“Las víctimas del Palacio de Justicia siguen esperando respuestas”: Ángela María Buitrago

Este 2025 se conmemoran 40 años de un hecho que marcó la historia violenta del país: la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El ataque dejó cerca de 100 muertos entre magistrados, trabajadores y visitantes. Fueron 28 horas de horror que aún resuenan en la memoria de los familiares de las víctimas asesinadas a sangre fría durante esa trágica jornada.En diálogo con Blu Radio, la exministra de Justicia y abogada Ángela María Buitrago —quien lideró investigaciones clave sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante esos hechos— señaló que no ha existido una reparación real y que persiste una “ausencia total de justicia”.“No se ha investigado todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. Hay hechos donde se compulsaron copias y no se ha hecho absolutamente nada. Muchas víctimas siguen esperando respuestas 40 años después”, afirmó Buitrago.La exministra también recordó que, incluso antes de la toma, ya existían amenazas contra magistrados de las altas cortes, cuyos responsables nunca fueron identificados. Además, mencionó que varias de las compulsas de copias por torturas y ejecuciones extrajudiciales enviadas a la Fiscalía entre 2006 y 2008 aún no tienen respuesta.“No se investigó el tema real del incendio del Palacio de Justicia. Aunque hubo una hipótesis de que había sido la guerrilla, después encontramos pruebas de que no, y eso tampoco se investigó. No se investigó por qué murieron los magistrados en el baño, cuando hubo utilización de explosivos, fuego cruzado, cuáles fueron las balas que mataron a esos magistrados y a las personas que estaban en el baño del tercero y segundo piso. Tampoco se investigó a Belisario Betancur”, aseguró.Finalmente, Buitrago recordó las presiones y amenazas que recibió durante su labor como fiscal en los casos emblemáticos relacionados con el Palacio de Justicia, subrayando que, cuatro décadas después, la verdad completa sobre lo ocurrido sigue siendo una deuda del Estado con las víctimas y con la historia del país.