La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
La exministra de Justicia y exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, analizó la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un escándalo revelado por Noticias Caracol y que ha generado alarma nacional. En diálogo con El Radar, la experta advirtió sobre la complejidad y los riesgos que representa este hecho para la seguridad del Estado.Una infiltración “de la mayor seriedad”Buitrago calificó la situación como extremadamente delicada, al señalar que la presencia de miembros de grupos armados en instituciones públicas expone información estratégica y pone en riesgo la vida de uniformados y civiles. “Esto revela una complejidad muy fuerte. Cualquier clase de infiltración en el Estado… genera incluso que esas personas sirvan de informantes y generen violencia contra los mismos miembros del Ejército”, afirmó.La exfiscal recordó casos anteriores en los que funcionarios infiltrados alertaron sobre allanamientos, provocando la muerte de servidores públicos. “Esto es de la mayor seriedad… significa que pueden acceder a información que de otra manera sería desconocida y contar las operaciones militares en curso”, añadió.Retrasos en la investigación: 16 meses sin avancesUno de los puntos críticos señalados por Buitrago es el tiempo que la información permaneció sin ser investigada, pese a su relevancia. Noticias Caracol reveló que los datos estuvieron más de un año y cuatro meses en los archivos de la Fiscalía y la DIJÍN.“En estos casos debe haber actos urgentes… 16 meses significan que había que haber realizado acciones claras para asegurarse de que la información era seria y fiable”, explicó. Además, destacó el papel de los medios: “La prensa hace un trabajo importante en poner alerta sobre estos temas que pasan desapercibidos”.Lo que debe pasar ahoraLa exfiscal insistió en que el país necesita respuestas rápidas. Para ella, la prioridad es identificar a los responsables y sacarlos de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. “Lo primero que hay que hacer es mover a esas personas del lugar, tenerlas bajo investigación y saber qué información han podido comunicar”, indicó.Buitrago advirtió que los riesgos incluyen comprometer operaciones militares actuales y futuras. También pidió esclarecer cómo lograron infiltrarse y qué participación habrían tenido en hechos que dejaron muertos o heridos entre miembros de la fuerza pública.La experta concluyó resaltando nuevamente la importancia de la vigilancia periodística: “Los medios son fundamentales… permiten poner alertas para que la Fiscalía retome apoyos y ayudas que se dan inicialmente”.El país espera ahora avances concretos en un caso que compromete la seguridad nacional y la confianza en las instituciones.Escuche la entrevista completa acá:
En Mañanas Blu 10:30, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó por qué un mismo proceso puede terminar con decisiones opuestas entre la primera y la segunda instancia, como ocurrió con Santiago Uribe, inicialmente absuelto y luego condenado a 28 años de prisión por el caso de los “12 Apóstoles”.Buitrago señaló que el punto de partida está en cómo cada instancia valora las pruebas. “La primera valoración del juez de primera instancia puede dejar de mirar o puede concluir sobre la prueba de valoraciones diferentes. Por eso están asegurados los recursos para que haya una segunda instancia que revise los procesos”, dijo. Aunque afirmó que es “muy extraño” que un procesado sea absuelto y posteriormente condenado, explicó que esto ocurre cuando el tribunal considera que el juez omitió pruebas o no las analizó de manera sistemática.Según la exministra, este tipo de diferencias no solo se presentan entre primera y segunda instancia, sino incluso en casación. Recordó que la decisión sobre Santiago Uribe aún no es definitiva: “En casación ya es la última posibilidad de instancia en donde la Corte incluso puede rectificar este fallo o puede confirmar este fallo”.Impugnación especial vs. casaciónLa defensa de Santiago Uribe anunció que interpondrá una impugnación especial, figura distinta a la casación que se invocó en el expediente del expresidente Álvaro Uribe. Buitrago precisó que en este caso procede un recurso de doble conformidad: “Cuando a mí me condenan en segunda instancia, yo tenga derecho a que alguien más revise esa condena”.Explicó que la diferencia central está en el alcance de cada figura. En la casación, dijo, “si está mal invocada, incluso te pueden inadmitir la demanda”. Recordó que la Corte admite solo el 10% de las casaciones por tecnicismos. En contraste, la impugnación especial “revisa absolutamente todos los elementos que tenga el proceso, valoración de la prueba, prueba, cuáles son las motivaciones del juez”.¿Cuánto puede tardar la decisión?Aunque la ley establece que la resolución del recurso no debería tardar más de 30 a 60 días, la exministra advirtió que “en la práctica judicial se puede demorar más”. Señaló la carga laboral de los jueces y la dimensión del expediente: “Es un expediente muy grande, que lleva muchos años y que practicó mucha prueba”.
