La exministra de Justicia Ángela María Buitrago se refirió al cierre de las negociaciones con grupos criminales y al nuevo enfoque de sometimiento a la justicia, al tiempo que cuestionó algunas decisiones adoptadas durante el Gobierno Petro frente a las órdenes de captura.Buitrago explicó en Recap Blu que, aunque conoció de cerca el proceso, la negociación correspondía al presidente de la República y al comisionado de Paz. Según la exfuncionaria, uno de los principales problemas fue la ausencia de un marco jurídico adecuado para avanzar con determinadas estructuras.“Esas negociaciones no tenían marco jurídico y sobre esos puestos era muy difícil avanzar en el camino de una negociación”, afirmó.La exministra también sostuvo que el sometimiento contemplado en la Ley 2272 implicaba la desmovilización y entrega a la justicia ordinaria, condiciones que, según su versión, no se cumplieron.Críticas por la suspensión de órdenes de capturaUno de los puntos centrales de la entrevista fue el manejo de las órdenes de captura. Buitrago consideró que algunas suspensiones se realizaron de manera anticipada y, en ciertos casos, sin cumplir las condiciones establecidas por la ley.“Las órdenes de suspensión que se empezaron a proferir y que se empezaron a levantar incluso eran, algunas de ellas, violatorias de la misma ley”, señaló.También cuestionó que se hubieran suspendido órdenes relacionadas con personas que ya estaban cumpliendo condenas, al considerar que un proceso de paz no puede desconocer decisiones ejecutoriadas de los jueces.Extradición y sistema penitenciarioSobre la extradición, Buitrago defendió este mecanismo como una herramienta de cooperación judicial y destacó el principio de reciprocidad entre Estados. “La extradición es un mecanismo muy importante en términos de cooperación judicial”, manifestó.En cuanto al sistema penitenciario, identificó como retos principales el control de la corrupción y la influencia de estructuras criminales desde las cárceles. Para la exministra, los traslados deben acompañarse de investigaciones y judicializaciones cuando se detecten nuevos delitos.Erradicación de cultivos de cocaBuitrago también planteó que la discusión sobre la erradicación debe buscar un equilibrio entre las obligaciones del Estado y la protección ambiental y de la salud. En ese sentido, consideró necesario evaluar alternativas y generar evidencia antes de tomar decisiones definitivas sobre los mecanismos de fumigación. “La solución es llegar a un punto medio en donde haya participación de todos los actores para erradicar y cumplir con la obligación de erradicación de los cultivos de coca”, sostuvo la exministra.Sobre el uso de glufosinato de amonio como alternativa al glifosato, Buitrago señaló que el producto ha sido objeto de pruebas durante varios años y que, según los estudios que mencionó, tendría un menor impacto ambiental y una menor persistencia en el suelo. Sin embargo, reconoció que todavía debe evaluarse su efectividad en la erradicación de los cultivos de coca. “Yo creo que incluso el glifosato tampoco acaba con la mata”, afirmó, al señalar que la discusión debe considerar tanto la eficacia de los productos como sus posibles efectos sobre el ambiente y la salud.Escuche la entrevista completa acá:
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro hubo intervenciones de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en asuntos relacionados con procesos de extradición, pese a que, según su interpretación jurídica, esa dependencia no tenía competencia para intervenir en esos procedimientos.Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Mañanas Blu, a propósito de las recientes extradiciones de varios integrantes de organizaciones criminales y de la controversia que rodeó durante el gobierno Petro los casos de Andrés Araña, alias HH y El Mocho Olmedo.Buitrago sostuvo que su posición frente a la aplicación de la Ley 2272 fue consistente durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Justicia: los integrantes de grupos armados o estructuras criminales que pretendieran beneficiarse de mecanismos asociados a la política de paz total debían demostrar hechos concretos de sometimiento y, sobre todo, cesar sus actividades delictivas.El caso de Andrés Araña y la captura en BogotáUno de los episodios centrales mencionados por la exministra fue la captura de Alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera y requerido internacionalmente por la justicia de Estados Unidos.El hombre fue capturado en febrero de 2025 en Bogotá, en cumplimiento de una orden internacional y una circular roja de Interpol. Buitrago defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que el Ministerio de Justicia dejó constancia de que no existían razones jurídicas para impedir la captura.La exministra también cuestionó las actuaciones que, según recordó, se produjeron alrededor del procedimiento y rechazó la tesis de que la captura hubiera constituido un “entrampamiento” al proceso de paz.Según Buitrago, una circular roja de Interpol responde a mecanismos de cooperación judicial internacional y no podía ser suspendida simplemente mediante decisiones relacionadas con las negociaciones de paz.La exministra recordó además que el Ministerio de Justicia no participaba directamente en las mesas de negociación y que las decisiones sobre política de paz correspondían al presidente de la República y al comisionado de paz.La polémica por alias HH y su salida del Ministerio de JusticiaOtro de los puntos que, según Buitrago, terminó siendo determinante en su salida del Gobierno fue el caso de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, cabecilla de Comuneros del Sur.La exministra afirmó que recibió un concepto negativo de la Oficina del Comisionado de Paz frente al proceso de extradición. Desde su perspectiva, ese documento constituía una intervención en una materia para la cual dicha oficina no tenía competencia.Buitrago explicó que, a su juicio, la competencia para emitir un concepto negativo dentro del procedimiento de extradición correspondía a la Corte Suprema de Justicia en los términos establecidos por la ley. Por ello, sostuvo que respondió oficialmente al concepto recibido y mantuvo su posición de que la extradición debía ser concedida.La exministra aseguró que presentó su renuncia en mayo de 2025, en medio de esas diferencias y de otros desacuerdos relacionados con el funcionamiento del Ministerio de Justicia.Según su relato, inicialmente se pretendía negar la extradición de alias HH con base en el concepto relacionado con el proceso de paz. Sin embargo, Buitrago sostuvo que jurídicamente no existían elementos suficientes para adoptar esa decisión.Posteriormente, según explicó, la resolución fue modificada después de su salida del Ministerio: la extradición fue concedida, pero sus efectos quedaron suspendidos mientras el procesado permanecía vinculado a las mesas de paz.La Ley 2272 y los límites de la paz totalLa discusión jurídica planteada por la exministra gira también alrededor de la interpretación de la Ley 2272, marco legal de la política de paz total.Buitrago afirmó que esa legislación no podía utilizarse para suspender de manera automática órdenes internacionales de captura ni para conceder beneficios a personas que continuaran cometiendo delitos. Su argumento central es que debía existir una relación entre los beneficios derivados de los procesos de paz y actos reales, verificables y concretos de sometimiento.Para la exministra, uno de los principales problemas fue que la política de paz total habría sido interpretada de manera demasiado amplia. Según sostuvo, algunos grupos continuaban ejerciendo control territorial y cometiendo delitos mientras participaban en procesos de diálogo. Buitrago señaló que durante su gestión encontró casos en los que las comunidades seguían sometidas a extorsiones y otras formas de violencia, situación que, en su concepto, resultaba incompatible con la participación de esos grupos en negociaciones de paz.Cuestionamientos a la suspensión de órdenes de capturaLa exministra también cuestionó decisiones de la Fiscalía relacionadas con la suspensión de órdenes de captura de personas vinculadas a estos procesos. Aclaró que no podía establecer las razones por las cuales la Fiscalía adoptó determinadas decisiones, pero expresó públicamente su desacuerdo jurídico con algunas de ellas.