estado”.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago reveló en Recap Blu que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, le pidieron la renuncia del director de la Uspec, Ludwing Joel Valero, por ser ficha del senador Miguel Ángel Pinto, congresista que participó en el hundimiento de la reforma laboral en el Senado.Según explicó en los micrófonos de Blu Radio, Angie Rodríguez fue quien primero le solicitó pedirle la renuncia al director de la Uspec. Ante su negativa, por considerar que Valero era una persona competente y con un buen desempeño, Benedetti la llamó para insistirle en aceptar dicha renuncia. "Angie Rodríguez me llama y me dice: 'Pídale la renuncia al Uspec'. Yo le digo: 'No le voy a pedir la renuncia porque es una persona muy competente y es una persona que viene trabajando bien'. Me llama inmediatamente Armando Benedetti y me dice: '¿Por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto”, relató la exministra, quien añadió que ni era la nominadora ni le parecía justo removerlo por una decisión legislativa de otro.Buitrago también señaló que le pareció injusto que le pidieran la renuncia a Valero por la acción que cometió otra persona, es decir, por una retaliación política "Ahí es donde efectivamente el 11 de abril a él (Valero) le piden la renuncia, porque yo le digo, mire, yo no soy el nominador, el nominador es el presidente, yo no puedo aceptar una renuncia que no es nominación mía. Pero además no me parece justo con una persona que se haga de esa manera por cobrarle lo que hizo otra", agregó la exjefe de la cartera de Justicia.Según la exministra, esta situación se suma a una serie de presiones y decisiones unilaterales que comenzaron desde marzo, y que escalaron con interferencias en otros nombramientos clave en el Ministerio de Justicia.Enfatizó que ella no le pidió la renuncia al entonces director de la Uspec, sino que, probablemente, lo hizo la directora del Dapre, por lo que habrían pasado por encima de ella.¿Cómo terminó su relación con Petro?Buitrago aseguró que su salida no fue por un conflicto personal con el presidente Gustavo Petro, sino por una acumulación de situaciones que evidenciaban, en su criterio, una falta de respeto por la institucionalidad y la independencia del Ministerio. Entre los episodios que detonaron su decisión mencionó presiones indebidas sobre nombramientos, la remoción de su delegado mientras ella se encontraba en Washington, y la insistencia en designar funcionarios sin el perfil requerido.Sin embargo, recalcó que su relación con el jefe de estado es buena y que no hay rencores."Mira, yo no salí en malos términos. Es más, cuando él se sube al avión dice que no haya rencores. No, no hay rencores. Lo que hay es claridad de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Cuando él me tomó a mí el juramento, me dijo: 'Jura cumplir la constitución y la ley'. Eso es lo que estoy haciendo", añadió.La exfuncionaria también se refirió a su renuncia, la cual aseguró fue irrevocable y presentada el 14 de mayo, antes de que el presidente Gustavo Petro dijera públicamente, desde China, que él había solicitado su salida. “Yo presenté renuncia irrevocable. El presidente habló dos días después… Yo no hablé con él ni con Alfonso Jaramillo. Nunca me pidieron la renuncia”, señaló. Además, cuestionó por qué, si ya existían diferencias desde febrero, no se aceptó su dimisión en ese momento.
La renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia, ha suscitado serias preocupaciones, particularmente tras la reciente crisis que ha dejado al descubierto la fragilidad del liderazgo público. En diálogo con Sala de Prensa Blu, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, se exploraron las implicaciones de estos acontecimientos en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Una semana difícil para las instituciones Hernández enfatizó que es lamentable observar cómo la imagen de la ciudadanía ha sido afectada por la manera en que se está manejando el poder, tanto desde el gobierno como del Congreso. La reciente denuncia de la exministra de Justicia ha reavivado el debate sobre la falta de preparación de quienes ocupan cargos clave, lo que ha llevado a cuestionar la experiencia y sensatez en la toma de decisiones del alto gobierno. "Este espectáculo judicial, donde las controversias se resuelven a través de denuncias por calumnia e injuria, añade una capa de complejidad que deteriora aún más la imagen pública de los líderes," aseveró Hernández. La situación se presenta como un llamado a la acción para que los ciudadanos exijan decisiones más responsables y en sintonía con la realidad del país. Un llamado a la sensatez ciudadana Ante esta realidad, Hernández reflexionó que los ciudadanos deben asumir un papel más activo e informado en la política. Apeló a la sensatez y a la responsabilidad en la toma de decisiones electorales, subrayando la importancia de procesar información veraz y no dejarse llevar por la desinformación que navega en redes sociales. "Necesitamos como ciudadanía una mayor claridad sobre las reglas de juego y que nos comprometamos a elegir responsables a quienes realmente tienen la capacidad de dirigir al país," concluyó.Escuche aquí la entrevista:
En las últimas horas la Diócesis de Jericó informó sobre un hecho que ha generado indignación en el Suroeste de Antioquia, luego de que la orden de misioneras a la que perteneció Santa Laura Montoya fuera víctima de hurto.Los hechos ocurrieron luego de que una pareja ingresara a la comunidad religiosa de María Inmaculada haciéndose pasar por visitantes. Una mujer de 19 años de edad manifestó ser una posible aspirante a la comunidad, lo que les permitió ganarse la confianza de las hermanas.Fue este relacionamiento el que facilitó la comisión del delito y aunque las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siendo materia de investigación, no se descarta que los delincuentes hubieran suministrado algún tipo de sustancia a las religiosas.Los responsables se llevaron el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios correspondientes a las celebraciones de eucaristías, afectando gravemente la economía de esta comunidad religiosa.El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó lo ocurrido y desde la administración municipal anunciaron 50 millones de pesos de recompensa para quien suministre información que permita la captura de los responsables.La Diócesis de Jericó también pidió a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación y demás instituciones eclesiásticas para que extremen las medidas de precaución ante este tipo de modalidades de engaño.Advirtieron que es importante verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares.
La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona.México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.EE.UU. desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que el viernes enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.Ecuador y El Salvador enviarán este jueves equipos de rescate a Venezuela. Desde Quito partirán 47 rescatistas y dos perros entrenados, mientras que El Salvador despachará una misión integrada por personal de emergencia, médicos y canes especializados.Panamá y República Dominicana también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.El portavoz presidencial de Argentina, Adrian Ravier, anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente".También, Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con "especial sensibilidad" el sufrimiento del pueblo venezolano.Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.Primeras ayudasAl menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, que tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria en Panamá.Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que la situación en las zonas afectadas por los terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar "toda la ayuda" que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el "amigo pueblo venezolano" y afirmó que atenderá "con prontitud" cualquier solicitud de asistencia.La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el "caos provocado" por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.
En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados durante la noche del miércoles, un video captado por una cámara de seguridad se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales. La grabación muestra el conmovedor gesto de un adulto mayor que, sin pensarlo dos veces, utilizó su propio cuerpo para proteger a su esposa mientras el violento movimiento sacudía su vivienda.El país enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años luego de que dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, estremecieran gran parte del territorio nacional con pocos minutos de diferencia. La región costera de La Guaira figura entre las más afectadas, donde las autoridades reportan severos daños en edificaciones, además de un alto número de víctimas y personas atrapadas bajo los escombros.Según los reportes preliminares entregados por los organismos de emergencia, al menos 235 personas fallecieron y más de 4.000 resultaron heridas a causa de los terremotos. Entretanto, los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda en diferentes sectores, ya que aún hay un número indeterminado de desaparecidos.En medio de este panorama, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos que registraron los angustiosos momentos vividos durante los movimientos telúricos. Sin embargo, una grabación en particular logró conmover a miles de usuarios por el acto de amor y valentía protagonizado por un hombre de la tercera edad.Las imágenes muestran a una pareja de adultos mayores sentada tranquilamente en la sala de su casa cuando, de un momento a otro, comienzan a sentir el primer temblor. Al percatarse de lo que ocurre, la mujer entra en estado de pánico mientras observa cómo los objetos del lugar empiezan a moverse.Al notar el miedo de su compañera de vida, el hombre se acerca de inmediato para tranquilizarla. Pero cuando el sismo aumenta su intensidad y la vivienda comienza a sacudirse con mayor fuerza, el adulto mayor toma una decisión instintiva: rodea a su esposa con sus brazos y utiliza su cuerpo como un escudo para protegerla de cualquier objeto que pudiera caer.Durante varios segundos permanece abrazándola sin soltarse, soportando el fuerte movimiento hasta que finalmente el terremoto termina. La escena ha sido interpretada por miles de internautas como una muestra del amor incondicional que puede prevalecer incluso en los momentos más difíciles.El video rápidamente se viralizó en diferentes plataformas digitales, donde usuarios destacaron la serenidad y el coraje del hombre, calificando su reacción como un ejemplo de solidaridad, compromiso y protección hacia la persona con la que ha compartido su vida.
Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello."Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.Cabello anunció un despliegue para este viernes de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira de distintas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército para "garantizar la paz, la tranquilidad"."Teníamos hasta la tarde de hoy (jueves) 4.200 hombres y mujeres de seguridad desplegados en todo el estado. La presidenta ha dado instrucciones que incrementemos ese número. Bueno, vamos a tener para el día de mañana, estos comienzan a llegar hoy, 11.500 hombres y mujeres", dijo en una transmisión del canal estatal VTV.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía fue clausurado debido a los daños.
Una carrera contra el tiempo y un clamor estrictamente humanitario es el que lidera desde Europa la colombiana Indira Ramírez. Su objetivo: localizar con urgencia en Bucaramanga o en Santander a los familiares de Argemiro Antolínez Ángel, un bumangués de 64 años que se convirtió en una de las víctimas mortales de los dos terremotos que sacudieron Venezuela, afectando varias ciudades. Es el primer colombiano, quien se sabe murió en la tragedia. El cuerpo de Antolínez Ángel se encuentra actualmente en la morgue del hospital de la localidad costera de Tucacas, en el estado Falcón, y el temor más grande de quienes conocían su entorno es que, ante la falta de familiares directos que reclamen sus restos, termine en una fosa común.Argemiro, nacido en Bucaramanga el 28 de enero de 1962 y radicado en el vecino país desde hace poco más de una década, residía en Tucacas junto a su pareja de hecho, una ciudadana venezolana de nombre Body. La familia de ella era propietaria de varios apartamentos en los edificios que colapsaron debido a la fuerza del sismo.Indira Ramírez es la única colombiana en la familia política de la víctima, pues está casada con un sobrino de la compañera sentimental de Argemiro; por esta razón, aunque reside en España, se puso en la tarea de buscar a alguien que pueda reclamar el cuerpo. "Esta búsqueda es un acto de humanidad, es lo único que pedimos. No se está buscando dinero, no se está buscando nada, simplemente que la familia se entere", expresó Indira.Horas después del desastre, y tras una compleja travesía por carreteras bloqueadas y bajo el miedo a las réplicas, allegados de la pareja lograron ingresar a la zona de la catástrofe. En el lugar del desplome hallaron una escena conmovedora que da cuenta de sus últimos instantes de vida: los cuerpos de Argemiro y Body fueron encontrados abrazados bajo los escombros. Aunque los daños físicos eran severos, marcas particulares permitieron su plena identificación.Indira Ramírez es periodista y aunque ejerció su profesión en Colombia, desde hace 23 años está radicada en Madrid, España, y por ahora su búsqueda no ha tenido resultados."He escrito a decenas de perfiles, a personas que comentaban sus fotos asumiendo que eran cercanos, y no hay respuesta alguna. Ya no ejerzo en Colombia y no tengo esa red de apoyo allá, por eso acudo a los medios. Esto es un acto puramente humanitario", reiteró Ramírez.Entre la información que Indira ha podido recolectar de Argemiro Antolínez Ángel se sabe que es una persona separada, que dejó hijos en Colombia (al parecer uno de ellos es miembro de las Fuerzas Militares) y que tiene al menos una hermana.