Este 2025 se conmemoran 40 años de un hecho que marcó la historia violenta del país: la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El ataque dejó cerca de 100 muertos entre magistrados, trabajadores y visitantes. Fueron 28 horas de horror que aún resuenan en la memoria de los familiares de las víctimas asesinadas a sangre fría durante esa trágica jornada.En diálogo con Blu Radio, la exministra de Justicia y abogada Ángela María Buitrago —quien lideró investigaciones clave sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante esos hechos— señaló que no ha existido una reparación real y que persiste una “ausencia total de justicia”.“No se ha investigado todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. Hay hechos donde se compulsaron copias y no se ha hecho absolutamente nada. Muchas víctimas siguen esperando respuestas 40 años después”, afirmó Buitrago.La exministra también recordó que, incluso antes de la toma, ya existían amenazas contra magistrados de las altas cortes, cuyos responsables nunca fueron identificados. Además, mencionó que varias de las compulsas de copias por torturas y ejecuciones extrajudiciales enviadas a la Fiscalía entre 2006 y 2008 aún no tienen respuesta.“No se investigó el tema real del incendio del Palacio de Justicia. Aunque hubo una hipótesis de que había sido la guerrilla, después encontramos pruebas de que no, y eso tampoco se investigó. No se investigó por qué murieron los magistrados en el baño, cuando hubo utilización de explosivos, fuego cruzado, cuáles fueron las balas que mataron a esos magistrados y a las personas que estaban en el baño del tercero y segundo piso. Tampoco se investigó a Belisario Betancur”, aseguró.Finalmente, Buitrago recordó las presiones y amenazas que recibió durante su labor como fiscal en los casos emblemáticos relacionados con el Palacio de Justicia, subrayando que, cuatro décadas después, la verdad completa sobre lo ocurrido sigue siendo una deuda del Estado con las víctimas y con la historia del país.
El Gobierno nacional alista la radicación del proyecto definitivo de paz total, que abriría la puerta a beneficios judiciales para integrantes de organizaciones criminales. Aunque el texto oficial se conocería este viernes, un borrador de 14 páginas que incluye puntos altamente controvertidos, entre ellos, la posibilidad de libertad condicional para capos y mandos medios de estructuras armadas ilegales.El Ministerio de Justicia trabaja en afinar la redacción final, pero el documento ya plantea varios interrogantes clave que marcarán el debate en la próxima legislatura.En diálogo con Mañanas Blu, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, se pronunció sobre el proyecto de ley que propone la modificación de los beneficios penales para condenados por delitos graves. Destacó la necesidad de velar por los derechos de las víctimas y la integridad del sistema judicial. La exministra divide su análisis en varios puntos clave que permiten comprender la profundidad de esta controversia, sin embargo aseguró que no conoce de fondo el borrador. Buitrago subrayó que el marco de paz establecido en 2016 se centra en el conflicto armado, mientras que el nuevo proyecto debe abordar las estructuras criminales. "Debemos garantizar que las personas que están condenadas cumplan sus penas, no hay lugar para la impunidad", comentó, enfatizando que la ley 2272 no permite autorización para desconocer los principios de la justicia penal. "Ya estas personas fueron sometidas por la justicia. Aquí hubo una decisión judicial y ahora lo que queremos decir es que estas personas van a tener una rebaja o van a tener libertad condicional en contravía de los presupuestos del Código Penal", explicó. Esto significa que aquellos condenados deben seguir cumpliendo su castigo sin beneficios adicionales. Preocupaciones sobre el proyectoEn cuanto al proyecto de ley en discusión, Buitrago expone que podría actuar como una forma de camuflar una condonación de penas ya impuestas. "Los estándares internacionales de justicia requieren que las víctimas sean escuchadas y tenidas en cuenta. Aquellos que han sufrido debido a secuestros, homicidios y extorsiones no pueden quedar desprotegidos mientras se discuten beneficios para los victimarios". Asegura que le preocupa la información que hasta ahora ha sido revelada como borrador del proyecto, de acuerdo con ella, va en contra de las víctimas.Las víctimas Otro de los puntos críticos