“La Fiscalía no debía haber suspendido esas órdenes. Yo siempre lo he dicho, he pensado que fue un error”. Buitrago sostuvo que, particularmente cuando se trataba de personas capturadas o condenadas, no encontraba fundamento jurídico para suspender las órdenes en los términos en que se hizo.No obstante, reconoció que posteriormente la Fiscalía revocó algunas de esas decisiones, lo que, desde su perspectiva, terminó corrigiendo parcialmente una actuación que inicialmente consideraba improcedente.El caso de El Mocho Olmedo y la Dirección Nacional de InteligenciaDurante la entrevista también fue mencionado el caso de alias El Mocho Olmedo, cuya situación, según Buitrago, conoció después de abandonar el Ministerio de Justicia y a través de informaciones publicadas por la prensa.La exministra calificó como cuestionable que una persona capturada por la Fiscalía estuviera bajo competencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pues, según su interpretación, esa entidad no tendría atribuciones para asumir la custodia de una persona sometida a un procedimiento judicial.Buitrago insistió en que la custodia debía estar sometida a las autoridades judiciales y penitenciarias correspondientes, de acuerdo con las decisiones adoptadas dentro del proceso.Denuncias ante los organismos de controlLa exministra confirmó que puso en conocimiento de diferentes autoridades los hechos que, desde su perspectiva, podían constituir irregularidades. Precisó que presentó los hechos y señaló a las personas que intervinieron, pero dejó en manos de las autoridades competentes determinar si existieron responsabilidades penales o disciplinarias.Entre las entidades mencionadas por Buitrago están la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Su posición, según reiteró durante la entrevista, no ha cambiado: la política de paz debía desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley y no podía convertirse en un mecanismo para suspender procedimientos judiciales o internacionales sin que existieran las condiciones legales correspondientes.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
La exministra de Justicia y exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, analizó la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un escándalo revelado por Noticias Caracol y que ha generado alarma nacional. En diálogo con El Radar, la experta advirtió sobre la complejidad y los riesgos que representa este hecho para la seguridad del Estado.Una infiltración “de la mayor seriedad”Buitrago calificó la situación como extremadamente delicada, al señalar que la presencia de miembros de grupos armados en instituciones públicas expone información estratégica y pone en riesgo la vida de uniformados y civiles. “Esto revela una complejidad muy fuerte. Cualquier clase de infiltración en el Estado… genera incluso que esas personas sirvan de informantes y generen violencia contra los mismos miembros del Ejército”, afirmó.La exfiscal recordó casos anteriores en los que funcionarios infiltrados alertaron sobre allanamientos, provocando la muerte de servidores públicos. “Esto es de la mayor seriedad… significa que pueden acceder a información que de otra manera sería desconocida y contar las operaciones militares en curso”, añadió.Retrasos en la investigación: 16 meses sin avancesUno de los puntos críticos señalados por Buitrago es el tiempo que la información permaneció sin ser investigada, pese a su relevancia. Noticias Caracol reveló que los datos estuvieron más de un año y cuatro meses en los archivos de la Fiscalía y la DIJÍN.“En estos casos debe haber actos urgentes… 16 meses significan que había que haber realizado acciones claras para asegurarse de que la información era seria y fiable”, explicó. Además, destacó el papel de los medios: “La prensa hace un trabajo importante en poner alerta sobre estos temas que pasan desapercibidos”.Lo que debe pasar ahoraLa exfiscal insistió en que el país necesita respuestas rápidas. Para ella, la prioridad es identificar a los responsables y sacarlos de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. “Lo primero que hay que hacer es mover a esas personas del lugar, tenerlas bajo investigación y saber qué información han podido comunicar”, indicó.Buitrago advirtió que los riesgos incluyen comprometer operaciones militares actuales y futuras. También pidió esclarecer cómo lograron infiltrarse y qué participación habrían tenido en hechos que dejaron muertos o heridos entre miembros de la fuerza pública.La experta concluyó resaltando nuevamente la importancia de la vigilancia periodística: “Los medios son fundamentales… permiten poner alertas para que la Fiscalía retome apoyos y ayudas que se dan inicialmente”.El país espera ahora avances concretos en un caso que compromete la seguridad nacional y la confianza en las instituciones.Escuche la entrevista completa acá:
En Mañanas Blu 10:30, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó por qué un mismo proceso puede terminar con decisiones opuestas entre la primera y la segunda instancia, como ocurrió con Santiago Uribe, inicialmente absuelto y luego condenado a 28 años de prisión por el caso de los “12 Apóstoles”.Buitrago señaló que el punto de partida está en cómo cada instancia valora las pruebas. “La primera valoración del juez de primera instancia puede dejar de mirar o puede concluir sobre la prueba de valoraciones diferentes. Por eso están asegurados los recursos para que haya una segunda instancia que revise los procesos”, dijo. Aunque afirmó que es “muy extraño” que un procesado sea absuelto y posteriormente condenado, explicó que esto ocurre cuando el tribunal considera que el juez omitió pruebas o no las analizó de manera sistemática.Según la exministra, este tipo de diferencias no solo se presentan entre primera y segunda instancia, sino incluso en casación. Recordó que la decisión sobre Santiago Uribe aún no es definitiva: “En casación ya es la última posibilidad de instancia en donde la Corte incluso puede rectificar este fallo o puede confirmar este fallo”.Impugnación especial vs. casaciónLa defensa de Santiago Uribe anunció que interpondrá una impugnación especial, figura distinta a la casación que se invocó en el expediente del expresidente Álvaro Uribe. Buitrago precisó que en este caso procede un recurso de doble conformidad: “Cuando a mí me condenan en segunda instancia, yo tenga derecho a que alguien más revise esa condena”.Explicó que la diferencia central está en el alcance de cada figura. En la casación, dijo, “si está mal invocada, incluso te pueden inadmitir la demanda”. Recordó que la Corte admite solo el 10% de las casaciones por tecnicismos. En contraste, la impugnación especial “revisa absolutamente todos los elementos que tenga el proceso, valoración de la prueba, prueba, cuáles son las motivaciones del juez”.¿Cuánto puede tardar la decisión?Aunque la ley establece que la resolución del recurso no debería tardar más de 30 a 60 días, la exministra advirtió que “en la práctica judicial se puede demorar más”. Señaló la carga laboral de los jueces y la dimensión del expediente: “Es un expediente muy grande, que lleva muchos años y que practicó mucha prueba”.
Este 2025 se conmemoran 40 años de un hecho que marcó la historia violenta del país: la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El ataque dejó cerca de 100 muertos entre magistrados, trabajadores y visitantes. Fueron 28 horas de horror que aún resuenan en la memoria de los familiares de las víctimas asesinadas a sangre fría durante esa trágica jornada.En diálogo con Blu Radio, la exministra de Justicia y abogada Ángela María Buitrago —quien lideró investigaciones clave sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante esos hechos— señaló que no ha existido una reparación real y que persiste una “ausencia total de justicia”.“No se ha investigado todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. Hay hechos donde se compulsaron copias y no se ha hecho absolutamente nada. Muchas víctimas siguen esperando respuestas 40 años después”, afirmó Buitrago.La exministra también recordó que, incluso antes de la toma, ya existían amenazas contra magistrados de las altas cortes, cuyos responsables nunca fueron identificados. Además, mencionó que varias de las compulsas de copias por torturas y ejecuciones extrajudiciales enviadas a la Fiscalía entre 2006 y 2008 aún no tienen respuesta.“No se investigó el tema real del incendio del Palacio de Justicia. Aunque hubo una hipótesis de que había sido la guerrilla, después encontramos pruebas de que no, y eso tampoco se investigó. No se investigó por qué murieron los magistrados en el baño, cuando hubo utilización de explosivos, fuego cruzado, cuáles fueron las balas que mataron a esos magistrados y a las personas que estaban en el baño del tercero y segundo piso. Tampoco se investigó a Belisario Betancur”, aseguró.Finalmente, Buitrago recordó las presiones y amenazas que recibió durante su labor como fiscal en los casos emblemáticos relacionados con el Palacio de Justicia, subrayando que, cuatro décadas después, la verdad completa sobre lo ocurrido sigue siendo una deuda del Estado con las víctimas y con la historia del país.