que aborda Buitrago es la falta de consideración hacia las víctimas en el proceso de esta propuesta legislativa. "Las víctimas que acudieron al sistema con confianza ahora se encuentran vulnerables. La justicia debe ser restaurativa y garantizar su derecho a la reparación", enfatiza, apuntando que sin este enfoque el proyecto podría ser considerado un retroceso en la lucha por la justicia en Colombia. Finalmente, Buitrago menciona las críticas que afirman que no hay diferencias significativas entre este proyecto y la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). "Es esencial reconocer que se trata de grupos criminales que no necesariamente están sujetos a las mismas condiciones de los grupos armados organizados con fines de conflicto", explica. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, que busca agilizar la justicia penal en Colombia, acelerando la terminación anticipada de procesos a través de la reparación integral y el principio de oportunidad. Hace un mes que el Congreso la aprobó.¿Qué cambia ahora con esta reforma a la justicia?En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago se pronuncio sobre uno de los temas más complejos y hasta polémicos. Se trata de la extinción de la acción penal por reparación integral, la cual permite que, bajo ciertas condiciones específicas, los ciudadanos puedan suspender procesos penales por diferentes causales.Esta figura, que ya existía de forma limitada en el código penal colombiano, provocó críticas sobre su aplicación justa, ya que podría favorecer a quienes tienen más recursos económicos, pero Buitrago recalcó que la extinción de la acción penal sirve como “una garantía para el sistema acusatorio”.En términos sencillos, según detalló, cuando se termina la opción penal el Estado no puede iniciar ni proseguir una investigación porque, por ejemplo, el sujeto murió.“Si yo no tengo una persona a quien atribuirle responsabilidad, esa es una causal de extinción de la acción penal, qué quiere decir, que el Estado ya no puede investigar; quiere decir que ya no le puede imponer pena a quien murió”, precisó.Indicó que otra figura de la extinción de la acción penal es la prescripción. Aclaró que la prescripción es el paso del tiempo que impide que el Estado pueda llevar a cabo la investigación y que, desde ese punto de vista, también “pueda el Estado imponer la pena la prescripción y la muerte son causales que afectan tanto la acción penal como la pena”.“La figura de la extinción penal, y esto viene desde el inicio del código penal, es una figura que lo que hace es, precisamente, impedir que continúe la acción penal. Esto no es nuevo, es un elemento que se circunscribe a las normas del código penal o del código sustantivo (…) Es una de las normas que se incluyen dentro de la reforma, se hace, sin lugar a duda, una garantía también para el sistema acusatorio", explicó.Reparación integralSin embargo, se ha cuestionado si esta reforma beneficia desproporcionadamente a aquellos que pueden permitirse una reparación financiera. La exministra aclaró que los delitos relacionados con la violencia de género y de lesa humanidad no son susceptibles de esta reforma, enfatizando que son categorías que no admiten reparación integral."Cuando hablamos de reparación integral, que es el artículo cuarto de la reforma, estamos hablando de los delitos que admiten desistimiento; está previamente establecido en el código de procedimiento penal. Por ejemplo, la injuria y la calumnia", aseveró.Esta distinción es crucial, ya que plantea un dilema sobre la equidad en el acceso a la justicia en un contexto donde las víctimas de delitos graves siguen enfrentando enormes obstáculos. El legislador ha buscado un equilibrio entre la necesidad de justicia y la posibilidad de reparación.La ley 2477 también destaca el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía desistirse de procesar ciertos casos. Esto, a su vez, ha suscitado preocupaciones sobre la creación de un sistema en el que unos pocos privilegiados puedan encontrar formas de evitar el castigo a través de acuerdos.Buitrago reconoció que, aunque estas críticas son válidas, la reparación integral es un concepto que ha existido en el derecho colombiano por años y la nueva ley busca ampliar su aplicabilidad.En ese sentido, señaló que, aun así, es esencial que este proceso no se vea como una forma de desvirtuar la justicia, sino como una oportunidad de restitución para las víctimas.