El Gobierno nacional alista la radicación del proyecto definitivo de paz total, que abriría la puerta a beneficios judiciales para integrantes de organizaciones criminales. Aunque el texto oficial se conocería este viernes, un borrador de 14 páginas que incluye puntos altamente controvertidos, entre ellos, la posibilidad de libertad condicional para capos y mandos medios de estructuras armadas ilegales.El Ministerio de Justicia trabaja en afinar la redacción final, pero el documento ya plantea varios interrogantes clave que marcarán el debate en la próxima legislatura.En diálogo con Mañanas Blu, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, se pronunció sobre el proyecto de ley que propone la modificación de los beneficios penales para condenados por delitos graves. Destacó la necesidad de velar por los derechos de las víctimas y la integridad del sistema judicial. La exministra divide su análisis en varios puntos clave que permiten comprender la profundidad de esta controversia, sin embargo aseguró que no conoce de fondo el borrador. Buitrago subrayó que el marco de paz establecido en 2016 se centra en el conflicto armado, mientras que el nuevo proyecto debe abordar las estructuras criminales. "Debemos garantizar que las personas que están condenadas cumplan sus penas, no hay lugar para la impunidad", comentó, enfatizando que la ley 2272 no permite autorización para desconocer los principios de la justicia penal. "Ya estas personas fueron sometidas por la justicia. Aquí hubo una decisión judicial y ahora lo que queremos decir es que estas personas van a tener una rebaja o van a tener libertad condicional en contravía de los presupuestos del Código Penal", explicó. Esto significa que aquellos condenados deben seguir cumpliendo su castigo sin beneficios adicionales. Preocupaciones sobre el proyectoEn cuanto al proyecto de ley en discusión, Buitrago expone que podría actuar como una forma de camuflar una condonación de penas ya impuestas. "Los estándares internacionales de justicia requieren que las víctimas sean escuchadas y tenidas en cuenta. Aquellos que han sufrido debido a secuestros, homicidios y extorsiones no pueden quedar desprotegidos mientras se discuten beneficios para los victimarios". Asegura que le preocupa la información que hasta ahora ha sido revelada como borrador del proyecto, de acuerdo con ella, va en contra de las víctimas.Las víctimas Otro de los puntos críticos que aborda Buitrago es la falta de consideración hacia las víctimas en el proceso de esta propuesta legislativa. "Las víctimas que acudieron al sistema con confianza ahora se encuentran vulnerables. La justicia debe ser restaurativa y garantizar su derecho a la reparación", enfatiza, apuntando que sin este enfoque el proyecto podría ser considerado un retroceso en la lucha por la justicia en Colombia. Finalmente, Buitrago menciona las críticas que afirman que no hay diferencias significativas entre este proyecto y la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). "Es esencial reconocer que se trata de grupos criminales que no necesariamente están sujetos a las mismas condiciones de los grupos armados organizados con fines de conflicto", explica. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, que busca agilizar la justicia penal en Colombia, acelerando la terminación anticipada de procesos a través de la reparación integral y el principio de oportunidad. Hace un mes que el Congreso la aprobó.¿Qué cambia ahora con esta reforma a la justicia?En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago se pronuncio sobre uno de los temas más complejos y hasta polémicos. Se trata de la extinción de la acción penal por reparación integral, la cual permite que, bajo ciertas condiciones específicas, los ciudadanos puedan suspender procesos penales por diferentes causales.Esta figura, que ya existía de forma limitada en el código penal colombiano, provocó críticas sobre su aplicación justa, ya que podría favorecer a quienes tienen más recursos económicos, pero Buitrago recalcó que la extinción de la acción penal sirve como “una garantía para el sistema acusatorio”.En términos sencillos, según detalló, cuando se termina la opción penal el Estado no puede iniciar ni proseguir una investigación porque, por ejemplo, el sujeto murió.“Si yo no tengo una persona a quien atribuirle responsabilidad, esa es una causal de extinción de la acción penal, qué quiere decir, que el Estado ya no puede investigar; quiere decir que ya no le puede imponer pena a quien murió”, precisó.Indicó que otra figura de la extinción de la acción penal es la prescripción. Aclaró que la prescripción es el paso del tiempo que impide que el Estado pueda llevar a cabo la investigación y que, desde ese punto de vista, también “pueda el Estado imponer la pena la prescripción y la muerte son causales que afectan tanto la acción penal como la pena”.“La figura de la extinción penal, y esto viene desde el inicio del código penal, es una figura que lo que hace es, precisamente, impedir que continúe la acción penal. Esto no es nuevo, es un elemento que se circunscribe a las normas del código penal o del código sustantivo (…) Es una de las normas que se incluyen dentro de la reforma, se hace, sin lugar a duda, una garantía también para el sistema acusatorio", explicó.Reparación integralSin embargo, se ha cuestionado si esta reforma beneficia desproporcionadamente a aquellos que pueden permitirse una reparación financiera. La exministra aclaró que los delitos relacionados con la violencia de género y de lesa humanidad no son susceptibles de esta reforma, enfatizando que son categorías que no admiten reparación integral."Cuando hablamos de reparación integral, que es el artículo cuarto de la reforma, estamos hablando de los delitos que admiten desistimiento; está previamente establecido en el código de procedimiento penal. Por ejemplo, la injuria y la calumnia", aseveró.Esta distinción es crucial, ya que plantea un dilema sobre la equidad en el acceso a la justicia en un contexto donde las víctimas de delitos graves siguen enfrentando enormes obstáculos. El legislador ha buscado un equilibrio entre la necesidad de justicia y la posibilidad de reparación.La ley 2477 también destaca el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía desistirse de procesar ciertos casos. Esto, a su vez, ha suscitado preocupaciones sobre la creación de un sistema en el que unos pocos privilegiados puedan encontrar formas de evitar el castigo a través de acuerdos.Buitrago reconoció que, aunque estas críticas son válidas, la reparación integral es un concepto que ha existido en el derecho colombiano por años y la nueva ley busca ampliar su aplicabilidad.En ese sentido, señaló que, aun así, es esencial que este proceso no se vea como una forma de desvirtuar la justicia, sino como una oportunidad de restitución para las víctimas.
En entrevista en Mañanas 10:30, con Camila Zuluaga, Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de Colombia, entregó su opinión sobre la viabilidad y la legalidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo anunció este mismo jueves el designado ministro de Justicia.Buitrago comenzó su exposición aclarando que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe cumplir con los requisitos estipulados en la Constitución. “La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos contemplados en la carta política de 1991, pero su procedimiento está reglado”, explica.La exministra subrayó que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que consulte a la ciudadanía sobre estos elementos. Sin embargo, Buitrago también señaló que los tiempos no son propicios para esta convocatoria, citando la situación de crispación y violencia en el país como un impedimento para proceder. "Los tiempos no dan, y eso ya lo ha dicho el doctor Montealegre", afirmó.¿Qué opina de la consulta popular?Buitrago se manifestó a favor de la consulta popular, considerándola un mecanismo democrático fundamental. Sin embargo, enfatizó que también debe estar regulada por la Constitución, que exige la aceptación del Congreso. Analizó las recientes declaraciones de Eduardo Montealegre, quien sugiere que una Asamblea Nacional Constituyente podría ser de iniciativa popular y superar el Congreso, algo que Buitrago califica como una "herejía constitucional".“Esto trastoca elementos que significan la garantía de la estabilidad jurídica en Colombia. La Asamblea Constituyente no puede utilizarse como un elemento distractor”, añade con firmeza.¿Qué hay detrás de la constituyente?Al cuestionarla sobre las intenciones del Gobierno al plantear la posibilidad de una Asamblea Constituyente, Buitrago se mostró crítica. “Creo que aquí están haciendo un globo de discusión que no corresponde a la realidad del país”, menciona. Reiteró que el enfoque debe estar en soluciones concretas a los problemas actuales, en lugar de saltarse procedimientos legales.Sobre las posibles consecuencias legales para los ministros que firmaron el decreto convocando la consulta popular, Buitrago mencionó que pueden enfrentar cargos de prevaricato. Cualquier decisión que se toma de manera contraria a la Constitución y la ley es un delito”, advirtió.Angela Maria Buitrago concluyó defendiendo el principio de la juridicidad y la necesidad de respetar las instituciones en Colombia. “Un ministro no es un esbirro; debe cumplir con la Constitución y la ley”, reforzó. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Fontibón, volvió a poner en evidencia las fallas estructurales del sistema de protección para líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Así lo advirtió Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y exfiscal, quien aseguró en entrevista con Blu Radio que “se debería replantear todo el sistema de protección” en el país.“El caso de Miguel Uribe refleja no solo una omisión, sino una crisis sostenida que se vive en la Unidad Nacional de Protección (UNP). No puede ser que una persona se acerque a un precandidato presidencial de esa manera, sin que haya un esquema que lo detecte. Eso es impensable si el sistema estuviera funcionando”, afirmó.Buitrago, quien ocupó la cartera de Justicia durante casi once meses, recordó que desde hace años se han identificado deficiencias tanto presupuestarias como operativas en los esquemas de protección de la UNP, la Policía Nacional y la propia Fiscalía General de la Nación. “Lo viví en carne propia. No hay recursos suficientes, no hay personal idóneo, y lo más grave: se están recalificando riesgos sin un análisis profundo de las amenazas. Así han matado firmantes de paz, defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluso con esquemas activos”.Frente al caso de Uribe Turbay, la exministra insistió en la necesidad de una transformación profunda del modelo actual: “El problema no es solo de recursos o de escoltas. Hay una desconexión entre el análisis de riesgo, la asignación de medidas y la comprensión del contexto político actual, profundamente polarizado. Esa polarización es la que está alimentando ataques como este”.Más allá de la discusión sobre presupuesto y competencias, Buitrago insistió en que uno de los principales vacíos del sistema está en la falta de personal verdaderamente capacitado en seguridad de personalidades: “Aquí no se trata de poner a Pedro o Juan a cuidar a alguien. Se necesita gente especializada, entrenada, con experiencia. Esto no es improvisable. Y esa carencia nos está costando vidas”.El atentado contra Miguel Uribe se suma a una larga lista de hechos violentos contra líderes en todo el país. Para Buitrago, es el momento de actuar con contundencia: “No basta con poner carros blindados. Hay que tomarse en serio la protección como una política de Estado”.