En entrevista en Mañanas 10:30, con Camila Zuluaga, Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de Colombia, entregó su opinión sobre la viabilidad y la legalidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo anunció este mismo jueves el designado ministro de Justicia.Buitrago comenzó su exposición aclarando que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe cumplir con los requisitos estipulados en la Constitución. “La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos contemplados en la carta política de 1991, pero su procedimiento está reglado”, explica.La exministra subrayó que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que consulte a la ciudadanía sobre estos elementos. Sin embargo, Buitrago también señaló que los tiempos no son propicios para esta convocatoria, citando la situación de crispación y violencia en el país como un impedimento para proceder. "Los tiempos no dan, y eso ya lo ha dicho el doctor Montealegre", afirmó.¿Qué opina de la consulta popular?Buitrago se manifestó a favor de la consulta popular, considerándola un mecanismo democrático fundamental. Sin embargo, enfatizó que también debe estar regulada por la Constitución, que exige la aceptación del Congreso. Analizó las recientes declaraciones de Eduardo Montealegre, quien sugiere que una Asamblea Nacional Constituyente podría ser de iniciativa popular y superar el Congreso, algo que Buitrago califica como una "herejía constitucional".“Esto trastoca elementos que significan la garantía de la estabilidad jurídica en Colombia. La Asamblea Constituyente no puede utilizarse como un elemento distractor”, añade con firmeza.¿Qué hay detrás de la constituyente?Al cuestionarla sobre las intenciones del Gobierno al plantear la posibilidad de una Asamblea Constituyente, Buitrago se mostró crítica. “Creo que aquí están haciendo un globo de discusión que no corresponde a la realidad del país”, menciona. Reiteró que el enfoque debe estar en soluciones concretas a los problemas actuales, en lugar de saltarse procedimientos legales.Sobre las posibles consecuencias legales para los ministros que firmaron el decreto convocando la consulta popular, Buitrago mencionó que pueden enfrentar cargos de prevaricato. Cualquier decisión que se toma de manera contraria a la Constitución y la ley es un delito”, advirtió.Angela Maria Buitrago concluyó defendiendo el principio de la juridicidad y la necesidad de respetar las instituciones en Colombia. “Un ministro no es un esbirro; debe cumplir con la Constitución y la ley”, reforzó. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Fontibón, volvió a poner en evidencia las fallas estructurales del sistema de protección para líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Así lo advirtió Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y exfiscal, quien aseguró en entrevista con Blu Radio que “se debería replantear todo el sistema de protección” en el país.“El caso de Miguel Uribe refleja no solo una omisión, sino una crisis sostenida que se vive en la Unidad Nacional de Protección (UNP). No puede ser que una persona se acerque a un precandidato presidencial de esa manera, sin que haya un esquema que lo detecte. Eso es impensable si el sistema estuviera funcionando”, afirmó.Buitrago, quien ocupó la cartera de Justicia durante casi once meses, recordó que desde hace años se han identificado deficiencias tanto presupuestarias como operativas en los esquemas de protección de la UNP, la Policía Nacional y la propia Fiscalía General de la Nación. “Lo viví en carne propia. No hay recursos suficientes, no hay personal idóneo, y lo más grave: se están recalificando riesgos sin un análisis profundo de las amenazas. Así han matado firmantes de paz, defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluso con esquemas activos”.Frente al caso de Uribe Turbay, la exministra insistió en la necesidad de una transformación profunda del modelo actual: “El problema no es solo de recursos o de escoltas. Hay una desconexión entre el análisis de riesgo, la asignación de medidas y la comprensión del contexto político actual, profundamente polarizado. Esa