La científica colombiana Ana María Porras fue incluida entre los 101 latinos más influyentes, un reconocimiento que comparte en la lista con figuras como Lionel Messi, Bad Bunny y Pedro Pascal. La ingeniera biomédica, nacida en Bucaramanga, desarrolla investigaciones relacionadas con la salud y también trabaja en divulgación científica.Porras, quien es profesora de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Florida, contó que conoció la noticia después de que la revista se comunicara con ella para preguntarle por su trayectoria profesional. Aunque inicialmente no sabía que sería incluida en la selección, posteriormente descubrió que hacía parte del listado.La colombiana explicó que su recorrido académico comenzó en Estados Unidos, donde estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad de Texas en Austin. Posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de Wisconsin y continuó su formación investigativa en Cornell antes de llegar a la Universidad de Florida, donde lleva cerca de cinco años y tiene su propio laboratorio.¿Qué investiga Ana María Porras en su laboratorio?Su trabajo científico está relacionado con los microorganismos que habitan en el intestino y con la forma en que estos interactúan con los tejidos humanos. Para estudiar estos procesos, su equipo desarrolla pequeños modelos de tejidos y órganos que permiten analizar diferentes interacciones en condiciones controladas.La científica recordó que cuando comenzó su formación, entre 2005 y 2006, la Ingeniería Biomédica todavía tenía una oferta limitada en Colombia, razón por la que decidió estudiar la carrera en Estados Unidos.Además de su trabajo académico, Porras ha dedicado parte de su trayectoria a acercar la ciencia al público. Desde aproximadamente 2018 utiliza las redes sociales y el tejido en crochet para representar microorganismos y explicar conceptos científicos.Durante la pandemia de covid-19, por ejemplo, empleó estas herramientas para hablar sobre microorganismos y vacunas. Su objetivo ha sido encontrar formas diferentes de comunicar investigaciones que pueden resultar complejas para personas que no tienen formación científica.También creó una red para impulsar a latinos en la cienciaPorras es además una de las cofundadoras de Latinos en Ingeniería Biomédica, una iniciativa que funciona como red de apoyo para profesionales y estudiantes latinoamericanos vinculados con esta disciplina. Según explicó, la comunidad ya reúne a más de 600 personas.Su trabajo también se ha enfocado en aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la ciencia. Hace parte de un programa en el que participan 125 mujeres como referentes para niñas y jóvenes, una experiencia que le ha permitido hablar sobre la importancia de incorporar diferentes perspectivas en la investigación.En ese contexto, ha destacado que existen áreas de la salud en las que todavía hay diferencias que requieren mayor investigación entre hombres y mujeres. Entre los ejemplos mencionados está la enfermedad de la válvula aórtica.Su recomendación para los jóvenes está relacionada con mantener la curiosidad y no limitarse a los caminos profesionales conocidos.“Mi recomendación sería para que sigan soñando en grande, explorando muchas cosas nuevas y pues siendo valientes también, porque explorar cosas nuevas también da mucho miedo”, afirmó.