polarización es la que está alimentando ataques como este”.Más allá de la discusión sobre presupuesto y competencias, Buitrago insistió en que uno de los principales vacíos del sistema está en la falta de personal verdaderamente capacitado en seguridad de personalidades: “Aquí no se trata de poner a Pedro o Juan a cuidar a alguien. Se necesita gente especializada, entrenada, con experiencia. Esto no es improvisable. Y esa carencia nos está costando vidas”.El atentado contra Miguel Uribe se suma a una larga lista de hechos violentos contra líderes en todo el país. Para Buitrago, es el momento de actuar con contundencia: “No basta con poner carros blindados. Hay que tomarse en serio la protección como una política de Estado”.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago reveló en Recap Blu que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, le pidieron la renuncia del director de la Uspec, Ludwing Joel Valero, por ser ficha del senador Miguel Ángel Pinto, congresista que participó en el hundimiento de la reforma laboral en el Senado.Según explicó en los micrófonos de Blu Radio, Angie Rodríguez fue quien primero le solicitó pedirle la renuncia al director de la Uspec. Ante su negativa, por considerar que Valero era una persona competente y con un buen desempeño, Benedetti la llamó para insistirle en aceptar dicha renuncia. "Angie Rodríguez me llama y me dice: 'Pídale la renuncia al Uspec'. Yo le digo: 'No le voy a pedir la renuncia porque es una persona muy competente y es una persona que viene trabajando bien'. Me llama inmediatamente Armando Benedetti y me dice: '¿Por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto”, relató la exministra, quien añadió que ni era la nominadora ni le parecía justo removerlo por una decisión legislativa de otro.Buitrago también señaló que le pareció injusto que le pidieran la renuncia a Valero por la acción que cometió otra persona, es decir, por una retaliación política "Ahí es donde efectivamente el 11 de abril a él (Valero) le piden la renuncia, porque yo le digo, mire, yo no soy el nominador, el nominador es el presidente, yo no puedo aceptar una renuncia que no es nominación mía. Pero además no me parece justo con una persona que se haga de esa manera por cobrarle lo que hizo otra", agregó la exjefe de la cartera de Justicia.Según la exministra, esta situación se suma a una serie de presiones y decisiones unilaterales que comenzaron desde marzo, y que escalaron con interferencias en otros nombramientos clave en el Ministerio de Justicia.Enfatizó que ella no le pidió la renuncia al entonces director de la Uspec, sino que, probablemente, lo hizo la directora del Dapre, por lo que habrían pasado por encima de ella.¿Cómo terminó su relación con Petro?Buitrago aseguró que su salida no fue por un conflicto personal con el presidente Gustavo Petro, sino por una acumulación de situaciones que evidenciaban, en su criterio, una falta de respeto por la institucionalidad y la independencia del Ministerio. Entre los episodios que detonaron su decisión mencionó presiones indebidas sobre nombramientos, la remoción de su delegado mientras ella se encontraba en Washington, y la insistencia en designar funcionarios sin el perfil requerido.Sin embargo, recalcó que su relación con el jefe de estado es buena y que no hay rencores."Mira, yo no salí en malos términos. Es más, cuando él se sube al avión dice que no haya rencores. No, no hay rencores. Lo que hay es claridad de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Cuando él me tomó a mí el juramento, me dijo: 'Jura cumplir la constitución y la ley'. Eso es lo que estoy haciendo", añadió.La exfuncionaria también se refirió a su renuncia, la cual aseguró fue irrevocable y presentada el 14 de mayo, antes de que el presidente Gustavo Petro dijera públicamente, desde China, que él había solicitado su salida. “Yo presenté renuncia irrevocable. El presidente habló dos días después… Yo no hablé con él ni con Alfonso Jaramillo. Nunca me pidieron la renuncia”, señaló. Además, cuestionó por qué, si ya existían diferencias desde febrero, no se aceptó su dimisión en ese momento.
La renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia, ha suscitado serias preocupaciones, particularmente tras la reciente crisis que ha dejado al descubierto la fragilidad del liderazgo público. En diálogo con Sala de Prensa Blu, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, se exploraron las implicaciones de estos acontecimientos en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Una semana difícil para las instituciones Hernández enfatizó que es lamentable observar cómo la imagen de la ciudadanía ha sido afectada por la manera en que se está manejando el poder, tanto desde el gobierno como del Congreso. La reciente denuncia de la exministra de Justicia ha reavivado el debate sobre la falta de preparación de quienes ocupan cargos clave, lo que ha llevado a cuestionar la experiencia y sensatez en la toma de decisiones del alto gobierno. "Este espectáculo judicial, donde las controversias se resuelven a través de denuncias por calumnia e injuria, añade una capa de complejidad que deteriora aún más la imagen pública de los líderes," aseveró Hernández. La situación se presenta como un llamado a la acción para que los ciudadanos exijan decisiones más responsables y en sintonía con la realidad del país. Un llamado a la sensatez ciudadana Ante esta realidad, Hernández reflexionó que los ciudadanos deben asumir un papel más activo e informado en la política. Apeló a la sensatez y a la responsabilidad en la toma de decisiones electorales, subrayando la importancia de procesar información veraz y no dejarse llevar por la desinformación que navega en redes sociales. "Necesitamos como ciudadanía una mayor claridad sobre las reglas de juego y que nos comprometamos a elegir responsables a quienes realmente tienen la capacidad de dirigir al país," concluyó.Escuche aquí la entrevista:
Los incendios forestales son uno de los desastres naturales más peligrosos debido a la rapidez con la que pueden propagarse y cambiar de dirección por efecto del viento, las altas temperaturas y las condiciones del terreno.Además de destruir grandes extensiones de vegetación y afectar la fauna, también representan un grave riesgo para las personas y la infraestructura, pues pueden rodear carreteras, viviendas e incluso medios de transporte en cuestión de minutos.Frente a lo anterior, una escena de este tipo quedó registrada en Canadá, donde un tren terminó completamente rodeado por las llamas de un incendio forestal.Los videos del momento exacto, difundidos en redes sociales, muestran la magnitud de la emergencia y la preocupación de quienes presenciaron el hecho.Así fue el momento en que el tren quedó rodeado por las llamasLas impactantes imágenes muestran un tren detenido mientras un intenso incendio forestal consume la vegetación a ambos lados de la vía férrea. En los videos se observa cómo enormes llamas y densas columnas de humo rodean la locomotora.Desde el interior del tren, algunos tripulantes y pasajeros grabaron con sus teléfonos celulares el avance del fuego, mientras observaban con preocupación cómo las llamas se acercaban peligrosamente a ellos.El incendio creó un auténtico corredor de fuego alrededor de la vía, dificultando cualquier maniobra y aumentando la tensión entre quienes se encontraban en el lugar.De acuerdo con los reportes conocidos por medios locales, la tripulación y los pasajeros tomaron la decisión de abandonar la locomotora y escapar a pie para ponerse a salvo. Afortunadamente, todos los integrantes lograron salir sin sufrir lesiones.Las autoridades investigan las causas del incendio forestal y las circunstancias que llevaron a que el tren quedara atrapado en medio de las llamas. Hasta el momento, se confirmó que toda la tripulación sobrevivió al incidente sin sufrir lesiones.
El 19 de julio, España y Argentina vivirán la 'finalissima' que el fútbol les quitó, pero en el Mundial. La Roja llega con la ilusión de bordar la segunda estrella y quitarle la posibilidad a Lionel Messi de conquistar de manera seguida el trofeo más codiciado del fútbol.Sin embargo, en redes sociales ha cobrado fuerza una curiosa teoría que ilusiona a los aficionados de la selección española. Diversas coincidencias entre el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la Roja conquistó su única Copa del Mundo, y el Mundial de 2026 han llevado a algunos a hablar incluso de una "profecía" que anticiparía un nuevo título para España.Estas son las coincidencias más llamativas:El partido inaugural es el mismo: México vs Sudáfrica abre el Mundial 2026, igual que en 2010.Mismo entrenador de México: Javier Aguirre dirigió al Tri en 2010 y volverá a hacerlo en 2026.España llega como campeona de la Eurocopa: Tal como ocurrió antes del Mundial de 2010.La Roja está en el Grupo H: El mismo grupo en el que quedó ubicada en Sudáfrica 2010.Marcelo Bielsa vuelve a cruzarse con España: En 2010 dirigía a Chile y ahora lo hará con Uruguay, con posibilidad de enfrentarse nuevamente en el tercer partido.Shakira vuelve a estar ligada al Mundial: La cantante colombiana participó con el icónico "Waka Waka" en 2010 y vuelve a formar parte de la música del torneo en 2026.Ocho jugadores del Barcelona en la convocatoria española: La misma cantidad que tuvo la selección campeona del mundo en 2010.El Real Madrid llega sin títulos: Una situación similar a la vivida antes del Mundial de Sudáfrica.El Barcelona ganó Liga y Supercopa: Un escenario que también se repite rumbo a 2026.El Atlético de Madrid fue subcampeón de Copa: Igual que ocurrió antes del Mundial de 2010.Aunque se trata únicamente de coincidencias y el futbol se decide en la cancha, estos paralelismos han despertado la ilusión de los aficionados, quienes sueñan con que España repita la historia y vuelva a levantar la Copa del Mundo en 2026.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aprovechó este miércoles su visita a Barranquilla, en medio de la conmemoración del Día del Investigador, para apoyar la iniciativa liderada por el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, sobre ahorrar tiempo en las judicializaciones de los criminales, eliminando la audiencia de imputación de cargos que calificó como “sin sentido”.Camargo respaldó desde el Cubo de Cristal, en la Plaza de la Paz de la capital del Atlántico, que está de acuerdo con varios planteamientos del próximo jefe de esa cartera y estará allí para apoyarlo.“Escuché con atención la entrevista del señor ministro de justicia designado (Iván Cancino) y quiero decir que coincido en varios de los planteamientos que realizó, entre ellos el de eliminar las audiencias de formulación de imputación. Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que es un buen conocedor del sistema penal colombiano y su intención es ver como agilizamos el procedimiento, un propósito con el que nosotros siempre estaremos ahí para apoyar”, dijo inicialmente.Lo que sí dejó claro en este encuentro es que aún no sabe cómo se desarrollarán las políticas de seguridad planteadas por el presidente electo Abelardo De La Espriella, ya que no ha tenido ningún contacto con él, “ni lo conoce”. Por tanto, mencionó que apenas ambos equipos trabajan para hacer viable un primer encuentro.“Relación en estos momentos, no existe. No conozco al presidente electo Abelardo De La Espriella. Estamos efectivamente generando un espacio de encuentro con él para hacerlo, para que conozca nuestro equipo y contarle los planes que trazamos para los próximos cuatro años al frente de la Fiscalía. Esperamos entregarle una entidad más sólida en lo jurídico, más técnica en lo investigativo, más estratégica en lo procesal”, añadió.¿Renuncia al cargo?Al mismo tiempo, la fiscal general desmintió los rumores que conducen a una eventual renuncia a su cargo en el ente acusador. Ante los medios de comunicación afirmó que no se lo han insinuado, ni se lo han pedido” y que su propósito es cumplir la vigencia hasta el último día previsto.“No, es totalmente falso. No tengo intenciones de presentar esta renuncia ni se me ha insinuado, ni se me ha pedido, ni tengo ese propósito. Fui elegida por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de cuatro años que inició el 23 de marzo del año 2024 y que concluirá el 23 de marzo del año 2028”, argumentó.Sometimiento de alias ‘Castor’Camargo también se refirió a las presuntas intenciones de paz que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, habría mostrado con el presidente electo Abelardo De La Espriella, cuestionando que en realidad ese cabecilla ya está sometido a la justicia por un preacuerdo realizado con ellos. Dejó claro que ese proceso se llevó a cabo “por justicia ordinaria y no por negociaciones con el Gobierno”.Finalmente, la fiscal Luz Adriana Camargo habló de la inseguridad que se vive en el país aclarando que ya tuvo un diálogo con los diferentes alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali para discutir cómo enfrentar los problemas de seguridad ciudadana.