El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad con la que los jugadores pueden revisar rápidamente los resultados oficiales.Resultado del Caribeña Día hoy, 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 24 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Caribeña Día?El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días y los resultados oficiales pueden consultarse poco después de las 2:30 p. m.. Minutos más tarde, los números ganadores se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los apostadores validar sus jugadas de manera rápida y segura.Cómo jugar el chance Caribeña DíaEste juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a distintas estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifraEstas opciones permiten elegir entre apuestas con premios más altos o jugadas más simples que aumentan las probabilidades de acierto.Cuánto cuesta apostar en Caribeña DíaUno de los factores que mantiene la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los jugadores pueden participar con diferentes montos:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosDe esta manera, cada persona puede ajustar su inversión según su presupuesto.Requisitos para reclamar premios del Caribeña DíaEl proceso de cobro depende del valor del premio, aunque siempre es necesario presentar algunos documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendadurasDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadAdemás, según el monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicosPremios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de ventaPremios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábilesCon sorteos diarios, múltiples modalidades de apuestas y reglas claras para reclamar premios, el Caribeña Día continúa siendo una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.
La discusión sobre los recursos que tendrá la Rama Judicial en 2027 continúa en el Congreso de la República, mientras las altas cortes advierten sobre las necesidades que enfrenta el sistema de justicia para responder al aumento de la demanda de servicios.La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, se refirió al tema durante una rueda de prensa en Bucaramanga, donde se desarrolla el encuentro regional de la Corte Constitucional, y señaló que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ha venido analizando el presupuesto y exponiendo ante el Congreso las necesidades de las diferentes jurisdicciones.“Claro que la justicia también demanda presupuesto. Creo que todas las jurisdicciones demandamos el presupuesto”, afirmó Meneses, quien reconoció que el país atraviesa una situación fiscal que también debe ser tenida en cuenta en esta discusión.La magistrada explicó que varios presidentes de las altas cortes han acudido al Congreso para presentar las necesidades de la Rama Judicial y aseguró que han encontrado apertura de los congresistas para escuchar sus planteamientos.Uno de los puntos que más preocupa a la Corte Constitucional es el volumen de procesos que recibe diariamente. Según Meneses, actualmente llegan alrededor de 6.000 tutelas al día para ser revisadas por la corporación.Además, indicó que en la más reciente sala de selección fueron recibidos 34.200 expedientes, una carga que, según explicó, exige mantener y fortalecer la capacidad operativa de la Corte.“Nos preocupa este posible colapso de las tutelas”, manifestó la presidenta de la Corte Constitucional, quien señaló que esta situación ya ha sido planteada ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional.Meneses destacó que el Consejo Superior de la Judicatura ha atendido parte de estas necesidades mediante la asignación de funcionarios adicionales, lo que ha permitido implementar un plan de choque para atender el volumen de expedientes.La presidenta de la Corte insistió en que las necesidades presupuestales no corresponden únicamente a la Corte Constitucional, sino a las distintas jurisdicciones que integran la Rama Judicial.
El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 24 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega Sinuano Día?El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finaliza el proceso de sorteo.Cómo se juega el Chance Sinuano DíaEste juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que premian a los participantes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador.Cuatro cifras directo o superpleno: Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado cuatro cifras: Premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.Tres cifras directo: Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.Combinado tres cifras: Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: Consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.Una cifra o uña: Corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?El proceso para reclamar premios depende del valor ganado. Sin embargo, existen algunos documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.Documentos fundamentales para cualquier premioTiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Premios inferiores a 48 UVTLos ganadores únicamente deberán presentar los documentos básicos mencionados anteriormente.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los requisitos fundamentales, será necesario diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.Premios superiores a 182 UVTLos ganadores deberán presentar toda la documentación anterior y una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete.
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y una de las opciones preferidas por miles de apostadores en Colombia.El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 24 de septiembre de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el punto de venta autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Desde 2025, los apostadores pueden agregar una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.Cómo se juega el chanceEl chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos, el ganador deberá presentar la documentación correspondiente.Documentos fundamentalesTiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premioPremios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, será necesario diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: también se deberá presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el premio será consignado mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.