Avanzan las reuniones de los compromisarios de los partidos políticos para definir cómo quedarán configuradas las mesas directivas del Senado y Cámara para las próximas legislaturas ahora que hay cambio de Gobierno.En medio de estos encuentros, habló el senador saliente y presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, sobre las estrategias y acuerdos. Ya el pasado martes Cepeda había anunciado su apoyo para que Alfredo Deluque, del partido de la U, fuera el presidente del Senado desde el próximo 20 de julio.En esa línea, Cepeda no se mostró muy de acuerdo con ir voto a voto, como lo estaría planteando el Centro Democrático.“No sé si aquí estamos dispuestos a que sea el Pacto Histórico el que defina la presidencia del Senado. Sería un absoluto contrasentido. Me parece que esa no es la vía, que ese no es el camino”, dijo.Para Cepeda, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tiene hoy un derecho a expresar su preferencia sobre quién debería ocupar ese cargo (de la presidencia de la mesa directiva).“Es la presidencia milagro, porque Abelardo de la Espriella se enfrentó a todo el gobierno nacional, los institutos, los ministros, comenzando desde el presidente de la república, que inyectaron ríos de dinero en ese debate electoral. ¿Será que una persona que nos ha librado de las garras de esa izquierda, que lo que ha hecho es destruir la salud, que lo que ha hecho es incrementar el narcotráfico, los grupos armados, la extorsión no tendrá derecho a decir el presidente del primer año”, argumentó Cepeda.Cepeda rechazó las críticas contra la participación del mandatario electo en la discusión y sostuvo que resulta contradictorio cuestionar esa posibilidad cuando otros presidentes también han procurado construir mayorías legislativas afines.“Quiero hacer ese llamado a la mesura, y que, sin duda, aceptemos esa petición del presidente de la República, que acaba de salvar a la Nación, que volvemos otra vez a la democracia. Creo que es lo mínimo que él nos podría pedir”, reiteró.Sin embargo, el dirigente conservador también hizo un llamado a la prudencia frente a la forma en que se está desarrollando la negociación política, advirtiendo que una confrontación entre los partidos cercanos al nuevo gobierno podría terminar debilitando la coalición y abrir espacio para que sectores de la oposición ganen influencia.
Durante 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer ha realizado acompañamiento a 1.466 mujeres valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por riesgo de feminicidio como parte del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) que busca accionar medidas de protección.El soporte brindado por la entidad consta de un primer acercamiento con las mujeres para identificar en un primer momento el riesgo al que están expuestas y así activar el apoyo sociojurídico y psicosocial con el objetivo de orientarlas en materia de derechos.La coordinadora del Sistema Articulado de Alertas Tempranas, Natalia Bermúdez, señaló que es importante impulsar acciones concretas que permitan la judicializacion de los agresores y que a su vez eviten futuros factores de riesgo.“Se permiten identificar esos factores de riesgo para poder impulsar acciones concretas que permitan (…) que las autoridades competentes impulsen todas las acciones posibles frente a medidas de protección, a seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección, a la judicialización de los presuntos agresores, pero también a la prevención de futuros factores de riesgo asociados a cualquier tipo o hecho de violencia”, sostuvo.La prevención exige que una vez manifestadas las primeras señales de alarma el distrito cuente con rutas de atención establecidas y servicios especializados que prevengan una posible escalada de violencia hacia la mujer.“Prevenir implica identificar cuáles son esas situaciones que no son normales, que no son justificables en el relacionamiento de las mujeres con sus parejas, exparejas o en cualquiera que sean sus ámbitos o entornos de relacionamiento”, declaró Bermúdez.La Secretaría de la Mujer insta a las mujeres en riesgo de feminicidio a recurrir a mecanismos de la Administración Distrital como Alerta Naranja, que opera en las Casas de Justicia de la ciudad con el fin de identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran, fortalecer la coordinación entre entidades y agilizar las rutas de protección.